SENTIDO DEL FALLO:
La demandante solicitaba una sentencia que reconociera su derecho a la reducción de la jornada, con nueva distribución, y compensando las horas trabajadas por la denegación del derecho solicitado hasta que se acepte el mismo, en concepto de indemnización de daños y perjuicios. La demanda se tramitó por el procedimiento de protección de derechos fundamentales. El Juzgado de lo Social dictó sentencia y, apreciando la inadecuación de procedimiento, decidió la tramitación del procedimiento por los cauces del proceso ordinario y desestimó la demanda. La Sala de lo Social desestimó el recurso de suplicación interpuesto por la actora, confirmando la sentencia de instancia. El TS anuló la sentencia recurrida y declaró que el procedimiento aplicable es el especial del art. 138 LPL (LA LEY 1444/1995) y que contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social no cabe recurso alguno, manteniendo los pronunciamientos de instancia en cuanto desestimaba la demanda.
DISPOSICIONES APLICADAS:
Art. 14 CE (LA LEY 2500/1978); arts. 5, 6, 34, 35 y disp. adic. 17 ET (LA LEY 1270/1995); art. 9.2 L 39/1999, de 5 de noviembre (LA LEY 4218/1999), para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras; arts. 138 (LA LEY 19110/2011), 138 bis y 177.1 Ley reguladora de la jurisdicción social (LA LEY 19110/2011) (LRJS); disp. adic. 11 Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; y Ley de procedimiento laboral (LPL).
ANTECEDENTES DE HECHO
Tras el nacimiento de un hijo de la demandante en noviembre de 2005, la actora solicitó y obtuvo una reducción de la jornada a 1050 horas anuales, con distribución regular de los días de trabajo, salvo en los períodos de vacaciones escolares que se cubrían mediante la excedencia. Al cumplir el hijo los 3 años de edad en el año 2009, solicitó una reducción de la jornada a 1064 horas anuales con compactación de la jornada diaria de 6 a 13 horas. La empresa no accedió a tal petición, por lo que acudió a la vía jurisdiccional invocando la vulneración de derechos fundamentales.
LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO
Comienza el TS afirmando que, sin necesidad de analizar la contradicción existente entre las sentencias comparadas, al tratarse de un recurso de casación para la unificación de doctrina el interpuesto por la parte demandante, debía examinar de oficio su propia competencia funcional, al cuestionarse si se trata realmente de una pretensión que ha de ejercitarse por el procedimiento previsto en el art. 138 bis LPL (LA LEY 1444/1995) o si, por el contrario, resulta aplicable el procedimiento ordinario, con las consecuencias que en el primer caso la sentencia de instancia no sería recurrible en suplicación y en el segundo sí sería procedente ese recurso y el de casación unificadora. Seguidamente analiza la sentencia la evolución legislativa sobre estas cuestiones, tomando como base de debate la fecha del 14 de enero de 2010, en que se presentó la demanda; las normas aplicables en tal momento eran las que constaban en los núms. 5 y 6 del art. 37 ET (LA LEY 1270/1995), en la redacción dada por la Ley 39/1999 (LA LEY 4218/1999), que estableció un procedimiento en el art. 138 bis LPL (LA LEY 1444/1995) para debatir estas cuestiones.
La Ley 13/2009 presenta un cambio de redacción en la rúbrica de la sección, que ya no se refiere a los permisos de lactancia y reducción de jornada por razones familiares, sino que menciona expresamente los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral reconocidos legal o convencionalmente, estableciendo que el procedimiento para el ejercicio de los derechos de conciliación de aquellos derechos se regirá por las siguientes reglas: a) el trabajador dispondrá de un plazo de 20 días, a partir de que el empresario le comunique su disconformidad con la concreción horaria y el período de disfrute propuesto por aquél, para presentar demanda ante el Juzgado de lo Social, y b) el procedimiento será urgente y se le dará tramitación preferente. La sentencia que será firme deberá dictarse en el plazo de tres días. Puesto que no cabe duda de que en la demanda se ejercitaba una acción de conciliación de la vida familiar y el trabajo, el procedimiento a seguir será el previsto en el art. 138 bis LPL (LA LEY 1444/1995), y así lo había manifestado la demandante, con la particularidad de que contra la sentencia del Juzgado de lo Social no se dará recurso alguno.
COMENTARIO
Por las razones que la propia sentencia explica, la cuestión de fondo que se debatió en la instancia y en suplicación, quedó al margen de la consideración de la Sala Cuarta del TS, por razones puramente procedimentales, al carecer de la competencia funcional necesaria para asumir ese cometido. El Alto Tribunal analiza de oficio, a pesar de que en el recurso no se había planteado tal cuestión, su propia competencia objetiva para conocer del asunto. Pone de relieve el error en el que había incurrido el Juzgado de lo Social al conceder a las partes recurso de suplicación para impugnar su resolución, y la Sala de lo Social al admitir tal recurso.
La Ley 13/2009 no entró en vigor hasta el 4 de mayo de 2010, por lo que no estaba en vigor en el momento en el que se presentó la demanda, pero la LO 3/2007 (LA LEY 2543/2007) añadió la disp. adic. 17 al ET (LA LEY 1270/1995), a cuyo tenor las discrepancias que surjan entre empresarios y trabajadores en relación con el ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral reconocidos legal o convencionalmente se resolverán por la jurisdicción competente a través del procedimiento establecido en el art. 138 bis LPL (LA LEY 1444/1995); dicha Ley entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, cuando ya lo estaba cuando se presentó la demanda.
La sentencia sale al paso de otra práctica a la que los litigantes acuden con frecuencia, pues al invocar en la demanda el art. 14 CE (LA LEY 2500/1978), están abriendo la posibilidad de acudir más tarde al recurso de amparo ante el TC; al respecto dice la sentencia que el hecho de que la parte haya invocado en la demanda el art. 14 CE (LA LEY 2500/1978) no convierte el procedimiento aplicable en procedimiento de tutela de los derechos fundamentales en orden a establecer la recurribilidad de la sentencia, en virtud del art. 189.1 LPL (LA LEY 1444/1995), pues la parte no optó, como era posible entonces, por el proceso de tutela, sino por el procedimiento del art. 138 bis LPL (LA LEY 1444/1995), y es sabido que contra la sentencia que recaiga en esta modalidad procedimental no cabe recurso alguno.