I. INTRODUCCIÓN
Una vez más nos encontramos con el análisis, a propósito de la aplicación del régimen cerrado, de un artículo normativo que recoge el «eco que en multitud de ocasiones la sociedad demanda»: Que aquellos miembros de la sociedad que resultan inadaptados de forma manifiesta y grave a las normas de convivencia o denotan una peligrosidad extrema sean inocuizados de la sociedad, en prisión, en una situación de aislamiento.
Resulta acertado oír a la sociedad sus reivindicaciones y establecer por los poderes públicos los parámetros que demanda, pero como señalan NIETO GARCÍA/HERRERO MAROTO (1) , si bien desde una óptica constitucional y legal, deben arbitrarse los mecanismos propios que den cobertura a la prevención general y especial. Por ello, es preciso analizar cómo se pueden conjugar esas demandas, procurando la retribución del culpable, la intimidación a terceros por el castigo, la reparación del daño causado y la intervención tratamental del condenado.
A través del régimen cerrado de vida se generan condiciones de seguridad en la retención y custodia de los internos a él sometidos
A través del régimen cerrado de vida se generan condiciones de seguridad en la retención y custodia de los internos a él sometidos, y a su vez, por la intervención tratamental y el decaimiento de los postulados que abocaron al recluso a este régimen de vida, éste tiene la oportunidad de abandonar un régimen de vida estricto y adaptarse al régimen de vida ordinario, de normal convivencia, como cualquier otro recluso, cuando resulte carente de esos parámetros de inadaptación y peligrosidad.
La polémica doctrinal, social y jurídica es latente desde la promulgación del Reglamento Penitenciario sobre la idoneidad/no idoneidad de la aplicabilidad de los apartados a) (LA LEY 664/1996), b) (LA LEY 664/1996)y c) del artículo 102.5 del Reglamento Penitenciario, (LA LEY 664/1996) cuando el recluso muestra en prisión una convivencia regimental ordenada, participando incluso de actividades tratamentales programadas.
Este trabajo procura, además, acercar al lector lego la oportunidad de reflexionar, como miembro activo de la sociedad, sobre qué régimen de vida considera adecuado le sea aplicado a delincuentes mediáticos y conocidos en prensa, a terroristas —bien pertenecientes al tradicional terrorismo autóctono de ETA, GRAPO y otros grupos territoriales, o bien al emergente e internacional terrorismo yihadista—, o a quienes han hecho de la actividad delictiva su carrera personal y profesional con repetidos ataques violentos.
II. EL RÉGIMEN CERRADO DE VIDA
Por régimen penitenciario se entiende el conjunto de normas o medidas que persiguen la consecución de una convivencia ordenada y pacífica que permita alcanzar el ambiente adecuado para el éxito del tratamiento y la retención y custodia de los reclusos.
Las funciones regimentales de seguridad, orden y disciplina son medios para alcanzar los fines indicados, debiendo ser siempre proporcionadas al fin que persiguen, y no podrán significar un obstáculo para la ejecución de los programas de tratamiento e intervención de los reclusos.
Las actividades integrantes del tratamiento y del régimen, aunque regidas por un principio de especialización, deben estar debidamente coordinadas.
La clasificación se define, desde un estricto ámbito jurídico, como el conjunto de actos de la Administración Penitenciaria que concluyen en una resolución que atribuye al penado un grado de tratamiento, o bien, modifica uno asignado anteriormente, destinándolo a un Establecimiento Penitenciario de cumplimiento.
El grado de tratamiento es cada una de las fases del sistema de individualización científica del art. 72 LOGP (LA LEY 2030/1979) en que se ejecutan las penas privativas de libertad.
El Centro Penitenciario de destino es el Establecimiento Penitenciario de cumplimiento de la pena en el que, valoradas las circunstancias concurrentes del interno, se considera más acorde para lograr el éxito del programa de tratamiento establecido.
A fin de abordar el concepto de régimen penitenciario debemos tomar en consideración la correlación penitenciaria existente entre grados de tratamiento y regímenes de vida.
