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1. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, plantea en su Auto de 14 de junio de 2017 una cuestión de inconstitucionalidad, por posible vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE (LA LEY 2500/1978)), en relación con el último inciso del art. 152.2 de la LEC (LA LEY 58/2000), en la redacción dada al mismo por el artículo único, apartado diecisiete, de la Ley 42/2015, de 5 de octubre (LA LEY 15164/2015), "de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000)":

a) El art. 152.2 LEC (LA LEY 58/2000), incluyendo el inciso último cuestionado, dispone tras la modificación legal indicada lo siguiente:

"Los actos de comunicación se practicarán por medios electrónicos cuando los sujetos intervinientes en un proceso estén obligados al empleo de los sistemas telemáticos o electrónicos existentes en la Administración de Justicia conforme al artículo 273, o cuando aquéllos, sin estar obligados, opten por el uso de esos medios, con sujeción, en todo caso, a las disposiciones contenidas en la normativa reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

No obstante, los actos de comunicación no se practicarán por medios electrónicos cuando el acto vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico o así lo disponga la ley.

El destinatario podrá identificar un dispositivo electrónico, servicio de mensajería simple o una dirección de correo electrónico que servirán para informarle de la puesta a su disposición de un acto de comunicación, pero no para la práctica de notificaciones. En tal caso, con independencia de la forma en que se realice el acto de comunicación, la oficina judicial enviará el referido aviso. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida".

El mencionado precepto resulta de aplicación supletoria en el orden jurisdiccional social, ante el que se ha sustanciado la causa judicial a quo, por la remisión efectuada por el art. 53.1 de la ya citada Ley Reguladora de la Jurisdicción Social 36/2011 (LA LEY 19110/2011) (LRJS).

b) La Sala que promueve de la cuestión de inconstitucionalidad considera, en resumen, que el inciso cuestionado, en cuanto desvincula la validez de la notificación de un acto de comunicación ya practicada, con el incumplimiento de la obligación que tiene a su vez el órgano judicial de enviar un aviso al destinatario para que sepa que se ha producido dicha notificación, puede afectar al derecho de defensa (art. 24.1 CE (LA LEY 2500/1978)) de este último. En este caso, porque su representante procesal, un Graduado social con despacho en Tarragona, albergaba la confianza legítima de que recibiría el aviso por haber cumplido con lo pedido antes por la norma (suministrar una dirección de correo electrónico) y, merced a esa confianza, prescindió de consultar su buzón del sistema LExNET al que se le remitió, por lo demás correctamente, la notificación de la Sentencia del Juzgado de lo Social. Por ese motivo dejó de formalizar en plazo el anuncio del correspondiente recurso de suplicación, al no llegarle dicho aviso y desconocer la práctica de aquella notificación.

Sostiene la Sala en su Auto promoviendo la cuestión, que el aviso de notificación del art. 152.2 LEC (LA LEY 58/2000) modula la diligencia del profesional actuante en el procedimiento, pues le permite atemperar la carga "desproporcionada" que le supone tener que consultar "todos los días del año" su buzón de Lexnet; carga todavía más gravosa si se trata de un profesional que, como aquí sucede, solo actúa "esporádicamente en el territorio competencia [d]el Ministerio de Justicia, en el que está implantado el sistema electrónico Lexnet como obligatorio", al igual que el ciudadano que debe relacionarse con la Administración de Justicia. Por tanto, al no haber recibido dicho aviso, la notificación de la Sentencia sería un acto de comunicación practicado correctamente (no tiene que repetirse), pero que no surte efecto preclusivo, debiendo cumplir el interesado con la carga de denunciar el defecto en su primera comparecencia, ex art. 166.2 LEC (LA LEY 58/2000), luego de tener conocimiento del acto de comunicación. En este caso, la denuncia la formuló ante el Juzgado el Graduado Social actuante una vez consultado su buzón de LexNET, ya fuera de plazo para recurrir la Sentencia del Juzgado, al día siguiente de serle notificada una diligencia que acordaba la firmeza de dicha Sentencia.

Afirma la Sala, que este entendimiento de la finalidad pretendida por el legislador al introducir la garantía del aviso de notificación, anudada al ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE (LA LEY 2500/1978)) de las partes en el proceso, queda sin embargo desvirtuada justamente por la aplicación del último inciso del art. 152.2 LEC (LA LEY 58/2000), al descartar éste que la falta de emisión del aviso alcance repercusión respecto de la validez del acto de comunicación practicado, dando pie con ello a causar indefensión por la pérdida de oportunidades y trámites procesales, como sería el supuesto de autos.

Por último, respecto de los requisitos de aplicabilidad y relevancia de la norma cuestionada, al proceso a quo (art. 35.2 LOTC (LA LEY 2383/1979)), la Sala de lo Social explica que teniendo en cuenta la fecha en que se le notificó la Sentencia al representante de la entidad demandada en su buzón LexNET, la fecha posterior en que éste tuvo acceso a su contenido, y los plazos legalmente previstos para anunciar el recurso de suplicación, su admisión a trámite depende de la aplicación efectiva o no del inciso último del art. 152.2 LEC (LA LEY 58/2000) que impide, como se ha dicho, vincular los efectos derivados de la notificación practicada con el incumplimiento de la obligación de dar aviso de la notificación. Solo inaplicando ese precepto y vinculando así los efectos jurídicos de ambos actos procesales, se podría tener por no efectuada la notificación, lo que, según la Sala, permitiría fijar el dies a quo para el cómputo del plazo en la fecha en que el profesional tuvo conocimiento material de la notificación de la Sentencia, esto es, al acceder a su buzón electrónico del sistema LexNET. De lo contrario, añade, procedería dictar Sentencia de inadmisión sin entrar en el fondo del recurso, no por Auto, dado que la cuestión de inconstitucionalidad se elevó a este Tribunal Constitucional una vez finalizada la tramitación del recurso de suplicación.

En este punto, procede indicar que las fechas señaladas en el Auto de la Sala de lo Social para fundar la aplicabilidad y relevancia de la norma cuestionada, han sido verificadas por el Juzgado a quo tras la consulta del expediente electrónico del procedimiento, en escrito remitido a la Secretaría de Justicia del Pleno de este Tribunal. Así: (i) la Sentencia de instancia dictada el 25 de octubre de 2016, fue notificada en el buzón de LexNET del representante procesal de la entidad demandada al día siguiente, el 26 de octubre de 2016; (ii) el Juzgado no proveyó al envío del aviso regulado en el art. 152.2 párrafo tercero LEC (LA LEY 58/2000), respecto de aquella notificación, pese a que el Graduado Social actuante indicó una dirección de correo electrónico en el escrito de personación; y (iii) dicho representante aceptó la notificación electrónica en su buzón el 10 de noviembre de 2016, accediendo a su contenido.

c) En el trámite de alegaciones llevado a cabo ante este Tribunal, ex art. 37.3 LOTC (LA LEY 2383/1979), tanto el Abogado del Estado de manera implícita, como el Fiscal General del Estado expresamente, además de apreciar el cumplimiento por la Sala de lo Social de los requisitos formales de los arts. 35.1 (LA LEY 2383/1979) y 37 LOTC (LA LEY 2383/1979) para el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad (tratarse de una norma con fuerza de ley, haberse sustanciado correctamente el trámite de audiencia a las partes y elevarse la cuestión en el momento procesalmente oportuno), afirman que la norma cuestionada resulta aplicable y relevante para la resolución del problema procesal planteado en el proceso a quo, el de la inadmisión del recurso de suplicación por anunciarlo de manera extemporánea.

