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PRIMERO.- El problema que suscita el presente recurso de casación unificadora se centra en determinar si para el enjuiciamiento de la acción en su día entablada por el demandante en el proceso de origen (acción que él calificó de despido) resulta o no competente este orden jurisdiccional social. La respuesta dependerá de que la relación jurídica que unía a dicho actor con la mercantil demandada deba calificarse o no como de laboral.

La sentencia aquí recurrida por el demandante fue dictada el 11 de mayo de 2004 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (LA LEY 110170/2004), y declaró la falta de competencia de este orden jurisdiccional social para conocer de la demanda por despido que el aludido actor había interpuesto contra la decisión de la empresa Instituto Municipal de Suelo de Móstoles, S.A., en el sentido de disponer el cese de aquél en los servicios que había venido prestando a éste. El relato de hechos probados de la resolución combatida figura literalmente transcrito en el lugar oportuno de la presente. De él interesa destacar aquí que el aludido demandante (abogado) y la mencionada empresa suscribieron un contrato el día 1 de febrero de 1990, que las partes denominaron de arrendamiento de servicios de asistencia jurídica. Pactaron, en esencia, que el letrado se comprometía a la asistencia fija a las oficinas del Instituto un día a la semana, en horario habitual de oficina, comprometiéndose asimismo a asistir a las reuniones del Consejo de Administración del Instituto, y a cuantas reuniones de trabajo resultaran necesarias para el desarrollo de su labor. El contenido material del trabajo a desarrollar incluía el asesoramiento e informes jurídicos relativos a la actividad de la empresa y sus relaciones con terceros en los aspectos que se especifican en la resultancia fáctica. La cuantía de la retribución pactada consistía inicialmente en 70.000 pesetas mensuales más IVA.

La actividad del letrado consistió en hacerse cargo del departamento jurídico, dependiendo orgánica y funcionalmente del gerente, al que asesoraba en cuestiones jurídicas; participaba en las reuniones de dirección; formaba parte de la mesa de contratación, e intervenía como asesor en cuantas actividades del Instituto podían entrañar un contenido jurídico.

En una reunión celebrada por el Consejo de Administración el 16 de marzo de 2001, se acordó que el actor pasara a realizar funciones de «asesor jurídico del Consejo de Administración y del gerente», con dependencia jerárquica directa y exclusiva de éste. A partir de entonces, apareció el demandante en el organigrama del Instituto fuera del área jurídica y en dependencia directa del gerente y del Consejo de Administración; percibía una cantidad regular por doce mensualidades, cantidad que se incrementaba anualmente, ascendiendo últimamente a 3.002,67 euros mensuales, y los servicios prestados los llevaba a cabo acudiendo tres días a la semana, de diez a quince horas, a las oficinas del Instituto, en las que, en ocasiones y durante el aludido horario, atendía también a algunos clientes particulares. Utilizaba para su trabajo el ordenador de la empresa y disfrutaba un mes de vacaciones anualmente, si bien, a veces, tomaba otros períodos adicionales.

Al serle comunicado el 15 de julio de 2003 que la empresa prescindía de sus servicios en virtud de la cláusula 7ª del contrato (relación basada en la mutua confianza, sin que la finalización de aquélla diera lugar a ningún tipo de indemnización propiamente dicha, sino únicamente al abono de la liquidación pendiente), formuló el letrado demanda por despido, que fue estimada por el Juzgado, pero la decisión de éste se revocó en sede de suplicación, pronunciándose la Sala en los términos que más arriba hemos dejado expuestos. Contra esta sentencia de suplicación ha interpuesto el actor el presente recurso de casación unificadora.

SEGUNDO.- Como resolución de contraste, a los fines previstos en el art. 217 de la Ley de Procedimiento Laboral (LA LEY 1444/1995) (LPL), aporta el recurrente la sentencia dictada el día 12 de noviembre de 1996 por la homónima Sala y Tribunal de Valencia, cuya certificación obra en autos con expresión de su firmeza. Enjuició ésta el supuesto de un letrado que concertó con un Ayuntamiento la prestación de servicios como asesor jurídico, girando sus facturas como «honorarios profesionales de letrado», y revelando la prueba que aquél había venido trabajando sin solución de continuidad al servicio del Ayuntamiento, bajo la dirección y dependencia directa del Alcalde y recibiendo también órdenes del secretario y del concejal de Urbanismo, en servicios de asesoramiento jurídico sobre la legalidad de acuerdos y decisiones que la Corporación hubiera de adoptar, emitiendo los correspondientes dictámenes verbales o escritos; realizaba su trabajo en las propias dependencias municipales, sometido a jornada y horario (martes de 11 a 14 horas y jueves de 11:30 a 14:30 y de 16:30 a 19:30), en cuyo horario, ocasionalmente, también atendía al público y colaboraba con otros funcionarios; disfrutaba vacaciones durante el mes de agosto y percibía una retribución fija anual de 1.881.000 pesetas, justificándolas mediante recibos que se titulaban «minutas de honorarios profesionales» en concepto de «asistencia y asesoramiento al Ayuntamiento y a su Alcalde Presidente», en los que se incluía el recargo de 15 por ciento por el IVA y se retenía otro porcentaje por el IRPF.

