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PRIMERO.- En la demanda instauradora del presente litigio se relata que el 23 de septiembre de 2004 don Enrique y sus dos hijas María Luisa y Sara , visitaron el domicilio de don Lorenza y doña Juana , en la calle DIRECCION000 número NUM000 , piso NUM001 , en el que también residía la hija de ambos, Natalia que a la sazón tenía 19 meses de edad.

Don Enrique llevó consigo un cochecito de muñecas que, en fecha indeterminada, había adquirido en la tienda "Imaginarium" sita en el "mall" de Alcampo, en la Autopista de Inca, y se lo dejó olvidado en el domicilio de su hermano.

Al día siguiente de recibir dicha visita, esto es el 24 de septiembre de 2004, la niña Natalia tropezó con el cochecito clavándose el extremo de uno de los dos asideros del cochecito en la zona perianal causándose graves lesiones por las que se reclama una indemnización, pretensión que funda en los artículos 1 y 3.1 de la Ley 22/1994, de 6 de julio sobre daños causados por productos defectuosos y en el Real Decreto 880/1990 , sobre seguridad en materia de juguetes, y que dirige contra la empresa fabricante del juguete que reputa defectuoso

A esta pretensión se opuso la demandada negando la existencia de nexo causal con base en las contradicciones existentes entre el relato de la demanda y el requerimiento extrajudicial que le fue dirigido y, en su caso, la ruptura de dicha relación de causalidad por haber jugado la niña con un juguete no indicado para su edad y por haber quebrantado sus padres el deber de custodia al no haber retirado la sillita del alcance de Natalia y no estar vigilándola cuando se produjo las lesiones. Además, aduce que las lesiones objeto de la demanda no son compatibles con el accidente que se relata en el escrito instaurador de la litis y que el juguete no era peligroso por cuanto cumplía todos los requerimientos de seguridad.

La sentencia de primera instancia, parcialmente estimatoria de la demanda, es apelada por la parte demandada cuya dirección letrada, en el escrito de interposición del recurso funda éste, en síntesis, en los siguientes motivos:

a) No existe relación de causalidad entre las lesiones sufridas por la menor y las características de la sillita o cochecito de muñecas fabricada por la empresa demandada ya que:

- En la reclamación extrajudicial que precedió al presente litigio se relata que la sillita se volcó súbitamente hacia atrás mientras que en la demanda se indica que la niña Natalia se tropezó con la sillita.

- En la demanda se manipula el relato contenido en el escrito de reclamación extrajudicial en el sentido de indicarse en aquélla que la sillita había sido adquirida por el hermano del actor para sus hijas, todo ello para salvar la cuestión relativa a la inadecuación del juguete para la edad de Natalia , puesta en conocimiento de los hoy demandantes al dar respuesta "Step Two S.A." a su reclamación extrajudicial.

- No se ha aportado ni la silla ni el ticket de compra.

- La menor no debió jugar nunca con un juguete no indicado para su edad pero, en cualquier caso, no se explica como pudo producirse las heridas descritas en la demanda con un tropezón con la sillita.

- La testigo Sra. Concepción manifestó no haber presenciado el accidente por hallarse en ese momento en la cocina de la casa, lo que se contradice con la aseveración de la demanda de que la Sra. Concepción se hallaba en la terraza, en la que también estaba jugando la niña.

- En la sentencia se indica que la testigo no tiene especial relación con las partes cuando lo cierto es que se hallaba en el domicilio de los actores como en ocasiones anteriores, lo que revela un cierto grado de intimidad confirmado por el hecho de que en el momento de producirse el accidente la testigo llevase, según propias manifestaciones, unas tazas a la cocina. Además, la Sra. Concepción se tomó la libertad de limpiar de sangre el asa de la sillita y regresar a la casa cuando los padres no estaban en ella, lo que sería igualmente demostrativo de una indudable familiaridad.

- Según su propia declaración, la testigo se hallaba de espaladas al punto en el que la niña jugaba, por lo que no pudo ver lo que realmente acaeció.

