RESUMEN DEL FALLO:
El Pleno del Tribunal Constitucional inadmite mediante Auto los incidentes de recusación promovidos por la Generalitat y el Parlamento catalán contra su Presidente, por las causas 9.ª y 10.ª del art. 219 LOPJ (LA LEY 1694/1985) en relación con el art. 80 LOTC (LA LEY 2383/1979), por carecer ictu oculi de fundamento jurídico.
DISPOSICIONES APLICADAS:
Art. 159.4 CE (LA LEY 2500/1978); arts. 19.1.6 (LA LEY 2383/1979) y 80 LO 2/1979, de 3 de octubre (LA LEY 2383/1979), del Tribunal Constitucional. (en adelante LOTC); art. 219 LO 6/1985 (LA LEY 1694/1985), de 1 de julio, del Poder Judicial (en adelante LOPJ)
ANTECEDENTES DE HECHO Y PERSPECTIVA JURÍDICA
Por el Letrado del Parlamento de Cataluña y los Letrados de la Generalitat se presentaron, el 2 de agosto de 2013, sendos escritos por los que se promovía la recusación del Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Constitucional, en 26 procesos constitucionales pendientes ante el Alto Tribunal (recursos de inconstitucionalidad, conflictos constitucionales de competencia, impugnación del Gobierno de la Nación al amparo del art. 161.2 CE (LA LEY 2500/1978)). En dichos procesos constitucionales eran intervinientes de un lado, los recusantes y, de otro, Diputados del Grupo Parlamentario Popular y el Presidente Gobierno de la Nación investido con el voto de dicho Grupo Parlamentario.
Los escritos de recusación del Parlamento y de la Generalitat de Cataluña coinciden sustancialmente en cuanto a los hechos en que basan la recusación, en las causas legales del art. 219 LOPJ (LA LEY 1694/1985) en las que los integran y en la argumentación jurídica con la que justifican su procedencia. Esta identidad motiva que el Tribunal de una respuesta unitaria al incidente promovido por aquellos en la misma resolución.
Los hechos en los que los promotores basan la recusación son: i) la afiliación del Magistrado y Presidente, Sr. Pérez de los Cobos a un partido político durante un periodo de tiempo parcialmente coincidente con su condición de Magistrado del TC; ii) que no hubiera puesto en conocimiento de la Comisión de nombramientos del Senado su condición de afiliado a un partido político; iii) la colaboración, anterior a su nombramiento como Magistrado del TC, con una Fundación de Estudios vinculada con el Partido Popular al que se encontraba afiliado, estando algunas de sus intervenciones de colaboración relacionadas con materias o cuestiones sujetas al conocimiento del Tribunal; iv) la publicación por el recusado de un libro de aforismos, algunos de los cuales denotarían animadversión hacia Cataluña, los catalanes y el nacionalismo catalán.
Tanto el Parlamento de Cataluña como la Generalitat consideran que dichos hechos constituyen las causas legales de recusación previstas en los núms. 9 y 10 del art. 219 LOPJ (LA LEY 1694/1985) (amistad intima o enemistad manifiesta / interés directo o indirecto en el pleito) que son de aplicación a los Magistrados del TC, en virtud de lo dispuesto en el art. 80 LOTC (LA LEY 2383/1979), causas de recusación que suponen un quebrantamiento de la garantía de imparcialidad exigible a todo órgano jurisdiccional, como contenido esencial del derecho fundamental al proceso con todas las garantías reconocido en el art. 24.2 CE (LA LEY 2500/1978), en la doble vertiente de garantía de imparcialidad subjetiva y objetiva.
Los recusantes parten del reconocimiento de que la Constitución (art. 159.4 CE (LA LEY 2500/1978)), no prohíbe a los Magistrados del Tribunal Constitucional la pertenencia a partidos políticos, a diferencia de la restricción que impone a los miembros del Poder Judicial (art. 127 CE (LA LEY 2500/1978)), estableciendo para aquellos solo la incompatibilidad para el desempeño de cargos directivos en partidos políticos o sindicatos. No obstante, consideran que el singular régimen jurídico de derechos y obligaciones que legalmente corresponde a los afiliados a los partidos políticos (art. 8.4 LO 6/2002, de 27 de junio (LA LEY 1020/2002), de Partidos Políticos), permite considerar que los Magistrados del TC afiliados a un partido político pueden encontrarse, en función de las circunstancias concurrentes en los procesos de los que conocen, ante obligaciones legales contradictorias que pueden comprometer la garantía exigible de imparcialidad que ha de presidir su actuación y en particular, la del Presidente del Tribunal, dada la especial naturaleza de las funciones que éste tiene asignadas. En concreto, los promotores de la recusación consideran que la afiliación política del Magistrado-Presidente, conjuntamente, con los demás hechos que exponen en sus escritos, son subsumibles en los supuestos legales de recusación a los que se refieren los núms. 9 y 10 del art. 219 LOPJ (LA LEY 1694/1985).
DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y APLICACIÓN AL CASO CONCRETO
El Auto hace una síntesis de la doctrina que el Tribunal Constitucional ha establecido sobre la garantía y el deber de imparcialidad de sus Magistrados. En este sentido, cabe resaltar que pone de manifiesto que para la viabilidad de la recusación son necesarios los siguientes presupuestos: a) la necesidad de que las dudas sobre la imparcialidad del Magistrado constitucional estén objetiva y legalmente justificadas, no bastando las meras sospechas subjetivas del que recusa (SSTC 162/2009 (LA LEY 119317/2009), de 27 de septiembre, FJ 5.º; 69/2001, de 17 de marzo (LA LEY 3270/2001), FF.JJ. 14 y 16; 5/2004, de 16 de enero, FJ 2.º; ATC 26/2007, de 5 de febrero (LA LEY 381/2007), FJ 3.º; así como SSTEDH de 28 de octubre de 1998, Castillo Algar v España, y de 17 junio de 2003,«Pescador Valero v España); b) la interpretación de las causas legales de recusación ha de ser restrictiva y vinculada al contenido del derecho al juez imparcial, teniendo en cuenta que las mismas determinan el apartamiento del caso del juez predeterminado por la ley, cobrando esto mayor relevancia en el caso de los Magistrados del TC al ser un órgano en el que no es posible la sustitución de sus miembros (AATC 80/2005, de 17 de febrero (LA LEY 311604/2005), 383/2006, de 2 de noviembre (LA LEY 319762/2006)); c) si bien en los procesos de constitucionalidad de las leyes cabe la recusación, puesto que la exigencia de imparcialidad que establece el art. 22 LOTC (LA LEY 2383/1979), no hace salvedad alguna entre los distintos procesos constitucionales, debe tenerse en cuenta la especial naturaleza de estos procesos en los que el Tribunal realiza un juicio abstracto sobre la adecuación de la constitucionalidad de la norma legal que se impugna, sin dirimir conflictos entre partes que defienden derechos o intereses subjetivos, pudiendo ello comportar modulaciones en la aplicación supletoria de la LOPJ (LA LEY 1694/1985) y de la LEC en materia de abstención y recusación (ATC 26/2007 (LA LEY 381/2007), FJ 2.º).
Sobre la base de la anterior doctrina, el Pleno del Tribunal enjuicia la recusación planteada, partiendo de la premisa de que la afiliación a un partido político no puede ser, por sí misma, con independencia de las circunstancias concurrentes en el caso concreto, causa de recusación de un Magistrado del Tribunal Constitucional. Con apoyo en lo establecido en el art. 159.4 CE (LA LEY 2500/1978) y 19.1.6.º LOTC (LA LEY 2383/1979), el Auto del Pleno pone de manifiesto que no existe para los Magistrados del TC prohibición de pertenencia a partidos políticos, estableciéndose solo la incompatibilidad para desempeñar funciones directivas. Se resalta que esta nota diferencial en relación con la prohibición establecida para los miembros del Poder Judicial en el art. 127 CE (LA LEY 2500/1978), fue, conscientemente, dispuesta por el constituyente y se corresponde con la especial naturaleza del TC, con la limitación temporal de mandato de sus miembros, con el carácter político de sus designaciones por los tres poderes del Estado y con el efecto de las propias resoluciones del Tribunal, susceptibles de corregir las decisiones de estos tres poderes. Se subraya asimismo, que esa nota diferencial de la posible afiliación política de los miembros del Tribunal Constitucional es compartida a nivel de derecho comparado en otros ordenamientos constitucionales europeos
En el Auto del Pleno se resalta que, la garantía de imparcialidad exigida a la función de los Magistrados Constitucionales (art. 22 LOTC (LA LEY 2383/1979)), no puede entenderse como un mandato de absoluta neutralidad o de aislamiento social y político, imposible de cumplir en cualquier profesional y, por ello, también en los juristas de reconocida competencia que pueden ser elegidos miembros del Tribunal Constitucional.
