El Estado de Derecho es uno de los valores comunes en los que se funda la Unión Europea. Está consagrado en el art. 2 del Tratado de la Unión Europea (LA LEY 109/1994). La Comisión Europea, junto con el Parlamento Europeo y el Consejo, es responsable, con arreglo a los Tratados, de garantizar el respeto del Estado de Derecho como valor fundamental de la Unión y de velar por que se respeten la legislación, los valores y los principios de la UE. La evolución de la situación en Polonia dio lugar a que la Comisión Europea iniciara un diálogo con el Gobierno de Polonia en enero de 2016 con arreglo al Marco del Estado de Derecho. El proceso se basa en un diálogo permanente entre la Comisión y el Estado miembro de que se trate. La Comisión mantiene periódicamente informados al Parlamento Europeo y al Consejo.
El 29 de julio de 2017, la Comisión incoó un procedimiento de infracción en relación con la Ley polaca de Tribunales Ordinarios, también motivado por sus disposiciones en materia de jubilación y su repercusión en la independencia del poder judicial. La Comisión remitió el asunto al Tribunal de Justicia el 20 de diciembre de 2017. El asunto está pendiente de resolución ante el Tribunal de Justicia.
El 20 de diciembre de 2017, debido a la falta de avances con arreglo al Marco del Estado de Derecho, la Comisión invocó por primera vez el procedimiento previsto en el art. 7, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea (TUE) (LA LEY 109/1994) y presentó una propuesta motivada de Decisión del Consejo sobre la determinación de un riesgo inequívoco de violación grave del Estado de Derecho por parte de Polonia. El art. 7, apartado 1, del TUE establece que el Consejo, por mayoría de cuatro quintos de sus miembros y previa aprobación del Parlamento Europeo, podrá constatar la existencia de un riesgo claro de vulneración grave por parte de un Estado miembro de los valores contemplados en el art. 2 del Tratado.
En la reunión del Consejo de Asuntos Generales sobre el Estado de Derecho en Polonia, celebrada el 26 de junio de 2018 en el contexto del procedimiento del art. 7, apartado 1, las autoridades polacas no ofrecieron ninguna indicación sobre la próxima adopción de medidas para responder a las inquietudes que aún subsisten en la Comisión. Habida cuenta de este hecho y de la falta de avances al respecto en el diálogo sobre el Estado de Derecho con Polonia, la Comisión emitió una carta de emplazamiento a Polonia el 2 de julio de 2018, en el que se indicaban claramente las reservas jurídicas de la Comisión. El 2 de agosto de 2018, las autoridades polacas contestaron a ese escrito rechazando las reservas de la Comisión. Posteriormente, esta última envió un dictamen motivado a las autoridades polacas sobre este asunto el 14 de agosto de 2018 y recibió una respuesta el 14 de septiembre de 2018, que tampoco sirvió para disipar las reservas jurídicas de aquella.
El 18 de septiembre de 2018 se organizó una segunda audiencia sobre el Estado de Derecho en Polonia en el Consejo de Asuntos Generales, en el marco del procedimiento con arreglo al art. 7, ap. 1. Las autoridades polacas mantuvieron una vez más su posición y se negaron a proponer medidas que disiparan las reservas de la Comisión y de los demás Estados miembros.
Este procedimiento de infracción no interrumpe el diálogo en curso sobre el Estado de Derecho con Polonia, que sigue siendo el canal que la Comisión prefiere para resolver la amenaza sistémica que se cierne sobre el Estado de Derecho en ese país.
La nueva Ley polaca del Tribunal Supremo reduce la edad de jubilación de los jueces de dicho Tribunal de 70 a 65 años, lo que hará que unos 27 de los 72 jueces en ejercicio del Tribunal se vean obligados a jubilarse. Esta medida se aplica también al presidente primero del Tribunal Supremo, cuyo mandato de seis años, fijado en la Constitución polaca, se vería prematuramente interrumpido.
De acuerdo con la Ley, que entró en vigor el 3 de abril de 2018, se ofrece a los jueces afectados por la reducción de la edad de jubilación la posibilidad de solicitar una prórroga de su mandato al presidente de la República, que este puede conceder por un periodo de tres años y renovar una vez. No existen criterios establecidos para la decisión del presidente y no cabe recurso judicial en caso de que la solicitud sea denegada. Además, la única salvaguardia propuesta por las autoridades polacas es una consulta no vinculante del Consejo Nacional del Poder Judicial, organismo que ahora está compuesto en infracción de las normas europeas sobre la independencia judicial.
La Comisión Europea mantiene su posición de que la Ley polaca del Tribunal Supremo es incompatible con el Derecho de la UE, dado que socava el principio de la independencia del poder judicial, incluida la inamovilidad de los jueces, y Polonia incumple, por lo tanto, sus obligaciones en virtud del art. 19, ap. 1, del Tratado de la Unión Europea (LA LEY 109/1994), leído en relación con el art. 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (LA LEY 12415/2007).
La Comisión envió una carta de emplazamiento a las autoridades polacas el 2 de julio de 2018 relativa a la Ley del Tribunal Supremo y prosiguió con un dictamen motivado el 14 de agosto de 2018. La respuesta de las autoridades polacas a ambos escritos no disipa las reservas jurídicas que abriga la Comisión.
La aplicación del régimen de jubilación de los jueces del Tribunal Supremo de Polonia se está acelerando y está creando un riesgo de perjuicio grave e irreparable para la independencia judicial en Polonia y, por lo tanto, del ordenamiento jurídico de la Unión. La independencia de los órganos jurisdiccionales nacionales es esencial para el funcionamiento de la cooperación judicial entre los Estados miembros de la UE y, en particular, para el mecanismo de remisión prejudicial con arreglo al art. 267 del TFUE (LA LEY 6/1957).
Por lo tanto, la Comisión ha pasado a la siguiente fase del procedimiento de infracción mediante la adopción de la decisión de remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la UE. Junto con este recurso, la Comisión también ha decidido solicitar al Tribunal de Justicia que ordene medidas cautelares por las que se restablezca la situación del Tribunal Supremo de Polonia anterior al 3 de abril de 2018, fecha en que se adoptaron las nuevas normas impugnadas. Por último, la Comisión ha decidido solicitar un procedimiento acelerado en el Tribunal de Justicia a fin de obtener una sentencia firme lo antes posible.