Al resolver el Ayuntamiento el contrato, el letrado formuló demanda por despido, declarándose el Juzgado incompetente por razón de la materia al entender que no existía relación laboral; pero la Sala de suplicación consideró que existía un auténtico contrato de trabajo, y anuló las actuaciones necesarias para que el aludido Juzgado entrara a conocer del fondo de la acción de despido.

Tanto la parte demandada (ahora recurrida), en su escrito de impugnación, como el Ministerio Fiscal, en su preceptivo informe, sostienen que las dos resoluciones en presencia no son legalmente contradictorias, en el sentido que a este término atribuye el citado art. 217 de la LPL (LA LEY 1444/1995). Ello nos impone atender en primer término a esta cuestión, pese a que ya en su día entendiéramos que tal contradicción concurría, lo que dio lugar a que admitiéramos el recurso por providencia de 12 de noviembre de 2004.

TERCERO.- Es exigencia del artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral (LA LEY 1444/1995), para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina, que exista una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otra resolución judicial firme, que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. La contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto de los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales». Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas, al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales, según ha declarado la Sala en sentencias de 27 y 28 de enero de 1992, 23 de septiembre de 1998 y otras posteriores.

El examen comparativo de las dos resoluciones en contraste, a la vista de cuanto hemos dejado descrito respecto de cada una de ellas, pone de manifiesto que entre las mismas concurre la triple identidad de hechos, fundamentos y peticiones que el repetido art. 217 de la LPL (LA LEY 1444/1995) requiere, por más que existan algunas diferencias de matiz que hacen que tales resoluciones no sean totalmente idénticas, pese a lo cual sí se produce la identidad sustancial exigida por el precepto en cuestión.

En efecto: no existe duda acerca de la identidad de peticiones y de fundamentos de pedir, pues en ambos casos se había ejercitado una acción de despido, con base en que los respectivos demandantes sostenían que entre ellos y su empleadora existía una relación laboral, y se postulaba que dichos despidos se declararan no ajustados a Derecho; entre estos dos elementos existe, pues, identidad absoluta.

Por lo que a las respectivas situaciones de hecho se refiere, concurren, ciertamente, algunas diferencias, pero éstas son meramente accidentales (principalmente referidas a que la literalidad del contrato suscrito no consta en la resolución referencial y que la empleadora en un caso fue una sociedad anónima y en otro un Ayuntamiento), pues lo verdaderamente relevante a estos efectos es que en ambos supuestos un letrado contrató con una persona jurídica (en un caso entidad mercantil y en otro Corporación local) la prestación de sus servicios como asesor jurídico; reflejándose en el contrato que la forma de retribución por los servicios era la propia de un profesional liberal correspondiente a la titulación de la que estaban en posesión ambos demandantes, esto es: una cantidad en concepto de honorarios, que se gravaba con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA); también en los dos casos la prueba reveló que los respectivos actores percibían una retribución periódica fija, prestaban sus servicios en las instalaciones o dependencias de las demandadas y con los elementos de éstas, estaban sujetos a un horario, dependían en un caso del gerente y en otro del Alcalde, de los que recibían órdenes, y disfrutaban de vacaciones periódicas, que ha de entenderse eran retribuidas, pues no consta nada en contrario en la resultancia fáctica. Pues bien: pese a todo ello, en cada caso recayeron decisiones de signo divergente, de tal suerte que las resoluciones que nos ocupan deben ser calificadas legalmente de contradictorias, cumpliéndose así esta condición de procedibilidad legalmente requerida.

Procede, en definitiva, entrar en el tratamiento y decisión de la controversia que con el recurso se nos plantea.

