Audiencia Provincial La Rioja, Sentencia 65/2019, 22 Feb. Recurso 428/2017 (LA LEY 20056/2019)
Aprobada en junta de propietarios la instalación ex novo de un ascensor en el edificio, la comunidad de propietarios solicita que la propietaria de uno de los locales y la arrendataria del mismo permitan y faciliten la entrada en el mismo para ejecutar las obras necesarias para instalar el ascensor comunitario.
El Juzgado absolvió a la arrendataria codemandada tras estimar la excepción de falta de legitimación pasiva.
Sin embargo, la Audiencia Provincial de La Rioja declara que dicha arrendataria está legitimada pasivamente para soportar la acción ejercitada, condenándola a permitir y facilitar la entrada en el local a los operarios y técnicos contratados por la comunidad de propietarios para ejecutar las obras de instalación del ascensor.
La sentencia señala que, si bien es cierto que, en virtud de lo dispuesto en el art. 9.1 c ) y d) de la Ley 49/1960 (LA LEY 46/1960), de propiedad horizontal, el que tiene la obligación de permitir la entrada en su vivienda o local es el propietario del mismo, por lo que es contra él contra quien ha de dirigirse la acción ejercitada por la comunidad de propietarios, también lo es que una rigurosa interpretación de dicho precepto, como la realizada en primera instancia al considerar como legitimado pasivamente únicamente a su propietario, es válida únicamente en aquellos supuestos en que la parte arrendataria del inmueble no se opone a la realización de las obras aprobadas por la comunidad. En esos casos carece de sentido demandar a dicho arrendataria.
Ahora bien, en el presente caso constan burofaxes remitidos por la arrendataria codemandada al presidente de la comunidad prohibiendo terminantemente realizar cualquier tipo de obra en el local donde desempeñaba su actividad comercial, prohibición que hacía extensiva incluso aunque la propiedad autorizara su ejecución.
A la vista de la voluntad obstativa adoptada por la arrendataria, que la comunidad dirigiera la acción también contra ella está plenamente justificado, pues de nada habría servido demandar únicamente a la propietaria y obtener una eventual sentencia estimatoria de sus pretensiones porque llegado el momento de cumplimiento de la sentencia se hubiera encontrado con la oposición, ya anunciada, de la arrendataria del local a permitir la entrada en el local.
En consecuencia, el Tribunal considera que la obligación impuesta en el art. 9 LPH de permitir la entrada en el piso o local para llevar a cabo obras necesarias para el adecuado sostenimiento y conservación del inmueble y de sus servicios, en este caso, la instalación del ascensor, no sólo es exigible al propietario sino también a quien ocupaba el inmueble, de modo que la arrendataria sí ostentaba legitimación pasiva para soportar las consecuencias de la acción ejercitada por la comunidad de propietarios.