Sobre el fondo de los motivos expuestos por el Auto en sostén de su tesis, tanto el Abogado del Estado como el Fiscal General del Estado defienden con argumentos similares que la cuestión de inconstitucionalidad debe ser desestimada, en síntesis, al existir autonomía entre la notificación del acto de comunicación y el aviso de ésta al dispositivo electrónico o correo designado por el destinatario; teniendo tal aviso por finalidad, solamente, el facilitar el conocimiento al destinatario de que tiene una notificación en su buzón, pero sin integrarse con ésta ni condicionar sus efectos procesales (legales) propios. No se puede confundir el aviso con el acto de comunicación sobre el que aquél se proyecta, ni el aviso está dotado tampoco de las necesarias garantías de autenticidad que, en cambio, sí rodean a la práctica por vía electrónica de los distintos actos de comunicación. Por ello, el último inciso del párrafo tercero del art. 152.2 LEC (LA LEY 58/2000) objeto de la cuestión de inconstitucionalidad, lo que hace es descartar toda implicación de la omisión del aviso sobre la validez de dichos actos de comunicación, en consonancia con el sistema instrumentado.

Así trabado el debate constitucional, para dar respuesta a la cuestión planteada procederemos como sigue: (i) hacer un recordatorio, en primer lugar, acerca de nuestra doctrina sobre el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE (LA LEY 2500/1978)) en relación con el control de los actos de comunicación procesal, ámbito en el que se sitúa la controversia aquí planteada; (ii) en segundo término, identificar el marco normativo regulador de los actos de comunicación electrónica donde se inserta el art. 152.2 LEC (LA LEY 58/2000); (iii) atender a continuación al enunciado y finalidad de este último precepto, en especial el último inciso que resulta cuestionado y, tras todo ello, (iv) abordar finalmente el enjuiciamiento de los argumentos esgrimidos por el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para sustentar su duda de constitucionalidad.

2. A los efectos que importa destacar para la resolución de la presente cuestión, en lo concerniente al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE (LA LEY 2500/1978) y los actos de comunicación procesales, este Tribunal ha establecido los siguientes parámetros de control:

a) El derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho de configuración legal, de modo que su ejercicio se supedita al cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos por las normas procesales y no fuera de ellas, en cada orden de jurisdicción. Pero la ley debe respetar el contenido esencial del derecho, tal y como éste se enuncia en el indicado precepto (art. 24.1 CE (LA LEY 2500/1978)), y según resulta interpretado por nuestra doctrina:

"En efecto, en relación a la naturaleza del derecho a la tutela judicial efectiva tiene declarado este Tribunal que se trata de un derecho prestacional y de configuración legal, de modo que sólo puede ejercerse por los cauces que el legislador, respetando el contenido esencial del derecho, haya querido articular, pues es a él a quien le incumbe configurar el marco en el cual ha de desarrollarse la actividad judicial y, más concretamente, el proceso en cuyo seno se ejercite el derecho fundamentalmente ordenado a la satisfacción de las pretensiones (SSTC 99/1985, de 30 de septiembre (LA LEY 481-TC/1986), FJ 4; 116/1986, de 8 de octubre (LA LEY 11387-JF/0000), FJ 3; 175/1988, de 3 de octubre (LA LEY 58552-JF/0000), FJ 1 y 113/1989, de 22 de junio (LA LEY 314-JF/0000) FJ 3).

b) La misma exigencia de configuración legal se predica respecto de los actos de comunicación procesales. Así, para el orden social, hemos dicho en la STC 118/1993, de 29 de marzo (LA LEY 2255-TC/1993), que: "La tutela judicial como principio constitucional con un enunciado abstracto, aun cuando las más importantes de sus facetas hayan sido recogidas explícitamente en el mismo texto, adquiere consistencia y se configura concretamente por obra de las leyes de enjuiciamiento respectivas, que son el desarrollo de tal derecho en los distintos sectores jurisdiccionales, a cuyas características ha de ser adaptado. Hay, sin embargo, determinadas actuaciones judiciales cuya función es común y común ha de ser su diseño, que por ello se incluyen en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985) a modo de ‘parte general’ del régimen de los órganos jurisdiccional y procesal en el Libro III, donde reciben acogida las notificaciones (arts. 270-272), con remisión explicita a las normas procesales propias de cada orden judicial, que en el presente es la [entonces vigente] Ley de Procedimiento Laboral (Real Decreto Legislativo 521/1990, de 27 de abril (LA LEY 1213/1990)) y sin olvidar la función supletoria de la Ley de Enjuiciamiento Civil por su carácter matriz y residual respecto de los demás sectores. Los tres componen el grupo normativo con relevancia para perfilar el derecho fundamental invocado como cobertura del amparo que se nos pide".

c) En relación con los actos de comunicación, nuestra doctrina es reiterada acerca de su importancia para la efectividad no solamente del derecho de acceso a la jurisdicción (entre otras, SSTC 148/1995, de 16 de octubre (LA LEY 13126/1995), FJ 2; 6/2008, de 21 de enero (LA LEY 238/2008), FJ 2; 180/2015, de 7 de septiembre (LA LEY 137034/2015), FFJJ 4 y 7), sino también del derecho al recurso legalmente previsto, en relación con el cual hemos declarado que: "para evitar que se produzca la indefensión prohibida por el art. 24.1 C.E. (LA LEY 2500/1978), que se caracteriza, precisamente por una privación o limitación del derecho de defensa (SSTC 48/1984 (LA LEY 47281-NS/0000), 181/1994 (LA LEY 13516/1994) y 39/1995 (LA LEY 13039/1995), entre otras), el derecho constitucional a los recursos no sólo garantiza su posible interposición sino que se trata de una garantía efectiva en orden a la tutela judicial, a cuyo fin adquieren una especial trascendencia los actos de comunicación del órgano judicial con las partes, tanto respecto de quienes aún no lo son y han de ser emplazados como respecto de aquellos a los que ha de darse traslado de las resoluciones judiciales a los efectos de un posible recurso contra las mismas (SSTC 9/1991 (LA LEY 1627-TC/1991), 126/1991 (LA LEY 58159-JF/0000) y 17/1992 (LA LEY 55943-JF/0000), entre otras muchas)" [STC 229/1998, de 1 de diciembre (LA LEY 10986/1998), FJ 4].

