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PRIMERO.- Por la representación procesal de la demandada, Comunidad de Propietarios de la DIRECCION000 , núm. NUM000 - NUM001 de Salamanca, se interpone el presente recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia número 7 de esta ciudad, con fecha 18 de junio de 2018 , que, estimando en lo sustancial la demanda promovida en su contra por la demandante, Leocadia , declaró la nulidad del acuerdo nº 1 adoptado en Junta general ordinaria de la comunidad de propietarios demandada celebrada el día 2-10-2017, condenando a dicha Comunidad a efectuar las obras necesarias para reponer el suministro de agua caliente y fría al trastero de la demandante ("trastero H") y al pago de las costas derivadas del presente proceso.

Y se interesa en esta segunda instancia por la referida demandada, con fundamento en los motivos contenidos en su escrito de interposición de tal recurso de apelación, (intitulados: Primero; Error de valoración de prueba; Segundo : Fijación exacta del hecho objeto de impugnación; Tercero : Antecedentes. Situación de la construcción de los trasteros; Cuarto : La prueba de los hechos determina que nos hallamos ante una toma irregular de agua sobre la general; Quinto : Reiteramos que la demanda incurre en abuso de derecho y se ampara en una situación ilegal; Sexto : Titularidad privativa de las tuberías a conectar con la general ), la revocación íntegra de la mencionada sentencia en todos sus extremos, y que se dicte otra por la que se desestimen las pretensiones contenidas en la demanda interpuesta en su contra o, subsidiariamente, en caso de no hacerlo, revocándola parcialmente en lo que se refiere a la imposición de costas a la Comunidad.

SEGUNDO.- A la vista del acuerdo de la Junta de la Comunidad apelante de 2-10-2017, que implica, implícitamente, un corte del servicio de agua al trastero litigioso, hemos de iniciar la contestación al recurso de apelación que analizamos, de las siguientes consideraciones:

Se parte de unas tuberías existentes que dotan de suministro de agua caliente y fría al "trastero H", que han sido reconocidas judicialmente en la sentencia de esta Audiencia de 15-7-2008 (LA LEY 156602/2008) , y viniendo pagando la titular dominical del citado trastero una cuota comunitaria por razón de los consumos de agua caliente y fría, lo que presupone, además de asistir la razón a la juez a quo cuando afirma que el acuerdo impugnado es contrario a ley y vulnerador de los arts. 10.1 a ) (LA LEY 46/1960) y 10.2 a ) (LA LEY 46/1960) y c) de la LPH y por ello incurre en la nulidad prevenida en el art. 18.1 a) (LA LEY 46/1960), de la misma Ley , el que sea de aplicación la doctrina de los actos propios.

Esto es, si la actora ha venido abonando, ininterrumpidamente, a la comunidad de propietarios demandada, la cuota de agua correspondiente a su trastero, de forma separada a la cuota de agua de su vivienda (piso NUM002 NUM003 ), -hecho incontestable según la documental a que se hace referencia-, es obvio que al negarle en el acuerdo impugnado ese derecho al suministro de agua, bajo el paraguas de un supuesto deber de la demandante de acometer el coste de reposición de las conducciones o tuberías, se está incurriendo en esa doctrina.

Téngase en cuenta que la misma encuentra su último fundamento en la protección de la confianza y en el principio de la buena fe, que impone un deber de coherencia y limita la libertad de actuación cuando se han creado expectativas razonables ( SSTS 9/12/2010 , 09/03/2012 , 25/02/2013 ). El principio de que nadie puede ir contra sus propios actos solo tiene aplicación cuando lo realizado se oponga a los actos que previamente hubieren creado una situación o relación de derecho que no podía ser alterada unilateralmente por quien se hallaba obligado a respetarla ( SSTS 9 de diciembre de 2010 , 7 de diciembre de 2010 , 25 de febrero 2013 ). Significa, en definitiva, que quien crea en una persona una confianza en una determinada situación aparente y la induce por ello a obrar en un determinado sentido, sobre la base en la que ha confiado, no puede pretender que aquella situación era ficticia y que lo que debe prevalecer es la situación real, porque los actos jurídicos lícitos realizados determinan necesariamente unas consecuencias jurídicas ( SSAAPP Madrid, 27/01/1992 ; Pontevedra, 30/04/1992 ; Toledo, 24/06/1992 ; Palma de Mallorca, 07/09/1992 ; Málaga, 31/10/1992 ; Zaragoza, 26/10/1992 , entre otras muchas).

