2.- Los artículos 21 (LA LEY 1/1889) y 22 del Código Civil (LA LEY 1/1889) sujetan la concesión de la nacionalidad española por residencia a dos tipos de requisitos: unos de carácter definido como son la formulación de la correspondiente solicitud y la residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición durante los plazos de diez, cinco, dos o un año, que según los casos se establece; y otros configurados como conceptos jurídicos indeterminados, bien de carácter positivo como es el caso de la justificación de buena conducta cívica y el suficiente grado de integración en la sociedad española, o bien de carácter negativo como es el caso de los motivos de orden público o interés nacional que pueden justificar su denegación.
Los primeros no plantean problema para su apreciación, y en cuanto a los segundos, por su propia naturaleza de conceptos jurídicos indeterminados, precisan de la concreción adecuada a las circunstancias concurrentes en cada caso cuya valoración lleva a una única solución justa, jurisdiccionalmente controlable, que debe adoptarse por la Administración ( art. 103 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) ), sin que propicien soluciones alternativas propias de la discrecionalidad administrativa.
Así ha declarado la sentencia de 24 de abril de 1999 , citando otras muchas como las de 22-6-82 , 13-7-84 , 9-12-86 , 24-4 , 18-5 , 10-7 y 8-11 de 1993 , 19-12-95 , 2-1-96 , 14-4 , 12-5 - y 21-12- de 1998 y 24-4-99 , que en la apreciación de los conceptos jurídicos indeterminados, como orden público e interés nacional, resulta excluida la discrecionalidad de la Administración, porque la inclusión de un concepto jurídico indeterminado en la norma a aplicar no significa, sin más, que se haya otorgado capacidad a la Administración para decidir con libertad y renunciar a la solución justa del caso, sino que viene obligada a la única decisión correcta a la vista de los hechos acreditados, añadiendo que el reconocimiento de la nacionalidad española no es una potestad discrecional sino un deber cuando concurren los requisitos legalmente previstos. Por ello, la propia sentencia señala que la nacionalidad tiene la auténtica naturaleza jurídica de estado civil de la persona, por lo que su adquisición por residencia no puede confundirse con la que se lleva a cabo por carta de naturaleza, pues mientras ésta constituye un genuino derecho de gracia, en que el requisito de la solicitud tiene el significado de ocasión o motivo pero no causa jurídica de la misma, la adquisición por residencia no puede concederse o denegarse sino cuando concurran las circunstancias legalmente previstas, de manera que no se trata de una concesión "stricto sensu" sino de un reconocimiento por concurrir al efecto los requisitos exigibles.
En el presente caso, según se desprende del expediente, la Administración deniega la solicitud por su falta de integración con referencia a la de terceras personas: sus padres.
3.- En cuanto al motivo de denegación esgrimido en la resolución recurrida, ha de significarse que la integración social deriva de la armonización del régimen de vida del solicitante con los principios y valores sociales, que en gran parte tienen su reflejo constitucional, el grado de implicación en las relaciones económicas, sociales y culturales, así como el arraigo familiar, todo lo cual ha de justificar el interesado o desprenderse de las actuaciones reflejadas en el expediente.
Pues bien, en este caso,
estamos ante un varón nacido en Melilla, España, el NUM001 -2001,
nacional de MARRUECOS por "ius sangüinis" (nacido en España de padres marroquís),
que cuando solicita la nacionalidad Española, asistido de sus progenitores, el 22-3-2013, si bien es menor de edad, está a punto de cumplir los 12 años y que no fue examinado personalmente por el Encargado que se limitó a examinar a sus padres con fecha 2-9-2013 con un resultado similar en ambos casos ( "(...) No se le ofrece la posibilidad de realizar la entrevista por escrito a la interesada al manifestar ella misma que no sabe muy bien leer ni escribir, realizándose la misma oralmente. Se manifiesta que el interesado apenas habla español. Asimismo realizada la prueba de lectura y escritura se desprende que no sabe ni leer ni escribir. En relación a la entrevista realizada se desprende fue NO se puede considerar integrado (...) ")
La resolución se sustenta, sin más precisiones, sobre la base de lo apreciado por el Encargado del Registro Civil de Melilla en cuyo auto de 16-10-2013 se limita a señalar: " Dado que en este caso en concreto, no se han cumplido los requisitos exigidos por la ley para adquirir la nacionalidad española, por no haber quedado acreditado suficientemente el grado de integración, se informa desfavorablemente ."
