En 2018, el MNP ha inspeccionado 111 lugares de privación de libertad repartidos por 31 provincias de 17 comunidades autónomas y la ciudad autónoma de Ceuta. Una de cada tres visitas fue de seguimiento para comprobar si la aceptación de las resoluciones emitidas por la Institución supone o no un cambio real de los problemas detectados en anteriores inspecciones.
En total, se han alcanzado 1.788 conclusiones que han derivado en 45 recomendaciones, 760 sugerencias y 17 recordatorios de deberes legales.
El informe del MNP relativo a 2018 cuenta con un capítulo en el que se ofrecen datos de las condenas penales y sanciones administrativas a autoridades o funcionarios públicos de centros de privación de libertad y de condenas a ciudadanos particulares por delito de atentado contra la autoridad y por resistencia o desobediencia.
Como ya se hizo en el informe de 2017, cada capítulo incluye un cuadro en el que, a través de un código de colores como el que se emplea en los semáforos, se valora cada una de las principales cuestiones que son objeto de interés para el MNP en los lugares de privación de libertad visitados.
Centros penitenciarios
En 2018 se visitaron 15 centros penitenciarios (CP), un centro de inserción social (CIS) y un hospital psiquiátrico penitenciario. Se alcanzaron 656 conclusiones sintetizadas en 11 recomendaciones, cuatro recordatorios de deberes legales y 231 sugerencias. Además, se formularon dos recomendaciones por una visita de 2017.
La Institución valora positivamente la Orden de Servicio 1/2018 sobre el control y seguimiento de las denuncias de los internos por malos tratos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Esta orden establece que todas las denuncias deberán ser debidamente registradas, con independencia de la vía por la que se llegue a su conocimiento. El MNP confía en que esta iniciativa derive en la elaboración de un protocolo que permita una investigación y un seguimiento más completo por parte de la propia Administración de estas denuncias.
Sin embargo, al Defensor le preocupa que en algunas de las visitas se ha seguido detectando que no existe un libro en el que se registren las quejas, denuncias o procedimientos judiciales relativos a actuaciones incorrectas o malos tratos por parte de funcionarios con el fin de realizar un seguimiento de estos hechos.
Un año más, la Institución destaca la importancia de la videovigilancia para detectar y prevenir la tortura y los malos tratos. En este sentido, el MNP continúa reclamando un protocolo unificado para todo lo relativo a la grabación, extracción, almacenamiento, custodia y acceso a imágenes captadas, así como la instalación de más cámaras.
Por otra parte, el MNP ha seguido llamando la atención por la insuficiente dotación de personal sanitario en los CP que afecta de manera notable a la calidad y frecuencia de la asistencia sanitaria. Además, ha continuado reclamando la presencia de estos profesionales las 24 horas del día. También ha reiterado la necesidad de establecer sistemas de solicitudes de asistencia sanitaria de urgencias en todos los centros penitenciarios.
Por primera vez, se ha visitado un centro de Inserción Social (CIS). El MNP inspeccionó el CIS “Guillermo Miranda” (Murcia). Esta inspección ha evidenciado la escasa regulación sobre régimen de vida, convivencia, así como otros aspectos centrales existente en estos centros por lo que, en opinión del MNP, convendría ir desarrollándola.
Otra novedad en 2018 ha sido la puesta en marcha de un protocolo de visitas a centros penitenciarios centrado en cuestiones de género. El CP “Antoni Asunción Hernández” en Picassent (Valencia) fue el centro elegido para iniciar este proyecto. En el momento de la visita había 2.052 personas internas, de las cuales 236 eran mujeres.
En la inspección se pudo evidenciar la invisibilización que padecen las mujeres en los centros penitenciarios. Los formularios solo hablan de “internos” y los registros no contienen información desagregada por sexos. Por lo que se refiere al acceso al tratamiento, a las actividades y al empleo remunerado, se han detectado barreras para las mujeres basadas en la organización del espacio del centro y en la distribución de la población penitenciaria. Estas barreras se extienden incluso al uso del polideportivo, con actividades y horarios más amplios para hombres que para mujeres.