No obstante declarar que el ejercicio del derecho de afiliación política por un Magistrado del Tribunal Constitucional, no supone la automática afectación de la garantía de imparcialidad dando lugar a una causa de recusación, el Auto del Pleno, admite que si cabe enjuiciar la posibilidad de que dicha garantía pueda verse comprometida ad casum, en función de determinados actos o comportamientos realizados con ocasión o como consecuencia de la afiliación. Desde este punto de vista, el Pleno analiza las circunstancias y comportamientos que se alegan por los promotores de la recusación, junto al hecho de la afiliación política, en orden a determinar si los mismos son susceptibles de ser integrados en los supuestos legales de recusación de los núms. 9 y 10 LOPJ (LA LEY 1694/1985) invocados por los promotores de la recusación.
El Auto establece que la causa legal de recusación de «amistad intima o enemistad manifiesta», del núm. 9 del art. 219 LOPJ (LA LEY 1694/1985), responde a la esfera personal de los sentimientos y solo es predicable de las personas físicas, rechazando que puedan reconducirse a este supuesto los sentimientos de inclinación o rechazo, vinculados con la afinidad ideológica por pertenencia a partidos políticos, asociaciones, corporaciones o grupos sociales. Respecto de la concurrencia de la causa legal de «interés directo o indirecto en el pleito» del núm. 10 art. 219 LOPJ (LA LEY 1694/1985), el Pleno rechaza la misma, dado que en los escritos de recusación no se ha justificado e individualizado el beneficio o ventaja que del resultado de cada uno de los 26 procesos constitucionales, a los que se refiere la recusación planteada, se derivaría para el Presidente del Tribunal, Sr. Pérez de los Cobos (AATC 351/2008, de 4 de noviembre, FJ 2.º; 126/2008, de 14 de mayo, FJ 2.º; y 40/2011, de 12 de abril, FJ 6.º). El Pleno pues viene a rechazar que las circunstancias expuestas por los promotores de la recusación puedan integrarse en las causas legales de recusación por ellos invocadas y considera que existen razones para rechazar la misma a limine.
COMENTARIO
El Auto de Pleno del Tribunal Constitucional inadmite a trámite la recusación planteada por el Parlamento y la Generalitat de Cataluña, respecto al Presidente del Tribunal Constitucional, Excmo. Sr. Pérez de los Cobos, en 26 procesos constitucionales en trámite ante el TC, al estimar que, en atención a las circunstancias de su planteamiento y argumentaciones es posible afirmar, en este momento, con suficiente seguridad y, sin necesidad de acordar la tramitación del incidente, su falta de fundamentación.
Frente a la inadmisión a límine se pronuncian los dos votos particulares formulados por los Magistrados, Luis Ignacio Ortega Álvarez y Fernando Valdés Dal- Ré. En ambos votos se pone de manifiesto la necesidad ineludible de que las recusaciones formuladas se hubieran admitido a trámite, permitiendo de este modo con la apertura de la pieza separada el análisis de fondo de la recusación suscitada, con intervención de los recusantes, el Ministerio Fiscal y el propio recusado, En el voto particular de los dos Magistrados se entiende que resultaba necesaria la admisión a trámite, dada la trascendencia de las cuestiones suscitadas y la procedencia de haber entrado en el fondo de las mismas tras el análisis más completo y contradictorio que posibilitaría la tramitación. Ahora bien, ambos votos particulares difieren en cuanto a las razones de fondo por las que se apartan de la decisión mayoritaria de inadmitir la recusación. En el voto particular del Magistrado Sr. Ortega Álvarez, se cuestiona la compatibilidad de la afiliación política de los Magistrados del Tribunal Constitucional con el desempeño de la función jurisdiccional de este Tribunal; el voto particular del Magistrado Sr. Valdés Dal -Ré, enfoca su opinión disidente acerca de la inadmisión a trámite de la recusación planteada por el Parlamento y la Generalitat de Cataluña, en la repercusión que su resolución tiene para la transparencia, credibilidad y prestigio de la función jurisdiccional constitucional, aunque afirma que comparte con la mayoría la afirmación sobre la compatibilidad de la militancia política y el desempeño del cargo de Magistrado del TC.
