PRIMERO.-
Don Carlos Antonio está pagando alimentos a su hija, Doña Carmen , nacida el NUM000 de 1988, por importe de 350 euros mensuales. Lo hace por sentencia dictada el 24 de mayo de 2007 .
El 5 de noviembre de 2008, don Carlos Antonio presentó demanda para que se declarase extinguida esta obligación, o subsidiariamente para que se redujese su cuantía. La demanda fue desestimada por sentencia del 11 de enero de 2010 del Juzgado de 1ª Instancia nº 68 de Madrid , que fue confirmada por la Audiencia Provincial el 17 de noviembre de 2011.
Se dice en esta sentencia que no se ha producido ningún cambio en las circunstancias económicas del actor, siendo así que la situación económica de la madre en nada había afectado ni se había tenido en cuenta para la fijación de la cuota alimentaria y que se acreditan unos haberes líquidos mensuales del demandante de 1.185,99 euros, mientras que en el año 2007 percibía 949 euros al mes. También se dice que el aprovechamiento académico de la demandada (estudios de Química Industrial), se debe calificar de deficitario, aunque se aprecie una mejora inmediata en el tiempo, que no es suficiente para extinguir la prestación de alimentos, por más que la alimentista deba «comprender que de persistir en un aprovechamiento tan deficiente de sus estudios ello conllevará por fuerza la extinción de la pensión alimentaria, pues mantener tal situación quebraría el principio antes señalado de conciliar los legítimos intereses de ambas partes».
La sentencia que ahora se recurre en casación mantiene los alimentos si bien los rebaja a la cifra de 150 euros al mes, actualizable anualmente conforme al IPC. Lo argumenta de la siguiente forma:
«en la actualidad el demandante acredita unos ingresos provenientes del subsidio de desempleo de 426 euros mensuales, pero teniendo en cuenta los pronunciamientos judiciales anteriores y lo dispuesto en los artículos 146 (LA LEY 1/1889) y 147 del Código Civil (LA LEY 1/1889) , ello no debe dar lugar a la extinción de la obligación alimenticia sino a su reducción en la medida establecida por la sentencia apelada.
»Por lo que atañe a trabajos remunerados desempeñados por la alimentista demandada, y desde la anterior sentencia dictada por la Sección Duodécima de esta Audiencia de Madrid, lo único que se acredita con el informe aportado de vida laboral son trabajos esporádicos, que no justifican la innecesaridad de la prestación alimenticia....
»También mantiene el apelante el deficiente aprovechamiento académico de la demandada, y la concurrencia por ello de la causa de extinción de la obligación alimenticia prevista en el artículo 152. 5º del Código Civil (LA LEY 1/1889) , pero para ello debemos partir igualmente del pronunciamiento contenido en la sentencia de la Sección Duodécima de esta Audiencia Provincial de Madrid de 17 de noviembre de 2010 , y si entonces no se apreció motivo para suprimir la obligación alimenticia, tampoco lo puede haber ahora en que se ha producido una notable mejora del rendimiento académico».
SEGUNDO. - Se formulan dos motivos. El primero fundado en la vulneración de la doctrina de esta sala (sentencias de 5 de octubre de 1993 (LA LEY 13423/1993) ; 19 de enero (LA LEY 6197/2015) y 15 de julio de 2015 (LA LEY 99702/2015) ) y en la infracción de los artículos 146, 147 y 152. 2º, según el cual cesará la obligación de dar alimentos: «2.º Cuando la fortuna del obligado a darlos se hubiere reducido hasta el punto de no poder satisfacerlos sin desatender sus propias necesidades y las de su familia».
El segundo se funda en la contravención de la doctrina jurisprudencial ( sentencias 28 de noviembre de 2003 (LA LEY 10175/2004); 24 de abril (LA LEY 86247/2000) y 30 de diciembre de 2000 (LA LEY 1267/2001) y 1 de marzo de 2001 (LA LEY 3552/2001)) e infracción de los artículos 142 (LA LEY 1/1889) y 152.5.º del Código Civil (LA LEY 1/1889) . Conforme al primero de dichos artículos: «Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aún después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable». Conforme al segundo, cesará la obligación de prestar alimentos: «Cuando el alimentista sea descendiente del obligado a dar alimentos, y la necesidad de aquél provenga de mala conducta o de falta de aplicación al trabajo, mientras subsista esta causa».
