El año pasado, la Institución tramitó 17.697 expedientes, entre quejas (16.998), investigaciones de oficio (372) y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad (327). A esta cifra hay que sumar los ciudadanos que fueron atendidos personalmente: 17.923, de los cuales 2.481 fueron presenciales y 15.442 fueron atendidos a través de llamadas de teléfono.
Además, formuló a las Administraciones un total de 1.152 resoluciones, de las cuales 329 fueron recomendaciones, 504 sugerencias, 318 recordatorios de deberes legales y 10 advertencias.
Madrileños, andaluces, valencianos y catalanes, por este orden, lideraron el número de quejas recibidas en la Institución. El año pasado continuaron recibiéndose quejas que muestran que es necesario mejorar la calidad de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía. Fernández Marugán ha destacado que “ahora que la situación económica es mejor es el momento de diseñar políticas económicas distintas, de invertir en política pública”.
En este sentido, el Defensor del Pueblo considera necesario aplicar con urgencia iniciativas y reformas, así como aumentar el personal y los medios materiales, en ámbitos como la sanidad, la educación y la atención a personas mayores y a personas dependientes. Asimismo, ha pedido aumentar la oferta pública de vivienda protegida.
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