En el momento de la visita, solamente el 8 por ciento de las internas contaba con un contrato de trabajo. Por razones de seguridad y protección a las mujeres, se evita que asistan a talleres donde coincidan con reclusos por delitos sexuales o violencia de género con lo que se da la paradoja de que la condición de potencial víctima acaba jugando en su contra. Se ha formulado una sugerencia para que se garantice el acceso a talleres formativos y destinos en condiciones de igualdad.
Centros para menores infractores
El MNP tiene registrados en toda España 71 centros para menores infractores. Dichos centros son responsabilidad de las comunidades y ciudades autónomas, aunque muchos están gestionados por entidades privadas. Las diferencias entre los responsables de los centros en la forma de recoger los datos impide saber cuántos menores han estado sometidos a medidas privativas de libertad en 2018.
En 2018 se han realizado ocho visitas que han derivado en 247 conclusiones que han generado dos recomendaciones, 125 sugerencias y cuatro recordatorios de deberes legales. También se formuló una recomendación por una visita realizada a finales de 2017.
Preocupa a la Institución que cuando el menor es ingresado en un centro de una comunidad distinta a la de residencia, esto supone un gran esfuerzo económico para su familia que, en ocasiones, llega a comprometer el mantenimiento de los vínculos con el menor. Por este motivo, se han formulado sugerencias para que se establezcan ayudas a las familias.
En estos centros, se ha detectado que las consultas médicas se realizan en muchas ocasiones en presencia de educadores o personal de seguridad. El Defensor considera que se debe garantizar que la atención médica se lleve a cabo manteniendo la intimidad de los menores.
Se ha seguido comprobando que hay centros que no cuentan con un libro de registro en el que inscribir el uso de medios coercitivos o que, aun teniendo estos libros, no incluyen en ellos la información necesaria de nombre del menor, medio empleado, hora de inicio y de cese, motivo de la aplicación y seguimiento por parte del personal sanitario.
Además, en las visitas realizadas se han detectado significativas diferencias entre los centros a la hora de recurrir a las contenciones mecánicas, así como en la formación del personal, tanto en lo relativo a la ejecución de estas medidas como respecto a la priorización de medios alternativos de desescalada. El MNP considera que es el momento de reflexionar acerca de la idoneidad del uso de las contenciones mecánicas en este tipo de centros.
Unidades de salud mental
El MNP ha realizado cinco visitas a centros de salud mental en los que se realizan internamientos no voluntarios por razón de trastorno psíquico, de las cuales una fue de seguimiento. Los centros visitados fueron la Unidad de Hospitalización de Salud Mental del Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo); el Centro Sociosanitario “Casta Arévalo”, en Arévalo (Ávila); la Unidad de Agudos de Psiquiatría del Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid); el Instituto Psiquiátrico “José Germain” de Leganés (Madrid); y la Unidad de Agudos del Hospital “Nuestra Señora del Prado” de Talavera de la Reina (Toledo). Se han alcanzado 122 conclusiones que han dado lugar a 11 recomendaciones, 29 sugerencias y un recordatorio de deberes legales.
Centros de internamiento de extranjeros
En la actualidad, en España existen siete CIE que cuentan con ocho instalaciones, ya que el de Algeciras tiene una extensión en Tarifa con dirección propia y que funciona de manera autónoma. En 2018, el MNP visitó cinco de estos centros. Estas inspecciones concluyeron con 46 conclusiones que han derivado en 22 sugerencias y tres recordatorios de deberes legales.
En el informe de 2017, el Defensor formuló una serie de propuestas acerca de estos centros de detención exclusivos para personas extranjeras abogando por una reforma integral de los mismos.
En 2018, un total de 7.855 personas fueron internadas en los CIE. En estos centros se presentaron 1.776 solicitudes de protección internacional de las que fueron admitidas a trámite 543 y se identificó como menores extranjeros no acompañados a 88 internos.
