El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 8 de diciembre el Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre (LA LEY 19420/2018), que introduce determinadas medidas que afectan a la competitividad del sector industrial, como la regulación del contrato de relevo para adaptarlo a la singularidad de la industria manufacturera, así como medidas de apoyo al sector industrial, especialmente a las empresas electrointensivas, y aprueba determinadas disposiciones en materia de seguridad industrial. La norma entró en vigor el mismo día de su publicación
Fomento de la competitividad industrial
Dentro de las medidas de fomento de la competitividad industrial y por lo que se refiere a la normativa reguladora de la modalidad de jubilación parcial con simultánea celebración de contrato de relevo, la norma tiene en cuenta que el próximo 31 de diciembre de 2018 finaliza el plazo de aplicación de la disposición transitoria cuarta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (LA LEY 16531/2015), sin que se haya completado el ciclo, por lo que añade un nuevo apartado a dicha disposición para alargar su período de aplicación y evitar que la misma se extinga.
Esta reforma está orientada particularmente a sectores profesionales industriales y, dentro de estos, a aquellos colectivos de trabajadores que vienen prestando servicios que comportan relevantes esfuerzos físicos y, además, han alcanzado ciertas cotas de edad, antigüedad y cotización mínima.
Y dentro de este contexto, se exige a las grandes empresas industriales manufactureras cuyos empleados se hayan acogido a la modalidad de jubilación parcial con simultánea celebración de contrato de relevo que incluyan entre la información no financiera de sus informes de gestión, aquella referida a las medidas que la empresa adopte en el marco de la transición hacía una economía descarbonizada.
Además, se modifica el régimen sancionador contenido en la Ley 21/1992, de 16 de julio (LA LEY 2144/1992), de Industria, en materia de seguridad de productos, concretamente el aspecto relativo al importe de las sanciones para alinearlo con los objetivos marcados por las diferentes normativas europeas en cuanto a efectividad, proporcionalidad y efecto disuasorio.
Apoyo a la transición justa de la industria electrointensiva
Por otra parte, el texto incorpora medidas de apoyo para la transición justa de la industria electrointensiva.
Así, habilita al Gobierno a desarrollar reglamentariamente la figura de la red de distribución de energía eléctrica cerrada, para el suministro de electricidad a actividades industriales que, por razones fundamentalmente de seguridad, se encuentren integradas en ámbitos geográficos reducidos.
Incorporando al ordenamiento jurídico español el artículo 28 de la Directiva 2009/72/CE (LA LEY 15051/2009), la norma establece los principios básicos que deben regir la constitución y autorización de redes de distribución de energía eléctrica cerradas, fijando un plazo máximo de seis meses para que el Gobierno lleve a cabo el desarrollo reglamentario de las redes de distribución de energía eléctrica cerradas, de acuerdo con los principios de sostenibilidad económica y financiera del sistema, eficiencia energética y transición justa.
El texto también se ocupa de la protección a la industria electrointensiva. Para ello contempla la figura del consumidor electrointensivo e impone al Gobierno, en un plazo de seis meses para elaborar y aprobar un Estatuto de Consumidores Electrointensivos, que los caracterice y recoja sus derechos y obligaciones en relación con su participación en el sistema y los mercados de electricidad.
Además, recoge las obligaciones de los beneficiarios de las ayudas a la industria electrointensiva previstas en el artículo 4 (LA LEY 407/2005) y en la disposición adicional sexta de la Ley 1/2005, de 9 de marzo (LA LEY 407/2005), por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Así, se les obliga a mantener la actividad productiva durante un periodo de tres años, a partir de la fecha de concesión de las mismas, salvo en los supuestos de situaciones de crisis empresarial, considerándose que esta obligación se incumple si proceden de manera efectiva a reducir en más de un 85% su capacidad de producción o se produce un despido colectivo que implique una reducción de más de un 85% de toda su plantilla de trabajadores
Medidas en materia de comercio sobre precios en la distribución comercial minorista
Por lo que respecta a las medidas en materia de comercio sobre precios en la distribución comercial minorista y registros específicos, la norma modifica la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de octubre de 2017, que declaró la incompatibilidad de su artículo 14, en el que se regula la venta a pérdida, con la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005 (LA LEY 6058/2005), sobre prácticas desleales de las empresas a los consumidores en el mercado interior.