De forma que, con carácter general, los internos clasificados en primer grado de tratamiento tienen asignado el régimen cerrado de vida, los clasificados en segundo grado de tratamiento el régimen ordinario de vida y los clasificados en tercer grado el régimen abierto de vida. Si bien constan excepciones que se desarrollan.
— Esta correlación es fácilmente equiparable cuando el interno es un interno penado, en tanto en cuanto la asignación de un grado de tratamiento es un derecho del interno ya condenado a pena privativa de libertad o del interno en dicha situación sin responsabilidades judiciales pendientes a las que la autoridad judicial competente haya decretado prisión provisional.
Sin embargo, la correlación se rompe para los internos en situación de prisión provisional o internos penados con responsabilidades penales en curso a quienes la autoridad judicial ha aplicado la prisión provisional, en tanto en cuanto no pueden ser clasificados en grados de tratamiento. A estos internos con carácter general se les aplicará el régimen ordinario de vida, si bien en virtud de las variables del artículo 102.5 del Reglamento Penitenciario (LA LEY 664/1996) y en atención a lo expuesto en el artículo 10 Ley Orgánica General Penitenciaria (LA LEY 2030/1979) y artículo 96 (LA LEY 664/1996) (2) del mismo texto reglamentario se les puede aplicar el régimen cerrado en igualdad de condiciones que a los internos penados clasificados en primer grado de tratamiento.
— La correlación también se rompe en virtud de la aplicación del principio de flexibilidad del artículo 100.2 (LA LEY 664/1996) (3) del Reglamento Penitenciario, toda vez que el interno puede disfrutar de un régimen de vida distinto al estricto que tiene asignado por clasificación penitenciaria, conjugando aspectos de otro que permitan su paulatina incorporación a un proceso de reinserción.
Del análisis de la señalada correlación, strictu sensu, resulta que:
El régimen cerrado se aplicará a los penados clasificados en primer grado de tratamiento por su peligrosidad extrema
El primer grado de tratamiento: Serán clasificados en primer grado de tratamiento los internos calificados de peligrosidad extrema o inadaptación manifiesta y grave a las normas generales de convivencia ordenada, ponderando la concurrencia de factores como los expuestos en el art. 102.5 RP (LA LEY 664/1996) (4) .
El régimen cerrado se aplicará a los penados clasificados en primer grado de tratamiento por su peligrosidad extrema o manifiesta inadaptación a los regímenes comunes.
El régimen cerrado se caracteriza por el cumplimiento en celda individual, por la participación en actividades en común de los internos de forma limitada y por un mayor control y vigilancia sobre los mismos. No obstante, pese a esta caracterización general del régimen de vida, el RP en su art. 91 (LA LEY 664/1996), desarrolla dos modalidades de vida. Para aquellos internos que manifiesten inadaptación a los regímenes comunes se establece la modalidad de vida en centro o módulo de régimen cerrado. Para aquellos internos protagonistas o inductores de alteraciones regimentales muy graves, que hayan puesto en peligro la vida o integridad de los funcionarios, Autoridades, otros internos o personas ajenas a la Institución, tanto dentro como fuera de los Establecimientos y en las que se evidencie una peligrosidad extrema, se establece la modalidad de vida en departamento especial. (5) El art. 93 RP (LA LEY 664/1996) desarrolla la modalidad de vida en departamentos especial y el art. 94 la modalidad de vida en módulo o centro cerrado.
El segundo grado de tratamiento: Serán clasificados en segundo grado de tratamiento los penados en quienes concurran unas circunstancias personales y penitenciarias de normal convivencia, pero sin capacidad para vivir, por el momento, en semilibertad.
A los penados clasificados en segundo grado de tratamiento se les aplicará el régimen ordinario.
Los principios de seguridad, orden y disciplina en el régimen ordinario tendrán su razón de ser y su límite en el logro de una convivencia ordenada.
La separación interior de la población reclusa, conforme a los criterios establecidos en el art. 16 LOGP (LA LEY 2030/1979), se ajustará a las necesidades o exigencias del tratamiento, a los programas de intervención y a las condiciones generales del Centro.