La reciente STS 760/2013, de 3 de diciembre (LA LEY 190720/2013) , es muy clarificadora y sintetizadora, a saber:

"La doctrina que se invoca constituye un principio general de derecho que veda ir contra los propios actos (nemo potest contra propium actum venire) como límite al ejercicio de un derecho subjetivo o de una facultad: así se expresan las sentencias de 9 mayo 2000 y 21 mayo 2001 . Se refiere a actos idóneos para revelar una vinculación jurídica, dice la sentencia de 22 octubre 2002 , la cual reitera lo que había dicho la de 25 octubre 2000 en el sentido de que tiene su fundamento en la buena fe y en la protección de la confianza que la conducta produce; confianza que también destacan las sentencias del 16 febrero 2005 y 16 enero 2006 así como que es doctrina asentada en el principio de la buena fe; fundamento en el que insiste la sentencia de 17 octubre 2006. Lo que reiteran sentencias posteriores, como las de 2 octubre de 2007 , 31 octubre 2007 , 19 enero 2010 y 1 de julio de 2011 ; esta última destaca, además de reiterar todo lo anterior, que implica una vinculación jurídica, debe ser muy segura y ciertamente cautelosa".

Así las cosas, la comunidad demandada estaba sujeta a este principio, e infringe la doctrina de los actos propios (ex artículo 7.1 del Código Civil (LA LEY 1/1889) ) al quedar probado el quebranto del deber de coherencia en sus comportamientos, hasta la fecha del acuerdo impugnado de carácter inequívoco, en el sentido de que crearon, definieron y fijaron, sin ninguna duda, una precisada situación jurídica afectante a su autores, ocasionando incompatibilidad o contradicción entre la conducta precedente y la actual ( sentencias de 10-6 y 17-12- 1994 , 30-10-1995 y 24-6-1996 ); la conducta precedente fue la de que la comunidad y sus integrantes, a título individual, conociendo que las tuberías que discurrían vistas por el patio de luces desde el piso NUM004 NUM005 hasta la planta superior, (tuberías iniciales y las cambiadas en 2002) abastecían de agua caliente y fría desde el inicio de la edificación y constitución de la comunidad de propietarios a ése y otro trastero, por lo que durante años giraba el oportuno cobro mediante cuota de suministro, se contradice, pues, tras crear una confianza en una determinada situación aparente, induciendo a los propietarios de los trasteros en este concreto punto a obrar en un determinado sentido, sobre la base en la que ha confiado, pretende años después que aquella situación era ficticia y que lo que debe prevalecer es otra distinta.

Y ello, a pesar de que la sentencia de esta Audiencia que tantas veces se repite, si bien dio la razón a la comunidad hoy apelante, frente, incluso a la ahora demandante-apelada, respecto a que esta última no podía hacer uso de su trastero como vivienda-ático, condenándola a la cesación definitiva de ese uso, sin embargo, (fundamento de derecho 5º), le reconoció el seguir manteniendo el suministro de agua (fría y caliente) en la misma forma en que lo venía disfrutando, etc.

Se repite, la comunidad demandada, conocedora de este estado de cosas o situación jurídica, de servicio común de agua, en los últimos siete u ocho años ha venido, pacíficamente, respetándola hasta que, tras la rehabilitación y reforma de la vivienda 7º C de uno de los nuevos comuneros (en junio de 2017) y los acuerdos subsiguientes de la Comunidad, incluido el impugnado, dejan de respetarla, al decidir condenar las llaves de paso y las tuberías que salían de la general hacia la planta superior por el patio de luces...