Si se acude al expediente se puede observar que pese a la edad del solicitante el Encargado se limitó a examinar de integración a su padre, Dimas ,
y a su madre, Amelia ,
no siendo ellos los que solicitaban la nacionalidad, y apreciando en ambos serias limitaciones idiomáticas ya que apenas hablaban español y no sabían leer y escribir y un muy limitado conocimiento del país. Ha de entenderse que
la falta de integración del solicitante, pese a ser una circunstancia de índole estrictamente personal, se hace descansar, en este caso, en el particular de la de sus progenitores y se viene a inferir, sin más, que no concurre ante los inconvenientes idiomáticos y de conocimiento que los dos presentaban. No en vano la posición del Abogado del Estado en su contestación a la demanda se sustenta en suponer que la integración del solicitante descansa, exclusivamente, sobre la de sus progenitores en particular para verificar el conocimiento del idioma por parte de los padres o representantes legales de menor, " por ser el vehículo que le procurará en el futuro una adecuada integración en la sociedad española ".
Para centrar los estándares de integración en casos de menores ha de tener en cuenta que el nuevo procedimiento para adquirir la nacionalidad española previsto en la Disposición Final Séptima de la Ley 19/2015 (LA LEY 11653/2015) de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil excluye de la superación de la prueba de idioma y de conocimientos constitucionales y socio culturales de España, que se exigen con carácter general, a los menores de edad.
A diferencia del caso citado de la sentencia de esta Sala y Sección de 28-1-2016 (Rec. 92/2014 (LA LEY 1136/2016) ) referente a un menor que, por su corta edad, ni siquiera estaba escolarizado, y cuyos padres, que tuvieron que ser examinados con interprete, asumían su escaso/nulo contacto con la sociedad española pese al tiempo que llevaban residiendo, en el caso de autos
estamos ante un menor nacido en España, residente en España, que cuando solicita está a punto de cumplir 12 años de edad (14 años cumplidos a la fecha de la resolución recurrida), con autorización de residencia legal desde el 27-12-2011, debidamente escolarizado, respecto del que la DGP y GC en su informe de 7-12-2014 viene a concluir que habla español y tiene arraigo, sin que tenga ningún tipo de antecedente y que, como es lógico, vive con y depende de sus padres, constando que la madre percibe una renta de inserción.
Con base a lo anterior,
supera por sí mismo los estándares de integración que le son exigibles dadas sus propias circunstancias personales sin que puedan trasvasársele los inconvenientes que al respecto presentan sus padres. No se está enjuiciando si debe o no darse la nacionalidad a sus progenitores y la ley española no impone que la nacionalidad del hijo tenga que permanecer invariable desde su nacimiento y seguir la de los padres mientras sea menor de edad.
No en vano, con el mismo contenido del expediente, el Ministerio Fiscal se pronunció favorablemente: " Que nada tiene que oponer a la concesión de la nacionalidad española por residencia respecto del menor Javier , el cual ha comparecido asistido por sus representantes legales, ya que, a la vista de la documentación aportada, considera que han quedado acreditados la concurrencia en el mismo de los requisitos exigidos para ello en los
artículos 22 (LA LEY 1/1889)
y
23 del Código Civil (LA LEY 1/1889) .", conclusión que por lo expuesto parece la conforme al caso de autos.
Todo ello lleva a concluir que
la Administración no ha efectuado una valoración ponderada y proporcionada de las circunstancias concurrentes en este caso para denegar la nacionalidad española, por lo que ha de estimarse el recurso.