- La madre de la niña manifestó que la Sra. Concepción es una amiga, y afirmó que vio la evolución de los hechos llegando incluso a advertir a la niña, lo que no compadece con la declaración de la testigo. Además, introduce una versión nueva al explicar que la niña se apoyó con la mano izquierda en el respaldo del carrito, y señalar que no dieron importancia al juguete, lo que se contradice con lo aseverado en la demanda en el sentido de que los padres tenían intención de retirar el juguete para devolverlo.

b) El producto es seguro con arreglo a los conocimientos científicos y técnicos existentes en el momento de la puesta en circulación de la sillita.

c) El embalaje, las menciones de seguridad y el marcado CE del juguete eran los adecuados.

e) La sentencia de primera instancia señala que la responsabilidad de "Imaginarium" es objetiva, pero ello no excluye que los actores deban acreditar la relación de causalidad.

f) La cuantía reclamada en concepto de daños personales es desproporcionada por cuanto contempla como secuela el estreñimiento, no recogido en el actual baremo de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a motor y cuyo carácter permanente no se ha acreditado.

g) La sentencia concede una cantidad de 6.000 euros por daño moral cuando, en realidad, según es de ver en la demanda, los actores no interponen acción en nombre propio sino únicamente en el de la menor.

SEGUNDO.- El artículo 51.1 de la Constitución Española dispone que "Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos".

La preocupación por el bienestar y la seguridad de los ciudadanos no se limita a las fronteras nacionales sino que es característica de la actual sociedad del riesgo, última fase de la industrialización. Por ello es lógico que la protección de los consumidores se una de las materias en las que la Unión Europea ha intervenido con mayor intensidad. En este sentido, con el fin de aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros, el 25 de julio de 1985 el Consejo de las Comunidades Europeas adoptó la Directiva 85/373/CEEE , relativa a la responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos.

En cumplimiento de dicha Directiva, se promulga la Ley 22/1994, de 6 de julio, de Responsabilidad Civil de los Daños causados por Productos Defectuosos. Esta norma establece una responsabilidad cuasi-objetiva del fabricante o del importador por los daños causados por un producto defectuoso, superando así el clásico principio de que no hay responsabilidad sin culpa.

Ahora bien, esta responsabilidad cuasi objetiva solo será exigible cuando se dé una relación de causalidad entre la acción u omisión -causa- y el daño o perjuicio resultante -efecto-. La objetivización de la culpa opera sobre la base de la previa acreditación de la relación de causalidad entre la acción o la omisión que se alega -y que, incluso, puede presumirse culposa- y el daño o resultado producido. En este punto, para la determinación de la existencia de relación o enlace preciso entre la acción u omisión y el resultado, la jurisprudencia viene recogiendo el principio de causalidad adecuada que exige que el resultado sea una consecuencia natural, adecuada, suficiente, de la determinación de la voluntad, debiéndose entender por consecuencia natural aquella que propicia entre el acto inicial y el resultado dañoso, una relación de necesidad conforme a los conocimientos normalmente aceptados, debiendo valorarse en cada caso concreto, si el acto antecedente que se presenta como causa tiene virtualidad suficiente para que del mismo se derive como consecuencia necesaria el defecto lesivo producido, no siendo suficientes las simples conjeturas o posibilidades (sentencia del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 2001), sino que es preciso la existencia de una prueba terminante relativa al nexo entre la conducta del agente y la producción del daño.

Esta necesidad de una cumplida justificación no puede quedar desvirtuada por una posible aplicación de la teoría del riesgo, la objetivización de la responsabilidad o la inversión de la carga de la prueba. El "cómo" y el "por qué" se produjo el hecho constituyen elementos indispensables en el examen de la causa eficiente del evento dañoso de manera que no hay responsabilidad si no se acredita directa o indirectamente cual fuera el acto inicial desencadenante del resultado lesivo (sentencia del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 1989). La relación de causalidad implica que cada uno de los momentos que constituyen la secuencia total, desde el hecho o acto inicial hasta el resultado final, aparezcan debidamente enlazados como eslabones de una cadena de modo que el anterior acto condicione al posterior (sentencias del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 1987 y 2 de septiembre de 1997).

Pues bien, en el caso de autos, la relación de causalidad entre la acción -concepción defectuosa del cochecito- y el resultado -daños en la zona perianal de Natalia - debe entenderse probaba por la testifical de doña Concepción . Así:

a) Si excluimos a la actora, la testigo era la persona más próxima en el espacio y en el tiempo a la producción del evento dañoso. En el acto del juicio dicha testigo declaró que el día del accidente se hallaba en el hogar de los demandantes tomando café con la madre mientras la niña jugaba con sus peluches; que en el momento en que la declarante fue a la cocina a llevar las tazas oyó chillidos y volvió al lugar en el que se hallaba la niña percatándose de que sangraba; que en ese instante no observó el objeto que había lastimado a la niña pero después, al volver del Centro de Salud, al que había acompañado a Juana y a Natalia , observó que una de las asas del cochecito estaba ensangrentada; y que cuando llegó a casa el padre, le mostró el asa y, acto seguido, la misma testigo la limpió.