El trabajo y la formación tendrán la consideración de actividad básica en la vida del Centro.
El tercer grado de tratamiento: Serán clasificados en tercer grado de tratamiento los internos que, por sus circunstancias personales y penitenciarias, estén capacitados para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad, siéndoles de aplicación el régimen abierto.
Dentro de la clasificación en tercer grado de tratamiento se diferencian modalidades de vida en virtud de las circunstancias concurrentes en el interno, el programa de tratamiento establecido para el mismo y la confianza que merezca para hacer buen uso del régimen de vida en semilibertad.
III. EL PRINCIPIO DE INDIVIDUALIZACIÓN CIENTÍFICA
Dispone el artículo 72 de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LA LEY 2030/1979) que:
Uno. Las penas privativas de libertad se ejecutarán según el sistema de individualización científica, separado en grados, el último de los cuales será el de libertad condicional, conforme determina el Código Penal.
Dos. Los grados segundo y tercero se cumplirán respectivamente en establecimientos de régimen ordinario y de régimen abierto. Los clasificados en primer grado serán destinados a los establecimientos de régimen cerrado, de acuerdo con lo previsto en el número 1 del artículo 10 (LA LEY 2030/1979)de esta Ley.
Tres. Siempre que de la observación y clasificación correspondiente de un interno resulte estar en condiciones para ello, podrá ser situado inicialmente en grado superior, salvo el de libertad condicional, sin tener que pasar necesariamente por los que le preceden.
Cuatro. En ningún caso se mantendrá a un interno en un grado inferior cuando por la evolución de su tratamiento se haga merecedor a su progresión.
Cinco. La clasificación o progresión al tercer grado de tratamiento requerirá, además de los requisitos previstos por el Código Penal, que el penado haya satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito, considerando a tales efectos la conducta efectivamente observada en orden a restituir lo sustraído, reparar el daño e indemnizar los perjuicios materiales y morales; las condiciones personales y patrimoniales del culpable, a efectos de valorar su capacidad real, presente y futura para satisfacer la responsabilidad civil que le correspondiera; las garantías que permitan asegurar la satisfacción futura; la estimación del enriquecimiento que el culpable hubiera obtenido por la comisión del delito y, en su caso, el daño o entorpecimiento producido al servicio público, así como la naturaleza de los daños y perjuicios causados por el delito, el número de perjudicados y su condición.
Singularmente, se aplicará esta norma cuando el interno hubiera sido condenado por la comisión de alguno de los siguientes delitos:
- a) Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico que hubieran revestido notoria gravedad y hubieran perjudicado a una generalidad de personas.
- b) Delitos contra los derechos de los trabajadores.
- c) Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social.
- d) Delitos contra la Administración pública comprendidos en los capítulos V al IX del título XIX del libro II del Código Penal.
Seis. Del mismo modo, la clasificación o progresión al tercer grado de tratamiento penitenciario de personas condenadas por delitos de terrorismo de la sección segunda del capítulo V del título XXII del libro II del Código Penal o cometidos en el seno de organizaciones criminales, requerirá, además de los requisitos previstos por el Código Penal y la satisfacción de la responsabilidad civil con sus rentas y patrimonio presentes y futuros en los términos del apartado anterior, que muestren signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas, y además hayan colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la banda armada, organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado, lo que podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean y su colaboración con las autoridades.
Conviene analizar determinados aspectos propios del principio de individualización científica a fin de mantener alguna de las hipótesis que posteriormente se desarrollarán respecto de los apartados a) (LA LEY 664/1996), b) (LA LEY 664/1996) y c) del artículo 102.5 del Reglamento Penitenciario (LA LEY 664/1996).
La instauración del principio de individualización científica en la Ley Orgánica General Penitenciaria (LA LEY 2030/1979) viene a romper, novedosamente, en nuestro ordenamiento jurídico con la histórica concepción de la ejecución penal basada en el sistema progresivo de grados, que se adoptó en España en virtud del Real Decreto de 23 de diciembre de 1889, para la Colonia penitenciaria de Ceuta, y del Real Decreto de 3 de junio de 1901 para todo España.