Se han seguido detectando carencias. En los centros visitados sigue sin garantizarse la separación de internos con antecedentes penales de aquellos otros que se encuentran en el CIE por mera estancia irregular en España. En el ámbito sanitario, continúan sin contar con presencia médica 24 horas, carecen de asistencia psicológica y psiquiátrica y no se realizan analíticas sobre consumo o enfermedades infectocontagiosas.
También se ha detectado que el derecho de los internos a recibir visitas de ong en ocasiones queda comprometido alegando motivos de seguridad. En concreto, durante una inspección al CIE de Madrid se pudo comprobar que estaba suspendido el régimen de acceso de las ong por unos incidentes que habían sucedido dos semanas antes. La Institución formuló un recordatorio de deberes legales.
En esta misma visita se emitió otro recordatorio al comprobar que los internos al abandonar el salón-comedor se tenían que dirigir a sus habitaciones a través de un pasillo conformado por efectivos policiales, provistos de escudos, cascos y defensas, lo que generaba un evidente clima intimidatorio. Dado el tiempo transcurrido desde los incidentes, no parecía razonable que se siguieran manteniendo tan intensas medidas de seguridad. Por esta razón, se formuló un recordatorio de deberes legales sobre la proporcionalidad en el uso de este tipo de medidas.
Corta duración
En 2018, el MNP ha visitado 58 dependencias de privación de libertad de corta duración. En ellas se incluyen comisarías y otros lugares de custodia de la Policía Nacional (25), puestos y comandancias de la Guardia Civil (16), policías autonómicas (5), cuerpos de policías locales (9) y dependencias de custodia en sedes judiciales (3).
Entre los lugares de custodia de Policía Nacional se han visitado nueve dispositivos destinados a la detención y primera acogida de personas migrantes que han accedido irregularmente por las costas españolas, una sala de inadmitidos y otra de solicitantes de asilo.
Estas inspecciones han originado 546 conclusiones plasmadas en 16 recomendaciones, 327 sugerencias y 4 recordatorios de deberes legales.
Por primera vez se han visitado unas instalaciones de custodia de la Policía Local en fase de construcción para transmitir los planteamientos y prioridades del MNP respecto de este tipo de dependencias. Esta actuación será contrastada con el resultado final de la obra una vez que estas instalaciones, ubicadas en San Sebastián de los Reyes (Madrid), entren en funcionamiento.
En 2018, según el Ministerio del Interior, llegaron a España un total de 57.498 personas a través de 2.109 embarcaciones. Durante los meses de agosto y septiembre se giraron visitas a las provincias de Cádiz, Granada y Málaga, que estaban recibiendo la mayor afluencia de migrantes. Se inspeccionaron pabellones polideportivos, un buque de salvamento marítimo, comisarías, los denominados CATE (Centros de Atención Temporal de Extranjeros) y el CIE de Tarifa.
Operativos de repatriación de extranjeros
En 2018, se supervisaron 15 operativos de repatriación de ciudadanos extranjeros, todos ellos realizados por vía aérea en operaciones de la Agencia europea FRONTEX. Estas inspecciones han dado lugar a 158 conclusiones que han fundamentado cinco recomendaciones, 19 sugerencias y un recordatorio de deberes legales. En total, se monitorizó la repatriación de 563 personas.
Continúa detectándose un alto número de casos en los que a las personas repatriadas no les ha sido notificada la fecha y hora de la ejecución de la repatriación. En este sentido, se han formulado sugerencias a fin de que las personas que van a ser repatriadas conozcan el momento y circunstancias en las que esta se va a producir.
Además, el MNP ha continuado insistiendo en la importancia de que todas las personas que van a ser repatriadas sean reconocidas previamente por equipos médicos y cuenten con el documento denominado fit to travel (apto para viajar). Persiste la práctica de que solo las personas que proceden de los CIE disponen de él, mientras que las que son conducidas desde las comisarías no lo portan salvo que estén sometidas a tratamiento médico anterior.
Pueden acceder al informe completo en ESTE ENLACE.