b) Es cierto que la testigo es amiga de los actores, pero hallándonos ante un accidente doméstico, es obvio que cualquier testigo presencial debía ser una persona con acceso fácil al círculo familiar. En cualquier caso, la testigo no fue oportunamente techada por su amistad con una de las partes.

c) Los detalles sobre los que el apelante sostiene que hay contradicción entre las versiones de la demanda y la que han venido sosteniendo los actores a lo largo del juicio se refieren a cuestiones circunstanciales. Lo trascendente, a efectos de entender acreditado el nexo de causalidad, es que la testigo vio que la niña sangraba y que después observó igualmente el asa de la sillita ensangrentada.

TERCERO.- La parte apelante reitera en esta alzada la tesis que ya esgrimiera en primera instancia de que el accidente se produjo por culpa de los padres, al incumplir éstos su obligación de custodia y supervisión de la niña.

Sin embargo, lo cierto es que la aseveración de que la madre no custodiaba adecuadamente a la niña cuando ésta se hallaba junto al cochecito no es sino una afirmación de parte contradicha por la Sra. Juana al ser interrogada, y no corroborada por prueba alguna.

Si la negligencia en la custodia que, según el apelante, es atribuible a los padres, es la que se deriva de haberle permitido manipular un juguete que no está indicado para su edad, nos encontramos, de nuevo, con una tesis que no merece acogida por cuanto una cosa es que los juguetes sean adecuados para una franja de edad y otra distinta es que puedan convertirse, según su colocación, en objetos peligrosos para niños de cualquier edad, pues ha de pensarse que es frecuente que un menor juegue con otros y que se intercambien juguetes y que éstos se mezclen, por lo que tales objetos han de revestir condiciones de seguridad suficientes para que no dañen a otros niños, de edad distinta a aquellos a los que van destinados, que puedan jugar con ellos o hallarse en la misma zona de juego. Es por esta razón por la que el artículo 2.1 del Real Decreto 880/1990, de 29 de junio , por el que se aprueban las normas de seguridad de los juguetes establece que "Los juguetes sólo podrán comercializarse si no comprometen la seguridad y/o la salud de los usuarios o de terceros, cuando se utilicen para su destino normal o se utilicen conforme a su uso previsible, habida cuenta del comportamiento habitual de los niños".

La seguridad de un juguete ha de ser predicable no solo respecto al niño que puede ser su destinatario directo sino, también, con relación a otros niños que pudieran usarlo o manipularlo.

CUARTO.- En el sistema de responsabilidad sin culpa establecido por la Ley 22/1994 la cualidad de defectuoso del producto es el elemento decisivo para determinar la responsabilidad del fabricante. Acreditado éste, la culpa o negligencia dejan de ser elementos relevantes para definir su responsabilidad por los daños ocasionados por el producto.

El legislador comunitario establece en la Directiva una noción unitaria de defecto, mediante el recurso a un concepto jurídico indeterminado basado en la "falta de la seguridad legítimamente esperada" del producto en cuestión. De este modo, por producto defectuoso se entiende aquel que no ofrece la seguridad que cabe legítimamente esperar, teniendo en cuenta todas las circunstancias y, especialmente, su presentación, el uso razonablemente previsible del mismo y el momento de su puesta en circulación, parámetros recogidos en el artículo 3 de la Ley .

El artículo 2.2 del Real Decreto 880/1990, de 29 de junio , por el que se aprueban las normas de seguridad de los juguetes establece que "El juguete deberá cumplir, en el estado de comercialización y teniendo en cuenta el tiempo de su utilización previsible y normal, las condiciones de seguridad y sanidad establecidas en esta disposición"; y el Anexo II de la misma norma, relativo a "Las exigencias esenciales de seguridad de los juguetes" dispone en su apartado I, "Principios Generales" que "De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del presente Real Decreto, los usuarios de juguetes y las terceras personas deberán quedar protegidos, en circunstancias de uso normal o razonablemente previsible de tales juguetes, contra los riesgos para la salud y las lesiones corporales. Se trata de riesgos: a) Debidos a la concepción, construcción o la composición del juguete. b) Inherentes al uso del juguete y que no pueden eliminarse modificando la construcción o composición de éste sin alterar su función o privarle de sus propiedades esenciales". El apartado II del mismo Anexo, intitulado "Riesgos particulares", contiene un primer apartado que concierne a las "Propiedades físicas y mecánicas" que incluye una letra "b", del siguiente tenor: "Los bordes accesibles, salientes, cuerdas, cables y fijaciones de los juguetes deben diseñarse y construirse de manera que el contacto con ellos no presente riesgos de lesiones corporales".