Tan es así que en el orden del día relativo al acuerdo impugnaba, lo que consta que iba a ser objeto de decisión y debate no era otra cosa que la presentación de presupuestos para dotar de agua a los trasteros, sin que en ningún momento se cuestionara, a priori, que era la comunidad apelante la que debía acometer el pago y abono del coste de esa dotación de suministro, pues, de no ser así, de entenderse que cada propietario de cada trastero debía sufragar ese coste, ningún sentido tendría tratar dicho tema en el seno de la asamblea de comuneros.

Es más, son algunos de los comuneros presentes los que ponen en cuestión el que la comunidad venga obligada a dotar de agua a los trasteros, cuando hasta el momento, durante años, venía suministrándola, y como consecuencia de esa opinión, el resultado fue de dejar de dotar agua a los trasteros.

TERCERO.- La valoración de la prueba en su conjunto, por la juzgadora a quo en este sentido (documental de todo orden, pruebas de carácter personal, -interrogatorios, testificales y pericial-), es correcta y adecuada, sin que el denunciado error en su apreciación pueda ser acogido dado que las deducciones o inferencias obtenidas por la juzgadora de instancia resultan lógicas, verosímiles de acuerdo con la resultancia probatoria y conciliables con las máximas de la experiencia y las reglas de la sana crítica.

Se mire como se mire, mediante el acuerdo impugnado se priva de facto del servicio de agua al trastero de la demandante del que viene disfrutando durante muchos años, en tanto que al eliminar las tuberías de agua que conducen al mismo (con ocasión de la rehabilitación de la vivienda NUM004 NUM005 por su nuevo propietario Sr. Héctor ), es decir, al condenar y eliminar las tuberías que proporcionaban el servicio de agua, las cuales enganchaban en las generales existentes en el interior de la vivienda del piso NUM004 NUM005 y discurrían por el exterior de la fachada del patio interior del edificio, etc., se va más allá de la mera decisión de dejar de sufragar la instalación de las citadas tuberías, siendo así que a la parte actora no le corresponde abonar coste de instalación alguno, si se pondera que la instalación viene materializada desde el mismo inicio de la construcción del inmueble, de modo y manera que una cosa es que el trastero litigioso (como otros del edificio), efectivamente, no podía quedar reconvertido en vivienda y, en ese sentido, puede calificársele y se le calificó de ilegal, pero, otra muy distinta que venga privado del servicio de agua y electricidad por la Comunidad demandada, desde el momento que la meritada sentencia de esta misma Audiencia, con unas u otras palabras, vino a autorizar y permitir ese suministro justamente a las conducciones por mor de las cuales el mismo se venía materializando.

Y si la propia Comunidad ha venido percibiendo y recibiendo el pago de consumos de agua por dicho trastero y el suministro de agua cuenta con el beneplácito judicial, compete a la comunidad reestablecer a su costa y cargo dicho suministro al trastero las conducciones por donde más o mejor le convenga (elementos comunes del inmueble; o por donde ya venían ubicadas en el interior del piso NUM004 NUM005 de la Comunidad; ubicación inicial mantenida durante muchos años).

El suministro de agua al trastero no puede considerarse a día de hoy ilegal, porque no fue considerado como tal por este mismo Tribunal y, en consecuencia, ninguna ilegalidad hay que regularizar, ni pude imputarse a la parte actora un ejercicio antisocial de un derecho o de modo abusivo, en el correcto entendimiento de lo que constituye la doctrina del abuso del derecho.