d) La protección constitucional, por tanto, se proyecta específicamente sobre aquellos actos de comunicación que ha regulado el legislador y que pueden considerarse por tanto como tales: "el derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en el art. 24 C.E. (LA LEY 2500/1978), garantiza el derecho de acceder al proceso y a los recursos legalmente establecidos en condiciones de poder ser oído y de ejercitar la defensa de los derechos e intereses legítimos, con respeto de los principios de bilateralidad, contradicción e igualdad de armas procesales lo que impone a los órganos judiciales un especial deber de diligencia en el cumplimiento efectivo de las normas reguladoras de los actos de comunicación procesal, cuidando siempre de asegurar que las notificaciones, citaciones, emplazamientos, y en su caso, requerimientos, llegan a sus destinatarios dándoles así la oportunidad de actuar en defensa de sus derechos e intereses y de evitar la indefensión" [STC 334/1993, de 15 de noviembre (LA LEY 2279-TC/1993), FJ 2].

3. Por lo que se refiere a la práctica de actos de comunicación por medios electrónicos, hay que destacar en primer lugar aquellas normas que han introducido su uso en los distintos procesos, definiendo las garantías para su validez:

a) Aparece ante todo el art. tercero de la Ley 34/1984, de 6 de agosto (LA LEY 1944/1984), "de reforma urgente de la Ley de Enjuiciamiento Civil", que modificó el art. 261 de la LEC 1881 (LA LEY 1/1881) entonces vigente, con el fin de prever, en su párrafo tercero, que: "Cuando lo aconsejen circunstancias particulares o exigencias de mayor celeridad se podrá disponer que la comunicación se practique por el servicio de telégrafos o por cualquier otro medio idóneo de comunicación, adoptándose las medidas oportunas para asegurar la recepción del acto comunicado del actual quedará constancia en autos".

Casi un año después, el art. 271 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985) 6/1985, de 1 de julio (LOPJ), el cual no ha sufrido modificaciones desde su aprobación, dispuso que: "Las notificaciones podrán practicarse por medio del correo, del telégrafo o de cualquier medio técnico que permita la constancia de su práctica y de las circunstancias esenciales de la misma según determinen las leyes procesales".

Volviendo al proceso civil -y órdenes jurisdiccionales de aplicación supletoria-, la LEC 1/2000, de 7 de enero (LA LEY 58/2000), adoptó con ajustes la norma de la LOPJ (LA LEY 1694/1985): aparte de algún retoque formal (cambió la dicción "telegrama", en vez de "telégrafo") especificó en el entonces art. 152.1.2ª que la constancia de la comunicación por aquellos medios técnicos debía de ser "fehaciente", dejando constancia del hecho de la recepción, su fecha y el contenido de lo comunicado. Por su parte, el art. 160.1 de la misma Ley procesal atribuyó al Secretario Judicial (hoy Letrado de la Administración de Justicia) la responsabilidad de unir a los autos "el acuse de recibo o el medio a través del cual quede constancia de la recepción", mientras que el art. 162 reguló con más detalle la práctica de actos de comunicación "por medios electrónicos, informáticos y similares", norma en la que se insistió en la necesidad de que los juzgados y tribunales llevasen a cabo las mismas, siempre que "esté garantizada la autenticidad de la comunicación y de su contenido y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en que se hicieron" (art. 162.1).

Estas previsiones de la LEC 1/2000 (LA LEY 58/2000) se han mantenido con las reformas parciales a su texto, operadas por las Leyes 13/2009, de 3 de noviembre (LA LEY 19391/2009), y 42/2015, de 5 de octubre (LA LEY 15164/2015), correspondiendo actualmente a los arts. 152.3.2ª, 160.1 y 162, si bien este último ha sufrido una importante ampliación con la Ley 42/2015 (LA LEY 15164/2015), a fin de cohonestarlo con las demás reglas de ordenación de actos de comunicación por medios electrónicos, insertas en otros preceptos de la misma LEC, como luego veremos.

b) Importa destacar de las normas mencionadas de la LOPJ (LA LEY 1694/1985) y de la LEC 1/2000 (LA LEY 58/2000), que la doctrina de este Tribunal ha declarado de manera reiterada que en el ámbito de las comunicaciones por medios técnicos y electrónicos, la constancia fehaciente tanto del hecho de la recepción del acto de comunicación por el destinatario y su fecha, como del contenido del acto, constituye una garantía insoslayable cuya inobservancia acarrea la nulidad de este último. Y de haber traído ello consigo la pérdida de trámites procesales para alguna de las partes, la vulneración de su derecho a no padecer indefensión (art. 24.1 CE (LA LEY 2500/1978)):

(i) Así lo hemos dicho a propósito del fax como aparato de transmisión de notificaciones escritas (en papel), permitiendo su uso pero con la debida verificación de aquellos extremos, en las SSTC 268/2005, de 24 de octubre (LA LEY 10375/2006) y 58/2010, de 4 de octubre (LA LEY 171436/2010). En el FJ 3 de esta última explicamos que "en cumplimiento de la remisión que el art. 271 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985) (LOPJ) realiza a las leyes procesales, la Ley de enjuiciamiento civil (LEC) (...) contempla también la utilización del correo y el telégrafo (arts. 152.1.2 (LA LEY 58/2000) y 160 LEC (LA LEY 58/2000)) así como de medios electrónicos, telemáticos, infotelecomunicaciones o de otra clase semejante, que permitan el envío y la recepción de escritos y documentos (art. 162.1 LEC (LA LEY 58/2000)). Así pues, ninguna duda ofrece la idoneidad material del fax como medio de comunicación procesal (...). Ahora bien, para atender a las exigencias derivadas del art. 24.1 CE (LA LEY 2500/1978), la eficacia de los actos de comunicación procesal realizados a través de cualquier medio técnico se supedita a que quede en las actuaciones ‘constancia fehaciente de la recepción, de su fecha y del contenido de lo comunicado’ (art. 152.2 LEC (LA LEY 58/2000)), o lo que es igual, que quede garantizada ‘la autenticidad de la comunicación y de su contenido y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en que se hicieron’ (art. 162.1 LEC (LA LEY 58/2000)), previsión a la que atiende el vigente art. 160.1 LEC (LA LEY 58/2000) (...). El incumplimiento o deficiente realización de tales prescripciones comportará la ineficacia del acto de comunicación procesal en la medida en que se coloque al interesado en una situación de indefensión proscrita por el art. 24.1 CE (LA LEY 2500/1978), esto es, salvo que hubiese tenido conocimiento extraprocesal de su contenido o el incumplimiento fuese imputable a la propia conducta del afectado por haberse situado voluntaria o negligentemente al margen del proceso (STC 268/2000, de 13 de noviembre (LA LEY 51/2001), FJ 4, y las allí citadas)".

