Isabel Desviat.-
El juzgado de lo Mercantil 6 de Madrid, en sentencia dictada el pasado 5 de septiembre (LA LEY 107536/2018) ha estimado la demanda de cesación interpuesta de forma colectiva por Asufin, al objeto de que fueran declaradas nulas determinadas cláusulas insertas en los contratos de la “hipoteca tranquilidad”, comercializada por la entidad Banesto (Banco de Santander). Contra esta sentencia la entidad podrá interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.
La importancia de esta sentencia radica en la posibilidad de obligar al banco a cesar en este tipo de cláusulas para todos los clientes, estuvieran o no personados en la demanda. Esto implicaría que cualquier cliente afectado pueda acudir a su oficina bancaria y solicitar la retirada de estas cláusulas de su contrato.
Acción de cesación
El juzgado admite la legitimación de la Asociación para el ejercicio de acciones colectivas de nulidad y cesación en persecución de los intereses generales de los consumidores y usuarios. La finalidad de la demanda es no solamente defender los intereses de sus asociados, sino el extender los efectos de la sentencia y la declaración de nulidad de aquellas cláusulas que se estiman perjudiciales y dañinas para los intereses generales de los consumidores. Además, se pretende que la condena incluya una pretensión de futuro en el sentido de no utilizar en el mercado el clausulado considerado nulo.
Cláusula de amortización, intereses ordinarios e interés variable
El Juzgado examina dichas cláusulas desde el punto de vista de la transparencia y equilibrio prestacional, considerando que no son ni accesibles ni claras para el consumidor medio. Concluye que de la redacción (integrada en un extenso clausulado sin ningún tipo de resalte) el consumidor no puede alcanzar un completo entendimiento sobre la situación del capital pendiente al tiempo del inicio del plazo del tipo de interés ordinario variable; tampoco de los incrementos de ingresos que debería esperar disponer a lo largo de la vida del contrato para hacer frente a los importes incrementales de la cuota; y tampoco del alcance económico y riesgos asumidos en lo relativo al capital amortizable en cada cuota, atendiendo a los distintos escenarios que pueden plantearse (altos y bajos tipos de interés remuneratorio).
Concluye que, estando ante un control abstracto del clausulado, no resulta ajustado a su contenido las referencias de las partes a las ventajas o inconvenientes de la concreta mecánica del contrato ante dichos escenarios y la específica situación financiera de cada prestatario.
Interés de demora y vencimiento anticipado
También es estimada la pretensión de la demanda en este punto sobre la eliminación y prohibición de su uso en los contratos
. El interés de demora pactado del 19% es manifiestamente superior al interés remuneratorio: el incremento porcentual de 6 puntos respecto al tipo de interés fijo o variable al tiempo del incumplimiento resulta desproporcionado y abusivo, lo que conlleva su nulidad, eliminación y la cesación en el uso.
En cuanto a la cláusula de vencimiento anticipado, el juzgado tiene en cuenta lo ya resuelto por la jurisprudencia dictada al respecto, al estarse ante préstamos hipotecarios que no modulan la gravedad del incumplimiento, su esencialidad y duración del préstamo.
La cláusula examinada, que establece la resolución anticipada en cuanto el incumplimiento se produce por una sola cuota periódica o cualquier otra obligación (sin referencia alguna a la gravedad o duración), es abusiva, por lo que también es declarada nula.
Gastos a cargo del prestatario
El contrato examinado imputa al prestatario todos los gastos y suplidos del otorgamiento y demás documentos necesarios para el otorgamiento e inscripción del préstamo y la totalidad de los tributos.
El juzgado hace referencia en este punto a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2018 (LA LEY 10390/2018) relativa a los gastos bancarios, notariales y registrales derivados de la preparación de la titulación y otras dictadas al respecto de cláusulas análogas.
Concluye su abusividad pues sin negociación de ningún tipo se atribuye al prestatario consumidor del pago de todos los impuestos derivados de la operación, cuando la ley considera sujetos pasivos al prestamista o al prestatario en función de los distintos hechos imponibles.
No obstante indica que no procede, al tratarse de acción colectiva de nulidad y cesación sujeta a un control abstracto de legalidad, a la determinación de las consecuencias de dicha ineficacia a fijar en el ejercicio y en las respuestas a las acciones individuales.
Eliminación de las cláusulas, prohibición de uso y publicación del fallo
La entidad financiera es condenada a la eliminación de las escrituras de préstamo hipotecario “hipoteca tranquilidad”, las cláusulas que específicamente se indican en el fallo y además prohíbe a la entidad su utilización futura.
También se ordena publicar el fallo de la sentencia, junto al texto de las cláusulas afectadas, en el Boletín del Registro Mercantil y en un periódico de difusión nacional.