Al respecto de dicha doctrina, se tiene declarado que el abuso del derecho se apoya fundamentalmente en los artículos 7.2 del Código Civil (LA LEY 1/1889) , 1.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985) y 247.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , destacando la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que: "Presupone la concurrencia de actuaciones con intención de dañar o perjudicar o utilizando normas en forma contraria a la convivencia social ordenada" ( STS 9 octubre 1997 ): o que "Los derechos subjetivos tienen unos límites de orden moral, teleológico y social y cuando se obra en aparente ejercicio de un derecho, traspasando en realidad los límites impuestos al mismo por la equidad o la buena fe con daño para terceros, se incurre en responsabilidad, o en estricto sentido, quien usa de su derecho no puede cometer abuso alguno" ( STS 25 de septiembre de 1996 ). Por su parte, la STS de 6 de mayo de 2004 , añade que "el abuso de derecho presupone la utilización de un derecho para satisfacer un interés injusto, no protegido, que implique un uso anormal del derecho, como así se deduce de sentencias como las de 12 de febrero de 1970 y otras.

Esta doctrina que es de índole excepcional y de alcance singularmente restrictivo, no puede invocarse a favor de quien sea responsable de una acción antijurídica ( SSTS de 31 de octubre de 1989 , 2 de noviembre de 1990 , 19 de noviembre de 1991 , 26 de febrero de 1992 , 19 de octubre de 1995 , 9 de octubre de 1997 y 15 de febrero de 2000 , entre otras), presenta como elementos esenciales (sentencias de 21 de diciembre de 2000 , 12 de julio de 2001 , 2 de julio de 2002 , 28 de enero de 2005 , y 12 de junio de 2014 , entre otras), los del uso de un derecho objetivo y externamente legal; un daño a un interés no protegido por una específica prerrogativa jurídica; el elemento subjetivo de la intención de dañar de quien lo causa o ausencia de interés legítimo, y la inmoralidad o antisocialidad del daño.

Desde luego, no es posible alegar el abuso del derecho cuando el interés perjudicado tiene un precepto legal para su protección: el abuso del derecho tiene carácter excepcional, para situaciones en las que no hay otra protección jurídica ( STS 25 de septiembre de 1996 ); y se puede utilizar tanto para fundamentar una acción como defensa y excepción para los casos en los que no exista una norma de apoyo ( STS 26 de diciembre de 1990 ).

Partiendo de ello, en el análisis del caso concreto que nos ocupa, lo único que ha hecho la demandante ha sido ejercitar normalmente un derecho, el de que sea repuesta en el servicio de agua de su trastero.

Deja claro la juez a quo en el fundamento jurídico tercero de la sentencia, el punto clave en el que discrepa la apelante, a saber: ...si la comunidad de propietarios considera que las llaves de paso y tuberías que abastecían de agua al trastero de la demandante, no debían tener su enganche desde el piso NUM004 NUM005 , autorizando al propietario de dicho piso a eliminarlas, por considerar que supone una carga para dicho propietario que a criterio de la comunidad no tiene por qué soportar...., vendrá obligada la comunidad de propietarios, si no quiere mantener la instalación según estaba anteriormente, a buscar otra forma de hacer llegar el servicio común de agua al trastero y a realizar a su cargo y a su costa las obras de instalación necesarias para que el trastero pueda seguir disfrutando de dicho servicio común, siendo la comunidad de propietarios y no la propietaria del trastero, la que tenga que costear dichas obras hasta la entrada del trastero, pues viene obligada a proporcionar el servicio común indicado al trastero, el cual venía disponiendo de ese servicio hasta que fue privado del mismo al autorizar al propietario del piso NUM004 NUM005 , la eliminación de las llaves de paso y las tuberías que abastecían a dicho trastero...

Más claro imposible. La motivación es impecable en el orden fáctico y jurídico, con la invocación expresa de los arts. 396 CC (LA LEY 1/1889) y 10.1, a) de la LPH (LA LEY 46/1960) , para dejar sentado el criterio que, ineludiblemente, esta Sala ha de hacer propio, de que los trabajos y obras imprescindibles para el mantenimiento o mejor reposición de dicho servicio de agua fría y caliente al trastero (autorizado en sentencia firme de este mismo Tribunal, a pesar de que vino puesto en entredicho por la Comunidad demandada), han de venir costeados por ésta última y no, como insiste aquélla, por la propietaria del mismo.