CUARTO.- Aparte de la presunción «iuris tantum» de laboralidad que el art. 8.1 del Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 1270/1995) (ET) atribuye a la relación existente entre quien presta un servicio retribuido y quien lo recibe, el propio Estatuto, en su art. 1.1, delimita, desde el punto de vista positivo, la relación laboral, calificando de tal la prestación de servicios con carácter voluntario cuando concurran, además de dicha voluntariedad, tres notas que también han sido puestas reiteradamente de manifiesto por la jurisprudencia (por todas, sentencia de esta Sala de 19 de julio de 2002 (LA LEY 7692/2002), recurso 2869/2001), cuales son, «la ajeneidad en los resultados, la dependencia en su realización y la retribución de los servicios».

La sentencia recurrida calificó de no laboral la relación jurídica existente entre las partes contratantes, apoyándose, de manera principal y casi única, en el contenido del documento firmado por ambos el 1 de febrero de 1990, en el que los aludidos contratantes denominaron tal relación como «arrendamiento de servicios de asistencia jurídica», llamando «honorarios» a la retribución, haciendo mención a que el letrado percibiría asimismo el IVA, y pactando también que la relación contractual se basaba en la mutua confianza, por lo que se entendía que «su rescisión o su no renovación» (sic) no daría lugar a ningún tipo de indemnización más allá de la liquidación de los honorarios pendientes.

No ha tenido en cuenta, sin embargo, el Tribunal «a quo» que, tal como razonábamos en nuestra sentencia de 29 de diciembre de 1999 (LA LEY 5861/2000) (recurso 1093/1999), «es reiterada la jurisprudencia de esta Sala que declara la irrelevancia de la calificación que las partes otorguen a un contrato, señalando que la naturaleza jurídica de un ente contractual viene determinada por el conjunto de derechos y obligaciones que se pactan y las que realmente se ejercitan (entre otras muchas, SSTS/IV 20 Sep. 1995 --recurso 1463/1994--, 15 Jun. 1998 --recurso 2220/1997--, 20 Jul. 1999 --recurso 4040/1998--), y que la dependencia --entendida como situación del trabajador sujeto, aun en forma flexible y no rígida, ni intensa, a la esfera organicista y rectora de la empresa--, y la ajeneidad, respecto al régimen de retribución, constituyen elementos esenciales que diferencian la relación de trabajo de otros tipos de contrato (entre otras, SSTS/IV 14 Feb. 1994 --recurso 123/1992--, 27 May. 1992 --recurso 1421/1991--, 10 Abr. 1995 --recurso 2060/1994--, 20 Sep. 1995 --recurso 1463/1994--, 22 Abr. 1996 --recurso 2613/1995--, 28 Oct. 1998 --recurso 4062/1997--, Sala General); si bien el requisito de dependencia no concurre cuando el contratado actúa con plena autonomía (entre otras, STS/IV 7 Mar. 1994 --recurso 615/1993--)».

Por ello, no puede limitarse el intérprete de un contrato a contemplar la mera literalidad del documento en que dicho contrato aparece plasmado, sobre todo cuando existe algún indicio que haga abrigar la sospecha en el sentido de que en el contrato ha mediado simulación. Ésta, no siempre se revela de manera evidente, por «el natural empeño que ponen los contratantes en hacer desaparecer todos los vestigios de la simulación y por aparentar que el contrato es cierto y efectivo reflejo de la realidad» (sentencias de la Sala 1ª de este Tribunal Supremo de 15 Nov. 1993 (LA LEY 172/1994) --recurso 746/1991--; 27 Feb. 1998 (LA LEY 4482/1998) --recurso 327/1994--; 6 Jun. 2000 (LA LEY 8243/2000) --recurso 2386/1995-- y 29 Oct. 2004 (LA LEY 10014/2005) --recurso 2749/1998--, entre otras muchas), por lo que la jurisprudencia aconseja en estos casos a acudir, bien a la prueba de presunciones, o bien a las reglas de interpretación de los contratos para desentrañar la verdadera naturaleza de determinados pactos.

Por lo que al campo de las relaciones laborales se refiere, la experiencia de juzgar enseña que, con gran frecuencia, las partes contratantes atribuyen al genuino contrato de trabajo la apariencia documental de alguna de las modalidades del contrato civil de arrendamiento de servicios, plasmando documentalmente pactos que, o bien no responden a la realidad de lo acordado, o bien tratan de enmascararla de algún modo. En estos casos, las reglas de la interpretación de los contratos constituyen una valiosa ayuda para desentrañar la verdadera naturaleza de la relación, señaladamente el art. 1282 en relación con el segundo párrafo del art. 1281, ambos del Código Civil, atendiendo a los actos coetáneos de los contratantes, y también a los posteriores, para descubrir cuál había sido la verdadera intención de quienes llevaron a cabo el pacto.