(ii) Justamente por carecer de tales garantías, hemos declarado que la transmisión de una notificación de manera verbal, a través de una llamada telefónica, evidencia "su inidoneidad en sí misma considerada para lograr el fin que se persigue con las comunicaciones procesales", conforme con las exigencias de los antedichos arts. 271 LOPJ (LA LEY 1694/1985) 152 y 162 LEC. Preceptos que garantizan la "autenticidad de la comunicación y de su contenido y (...) constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en que se hicieron. No cumple tales exigencias, evidentemente, la comunicación telefónica sin más": STC 94/2005, de 18 de abril (LA LEY 85970/2005), FJ 4.

c) En el proceso laboral, el desarrollo sectorial del art. 271 LOPJ (LA LEY 1694/1985) fue asumido por el art. 56.4 de la Ley de Procedimiento Laboral (LA LEY 1444/1995) (LPL) de 1990 (Real Decreto Legislativo 521/1990, de 27 de abril (LA LEY 1213/1990), aprobatoria de su Texto Articulado), el cual dispuso que las comunicaciones procesales (citaciones, notificaciones emplazamientos y requerimientos, según su art. 55) podían practicarse por "el servicio de telégrafo o por cualquier otro medio idóneo de comunicación o de transmisión de textos si los interesados facilitaran los datos indicativos para utilizarlos"; bien que: "Se adoptarán las medidas oportunas para asegurar la recepción del acto comunicado del cual quedará constancia en autos". Dicha previsión pasó con idéntico texto y numeración a la LPL de 1995 (LA LEY 1444/1995) (Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, que aprueba su Texto Refundido).

La actual LRJS de 2011 (LA LEY 19110/2011) recoge una previsión lógicamente más actualizada de estos medios, pero siempre condicionando su realización a contar con instrumentos para verificar la autenticidad de la comunicación. El art. 56.4 al efecto señala: "Se podrá disponer que la comunicación se practique por el servicio de telégrafo, fax, correo electrónico o por cualquier otro medio idóneo de comunicación o de transmisión de textos si los interesados facilitaran los datos indicativos para utilizarlos. Se adoptarán las medidas oportunas para asegurar el contenido del envío y la unión, en su caso, del acuse de recepción del acto comunicado, de lo cual quedará constancia en autos. Igualmente se podrá dejar constancia mediante diligencia del resultado de las gestiones y llamadas telefónicas u otros medios relacionados con los actos de localización y comunicación y con el trámite de las actuaciones". Por lo demás, el art. 56.5 LRJS (LA LEY 19110/2011) se remite a lo establecido en el art. 162 LEC (LA LEY 58/2000), en lo concerniente a la realización de las comunicaciones por "medios electrónicos, telemáticos, infotelecomunicaciones o de otra clase semejante", lo que lleva al aseguramiento de la autenticidad del acto de comunicación, garantizada normativamente, como de inmediato se dirá.

4. E l párrafo tercero del art. 152.2 LEC (LA LEY 58/2000), en el que se inserta el inciso final objeto de la cuestión de inconstitucionalidad planteada, es un precepto fruto del conjunto de normas dictada en los últimos años para avanzar en el objetivo de modernizar la Administración de Justicia en España, entre otras medidas y en lo que aquí importa considerar, mediante la generalización de los sistemas telemáticos (internet) en la práctica de los actos de comunicación en los distintos tipos de procesos, entre ellos el laboral. Las notas más destacadas de esa regulación, por lo que concierne sobre todo a la actuación de los profesionales de la justicia como receptores de tales actos de comunicación, son las siguientes:

a) La utilización de medios electrónicos para la práctica de actos de comunicación, desde el punto de vista de los sujetos que han de hacer uso de ellos, puede configurarse como un derecho o bien como una obligación:

(i) En el primer caso (se trata de un derecho) se encuentran con carácter general las personas físicas que actúan como parte en un proceso, sin requerir de un representante procesal por no exigirlo la legislación procesal correspondiente. En ese caso, pueden hacer uso de dichas comunicaciones electrónicas, en los términos previstos en los arts. 4 (LA LEY 14138/2011), 5 (LA LEY 14138/2011), 33.1 (LA LEY 14138/2011) y 36.1 de la Ley 18/2011, de 5 de julio (LA LEY 14138/2011), "reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia" (de "carácter transversal para todos los órdenes jurisdiccionales", según precisa su disposición adicional séptima); y art. 4 del Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre (LA LEY 18232/2015), "sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET".

Sin embargo, y todavía sin referirnos a los representantes procesales, están obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración de Justicia aquellos profesionales indicados, en desarrollo de la previsión del art. 33.1 párrafo segundo de la Ley 18/2011 (LA LEY 14138/2011), por el art. 4 del citado Real Decreto 1065/2015 (LA LEY 18232/2015) a saber: "c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria para los trámites y actuaciones que realicen con la Administración de Justicia en ejercicio de dicha actividad profesional.- d) Los Notarios y Registradores.- e) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia.- f) Los funcionarios de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen por razón de su cargo.- g) Y los que legal o reglamentariamente se establezcan". Así como también las personas jurídicas [art. 4.a) del Real Decreto 1065/2015 (LA LEY 18232/2015)] y las entidades sin personalidad jurídica pero con capacidad para ser parte en el proceso, ex art. 6.1.5º LEC (LA LEY 58/2000) [art. 4.b) del Real Decreto 1065/2015 (LA LEY 18232/2015)].

Tanto el derecho de opción, como en su caso el cumplimiento de la obligación, de utilizar estos medios electrónicos por los interesados que no sean profesionales de la justicia, quedó fijada legalmente a partir del 1 de enero de 2017 (disposición transitoria cuarta, 3; y disposición final duodécima (LA LEY 15164/2015), 2, de la Ley 42/2015 (LA LEY 15164/2015)).

