Juzgado de lo Social nº 3 Bilbao, Sentencia 128/2019, 4 Abr. Rec. 314/2018 (LA LEY 65124/2019)
La esposa del titular de una farmacia observó una incidencia con un producto de nevera de importe de 150,95 euros y cuando procede a verificar informáticamente que es lo que ha ocurrido para que se produzca el desfase, descubre que de este producto de nevera vendido en una ocasión constan hasta cinco devoluciones en metálico, operación que supone el incremento del stock por el producto que se devuelve y que, acto seguido, informáticamente se procede a restar un producto del stock del mismo para que no se descuadre éste y no aparezca un producto de más, a ello sigue el registro de una nueva operación con una venta de parafarmacia de escaso valor.
El número de empleado que realiza informáticamente la operación coincide con el de la trabajadora demandante que es despedida tras verificarse, gracias a las cámaras de seguridad, que uno de los días en los que se hace informáticamente la operación, en el puesto de trabajo en el que se desarrolla, - puesto de trabajo junto a la nevera-, se observa a la demandante cogiendo la caja del producto, escaneándola y volviendo a guardarla en la nevera.
Concurren en el caso especiales circunstancias que permiten flexibilizar las exigencias en torno a la existencia de cámaras de vigilancia en la farmacia en la que la trabajadora despedida trabajaba desde hacía 10 años.
Conocía la existencia y concreta ubicación de las cámaras y que éstas grababan imágenes, de todo ello fue informada cuando se la contrató. Además, por llevar 10 años prestando servicios en la farmacia, conocía en particular la existencia de la cámara ubicada en el departamento de la nevera, lugar no accesible al público, y por ende, permite presumir que tenía por objeto el control de la actividad laboral.
Aunque pudiera ser reprochable al empleador que no estableciera de forma clara y meridiana que las cámaras eran para el control de la actividad laboral con una información adicional a la prevista inicialmente en el contrato, con tantos años trabajando en la oficina podía la trabajadora al menos imaginar que las cámaras tenían por objeto el control de la actividad laboral.
La empresa vino haciendo un uso proporcionado de las visualizaciones hasta que por un hallazgo causal de irregularidades en el sistema informático, y para validar la autoría, procede a visualizar las grabaciones solo en los días en los que se produce la irregularidad al existir devoluciones sospechosas. Lo limitado en el tiempo y en el espacio hace que el uso de las grabaciones resulte proporcional.
Esta visualización, por ser necesaria, está dentro de los límites constitucionales. No supone una injerencia ilegitima en la intimidad de la trabajadora que determine la nulidad de la prueba de grabación.
Ahora bien, el despido disciplinario de la farmacéutica ha de calificarse de improcedente, porque de las meras visualizaciones de las grabaciones no se desprende con rotundidad total la autoría de los hechos imputados. Ha sido detectada la irregularidad con el visionado, pero no su causante de forma efectiva y suficiente. Y ello es porque el número de empleado que cada uno de los farmacéuticos tenía para registrar cualquier operación que realizaba en el programa informático no era personal. Cualquiera podía utilizar el de otro empleado y así se ha ratificado con el informe pericial en el que no se establece de forma clara que las operaciones irregulares se hicieran en un puesto de trabajo concreto y con un número de empleado fijo, por lo que bien pudieron varios farmacéuticos estar operando a la vez en diferentes puestos.