La decisión de la mayoría del Pleno al inadmitir a trámite las recusaciones formuladas por el Parlamento y la Generalitat de Cataluña ha enjuiciado la afectación de la garantía de imparcialidad del Presidente del Tribunal, que es cuestionada respecto de 26 procesos constitucionales en los que tienen intervención los recusantes, partiendo de que la compatibilidad del ejercicio de la función jurisdiccional constitucional de los miembros del Alto Tribunal con la afiliación política de los mismos, resulta autorizada en la propia Constitución (art. 159.4) y en la LOTC (LA LEY 2383/1979) (art. 19.1). Se destaca también en el Auto una valoración de la ideología política, como expresión de la condición personal y del pluralismo ideológico, que es parte consustancial de la sociedad democrática que configura el ordenamiento constitucional cuya supremacía debe salvaguardar el Alto Tribunal, ideología que no puede ser nunca objeto de control por los poderes públicos, ni tener relevancia para sustentar una recusación. Desde esta perspectiva, el Auto del Pleno, niega que la afiliación política de los Magistrados del Tribunal, constituya, por sí misma, causa legal de recusación al poder comprometer la garantía de imparcialidad. Admite, sin embargo, la posibilidad de que dicha afiliación, en unión con otras circunstancias concurrentes, pueda constituir un supuesto ad casum de recusación que deberá poder reconducirse a alguno de los supuestos legales enumerados en el art. 219 LOPJ (LA LEY 1694/1985). Estas causas legales, sin embargo, deben ser objeto de interpretación restrictiva, teniendo en cuenta que el apartamiento del Magistrado recusado afecta al derecho al juez predeterminado por la ley que también forma parte de las garantías del derecho al proceso debido (art. 24.2 CE (LA LEY 2500/1978)), resultando además que ese apartamiento cobra mayor trascendencia en el TC al no poder ser sustituido el Magistrado apartado por recusación. De acuerdo con dicha interpretación estricta, el Pleno considera que las circunstancias fácticas que, junto a la afiliación política del Excmo. Sr. Presidente, se exponen en los escritos promoviendo la recusación, no justifican objetivamente las dudas sobre la imparcialidad que en ellos se expresan y no pueden incardinarse en las causas legales de recusación de los núms. 9 y 10 de la LOPJ (LA LEY 1694/1985). El Auto no desarrolla una valoración fundamentada sobre la mayor exigencia de imparcialidad que sería inherente a la especial condición y funciones del Presidente del Tribunal, que concurren en el Magistrado recusado, oponiendo a la objeción de los promotores de la recusación tan solo que ni la CE, ni la LOTC (LA LEY 2383/1979) hacen distinción alguna al admitir la compatibilidad de los miembros de TC con la afiliación política.
Frente al análisis y decisión de la mayoría del Pleno, merece destacarse la argumentación que se recoge en el voto particular del Magistrado Sr. Ortega Álvarez, el cual al discrepar de la decisión mayoritaria sobre la compatibilidad de la militancia política de los Magistrados de TC, resalta la dificultad de conciliar la ineludible exigencia de imparcialidad en el desempeño de la función jurisdiccional de este Tribunal, con el régimen legal y estatutario de derechos y deberes que corresponde a los afiliados a un partido político, lamentando que la decisión de la mayoría haya obviado una reflexión al respecto, En este sentido, el voto particular viene a resaltar la sensible diferencia entre ideología y militancia política, que excede de una cuestión de mera formalidad o exteriorización de aquella. La argumentación que se recoge en este voto particular se apoya en una interpretación conjunta y teleológica de los preceptos constitucionales, que se contrapone a la interpretación aislada y formalista de los arts. 159.4 CE (LA LEY 2500/1978) y 19.1 LOTC (LA LEY 2383/1979) que, a juicio de este Magistrado, se ha hecho en el Auto del que disiente; en este sentido, el voto particular pone de manifiesto que la regla de la independencia es la regla sustantiva de la legitimación de la función jurisdiccional, mientras que las reglas de la incompatibilidad son auxiliares o instrumentales para la efectividad de aquella. Considera que «la optimización del principio de independencia de los Magistrados, es acorde, al mismo tiempo, de forma proporcionada y razonable, con un ampliación teleológica de su estatuto de incompatibilidades, sin que ello menoscabe sus funciones jurisdiccionales, lográndose, de este modo, una interpretación que supera la contradicción entre ambas normas». En este voto particular se discrepa también de la valoración que se hace por la mayoría de las circunstancias fácticas concurrentes, en las que los promotores de la recusación sustentaban, conjuntamente, con la afiliación política la recusación del Excmo. Sr. Presidente, considerando que la valoración conjunta de dichas circunstancias sí puede sustentar dudas objetivamente fundadas sobre la imparcialidad del Magistrado, debiendo haber dado lugar a la admisión a trámite de la recusación.
Nota: El texto íntegro de la sentencia está disponible en la versión on-line del Diario LA LEY.