(ii) Resulta en todo caso obligatorio relacionarse a través de medios electrónicos, a los profesionales de la justicia que intervienen en representación de alguna de las partes del proceso, cuando sean estas últimas particulares, Administraciones territoriales, órganos parlamentarios o entidades de derecho público. Así lo ordenan los arts. 6.3 ("Los profesionales de la justicia, en los términos previstos en la presente ley, tienen el deber de utilizar los medios electrónicos, las aplicaciones o los sistemas establecidos por las Administraciones competentes en materia de justicia, respetando en todo caso las garantías y requisitos previstos en el procedimiento de que se trate"); 33.5 ("Los profesionales de la justicia deberán realizar sus comunicaciones por medios electrónicos cuando técnicamente estén disponibles") y 36.3 ("Los profesionales de la justicia presentarán sus demandas y otros escritos por vía telemática a través de los sistemas previstos en esta Ley, empleando firma electrónica reconocida") de la citada Ley 18/2011 (LA LEY 14138/2011); así como también el art. 273.1 de la LEC (LA LEY 58/2000), en la redacción dada a este último por la Ley 42/2015, de 5 de octubre (LA LEY 15164/2015) ("Todos los profesionales de la justicia están obligados al empleo de los sistemas telemáticos o electrónicos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos, iniciadores o no, y demás documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la presentación y quede constancia fehaciente de la remisión y la recepción íntegras, así como de la fecha en que éstas se hicieren"); y el art. 5.1 del Real Decreto 1065/2015 (LA LEY 18232/2015), el cual determina los colectivos que se integran dentro de la denominación de "profesionales de la justicia", entre los cuales se incluye a los graduados sociales.

La exigencia así establecida, en especial para los profesionales que todavía no empleasen tales sistemas electrónicos, entró en vigor el 1 de enero de 2016 por mor de la disposición transitoria cuarta, 2; y disposición final duodécima, 2, de la Ley 18/2011 (LA LEY 14138/2011).

(iii) Como excepción, no se ha de llevar a cabo por medios electrónicos la comunicación al demandado aún no personado en el procedimiento, en cuanto al acto de citación o emplazamiento, conforme a lo previsto en el art. 155.1 LEC (LA LEY 58/2000), los cuales "se harán por remisión al domicilio de los litigantes", regla que también opera en el proceso laboral (art. 53.1 LRJS (LA LEY 19110/2011)) y de hecho así se hizo en la causa a quo.

b) En lo que respecta al "modo de relacionarse" con la Administración de Justicia en el ámbito de la comunicación por medios electrónicos, ésta habrá de hacerse por alguno de los canales de comunicación electrónicos, bien sea opcionales, bien preceptivos, que se han establecido.

Dichos canales electrónicos pueden ser los gestionados directamente con este fin por las Administraciones competentes en materia de Justicia, estando las mismas obligadas a publicar la relación de sus correspondientes puntos de acceso electrónico [art. 5.2, letras b) y c) de la misma Ley 18/2011 (LA LEY 14138/2011)], o eventualmente ser uno de los canales habilitados para relacionarse con las Administraciones públicas.

c) En el caso de los profesionales de la justicia, y tratándose de su intervención ante juzgados y tribunales radicados en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia, entre los cuales se hallan, importa recordarlo, tanto el Juzgado de lo Social núm. 2 de Ponferrada, como la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, actuantes en el proceso a quo, el único canal de comunicación electrónica disponible es el brindado por el sistema LexNET.

d) En lo que importa destacar para resolver la presente cuestión de inconstitucionalidad, el sistema LexNET ofrece entre sus funcionalidades las de "presentación y transporte de escritos procesales y documentos que con los mismos se acompañen, así como su distribución y remisión al órgano u oficina judicial o fiscal encargada de su tramitación"; la "gestión del traslado de copias", y la "realización de actos de comunicación procesal conforme a los requisitos establecidos en las leyes procesales" [art. 14, letras a), b) y c) del art. 14 del Real Decreto 1065/2015 (LA LEY 18232/2015)).

Para ello, el Real Decreto 1065/2015 (LA LEY 18232/2015) dota a esta plataforma, entre otras, de las siguientes garantías:

(i) Se efectuará la "presentación de escritos y documentos y la recepción de actos de comunicación, sus fechas de emisión, puesta a disposición y recepción o acceso al contenido de los mismos (...); el contenido íntegro de las comunicaciones y la identificación del remitente y destinatario de las mismas mediante técnicas de autenticación adecuadas (...) de firma electrónica" (art. 13.1).

(ii) "El alta en el sistema LexNET para los profesionales de la justicia implicará la titularidad de un buzón virtual" (art. 19.2). Los actos de comunicación se depositarán en los buzones electrónicos o virtuales de cada usuario, para su debida recepción y acceso a su contenido (art. 16.3).

(iii) "Antes de acceder el destinatario al detalle del contenido del envío, el sistema LexNET mostrará, al menos, la información esencial relativa al remitente del envío, asunto, clase y número de procedimiento en su caso, así como fecha de envío. Para que aquel pueda acceder al contenido de la comunicación previamente deberá proceder a su aceptación" (art. 16.2).

(iv) "Una vez depositados en los buzones virtuales de los usuarios los escritos, las comunicaciones y notificaciones, así como cualquier otro documento procesal transmitido por medios electrónicos, se encontrarán accesibles por un periodo de sesenta días. Transcurrido este plazo se procederá a la eliminación del buzón de estos documentos, salvo los resguardos electrónicos acreditativos de la transmisión" (art. 16.3).

(v) "Para la acreditación de la presentación de los escritos y documentos y la realización de los actos de comunicación, el sistema devolverá al usuario un resguardo electrónico acreditativo de la remisión y puesta a disposición de la documentación, de su recepción por el destinatario, de la descripción de cada uno de los documentos transmitidos, de la identificación del remitente o profesional que le sustituye y del destinatario, del tipo de procedimiento judicial, número y año, así como de la fecha y hora de su efectiva realización o de cualquier otra información que se estime relevante en orden a constatar la certeza de la presentación o realización de dicho acto de comunicación" (art. 17.3).

(vi) "El sistema confirmará al usuario la recepción del mensaje por el destinatario. La falta de confirmación no implicará que no se haya producido la recepción. En aquellos casos en que se detecten anomalías en la transmisión electrónica o no haya sido posible completar el envío, el propio sistema lo pondrá en conocimiento del usuario, mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda a la subsanación o realice el envío en otro momento o utilizando otros medios.

El mensaje de error o deficiencia de la transmisión podrá ser imprimido o archivado por el usuario y, si el sistema lo permite, integrado en los sistemas de gestión procesal a efectos de acreditación del intento fallido.

En los casos en que se haya producido un error en la recepción e incorporación a los sistemas de gestión procesal y se haya subsanado el mismo en tiempo y forma, dentro de los cauces previstos por el sistema, este expedirá un resguardo acreditativo de la subsanación correspondiente, respetando la fecha y hora del envío inicialmente realizado" (art. 17.5), y,

(vii) Se articulan reglas en caso de imposibilidad técnica de envío a través del sistema, de documentos anexos a los correspondientes escritos procesales, a efectos de su presentación posterior en soporte digital (arts. 17.2 y 18). Y en su caso la dispensa a presentarlos por medios electrónicos si no fueren susceptibles de conversión en dicho formato (art. 152.2 LEC (LA LEY 58/2000), en la redacción dada por la Ley 42/2015 (LA LEY 15164/2015)).