Conviene analizar circunstancias acerca de los ahora enunciados apartados 3 (LA LEY 2030/1979)y 4 del artículo 72 de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LA LEY 2030/1979):
- a) El principio de individualización científica se incorpora al ordenamiento jurídico en el año 1979 de aplicación para penados, de forma que afecta al grado de tratamiento como tal y no al régimen de vida, no previendo nuevas formas de ejecución como las contempladas posteriormente por el principio de flexibilidad del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, (LA LEY 664/1996) ni la posibilidad de equiparar los regímenes de vida propios de los grados de tratamiento a los internos aún no condenados, en situación de prisión provisional.
- b) El principio de individualización científica acota la decisión del grado de tratamiento propuesto y acordado por los órganos administrativos en la libertad de elección de entre los grados de tratamiento, excepto el de la libertad condicional, en virtud de las variables propias de clasificación penitenciaria legislativa y reglamentariamente previstas.
- c) Ruptura del principio progresivo —previa existencia de un grado de tratamiento inferior para acceso a un grado de tratamiento superior—, como plasmación del principio de elección de grado de tratamiento que inspira el sistema de individualización científica, en atención a la evolución tratamental, a la observación y a la clasificación del interno.
- d) No obstante, los anteriores postulados se han visto matizados con la irrupción de la figura del período de seguridad en la LO 7/2003, de 30 de junio (LA LEY 1123/2003) y con la prisión permanente revisable y su ejecución en el ordenamiento penitenciario español, a través de la LO 1/2015, de 30 de marzo (LA LEY 4993/2015).
La incorporación de determinados postulados al principio de individualización científica en la LO 7/2003, de 30 de junio (LA LEY 1123/2003), afianza la esencia de los fines de la pena de prisión. En palabras de NISTAL BURÓN (6) , en la ejecución penal, como en otros campos de la justicia se debe evitar la permeabilidad a las presiones de distinta índole que pretenden que la legalidad se supedite a las conveniencias coyunturales, sociales o políticas de cada momento, colocando el cumplimiento de la ley en un segundo plano.
- e) La LO 1/2015 de 30 de marzo (LA LEY 4993/2015), de modificación del Código Penal, incorpora la nueva pena de prisión permanente revisable para los asesinatos especialmente graves: asesinato de menores de dieciséis años o de personas especialmente vulnerables; asesinatos subsiguientes a un delito contra la libertad sexual; asesinatos cometidos en el seno de una organización criminal y asesinatos reiterados o cometidos en serie.
Las restricciones propias en el cumplimiento de condena de la prisión permanente revisable determina la necesidad de conjugar su ejecución con el principio de individualización científica y con la aplicación del régimen cerrado, en virtud de los supuestos contemplados en los apartados a (LA LEY 664/1996)) b) (LA LEY 664/1996) y c) del artículo 102.5 del Reglamento Penitenciario (LA LEY 664/1996).
Parece plausible la opinión de FREIXA EGEA (7) que señala la incompatibilidad del régimen cerrado y la prisión permanente revisable, pues, de lo contrario, chocaría frontalmente con los principios de excepcionalidad, transitoriedad, subsidiariedad y necesidad que deben imperar en este régimen, pudiendo acarrear consecuencias devastadoras, a nivel psicosocial y físico del condenado.
Si bien dicha opinión puede ser rebatida porque dicha pena, aun a pesar de su duración y rigor temporal, comporta un trato más favorable en el «día a día», en el régimen de vida de cumplimiento de los condenados a ella que el de los condenados a cualquier otra pena privativa de libertad si no fuere aplicable el régimen cerrado.
Ello comporta la necesidad de limitar la aplicación del régimen cerrado a los condenados por pena de prisión permanente revisable
Ello comporta la necesidad de limitar la aplicación del régimen cerrado a los condenados por pena de prisión permanente revisable en virtud de la peligrosidad extrema cifrada en su actividad delictiva, pero no en los supuestos de peligrosidad extrema por su vida en prisión y la inadaptación manifiesta y grave a las normas generales de convivencia ordenada, porque generaría un sentimiento de impunidad de sus acciones contrarias a derecho en el interior del Establecimiento Penitenciario.