Con la nueva regulación de la venta a pérdida ya no se establece una prohibición general de ofertar o realizar ventas con pérdida, aunque sí determinadas limitaciones. También desaparece la automaticidad de las sanciones y la carga de la prueba recae en la Administración que, para poder sancionar, debe acreditar que la venta a pérdida incurre en uno de los supuestos que se recogen de forma taxativa y que proceden de la propia Directiva.
Por otra parte, las Comunidades Autónomas podrán decidir cómo organizar las inspecciones de comercio y/o de consumo en función de sus intereses y efectivos, pero debe acreditarse que además de existir venta a pérdida ésta es desleal porque se incurre en los supuestos que determina la ley.
Además, se suprime el Registro de Franquiciadores y el Registro de Empresas de Ventas a Distancia por considerar que ya no cumplen la función legal de política administrativa correspondiente a la disciplina de mercado y dirigida a la protección del consumidor que justificó su existencia.
Por último, el texto introduce determinadas modificaciones en la Ley 12/2013, de 2 de agosto (LA LEY 12955/2013), de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, y en la Ley 28/2015, de 30 de julio (LA LEY 12549/2015), para la defensa de la calidad alimentaria, para adecuar el ordenamiento jurídico estatal a los últimos pronunciamientos del Tribunal Constitucional en la materia, y en la Ley 28/2015, de 30 de julio (LA LEY 12549/2015), un concreto ajuste a efectos de salvaguardar el correcto encaje de las facultades de control de los poderes públicos en materia de calidad alimentaria.
Modificaciones legislativas
- Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (LA LEY 16531/2015): se añade un nuevo apartado 6 a la disposición transitoria cuarta.
- Ley 21/1992, de 16 de julio (LA LEY 2144/1992), de Industria: se modifican los artículos 34 y 35.
- Ley 7/1996, de 15 de enero (LA LEY 170/1996), de Ordenación del Comercio Minorista: se modifican los artículos 14, 38, 62, 65.1.a) y 65.1.c), y se deroga el artículo 65.1.r).
- Ley 12/2013, de 2 de agosto (LA LEY 12955/2013), de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria: se modifica la letra e) del apartado 6 de la disposición adicional primera.
- Ley 28/2015, de 30 de julio (LA LEY 12549/2015), para la defensa de la calidad alimentaria: se suprime la disposición transitoria única y se introduce una nueva disposición adicional quinta.
- Se deroga el Real Decreto 225/2006, de 24 de febrero (LA LEY 471/2006), por el que se regulan determinados aspectos de las ventas a distancia y la inscripción en el registro de empresas de ventas a distancia.
- Real Decreto 201/2010, de 26 de febrero (LA LEY 4283/2010), por el que se regula el ejercicio de la actividad comercial en régimen de franquicia y la comunicación de datos al registro de franquiciadores: se deroga el capítulo III, la disposición adicional primera, la disposición adicional segunda, la disposición transitoria primera y la disposición transitoria segunda.
- Mediante esta norma se incorpora al derecho español el artículo 28 de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009 (LA LEY 15051/2009), sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE (LA LEY 7641/2003).
Entrada en vigor
El Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre (LA LEY 19420/2018), entró en vigor el 8 de diciembre de 2018, el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Se refieren sus disposiciones transitorias a los expedientes en curso de ayudas, a las condiciones para las instalaciones que contengan refrigerantes del grupo A2L, a las instalaciones de cogeneración que utilicen combustibles renovables o gas natural que han agotado su vida útil regulatoria y a la convocatoria del Programa de Becas ICEX de Internacionalización para el año 2019.