Todas estas garantías de autenticidad del sistema LexNET reflejan el cumplimiento de las exigencias que, para los canales electrónicos de la Administración de Justicia autorizados, se disponen en los arts. 154 (envío y recepción de actos de comunicación con los procuradores, con el resguardo acreditativo de su recepción), 262 (la autenticidad del hecho del envío y la recepción de escritos y documentos, y de su contenido; la "constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en que se hicieron") y 135 y 273 (la autenticidad de la presentación de escritos procesales y documentos anejos, y "la constancia fehaciente de la remisión y la recepción íntegras", y de su fecha respectiva) de la LEC, tras su reforma por Ley 42/2015 (LA LEY 15164/2015). Garantías de autenticidad y acceso al contenido del acto de comunicación, que venía ya exigiendo la doctrina de este Tribunal para medios técnicos de transmisión de actos de comunicación, según quedó expuesto en el fundamento jurídico anterior de esta Sentencia.

e) Hay, además, o tra consecuencia relevante en orden a la salvaguarda de la seguridad jurídica en el proceso y el derecho a no padecer indefensión (art. 24.1 CE (LA LEY 2500/1978)) en torno a los canales electrónicos habilitados en la Administración de Justicia, dentro de los cuales está LexNET. Se trata de la certidumbre en el cómputo de los plazos procesales, a partir de la notificación del acto: de un lado, el art. 135.1 LEC (LA LEY 58/2000) preceptúa que el recibo que "automáticamente" se emita de la transmisión de escritos y documentos, "con expresión del número de entrada de registro y de la fecha y la hora de presentación", servirá para tener aquellos "por presentados a todos los efectos".

De otro lado, el art. 162.2 LEC (LA LEY 58/2000) señala que "constando la correcta remisión del acto de comunicación por dichos medios técnicos, salvo los practicados a través de los servicios de notificaciones organizados por los Colegios de Procuradores, transcurrieran tres días sin que el destinatario acceda a su contenido, se entenderá que la comunicación ha sido efectuada legalmente desplegando plenamente sus efectos".

Esta regla de cómputo ha sido interpretada en su aplicación al proceso laboral, por el Acuerdo no jurisdiccional del Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 6 de julio de 2016, "sobre Notificaciones a través del sistema Lexnet en el orden social y plazos procesales", invocado por la Sala de lo Social a quo en su Auto de promoción de la presente cuestión de constitucionalidad, para determinar el día último para el anuncio del recurso de suplicación de la entidad demandada, operación de estricta legalidad ordinaria que queda fuera del objeto de nuestro examen.

5. El inciso cuestionado en el Auto de 14 de junio de 2017 cierra el enunciado del párrafo tercero del art. 152.2 de la LEC (LA LEY 58/2000), en la redacción dada por la Ley 42/2015, de 5 de octubre (LA LEY 15164/2015), dando carta de naturaleza o funcionalidad a una nueva obligación del órgano judicial, como es el envío "al destinatario" de un aviso respecto del hecho del acto de comunicación que previamente le ha sido transmitido por vía electrónica. Varios aspectos deben ser resaltados del mencionado párrafo tercero, el cual exige una lectura unitaria y no separada de sus distintos incisos.

Pero antes, ha de constatarse un dato normativo previo que no por elemental resulta menos trascendente: el art. 149 LEC (LA LEY 58/2000), precepto encargado de definir cuáles son los actos de comunicación en el proceso civil (y órdenes jurisdiccionales de aplicación supletoria), distingue seis tipos de actos, ninguno de los cuales es el "aviso" de notificación recogido en el posterior art. 152.2 párrafo tercero LEC. (LA LEY 58/2000) Únicamente habla -con su respectivo contenido y finalidad- de: notificaciones, emplazamientos, citaciones, requerimientos, mandamientos y oficios.

Este art. 149 LEC (LA LEY 58/2000), en su versión original del año 2000, apenas ha sufrido ajustes puntuales, sin relevancia para este proceso, por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre (LA LEY 19391/2009), "de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial" (art. 15, apartado 79). Y no ha sido modificado por la Ley 42/2015, de 5 de octubre (LA LEY 15164/2015), la cual sí introdujo, se insiste, el párrafo tercero del art. 152.2 y varias de las normas sobre comunicaciones electrónicas, según hemos visto.

Por su lado, la LRJS (LA LEY 19110/2011) se refiere a las "citaciones, notificaciones, emplazamientos y requerimientos" (arts. 55) o solamente a los tres primeros tipos de actos (arts. 56.1; 60.1; 61). Nada dice relativo a un "aviso" sobre la puesta a disposición de un acto de comunicación, como si se tratase de uno de estos últimos.

Sentado esto, pasamos a los aspectos de interés en torno al párrafo tercero mencionado:

a) Conectando con la observación que acaba de hacerse, l a norma en examen no configura el "aviso" como un acto de comunicación, sino solo como una información que se provee acerca "de la puesta a su disposición de un acto de comunicación".

En coherencia con este limitado fin, el inciso primero de dicho párrafo ya advierte que aquel aviso no sirve "para la práctica de notificaciones"; y que la validez del acto de comunicación no debe presumirse del mero cumplimiento de la obligación de enviar el aviso: "con independencia de la forma en que se realice el acto de comunicación, la oficina judicial enviará el referido aviso", señala el segundo inciso.

Si, por tanto, la norma desvincula el acto de comunicación (alguno de los categorizados en el art. 149 LEC (LA LEY 58/2000)) del aviso de "puesta a disposición" de dicho acto, no parece en modo alguno incompatible con lo regulado en esos dos incisos, lo que a continuación se dice para cerrar el precepto, esto es, que la falta de práctica del aviso "no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida" (inciso tercero y último). Esa incompatibilidad sí afloraría, de haberse anudado legalmente la validez entre sí de ambas actuaciones (la emisión electrónica del acto de comunicación, y la emisión del aviso). Pero no es el caso.

b) En cuanto al contenido del aviso, ni el art. 152.2, párrafo tercero LEC (LA LEY 58/2000), n i la normativa ya analizada sobre comunicaciones electrónicas en el ámbito de la Administración de Justicia, exigen ni fijan nada al respecto. Se puede suponer que al menos debe indicar la clase de acto de comunicación, el órgano judicial de procedencia y procedimiento, y la fecha de recepción en el buzón de internet de la persona, pero no hay disposición que obligue a un cierto detalle, y sobre todo, en ningún caso que el aviso deba traer consigo el contenido del acto de comunicación, desvirtuando la protección de la autenticidad que reserva a la plataforma LexNET.

c) Precisamente debido a esta última circunstancia (no hay acceso al contenido del acto de comunicación), no hay modo de trasladar aquí las garantías propias -definidas normativamente- del sistema Lexnet (y cabe decir, o de la sede judicial electrónica) a las que se ha hecho referencia antes, relativas a la autenticidad del aviso y el registro de todas las fases de la operación virtual (envío, recepción y lectura), sin otra mención que la de valer cualquier "dispositivo electrónico, servicio de mensajería simple o una dirección de correo electrónico" suministrado por el "destinatario" del aviso, sin ningún código ni sistema de autenticación específico para recibirlo.