IV. ANÁLISIS INTERPRETATIVO DE LOS APARTADOS a) b) c) DEL ART. 102.5 REGLAMENTO PENITENCIARIO
La problemática que suscita el artículo 102.5 del Reglamento Penitenciario (LA LEY 664/1996) versa sobre varias cuestiones objeto de interpretación y debate:
- — La primera de ellas viene establecida por la inexistencia de una reserva legal de las circunstancias que determinan la aplicación del régimen cerrado en el ámbito penitenciario, el régimen de vida más estricto, que supone una limitación de los derechos del recluso en prisión. Esta circunstancia de nuevo ha cobrado actualidad tras la reforma de las normas administrativas, en particular, en el artículo 27 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LA LEY 15011/2015).
A este respecto baste recordar que la única referencia se determina en el artículo 10 de la Ley orgánica General Penitenciaria (LA LEY 2030/1979) y en el artículo 89 del Reglamento penitenciario (LA LEY 664/1996).
Parece conveniente que en una futura reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LA LEY 2030/1979) se desarrollara si no la casuística concreta de aplicación del régimen cerrado, propia de una redacción reglamentaria, sí concretas referencias de la peligrosidad extrema, entre otras las relacionadas con el terrorismo, como apunta YUSTE CASTILLEJO (8) .
- — En segundo lugar, no pocas críticas se han levantado acerca de la conceptualización del artículo 102.5 del Reglamento Penitenciario (LA LEY 664/1996) como un «numerus apertus» a pesar de la enumeración de circunstancias —letras de la a) a la f)—.
Sin duda, la redacción reglamentaria permite configurar los seis supuestos de las letras de la a) a la f) como numerus apertus, al enunciar el artículo «<…ponderando la concurrencia de factores tales como…».
Una configuración cerrada de los supuestos de peligrosidad extrema y de inadaptación manifiesta y grave a las normas generales de convivencia ordenada conllevaría desterrar de la aplicación del régimen cerrado a nuevos fenómenos de delincuencia que pudieran poner en peligro no sólo la seguridad en las prisiones, sino la seguridad nacional. Establecer una catalogación delimitada conllevaría una enumeración interminable y, probablemente contradictoria, de cada una de las acciones de peligrosidad extrema y de inadaptación manifiesta y grave a las normas generales de convivencia ordenada.
- — En tercer lugar, el artículo 102.5 del Reglamento Penitenciario (LA LEY 664/1996) en su redacción actual no contempla determinados aspectos preventivos sobre la seguridad personal de los reclusos relacionados con aspectos propios o colaterales a la peligrosidad extrema.
En determinadas circunstancias el régimen cerrado contempla la oportunidad de preservar la vida e integridad de determinados reclusos, que fruto de su actividad delictiva y de la repercusión mediática de sus actos, pueden generar graves incidentes regimentales contra su persona en prisión.
La aplicación del régimen cerrado en virtud de la peligrosidad extrema que ha demostrado, reglamentariamente prevista, permite a su vez facilitar la salvaguarda de otros derechos del recluso, desarrollando un programa de intervención y de convivencia en régimen cerrado que permita que no se generen incidentes regimentales, agresiones entre internos u otros desórdenes colectivos por mor de la alarma social y el rechazo que la actividad delictiva genera. Piénsese a título de ejemplo, violadores, asesinos, terroristas u otros casos de repercusión mediática de primer orden.
- — En cuarto lugar, y a propósito de la aplicación del régimen cerrado por inadaptación regimental y/o involución tratamental, parece oportuno atender las críticas que levanta la necesaria reforma de la aplicación del régimen cerrado y su inaplicabilidad atendiendo al estado de salud mental del recluso que propicia la inadaptación correspondiente al régimen ordinario de vida.
A tal fin, conviene delimitar el supuesto de inoperatividad del régimen cerrado por exclusión de la responsabilidad disciplinaria del interno en virtud de trastornos de la personalidad o enfermedad mental.