En resumen de lo que se viene exponiendo: no concurre error judicial alguno en el entendimiento e interpretación de la sentencia de esta Audiencia, de 15-7-2008, dictada en fase de apelación en el juicio ordinario núm. 401/2007 del Juzgado de 1ª Instancia núm. 5 de esta ciudad , porque, a partir de ella, fuera o no inicialmente, subrepticia o no proyectada, la instalación de agua en el trastero de la demandante, Sra. Leocadia , etc., a la postre, con la misma, conocida la instalación (poco importa el hecho de que, a posteriori, se haya "descubierto", - se dice que de modo sorprendente y desconocido-, que el "enganche" o que parte de la instalación transcurre por la cocina del piso NUM004 NUM005 ), nace la obligación de la comunidad apelante de mantenimiento del suministro de agua fría y caliente respecto del dicho trastero, con una instalación ya existente y conocida por todos, y sin la existencia de coste económico alguno.

El coste del que se queja la recurrente, nace, precisamente, por razón del acuerdo que toma y que impugnado por la demandante, es declarado nulo; y a la recurrente le corresponde reestablecer ese enganche a la tubería general, y si no lo quiere hacer gravando la vivienda de un particular, pues, entonces, lo habrá de hacer discurriendo la toma por elementos o zonas comunes.

Esto es, lo censurable no es la toma de decisiones en relación al que se dice nuevo propietario del piso NUM004 NUM005 (Sr. Héctor ), relativas al taponamiento o condena del enganche o toma con la tubería general en su cocina para que desde allí discurriera la tubería hasta llegar al trastero de Leocadia , si se pondera que la sentencia de esta Audiencia estableció la obligación para la Comunidad demandada de soportar el suministro de agua al trastero de la demandante (suministro por el que, de antemano, la Comunidad ya le venía girando una cuota y cobrando los consumos), esto es, le impuso una servidumbre y, en consecuencia, es la dicha comunidad la que, en su legítimo entendimiento de que el propietario del piso NUM004 NUM005 no tenía por qué soportar esa toma (que no es ilegal), debe reponer el suministro a aquel trastero por las conducciones y elementos comunes que entienda más conveniente (opción y posibilidad que se contempla y motiva expresamente en el fundamento jurídico tercero de la sentencia recurrida).

Se repite: esta Audiencia, desde el momento en que le denegó a la Comunidad ahora apelante el cierre del suministro de agua del trastero litigioso (pedimento ínsito en la demanda que propicia el aludido juicio ordinario 401/2007, porque, no otra cosa suponía la solicitud de que se cesase en el uso de los trasteros como viviendas) vino a decir que el suministro de agua a los mismos o debía mantenerse con la instalación existente hasta el momento o, en todo caso y en consecuencia, si ello afectaba a derechos de terceros, vendría obligada a reestablecerlo y mantenerlo, dotando de agua a los trasteros, sin que, a partir de ese instante, pueda ya hablarse, por tanto, de tomas de agua subrepticias o ilegales que pudieron serlo originariamente, pero ya no desde el dictado de la sentencia de esta Audiencia resolviendo la litis entre las mismas partes.

Hasta la misma puerta o entrada al trastero (habitáculo ya particular y elemento privativo y no común) es a la Comunidad actora a la que le corresponde materializar las instalaciones correspondientes para que dicho trastero tenga respetado el suministro de agua que la propia Comunidad le ha venido, conscientemente, dando durante años, hasta el punto de que el coeficiente de la demandante, a la hora de sufragar los gastos comunitarios, ha sido mayor con motivo del goce de ese servicio de agua fría y caliente, y hasta el punto del abono de los consumos pertinentes, girándosele los recibos oportunos...