d) Tan libre es la voluntad del sujeto destinatario para seleccionar el dispositivo de su preferencia, como de ejercitar, ex ante, la opción misma de recibir el aviso, algo que el art. 152.2, párrafo tercero, no considera deba ser ni preceptivo ni de alcance general para todos. Como sí sucede en cambio, cabe insistir, con la transmisión de los propios actos de comunicación a través de LexNET.

e) No existe ni siquiera el compromiso de garantizar la viabilidad técnica de esos avisos. Al menos eso es lo que se colige del Preámbulo de la Ley 42/2015 (LA LEY 15164/2015), que en su epígrafe II matiza que tales envíos se remitirán, "...siempre que esto sea posible". Una aleatoriedad que en modo alguno se predica de las comunicaciones por LexNET.

f) Todo lo cual explica, en el caso de la reforma del art. 152.2, párrafo tercero de la LEC (LA LEY 58/2000), que lo buscado no fuera realmente "reforzar" el nivel de atención de quienes ejercen en juicio la representación procesal de las partes, algo por lo demás innecesario al estar estos obligados desde siempre, por su actividad, a ser diligentes en la recepción y traslado de los actos de comunicación que conciernen a sus representados, sea en papel o electrónicamente. Así, lo que hasta hace poco tiempo se llevaba a cabo en un salón de procuradores, o en la dirección del despacho profesional (abogados, graduados sociales, etc.), ahora se practica en el buzón virtual de LexNET de todos los profesionales, directamente o en el caso de los procuradores a través de la plataforma brindada por su Consejo General (conforme a los convenios suscritos con las Administraciones de Justicia).

Debe indicarse además, como reconoce incluso el propio Graduado Social actuante en el proceso a quo, que la plataforma LexNET cuenta también con una aplicación para dispositivos móviles de los mismos profesionales, llamada "LexNETAPP", que permite visualizar avisos de notificaciones de actos de comunicación, pero con las garantías de este sistema (https://lexnetjusticia.gob.es/blog/-/blogs/y-otra-entrada-mas) aunque no por ello exento de errores, como se ha dicho en cuanto al propio sistema LexNET.

6. Llegados a este punto, nos encontramos en disposición de enjuiciar los motivos esgrimidos por el Auto que plantea la presente cuestión de constitucionalidad, en relación con el último inciso del art. 152.2, párrafo tercero, LEC, en la redacción dada al mismo por el art. único, apartado 17, de la Ley 42/2015, de 5 de octubre (LA LEY 15164/2015), postulando a su parecer que el mismo resulta vulnerador del derecho fundamental a no padecer indefensión del art. 24.1 CE. (LA LEY 2500/1978)

Se adelanta que la conclusión deviene desfavorable a la tesis de la Sala de lo Social que promueve la cuestión, por las siguientes razones:

a) La inconstitucionalidad del precepto no la funda el órgano judicial en el mero hecho de que la obligación de remitir el aviso de puesta a disposición del acto de comunicación a su destinatario no se realice, sino de que en virtud de tal omisión la parte sufra indefensión por el desconocimiento del acto de comunicación y, con ello, la pérdida de un derecho procesal (al recurso), al no impugnar la Sentencia dentro del plazo a contar desde la notificación "solamente" del acto en el buzón de LexNET del profesional. Ahora bien, esa indefensión se construye sobre un presupuesto que hemos visto no tiene correspondencia en la ley, como es conceptuar aquel aviso como un elemento integrante del acto de comunicación, susceptible de condicionar su validez o al menos la de alguno de sus efectos (preclusión). No es en absoluto así, sino que el acto de comunicación y el aviso, que carece de la garantía de autenticidad, discurren bajo dos regímenes jurídicos distintos que no permiten ser confundidos.

El aviso representa un acto procesal efectuado por la oficina judicial, de carácter accesorio, que ayuda o facilita el conocimiento del hecho de haberse practicado un acto de comunicación, pero a cuyo acceso efectivo el aviso no coadyuva, sino que exige la utilización del canal electrónico habilitado para el profesional. El inciso final del precepto cuestionado, que separa entonces los efectos jurídicos de la omisión del aviso, respecto de la validez del acto de comunicación, aparece por ello como una medida estrictamente necesaria para asegurar la propia eficacia del sistema de justicia electrónica en su configuración actual.

b) La doctrina constitucional sobre el derecho a no padecer indefensión, como bien precisa el Auto que intenta invocarla en sostén de su tesis, ha sido dictada a propósito de los actos de comunicación, y el aviso del art. 152.2 párrafo tercero LEC (LA LEY 58/2000) no lo es, por lo que dicha doctrina no le resulta aplicable justamente. No debe olvidarse en este punto, que el art. 24.1 CE (LA LEY 2500/1978) es un derecho de configuración legal, como ya se ha recordado en el anterior fundamento jurídico 2 de esta Sentencia. Por eso mismo tampoco resulta aplicable aquí, como defiende el Auto que promueve la cuestión, el régimen de denuncia y en su caso subsanación de actos de comunicación nulos, ex art. 166 LEC. (LA LEY 58/2000)

c) No puede aceptarse tampoco el entendimiento que hace la Sala, de que la utilización cotidiana por los profesionales de la justicia del sistema LexNET entraña una carga "desproporcionada". Dejando al margen que la "carga" procesal técnicamente la tiene el justiciable, no su representante, sobre quien pesa distintamente una "obligación" de desplegar la diligencia profesional debida, en este caso en la recepción de los actos de comunicación dirigidos a su cliente, es lo cierto que lo que el Auto que promueve la cuestión entiende como desproporción, no es sino la consecuencia natural del ejercicio de una actividad profesional continuada, esto es, el estado normal esperable.

No se alcanza a ver qué obstáculo legal para el bienestar de procuradores, graduados sociales o abogados, puede suponer que el legislador sustituya el régimen presencial diario en la recepción de los actos de comunicación imperante antaño, por otro de naturaleza electrónica al que puede accederse desde diversos dispositivos y en lugares diferentes, para comodidad de la persona, protegido dicho acceso con una serie de garantías dentro de la plataforma habilitada. En realidad, y con las propias palabras del Auto que promueve la presente cuestión, por su trabajo y su dedicación se puede esperar que el profesional acceda a su buzón diariamente o casi a diario, no otra cosa.

Menos todavía, puede verse en peligro el derecho al descanso (art. 40.2 CE (LA LEY 2500/1978)) de tales representantes procesales cuando, de un lado, la ley garantiza la efectividad de los plazos procesales al permitir que el acceso al sistema para la consulta de los actos recibidos, o en su caso, el envío de escritos y documentos, pueda hacerse durante las 24 horas del día, todos los días del año (art. 135.1 LEC (LA LEY 58/2000)) y si el sistema falla, podrá acreditarse y efectuar la presentación al día hábil siguiente (art. 135.2 LEC (LA LEY 58/2000)).