De igual forma, conviene abordar la prevención del suicidio en la situación de aislamiento y en el régimen cerrado; de la evaluación del más mínimo riesgo suicida conviene, en palabras de HERRERO MAROTO (9) , establecer medidas propias de un plan de cuidados; apuntando, entre otras, como una de las medidas que pudieran ser implementadas en los Centros Penitenciarios, a la luz del programa marco que la Instrucción 05/2014 recoge, la posibilidad de que el personal de vigilancia penitenciaria, conforme a las Medidas Programadas, y previa Orden de Dirección o bien de manera provisional urgente, facilite la retirada de aquellos objetos peligrosos (cinturones, medias, cordones, bolsas, cables, medicamentos, objetos punzantes, objetos cortantes…) y fármacos.
- — En quinto lugar, el artículo 102.5 Reglamento Penitenciario (LA LEY 664/1996) contempla dos circunstancias heterogéneas de aplicación del régimen cerrado.
En palabras de ARRIBAS LOPEZ (10) el que a un interno se le clasifique en primer grado de tratamiento, en base a su peligrosidad extrema o inadaptación, no implica en modo alguno que nos estemos apartando del sistema de individualización científica. La clasificación en primer grado por peligrosidad extrema o inadaptación —ligadas en muchos casos a exigencias regimentales y de seguridad, pero en otros no— no sólo no resulta incompatible con las necesidades de tratamiento, sino que puede resultar imprescindible para iniciar el recorrido que tiene como objetivo último la reinserción social del interno y como etapa intermedia de su adaptación al régimen ordinario.
• La peligrosidad extrema: En tal coyuntura podrían verse incardinados todos los apartados del precepto, pero, en particular, quedan subsumidos expresamente los previstos en las letras a), b) y c).
a) Naturaleza de los delitos cometidos a lo largo de su historial delictivo, que denote una personalidad agresiva, violenta y antisocial.
Resulta evidente que quienes han cometido graves delitos en libertad demostrando en su historial delictivo una constatada personalidad agresiva, violenta y antisocial deben cumplir condena en condiciones de mayor seguridad y control que quienes su actividad delictiva no cuenta con tales rasgos de personalidad.
A fin de preservar la seguridad del interno, del resto de la población reclusa y del propio sistema penitenciario parece oportuno su inocuización del resto de la población reclusa, en un régimen de vida estricto como el previsto en la legislación penitenciaria.
En todo caso, la Administración Penitenciaria con fecha 30/12/2016 autorizó la puesta en marcha del Programa de Intervención de conductas violentas (PICOVI), elaborado por personal del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, programa de intervención que de contar con una evaluación favorable del interno participante —entre otras variables— podrá habilitar regímenes de vida distintos al cerrado.
b) Comisión de actos que atenten contra la vida o la integridad física de las personas, la libertad sexual o la propiedad, cometidos en modos o formas especialmente violentos.
Frente a la anterior letra a) resulta indiferente el historial delictivo, tomando en consideración el tipo delictivo y la forma de comisión del delito.
Sin lugar a dudas el Reglamento Penitenciario, en el año 1996, absorbe el clamor popular frente a determinados delitos, atroces todos ellos, contra la vida y la libertad sexual, que conmocionaron en la década de los 90 a la sociedad española —crimen de Alcacer, crímenes de Ana Belén Segura, Olga Sangrador y Leticia Lebrato entre otros— y que posicionaron a la sociedad exigiendo de los poderes públicos el mayor rigor punitivo y penitenciario de sus autores.
Una vez más reproducimos los anteriores argumentos enumerados a propósito de la letra a) del artículo 102.5 del reglamento sobre la idoneidad de la aplicación del régimen cerrado a sus autores.