QUINTO.- En el presente supuesto, aparece con la suficiente claridad que las declaraciones reflejadas en el documento de 1 de febrero de 1990 no responden en modo alguno a lo verdaderamente pactado por los contratantes, y así lo pone de manifiesto la realidad que la prueba revela acerca de la conducta que se prolongó no sólo hasta el acuerdo del Consejo de Administración de la empresa demandada, de fecha 16 de marzo de 2001, sino incluso la posterior a esta última fecha, hasta la de comunicación del cese, conducta que revela la existencia de las notas de ajeneidad, dependencia y retribución de los servicios que voluntariamente vino prestando el actor a la demandada.

La ajeneidad resulta, en primer lugar, de la presunción «iuris tantum» del art. 8.1 del ET, a la que ya antes nos hemos referido, y que traslada a la receptora de los servicios la carga de acreditar que era quien los prestaba el que recibía la utilidad de ellos, prueba aquí no conseguida. Y cuando se trata, cual es aquí el caso, de que sea un profesional liberal quien presta tales servicios, la nota de ajeneidad viene también íntimamente ligada a la forma de retribución, constituyendo un claro indicio que inclina a pensar en el arrendamiento de servicios el hecho de que la retribución se perciba en función de los asuntos en los que el profesional ha intervenido, mientras que juega a favor de la relación laboral el hecho de que la retribución obedezca a un parámetro fijo (sentencias de esta Sala de 9 (LA LEY 12720-R/1990) y de 24 de febrero de 1990 (LA LEY 795-4/1990)), siendo esto último lo que en el presente caso acontece.

La dependencia aparece fuera de toda duda, resultando así, en primer lugar, del hecho de que el actor --sobre todo a partir del Acuerdo del Consejo de Administración de 16 de marzo de 2001-- se encontrara en dependencia directa del gerente y del Consejo de Administración y, en segundo término, de las circunstancias concurrentes de estar sujeto a un horario, disfrutar de un período anual de vacaciones (habrá de entenderse, ante la ausencia de indicio alguno en contrario, que éstas eran retribuidas) y llevar a cabo su labor en las dependencias de la propia empleadora, y utilizando los medios de la misma, como era el ordenador; nada de todo esto es imaginable si los servicios prestados a la empresa fueran los propios de un profesional liberal (abogado en ejercicio).

Es verdad que, respecto del horario, tenía cierta flexibilidad el demandante, pero ello es propio y habitual en trabajadores con alta cualificación. También es cierto que, a veces, atendía a clientes particulares en las instalaciones de la demandada y dentro del horario de trabajo que en ella tenía asignado; pero ello no es, por sí solo, bastante para desnaturalizar o neutralizar la nota de dependencia, pues perfectamente puede obedecer, bien a tolerancia por parte de la empresa, o simplemente a defectuoso cumplimiento de sus deberes por parte del empleado.

Finalmente, por lo que a la retribución se refiere, está perfectamente acreditado que ésta consistía en una cantidad regular por doce mensualidades, que se incrementaba anualmente , ascendiendo en los últimos tiempos a 3.002,67 euros mensuales, y ello sea cual fuere la denominación que en el documento contractual inicial se otorgó a dicha remuneración: su verdadera naturaleza es la de salario de un trabajador y no la de honorarios de un profesional liberal , por más que el actor también ejerciera la profesión de abogado, al margen de los servicios que prestaba a la demandada.

SEXTO.- A la vista de lo razonado, se llega a la conclusión de que la relación existente entre las partes era constitutiva de un auténtico contrato de trabajo, por lo que la competencia para enjuiciar el conflicto surgido entre trabajador y empresario con motivo del desarrollo de dicha relación viene atribuida a este orden jurisdiccional social, por los arts. 1º (LA LEY 1444/1995) y 2º a) de la LPL (LA LEY 1444/1995), que por el recurrente se citaron como infringidos.

Al haberse apartado la sentencia recurrida de la doctrina correcta, procede casarla, y resolver conforme a la ortodoxia doctrinal el debate suscitado en suplicación (art. 226.2 de la LPL (LA LEY 1444/1995)). Como la petición de dicho recurso se limitó a que la Sala revocara la resolución de instancia por considerar la relación entre las partes constitutiva de un contrato civil de arrendamiento de servicios, lo que procede ahora es desestimar dicho recurso de suplicación y, consiguientemente, confirmar la sentencia del Juzgado. Sin costas, por no concurrir los condicionamientos que para su atribución contempla el art. 233.1 del invocado Texto procesal.