Quien debe proporcionar o suministrar agua a la actora, en su vivienda y también en su trastero, es la Comunidad, como lo hace con el resto de elementos o piezas del edificio o inmueble y, por tanto, el enganche e instalación necesaria para que ese suministro se mantenga y no quede interrumpido (como lo ha quedado a raíz del acuerdo declarado nulo de octubre de 2017) debe sufragarla dicha Comunidad, sin que alcance incidencia alguna el que se haya descubierto el que la instalación que ha sido condenada discurría en algún tramo por el espacio privativo de una vivienda, como es frecuente el que las tuberías comunitarias invadan pisos privativos, etc.

Desde esta realidad, no cabe hablar de que se ampara una situación ilegal y menos de ejercicio abusivo de un derecho por la demandante, -careciendo de aplicación la doctrina y jurisprudencia que se cita en el recurso-, pues, aquélla no es causante de ningún actuar ilegal, y se limita a reclamar que se le respete por la Comunidad el suministro de agua de su trastero, el que, este Tribunal, hace ya más de 10 años, con acierto o desacierto, le reconoció aun cuando le diera la razón a la comunidad en lo que toca a que no podía hacer uso de ese su trastero a modo de vivienda, etc.

Yerra, en definitiva, la comunidad apelante al señalar que el verdadero objeto del presente litigio es el acuerdo por el cual se decide que la comunidad no debe sufragar la instalación de tuberías privativas de agua del trastero titularidad de la demandante, pues, olvida que obligada judicialmente a garantizar el suministro de agua a dicho trastero como a las viviendas, serán las tuberías comunitarias o generales (o como se las quiera llamar) y no privativas de cada comunero, las que deben conducir el agua a trasteros y viviendas...

Es la comunidad la que, se reitera, debe a través de las tuberías comunitarias y por los elementos comunes que crea más apropiados sin "ocular" espacios privativos de los comuneros, llevar el agua hasta la entrada del trastero de la demandante, porque sólo así se respeta el contenido de lo ordenado en la repetida sentencia.

La Comunidad puede actuar como quiera ante el "descubrimiento" de la toma de agua en la propiedad del piso NUM004 NUM005 y puede, si así le apetece, eliminar eso que denomina una "carga" para dicho piso privativo, pero ello no es óbice para que deba reestablecer y reponer el suministro o servicio de agua al trastero de la Sra. Leocadia desde una zona común; reestablecimiento que la obliga a pechar con el coste de las obras que para ello sean necesarias, de conformidad con el art. 396 CC (LA LEY 1/1889) y 10.1.a de la LPH (LA LEY 46/1960), como elemento común que es la conducción y canalización de agua hasta las dependencias privativas del inmueble, etc.

CUARTO.- En materia de costas, hemos de partir de que la sentencia de instancia estima sustancialmente la demanda y así lo declara en el fundamento jurídico cuarto; rechazando, expresamente, la concurrencia de dudas de hecho o de derecho que pudieran justificar la no imposición de costas a la parte vencida en el pleito...

Pero, la demandada insiste en este punto, por lo que es de traer a colación en cuanto a la imposición de las costas correspondientes a la primera instancia, que dispone el artículo 394. 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000) que "en los juicios declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. Para apreciar, a efectos de condena en costas, que el caso era jurídicamente dudoso se tendrá en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares" .