El carácter continuo y dinámico del tratamiento penitenciario, conforme al artículo 62 f) Ley Orgánica General Penitenciaria (LA LEY 2030/1979), permitirá establecer nuevas fórmulas de aplicación distintas al régimen cerrado, en virtud de las incidencias en la evolución de la personalidad del interno durante el cumplimiento de condena. Para ellos, junto al Programa PICOVI, la Administración penitenciaria cuenta con programas específicos de tratamiento que inciden en la etiología delictiva, en particular, programas de intervención del control de agresores sexuales o de violencia de género. Apuesta que la Administración Penitenciaria en los periodos de tiempo 1996-2004 y 2012-2018 ha incidido encarecidamente a fin de abordar las carencias y necesidades del recluso que le abocaron a su concreta actividad delictiva.
Lamentablemente, atroces delitos, como los señalados, siguen acaeciendo y el mismo clamor popular sigue interesando «justicia y castigo para los culpables»; no como manifestación de un populismo punitivo, sino como una exigencia estricta de los fines de la pena privativa de libertad que los poderes públicos gestionan.
c) Pertenencia a organizaciones delictivas o a bandas armadas, mientras no muestren, en ambos casos, signos inequívocos de haberse sustraído a la disciplina interna de dichas organizaciones o bandas.
Sin lugar a dudas estamos ante el apartado de mayor sensibilidad y actualidad, a la vista de la nueva coyuntura política y a la «disolución formal» de ETA. La misma problemática se aventura ante el emergente fenómeno del terrorismo yihadista que podría llevar a adoptar resoluciones dispares de aplicación del régimen cerrado en virtud de la pertenencia a un grupo terrorista o comunión con unos u otros postulados.
Asimismo conviene analizar la siempre manida afirmación de la no voluntariedad al tratamiento penitenciario, en particular para los miembros de organizaciones terroristas o bandas armadas.
Es conocido el manifiesto rechazo al tratamiento de los condenados por terrorismo, en particular los pertenecientes a la banda ETA. Colectivos y personas afines a un tratamiento más benevolente con la delincuencia terrorista de ETA claman defendiendo la aplicación del régimen ordinario de quienes se encuentran en primer grado de tratamiento aludiendo a la voluntariedad del tratamiento y la ausencia de consecuencias disciplinarias, regimentales ni de regresión de grado por no aceptar el mismo —art. 112.3 Reglamento Penitenciario (LA LEY 664/1996)—.
También resulta obligado hacer mención a la Regla 53.6. de las Reglas Penitenciarias Europeas, versión año 2006, que señala que el mayor rigor normativo sobre el régimen cerrado deba aplicarse a los individuos y no a los grupos de detenidos. Circunstancia que se produce en nuestro sistema penitenciario a cada interno, bajo el prisma del principio de individualización científica, y que conlleva que no se produzca de forma generalizada a determinados grupos criminales la aplicación del régimen cerrado.
Lejos de argumentar o contraargumentar con postulados técnicos sobre la idoneidad o no idoneidad de la aplicación del régimen cerrado, la Jurisprudencia ha venido a poner fin recientemente a la polémica estableciendo contundentes argumentos jurídicos sobre la idoneidad de mantener vigente el apartado c) del artículo 102.5 R.P. (LA LEY 664/1996) y de quienes se encuentren condenados por delitos terroristas en el régimen de vida cerrado.
La sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado, en auto 1068/2018 del 5/12/18 —acuerdo mayoritario con dos votos discrepantes— la progresión al segundo grado de un interno de ETA clasificado en primer grado (11) .
La resolución del Tribunal se basa en dos motivos principales. En primer lugar, que el preso persiste en su idea de legitimar las acciones terroristas que llevó a cabo ETA; y, en segundo lugar, que no hay indicios que acrediten su voluntad de desvincularse de los «postulados terroristas» de la banda, que, aunque se admita su «disolución formal», sus postulados encuentran todavía manifestación en «realidades tan notorias» con los agresiones a dos guardias civiles en Alsasua o los «entusiastas recibimientos» a presos que quedan en libertad.
La Sala, tras señalar que el mero paso del tiempo en prisión no conlleva la progresión de grado de forma automática, valora los delitos por los que fue cometido, entre ellos el de atentado contra la vida de los ertzainas, y especialmente el que en vez de asumir todo lo relacionado con su actividad terrorista, «se limita a decir que ETA se ha disuelto, por lo que ya no integra la banda y, como no existe, desaparece el motivo para la aplicación del régimen cerrado».
