Carlos B Fernández. La Ley de Privacidad del Consumidor de California (California Consumer Privacy Act, o CCPA, por sus siglas en inglés), la primera norma dedicada a introducir en el ordenamiento de un estado norteamericano una regulación sobre protección de datos próxima al modelo europeo, continúa superando obstáculos.
Tras superar durante la pasada primavera el trámite de una serie de audiencias públicas dirigidas por la fiscalía general del Estado, en algunas de las cuales diferentes directivos de la industria del software, el comercio minorista y la publicidad, plantearon a los legisladores la necesidad de introducir una serie de modificaciones que, según su opinión, podrían poner en peligro las expectativas básicas de los usuarios de Internet, se ha enfrentado a una triple propuesta de modificación en el Senado estatal.
Sin embargo, como señala Cheryl Miller en Law.com, el rechazo completo de una de ellas, y la importante modificación introducida en dos de ellas, durante una intensa sesión de 12 horas de duración del Comité de asuntos jurídicos (Judiciary) del órgano estatal, constituyó “la primera derrota significativa para las compañías de tecnología” y sus grupos de presión, que han estado tratando de redefinir aspectos de esta “histórica ley de privacidad de datos” desde su apresurada aprobación el año pasado.
El proyecto de ley más polémico debatido en la sesión vespertina del comité fue el AB 873, una medida impulsada por la senadora demócrata Jacqui Irwin, respaldada por la Cámara de Comercio estatal, que pretendía ampliar el concepto de información anonimizada (deidentified information) que no está sujeta a las restricciones de la Ley.
La senadora Irvin calificó de "inviable" la definición de datos anonimizados y advirtió a sus colegas que si el estado no introduce las correcciones adecuadas en la norma, "habrá un derecho federal de preferencia" (federal pre-emption).
La presidenta del Comité, la senadora demócrata Hannah-Beth Jackson, sin embargo, calificó el proyecto de ley de Irwin de "peligroso" y le pidió a la senadora que propusiera una serie de enmiendas, a lo que Irwin se negó, llevando al comité a rechazar la medida por 3-3 votos.
Según Jackson, la ley es "una taza de té suave" que se habría "convertido en agua" si se hubieran aprobado algunos de los proyectos de enmienda presentados. De hecho, esta senadora ha tratado de añadir medidas más fuertes a la ley, proponiendo, sin éxito, a principios de este año reconocer a los consumidores, y no sólo al fiscal general, el derecho a presentar acciones por violación de su contenido.
El comité también votó a favor de enmendar un proyecto de ley que habría eximido a los empleadores de algunas de las disposiciones sobre recopilación de datos previstos en la ley. De esta forma, la norma obligará a que los empleadores informen a los trabajadores del tipo de información que están recolectando sobre ellos y la finalidad de esta recogida de datos, aunque no tendrán que compartir detalles específicos sobre lo que han recolectado.
Según Miller, esta enmienda fue un guiño a los grupos sindicales y de defensa de la privacidad, que habían argumentado que las exenciones originalmente previstas en el proyecto de ley para el ámbito laboral habrían tolerado de manera efectiva que las empresas controlaran subrepticiamente a sus trabajadores a través de aplicaciones, registros de pulsaciones de teclas en la computadora o rastreo por GPS. La disposición sobre la divulgación en el lugar de trabajo expira en enero de 2021, dando a los grupos empresariales, defensores de la privacidad y sindicatos un año para negociar un lenguaje más ajustado que regule la recopilación de datos de los empleados.
Finalmente, el Comité aprobó una propuesta que permite a las empresas recopilar información de los clientes a través de programas de fidelización, una vez que el autor de la propuesta aceptara introducir una modificación en la misma para prohibir la venta de esos datos a terceros.
Los proyectos de ley relacionados que sobrevivieron a este Comité pasarán a ser escuchados por el Comité de Asignaciones del Senado (Senate Appropriations Committee) después del parón estival.