En el desarrollo argumental del recurso se cuestiona la valoración que la sentencia hace de los resultados académicos de su hija; su precaria situación económica y que no haya tenido en cuenta la existencia de otro hijo, Claudio , menor de edad.
Se estiman los dos motivos.
1. Los padres, dice la sentencia 661/2015, de 2 de diciembre de 2015 (LA LEY 180563/2015) , «tienen la obligación de prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda, como dice el artículo 39 CC (LA LEY 1/1889) , y que conforme a tal mandato existe un deber de diligencia de los padres en orden a satisfacer las necesidades de sus hijos: en todo caso, tratándose de menores ( artículo 93 CC (LA LEY 1/1889) ), como consecuencia directa de la patria potestad, sin que ello signifique que en los casos en que realmente el obligado a prestarlos carezca de medios para, una vez atendidas sus necesidades más perentorias, cumplir su deber paterno, no pueda ser relevado, por causa de imposibilidad, del cumplimiento de esta obligación ( STS 5 de octubre 1993 ). Y, además, en los supuestos previstos en los artículos 142 y siguientes del CC (LA LEY 1/1889) , siendo los hijos mayores de edad, aunque su concreción pueda hacerse en el juicio matrimonial, siempre que se den los puestos previstos en el párrafo segundo del artículo 93, vivir en casa y carecer de recursos. En el primer caso -menores- los alimentos se prestan conforme "a las circunstancias económicas y necesidades económicas de los hijos en casa momento". En el segundo -mayores- los alimentos son proporcionales "al caudal de quien los da y a las necesidades de quien los recibe" - artículo 146 CC (LA LEY 1/1889) - y se reducen a los alimentos que sean indispensables para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, conforme al artículo 142 CC (LA LEY 1/1889) ».
2. Lo que se reclama es la extinción de los alimentos que el recurrente está prestando a su hija y la necesidad de valorar no solo la capacidad económica del alimentante sino la especial aptitud del alimentista respecto al trabajo y formación, Una hija que tiene treinta años de edad cuando esta resolución se dicta, que está recibiendo alimentos de su padre desde el año 2007, que sigue estudiando, como lo hacía entonces, que puede, y debe desarrollar, como ha hecho en ocasiones, trabajos remunerados, y que a pesar de todo, a pesar de su capacidad laboral, posiblemente mejor que la de su padre, pretende seguir recibiéndolos pese a los ingresos que en estos momentos percibe su padre, de 426 euros al mes, provenientes del subsidio de desempleo, y al hecho de que tiene a su cargo un hijo de 7 años de edad.
Estamos ante una conducta acreditada de escaso aprovechamiento escolar, sin una previsión cierta de cuándo va a finalizar la fase de formación académica, con posibilidades de incorporación inmediata al mercado de trabajo. Lo cierto es, pues nada se dice, que salvo algún episodio de ansiedad que padece en los exámenes, la hija ha podido y ha tenido ocasión de desarrollar un mayor esfuerzo para terminar su carrera, combinándolo o no con un trabajo complementario, dados los escasos recursos y sacrificios de quien le ayudaba a conseguirlo. Obligar a su padre a seguir haciéndolo coloca a este en una situación de absoluta indigencia, lo que no es posible si se tiene en cuenta, además, que los alimentos, únicamente pueden hacerse efectivos aplicando las normas contenidas en los artículos 142 y siguientes del Código Civil (LA LEY 1/1889) , siempre teniendo en cuenta que, conforme al artículo 152.2 CC (LA LEY 1/1889) , esta obligación cesa «Cuando la fortuna del obligado a darlos se hubiere reducido hasta el punto de no poder satisfacerlos sin desatender sus propias necesidades y las de su familia», que es lo que ocurre en este caso, en el que la cuestión juridica existe realmente y ha sido acreditada por la parte, no siendo el interés casacional nominal, artificioso o instrumental, como lo acreditan incluso sentencias recientes de esta sala como la 395/2017, de 22 de junio y las que en ella se citan.