En sus conclusiones sobre el asunto C-99/16 (Lahorgue contra Ordre des avocats du barreau de Lyon), el Abogado General del TJUE ha pedido al Tribunal que declare que la negativa de un Colegio de abogados de entregar a un letrado establecido en otro Estado miembro, el instrumento necesario para establecer una comunicación electrónica segura con los órganos jurisdiccionales del país, por la mera razón de que no está inscrito en dicho colegio de abogados, constituye una restricción a la libre prestación de servicios.
Según el Abogado General, esta negativa va más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos de asegurar la buena administración de la justicia y la protección del justiciable, destinatario final del servicio jurídico, garantizando al mismo tiempo la autentificación de la condición de abogado, invocados.
El caso tiene su origen en la solicitud de un abogado luxemburgués dirigida al Colegio de abogados de Lyon (Francia), de que le facilitara acceso al dispositivo de conexión a la red privada virtual de los abogados franceses para comunicarse con los órganos jurisdiccionales de ese país («dispositivo RPVA»), para actuar en ese país.
Según la Ley de Enjuiciamiento Civil francesa, los escritos procesales se deberán enviar al órgano jurisdiccional por vía electrónica, al igual que los anuncios, citaciones o convocatorias se enviarán a los abogados de las partes por vía electrónica, salvo imposibilidad por causa ajena al expedidor.
En virtud de esta normativa, existe un protocolo de comunicación electrónica entre los órganos jurisdiccionales y los abogados franceses compuesto por dos redes intranet distintas y vinculadas entre sí: una de los órganos jurisdiccionales, administrada por el Ministerio de Justicia) y otra de los abogados, administrado por el Consejo Nacional de la Abogacía francesa, denominada RPVA.
Pues bien, el actor en el litigio, abogado inscrito en el Colegio de Abogados de Luxemburgo, solicitó al Colegio de Abogados de Lyon que se le entregase un dispositivo RPVA con vistas a poder ejercer plenamente la profesión de abogado en Francia y en las mismas condiciones que un abogado francés.
Esta solicitud fue denegada basándose en que el actor no estaba inscrito en dicho Colegio de Abogados.
El actor recurrió esta decisión ante el Tribunal de Primera Instancia de Lyon. Y dado que el órgano jurisdiccional albergó dudas acerca de la compatibilidad con el Derecho de la Unión de la decisión de denegación adoptada, procedió a suspender el procedimiento y remitir una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia.
En particular, el Tribunal remitente considera de que sea conforme a la libertad de ejercicio de la prestación de servicios imponer a un abogado de otro Estado miembro la obligación de recurrir a un abogado que sea miembro del colegio de abogados de la sede del órgano jurisdiccional en cuestión para utilizar la RPVA.
Aplicación a los abogados de la libertad de establecimiento y de prestación de servicios
En su análisis el Abogado General comienza recordando que a los abogados les son aplicables las disposiciones del Tratado relativas a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios. Por ello los principios establecidos con motivo de la interpretación de estas disposiciones del Tratado se aplicaran a las prestaciones de servicios propias de la profesión de abogado.
En este sentido, el artículo 56 TFUE (LA LEY 6/1957) no sólo exige eliminar toda discriminación en perjuicio del prestador de servicios establecido en otro Estado miembro por razón de su nacionalidad, sino también suprimir cualquier restricción, aunque se aplique indistintamente a los prestadores nacionales y a los de los demás Estados miembros, cuando pueda prohibir u obstaculizar en mayor medida las actividades del prestador establecido en otro Estado miembro, en el que presta legalmente servicios análogos.
En otras palabras, el artículo 56 TFUE (LA LEY 6/1957) se opone a la aplicación de toda normativa nacional que haga más difícil la prestación de servicios entre Estados miembros que la puramente interna en un Estado miembro.
La excepción a que unas medidas nacionales puedan obstaculizar o hacer menos atractivo el ejercicio de las libertades fundamentales garantizadas requiere la concurrencia de cuatro requisitos: a) que se apliquen de manera no discriminatoria; b) que estén justificadas por razones imperiosas de interés general; c) que sean adecuadas para garantizar la realización del objetivo que persiguen, y d) que no vayan más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.
Rectricción del derecho a la libre prestación de servicios
Y aplicando esas pautas al caso, el Abogado General concluye que no cabe duda de que la negativa a entregar el dispositivo RPVA a los abogados no inscritos en un colegio de abogados francés puede constituir una restricción a la libre prestación de servicios pues la misma puede obstaculizar o hacer menos interesante el ejercicio de la libre prestación de servicios por los abogados no inscritos en un colegio de abogados francés, en la medida en que éstos simplemente no pueden acceder al servicio de desmaterialización de los procedimientos, salvo en caso de que solicite sistemáticamente la asistencia de un abogado inscrito en un colegio de abogados francés que disponga de un dispositivo RPVA.
Por ello propone que el TJUE establezca que una normativa que pueda hacer menos interesante o dificultar más la prestación transfronteriza de los servicios de los abogados constituye una restricción prohibida por el artículo 56 TFUE (LA LEY 6/1957) y por el artículo 4 de la Directiva 77/249 (LA LEY 481/1977).
Finalmente el Abogado General considera que invocar la inexistencia de un directorio de abogados a nivel de la Unión Europea para justificar la simple negativa a entregar un dispositivo RPVA a los abogados no inscritos en un colegio de abogados francés “va más allá de lo necesario para autentificar la condición de abogado y, en consecuencia, garantizar la protección de los destinatarios de los servicios jurídicos y la buena administración de la justicia en el marco de los procedimientos en los que la representación no es obligatoria.”
Por ello, si bien considera que no cabe duda de que puede exigirse, como requisito previo para la entrega de un dispositivo RPVA, la prueba de la identidad y de la condición de abogado, la exigencia de verificación diaria de esta condición parece excesiva, en la medida en que conlleva, por simples razones técnicas, la imposibilidad de utilizar un medio moderno, rápido y seguro de comunicación.