Pues bien, esta Sala entiende que la sillita o cochecito de muñecas de autos presentaba una defectuosa concepción pues las asas constituyen un saliente que genera un riesgo de daños personales, como prevé el precepto riesgo que, desgraciadamente, se materializó en el caso de autos.

Dicha conclusión se alcanza valorando según las reglas de la sana crítica (artículo 376 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) la pericial de don Roberto , aportada por la parte demandante junto al escrito instaurador de la litis.

Con arreglo a dicho informe, ratificado en el acto del juicio, la concepción del asa de la sillita no es segura pues cuando el cochecito se tumba y apoya horizontalmente en el suelo, presenta un extremo vertical y suficientemente rígido y agudo como para que una persona, por la energía de su propio peso, al caer se pueda clavar un extremo de las asas; que estos asideros, por su configuración, son relativamente delgados (son un objeto muy fino, dijo el experto en juicio) y quedan en posición vertical cuando el juguete se acuesta; y que el etiquetado del juguete no contiene advertencia alguna. El perito concluye que el juguete así concebido constituye un peligro independientemente de la edad de la persona.

Los peritos propuestos por la parte demandada, don Lorenzo y don Ángel llegaron a la conclusión contraria al dictaminar que "no se han detectado defectos de diseño o fabricación que pudieran haber ocasionado el daño cuya indemnización se reclama". Sin embargo, se entiende que dicho informe no desvirtúa el del perito de la actora, por las siguientes razones:

a) En sus propias conclusiones los peritos señalan que el cochecito no es peligroso "en condiciones normales de uso". Pero en el caso de autos el accidente no se produjo cuando la niña estaba usando el cochecito como juguete sino al tropezarse con él, y nada dicen los expertos sobre el peligro que supone que un menor, jugando con el cochecito, le dé vuelta de modo que las asas queden hacia arriba convertidas en un objeto punzante, lo que resulta contrario a las propiedades físicas que ha de reunir todo juguete, según establece el apartado II del Anexo II del Real Decreto 880/1990, de 29 de junio , por el que se aprueban las normas de seguridad de los juguetes.

b) Los peritos de la demandada apoyan su tesis de que el juguete no es defectuoso en la aseveración de que la sillita no es sino reproducción a escala de un objeto para adultos, cual es el cochecito para pasear niños. Pero ello no puede constituir un argumento exculpatorio dado que en modo alguno puede servir para dar cobertura a la fabricación de juguetes peligrosos por la mera circunstancia de ser reproducción de otros reales que también lo son. En cualquier caso, es notorio que existen modelos de cochecito para adultos cuyas asas no pueden convertirse en objetos incisivos por tener forma de semicircunferencia, lo que impide que puedan convertirse en un saliente agudo y peligroso por el hecho de que el cochecito se tumbe horizontalmente sobre el suelo, como ocurrió con la sillita de autos.

c) Los peritos de la demanda sostienen que el juguete cumple todos los requisitos del Real Decreto 880/1990 cuando, como antes se ha visto, ello no es cierto. En cualquier caso, conviene traer a colación aquí la jurisprudencia con arreglo a la cual el cumplimiento de las prescripciones administrativas no exime de responsabilidad civil cuando el acaecimiento del daño es la más palmaria demostración de que la adopción de las precauciones reglamentariamente prescritas era insuficiente.

d) Finalmente, el argumento utilizado por los peritos de la demandada de que el cochecito de autos es de características similares a otros que se hallan en el mercado merece ser rechazado por cuanto dicha circunstancia no excluye que la sillita -al igual que las demás del mercado a la que los expertos se refieren- estuviese mal concebida y diseñada.

QUINTO.- Aquellos que la Ley declara responsables pueden verse eximidos de responsabilidad en determinados casos, cuando prueben la concurrencia de alguna de las circunstancias enunciadas en la propia Ley: 1º Que no hubieran puesto en circulación el producto. 2º Que, dadas las circunstancias del caso, es posible presumir que el defecto no existía en el momento en el que se puso en circulación el producto. 3º Que el producto no había sido fabricado para la venta o cualquier otra forma de distribución con finalidad económica, ni fabricado, importado, suministrado o distribuido en el marco de una actividad profesional o empresarial. 4º Que el defecto se debió a que el producto fue elaborado conforme a normas imperativas existentes dictadas por los poderes públicos. 5ª Que el estado de los conocimientos científicos y técnicos existentes en el momento de la puesta en circulación del producto no permitía apreciar la existencia de defectos, causa esta última que no puede invocarse en el caso de medicamentos, alimentos o productos alimentarios destinados al consumo humano.