Por ello, ciertamente a tenor del referido precepto la norma general será la imposición de las costas al litigante cuyas pretensiones fueren totalmente desestimadas, siendo excepcional la no imposición de las costas en el supuesto de apreciarse dudas de hecho o de derecho, decisión que habrá de ser además motivada de forma expresa por el órgano judicial. En este sentido la STS 1ª, nº 798/2010, de 10-X-2010 declaró que "el principio objetivo del vencimiento, como criterio para la imposición de costas que establece el artículo 394.1, primer inciso, LEC , se matiza en el segundo inciso del mismo precepto con la atribución al tribunal de la posibilidad de apreciar la concurrencia en el proceso de serias dudas de hecho o de derecho que justifiquen la no-imposición de costas a la parte que ha visto rechazadas todas sus pretensiones. Esta previsión tiene su precedente inmediato en el artículo 523, I LEC 1881 (LA LEY 1/1881) , - en el que se contemplaba la facultad de Juez de apreciar circunstancias excepcionales que justificaran la no-imposición de costas -, y su acogimiento transforma el sistema del vencimiento puro en vencimiento atenuado ( STS 14 de septiembre de 2007, RC n.º 4306/2000 ). Se configura como una facultad del Juez ( SSTS 30 de junio de 2009, RC n.º 532 / 2005 , 10 de febrero de 2010, RC n.º 1971 / 2005 ), discrecional, aunque no arbitraria puesto que su apreciación ha de estar suficientemente motivada, y su aplicación no está condicionada a la petición de las partes.

Pues bien, conforme a reiterada doctrina jurisprudencial, los requisitos exigidos por el precepto en lo atinente a las "serias dudas de hecho" son los siguientes: 1º) la existencia de "dudas" en los hechos que justifiquen la pretensión o, en su caso, la resistencia u oposición a la misma, y que no puedan despejarse a través de una conducta diligente, de modo que la averiguación exija el proceso judicial; 2º) que, por consiguiente, tales dudas sean fundadas, razonables, basadas en una gran dificultad para determinar, precisar o conocer fuera del proceso judicial la realidad de los hechos fundamento de la pretensión, o, aun no habiendo dudas sobre los hechos, los efectos jurídicos de los mismos se presenten como dudosos por ser la normativa aplicable susceptible de diversas interpretaciones; y 3º) ha de concurrir la "seriedad" de la duda, esto es, la importancia de los hechos sobre los que recae la incertidumbre en orden a determinar la razonabilidad de la pretensión, de manera que no todas las pretensiones razonablemente fundadas impedirán la condena en costas en caso de desestimación, porque la regla del vencimiento objetivo no es sólo una sanción a la conducta arbitraria o caprichosa del que pretende y es vencido, sino también una regla de protección del sujeto contra el que se dirige la pretensión a no padecer perjuicio económico (así SSAP. de Valencia (Sección 8) de 27 de marzo de 2.007 y de León (Sección 1) de 5 de junio de 2.009 , entre otras).

Y concretamente, las dudas de derecho concurren cuando una misma norma, o cualquier otro concepto jurídico, admite igualmente varias interpretaciones, entendiéndose la existencia de tales dudas cuando medie discrepancia, según dicho precepto, en la jurisprudencia, si bien, debe interpretarse ésta en un sentido amplio, para incluir, por lo tanto, también la denominada "jurisprudencia menor" de las Audiencias Provinciales, puesto que el sistema de recursos de nuestro Ordenamiento Civil no permite la creación de Doctrina Legal consolidada del TS sobre muchas de las materias debatidas en los procesos.

Sobre la base de la precedente doctrina jurisprudencial, sustancialmente coincidente con la mantenida por esta misma Audiencia en otras resoluciones, tales como las sentencias de 15 de abril y 14 de octubre de 2.014 , se ha de adelantar ya en este momento que el referido apartado del recurso tampoco puede venir estimado.

QUINTO.- En consecuencia, ha de ser desestimado el recurso de apelación interpuesto por la demandada, Comunidad de Propietarios de la DIRECCION000 , núm. NUM000 - NUM001 de Salamanca, y confirmada la sentencia impugnada, con imposición a la misma de las costas causadas en esta segunda instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 398.1, en relación con el artículo 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000) , y con pérdida del depósito constituido, en aplicación de lo prevenido en la Disposición Adicional Decimoquinta, apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985) .

En consideración a lo expuesto, en nombre del Rey y en virtud de la potestad jurisdiccional conferida por la Constitución,