Y de otro lado, la normativa flexibiliza la utilización del buzón de LexNET, previendo un mecanismo de sustituciones entre compañeros, en cuya virtud el titular de un buzón puede vincular a otros usuarios "como autorizados para que en su nombre puedan realizar con plenitud de efectos jurídicos los envíos de documentación o recepción de actos de comunicación desde ese buzón" (art. 19.2 del Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre (LA LEY 18232/2015)).

Asimismo, calificar de "obligación muy exorbitante", el tener que consultar el buzón de LexNET con la asiduidad que exija el número y naturaleza de los asuntos judiciales que tienen a su cargo aquellos profesionales de la Justicia que, "como es el caso, sólo actúen esporádicamente en el territorio competencia [d]el Ministerio de Justicia", parece olvidar que será siempre una opción libre de dicho profesional el actuar en partidos judiciales distintos a aquel donde está colegiado, y que suya es la responsabilidad consecuente de racionalizar entonces su trabajo.

Por otro lado, ya se ha dicho que la utilización del sistema LexNET resulta claramente mayoritaria en las Administraciones de Justicia competentes, pero en aquellas Comunidades Autónomas que disponen de otros sistemas, el modo de funcionamiento resulta similar. En el caso de la Comunidad Autónoma de Cataluña, a la que parece querer referirse el Auto que promueve la cuestión respecto del Graduado Social actuante en el proceso a quo, hemos visto que precisamente la recepción electrónica de las notificaciones -supuesto planteado en el proceso a quo- se efectúa a través, también, del sistema LexNET, lo que por tanto es conocido por los profesionales de la justicia que actúan allí.

El mismo rechazo merece el considerar, en fin, como obligación "exorbitante", la consulta del expediente digital por el particular, persona física o jurídica, que actúa sin postulación y hace uso de los canales electrónicos habilitados, en los términos que ya se explicaron en el fundamento jurídico cuarto de este Sentencia.

d) El Auto promotor de la cuestión de inconstitucionalidad, por último, habla de una "confianza legítima" en que la obligación de aviso será cumplida por el órgano judicial, por lo que se supone que entre tanto no corre plazo alguno del acto de comunicación, y proclama que aquella confianza no puede ser quebrantada por mor del inciso cuestionado.

Cabe precisar, ante todo, que la manifestación del principio de confianza legítima a la que alude el Auto promotor de la cuestión, no guarda relación con aquella relacionada con los perjuicios derivados de cambios normativos, en concreto y por ejemplo, "la confianza de los ciudadanos que ajustan su conducta económica a la legislación vigente frente a cambios normativos que no sean razonablemente previsibles", con menoscabo de la seguridad jurídica del art. 9.3 CE (LA LEY 2500/1978), sobre la cual tenemos asentada doctrina reiterada (por todas, STC 51/2018, de 10 de mayo (LA LEY 59042/2018), FJ 5 y las Sentencias que ahí se citan),

Tampoco se trata de la confianza legítima que deriva, ya en el terreno jurisdiccional, de las actuaciones precedentes de un órgano de justicia en el mismo proceso o en otros similares, susceptibles de configurar un criterio previsible de proceder, el cual sin embargo deja de seguirse sin razón que lo justifique y con menoscabo de la posición de una de las partes, lo que también hemos reputado como una quiebra de aquel principio, con vulneración de un derecho fundamental (entre otras, SSTC 58/2000, de 28 de febrero (LA LEY 47584/2000), FJ 4; 135/2008, de 27 de octubre (LA LEY 158940/2008), FJ 4; 13/2017, de 30 de enero (LA LEY 2478/2017), FJ 2).

Más tiene que ver lo que esgrime el Auto con una aplicación razonable de las normas jurídicas procesales otorgantes de derechos, obligaciones y cargas a las partes, cuya inobservancia determina la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE (LA LEY 2500/1978)), puesto que entonces "sufre la confianza legítima generada por los términos en que fue conformada la realidad jurídica en el proceso". Así lo hemos apreciado, por ejemplo, (i) respecto de aquellas normas que garantizan el principio de contradicción dentro de un proceso [STC 278/2006, de 25 de septiembre (LA LEY 112430/2006), FJ 3.b)]; o (ii) las que configuran el carácter tasado de los recursos extraordinarios contra sentencias y autos, y por tanto lo que en ellos se puede debatir y lo que no (entre otras, SSTC 53/2005, de 14 de marzo (LA LEY 984/2005), FJ 5; 56/2007, de 12 de marzo (LA LEY 8637/2007), FJ 5; 205/2007, de 24 de septiembre (LA LEY 153666/2007), FJ 6; y 176/2016, de 17 de octubre (LA LEY 166327/2016), FJ 3, todas para el recurso de suplicación; y STC 172/2016, de 17 de octubre (LA LEY 145324/2016), FJ 5, para el de casación). Solo como excepción, hemos admitido la invocación del referido principio cuando la garantía no está prevista legalmente, pero goza de reconocimiento reiterado previo por jurisprudencia de este Tribunal (STC 119/1999, de 28 de junio (LA LEY 11093/1999), FJ 5).

Ahora bien, en el presente caso no puede reclamarse una confianza legítima en la aplicación de un precepto que no existe, pues ninguno de los previstos en la LEC o en la normativa sobre comunicaciones electrónicas en el ámbito de la Justicia plasman una vinculación o condicionamiento de los efectos propios de las notificaciones procesales practicadas por vía LexNET (o plataforma similar), con la realización del aviso sobre la puesta a disposición de ese acto procesal, en el dispositivo, servicio de mensajería simple o dirección de correo electrónico, facilitado por el profesional interviniente.

Justamente lo que se contempla es lo contrario, y lo hace por dos veces el párrafo tercero del art. 152.2 LEC (LA LEY 58/2000), en sus incisos primero y tercero, este último cuestionado por el Auto de la Sala de lo Social. Tal circunstancia impide considerar la norma objeto de examen como contraria al art. 24.1 CE (LA LEY 2500/1978), desde el prisma del desconocimiento del principio de confianza legítima que se argumenta, pues éste no puede proclamarse a partir de un entendimiento particular del ordenamiento procesal en el que, uno o más preceptos deben ser anulados (sin que contradigan la Constitución) solo para facilitar la que se considera una mejor aplicación de otros, o para alcanzar una solución jurídica supuestamente más adecuada o justa, en este caso en orden al cómputo de ciertos plazos procesales.

El rechazo a los motivos esgrimidos por la Sala de lo Social competente, conduce a desestimar la presente cuestión de inconstitucionalidad, atendiendo a los términos en que la misma ha sido planteada.