Esta última causa es la opuesta por la demandada recurrente cuando sostiene, tanto en el anterior como en este grado jurisdiccional, que la concepción de la sillita era la adecuada al estado de la ciencia, alegando que el juguete continúa siendo comercializado en forma idéntica por numerosos establecimientos.

Lo cierto es, sin embargo, que la causa de exoneración de la responsabilidad invocada no opera en el modo pretendido por la demandada recurrente. Dicha parte argumenta que los conocimientos científicos que hubieran podido detectar el peligro en el asa de la silla son iguales en el momento de ponerse en circulación la que causó lesiones a Natalia y ahora. Pero en realidad, dicha causa actúa para exonerar de responsabilidad cuando los conocimientos científicos del momento en que se produjo el accidente no permitían detectar el peligro y, en cambio, al exigirse la responsabilidad sí. En realidad el apelante lo que alega aquí es que sillitas con asas semejantes a las de autos continúan siendo comercializadas. Pero como antes se ha dicho, si dichos juguetes son defectuosos, quien debe responder de los daños que causen no se exonera de responsabilidad por el hecho de que el juguete tenga mayor o menor difusión.

Por otro lado, no parece que para detectar que las asas, al volcar la silla, se conviertan en un saliente más o menos punzante, sean precisos especiales conocimientos técnicos o científicos.

SEXTO.- El baremo para la valoración de daños personales incluido como anexo en la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor tiene un ámbito propio cual es el los accidentes de tráfico. Sin embargo, al recoger parámetros para la cuantificación de daños que, por su propia naturaleza, son difícilmente objetivables, se han revelado útiles para fijar las cuantías de indemnizaciones de la misma índole por lesiones producidas en esferas distintas a la circulación de vehículos a motor, tal como propone la actora en su demanda al acogerse, para determinar el importe de la indemnización que reclama, al referido baremo, sin que por parte de la demandada se opusiese objeción alguna a esta opción.

Pues bien, en este sistema, la secuela se caracteriza por su permanencia, es decir, por su persistencia en el tiempo, su irreversibilidad. En el caso de autos, la parte apelante sostiene que la retención anal o estreñimiento no puede ser considerado como secuela por no merecer la naturaleza de lesión permanente, como lo demostraría la circunstancia de que dicha lesión ha desaparecido como secuela en el baremo aprobado como anexo por el texto vigente en esta material que era el de la Ley 34/2003, de 4 de noviembre , de modificación y adaptación a la normativa comunitaria de la legislación de seguros privados.

En este extremo procede asumir los argumentos de la parte apelante por cuanto la inclusión de dicha lesión como secuela es incongruente con la aplicación del baremo vigente en el momento de producirse el accidente, que es el criterio que señala el Tribunal Supremo en sus dos sentencias de 17 de abril de 2007, ya que en dicho baremo, desde el 2003 , ni el estreñimiento ni la lesión anal aparecen como secuela o lesión permanente.

SÉPTIMO.- Por lo que se refiere a la cantidad concedida en concepto de daños morales para los padres, entiende la Sala que ésta es improcedente porque en el Sistema para la Valoración de daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, al que con carácter orientativo y voluntario se acogen los actores, el único perjudicado por las secuelas o lesiones permanentes es la propia víctima (artículo 1.4 del anexo), cuyo daño moral ya se incluye en las indemnizaciones determinadas mediante la aplicación del baremo (artículo 1.7). Por lo demás, en nuestro ordenamiento jurídico no se ha reconocido ni legal ni jurisprudencialmente el concepto de "daño existencial", que sí existe en otros derechos, como el italiano, en el que teóricamente podría incardinarse el daño moral causado a los familiares de una persona que sufre una secuela, por el dolor que les supone convivir con su padecimiento o sus limitaciones en el desarrollo de su personalidad.

En consecuencia, procede fijar las siguientes cuantías indemnizatorias:

2.774,97 € por la incapacidad temporal

1.543,32 € por perjuicio estético (cantidad resultante de aplicar los dos puntos por 771,66 €, valor del punto en el baremo de 2005, que es el que aplica la jueza "a quo").

Todo ello arroja un total de 4.318,29 €.

OCTAVO.- Dado lo establecido en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , y siendo la presente sentencia parcialmente estimatoria del recurso de apelación, no procederá hacer pronunciamiento sobre las costas de esta alzada.