Sin embargo, el Tribunal indica que del propio informe del psicólogo de la prisión se desprende que «sigue considerando legítimos los medios que se perseguían con la lucha terrorista» de la banda a la que pertenecía.
Y en cuanto a la alegación de su desvinculación de ETA porque, entre otros motivos, la banda ya se ha disuelto, la Sala destaca que, aunque así lo considere, «lo más que admitimos es que sea una disolución a efectos formales, no a efectos materiales»; y ello, añade al respecto, porque «no existen indicios objetivos ni manifestaciones de que haya abandonado o mostrado predisposición a desvincularse, no de la banda, admitida su disolución formal, sí, desde luego, de sus postulados terroristas, que, por lo demás encuentran manifestaciones» como lo sucedido en Alsasua o los «entusiastas recibimientos» a los presos.
Podemos concluir al respecto que una lectura del párrafo c) del artículo 102.5 del Reglamento Penitenciario (LA LEY 664/1996)desnaturalizada conllevaría sólo aplicar a los internos terroristas el régimen cerrado; esto es sólo si observaren mala conducta —por ser sancionados— y no participasen en actividades programadas del Centro penitenciario; reconduciendo así el párrafo c) a los párrafos d) (LA LEY 664/1996)y e) (LA LEY 664/1996).
Sin embargo, las razones aludidas por el criterio mayoritario del señalado auto de la Audiencia Nacional mantienen la vigencia de la necesidad de mostrar signos inequívocos de haber abandonado los postulados de la organización terrorista —los fines y los medios—.
Cabría también evaluar, en su caso, el haber colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la banda armada, organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado, lo que podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean y su colaboración con las autoridades.
Postulados estos últimos del principio de individualización científica que permitan evidenciar signos de evolución tratamental de los internos para ser progresados al tercer grado de tratamiento; que pueden ser, potestativamente, igualmente analizados en el rigor de la evaluación de los programas de intervención de los reclusos para acceder a otros grados o modalidades de vida de tratamiento, como es ahora el caso de la no aplicación del régimen cerrado por clasificación en segundo grado de tratamiento.
Asimismo, conviene trasladar estos mismos argumentos respecto del párrafo c) del artículo 102.5 del Reglamento Penitenciario, (LA LEY 664/1996) aducidos por la Audiencia Nacional, adecuados para el tratamiento penitenciario de la organización terrorista ETA, a otros grupos terroristas, en particular los de corte yihadista, con un nivel mayor de dificultad en su apreciación técnica sobre la verosimilitud de las manifestaciones de los reclusos y el grado de simulación. Ello, habida cuenta de la «heterogeneidad» de los postulados yihadistas y la creciente detención de «lobos solitarios» que abrazan la radicalización extrema y contraria a derecho del Islam desde la soledad individual, el autoconvencimiento y el posicionamiento personal a uno de los múltiples entramados radicales existentes de carácter criminal.
• La inadaptación manifiesta y grave a las normas generales de convivencia ordenada; quedando incardinadas las letras d) e) y f) del Reglamento Penitenciario.
Los 3 factores expuestos responden a razones conductuales, a propósito del cumplimiento de condena, que evidencian la necesidad de proceder a aplicar un régimen de vida más estricto al interno que el ordinario. En todo caso, en muchas ocasiones estos factores comportan también la característica de peligrosidad extrema del recluso, si bien no por sus actuaciones delictivas externas a la prisión sino por su comportamiento en el Centro Penitenciario:
- d) Participación activa en motines, plantes, agresiones físicas, amenazas o coacciones.
- e) Comisión de infracciones disciplinarias calificadas de muy graves o graves, de manera reiterada y sostenida en el tiempo.
- f) Introducción o posesión de armas de fuego en el Establecimiento Penitenciario, así como la tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas en cantidad importante, que haga presumir su destino al tráfico.
V. BIBLIOGRAFIA
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