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1. Por entenderla contraria al derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho de acceso a los recursos legalmente establecidos (art. 24.1 CE (LA LEY 2500/1978)), la demandante impugna en amparo la decisión judicial de no tener por anunciado el recurso de suplicación interpuesto contra la Sentencia de 2 de octubre de 2014, dictada en los autos núm. 319-2014 del Juzgado de lo Social núm. 2 de Bilbao, acordada en el Auto de este último órgano judicial de fecha 11 de febrero de 2015 y confirmada en la sucesiva queja por el Auto de 2 de junio de 2015 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (recurso de queja núm. 412-2015).

Aunque la recurrente afirme dirigir su pretensión contra el último Auto citado, el objeto de este proceso constitucional debe entenderse extendido a los pronunciamientos que el Auto resolutorio de la queja vino a confirmar. En efecto, es doctrina reiterada de este Tribunal que cuando se impugna en el recurso de amparo una resolución judicial confirmatoria de otras que han sido lógica y cronológicamente presupuesto de aquélla, han de considerarse también recurridas esas precedentes resoluciones (por todas, STC 182/1990, de 15 de noviembre (LA LEY 1575-TC/1991), FJ 2, o recientemente STC 149/2015, de 6 de julio (LA LEY 104918/2015), FJ 1).

En su opinión, la remisión legal contenida en el art. 184 LRJS (LA LEY 19110/2011) a específicas modalidades procesales en función del objeto del proceso en modo alguno consiente una distinta protección de un mismo derecho fundamental. Los procedimientos excluyentes del de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas (arts. 177 y siguientes LRJS (LA LEY 19110/2011)) al que la norma remite en aquel precepto en función del objeto del litigio, como ocurre con la modalidad procesal de modificación sustancial de condiciones de trabajo, deberán contar con las mismas garantías que aquél, incluido el acceso a la suplicación [art. 191.3 f) en relación con los arts. 178.2 (LA LEY 19110/2011) y 184 LJS (LA LEY 19110/2011)], pues se deduce de la jurisprudencia constitucional y de la propia regulación procesal la "exportabilidad de las garantías" o el "efecto migratorio de las reglas y garantías del procedimiento", a fin de que en todas las modalidades procesales citadas por el art. 184 LRJS (LA LEY 19110/2011) operen "las reglas y garantías previstas" de la modalidad especial de tutela, cuando se trate de procesos en las que se invoque la lesión de derechos fundamentales.

En el trámite de alegaciones el Ministerio Fiscal ha interesado la estimación del recurso, con otorgamiento del amparo solicitado, en contra de lo que ha sostenido la representación procesal de la sociedad empleadora, personada en este proceso constitucional, según se relató con detalle en los antecedentes de la presente resolución.

2. Aunque ninguna de las partes comparecidas ha puesto en duda la especial trascendencia constitucional de este recurso, que es requisito para su admisión de conformidad con el art. 50.1 b) de nuestra Ley Orgánica reguladora y, por consiguiente, de orden público procesal (entre otras, STC 113/2012, de 24 de mayo (LA LEY 78848/2012), FJ 2, y las allí citadas), exigencias de certeza y buena administración de justicia (STEDH de 20 de enero de 2015, caso Arribas Antón c. España, § 46) obligan a explicitar el cumplimiento del mismo para hacer así recognoscibles los criterios empleados al efecto por este Tribunal.

La decisión de admitir el recurso, apreciando que concurría en el mismo especial trascendencia constitucional, se fundó en que da ocasión al Tribunal para aclarar o cambiar su doctrina como consecuencia de un proceso de reflexión interna [STC 155/2009, de 25 de junio (LA LEY 99408/2009), FJ 2 b)]. Y, en efecto, es constitucionalmente relevante despejar sin sombra de duda doctrinal si ex art. 24.1 CE (LA LEY 2500/1978), en su vertiente de derecho de acceso a los recursos legalmente establecidos, queda garantizado el derecho a recurrir en suplicación previsto en el art. 191.3 f) LRJS (LA LEY 19110/2011) cuando la pretensión sustanciada en el proceso se fundamente en lesiones de derechos fundamentales y libertades públicas, acumulada con las pretensiones propias de la modalidad procesal respectiva (arts. 26.2 (LA LEY 19110/2011) y 184 in fine LRJS (LA LEY 19110/2011)), con independencia de lo que disponga con carácter general en materia de recursos la regulación de la modalidad procesal a la que el art. 184 LRJS (LA LEY 19110/2011) se remita en cada caso.

3. A este respecto no podemos sino recordar la doctrina sentada por el Pleno de este Tribunal, que inauguró una línea constante y ya consolidada en nuestra jurisprudencia en materia de acceso al recurso. La STC 37/1995, de 7 de febrero (LA LEY 13037/1995), recoge esa posición reiterada y estable en la actualidad, que diferencia la tutela constitucional de distintas vertientes o derechos comprendidos en el genérico derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE (LA LEY 2500/1978)), señaladamente la correspondiente al acceso a la jurisdicción y al derecho de acceso a los recursos. Destacábamos entonces el acceso a la justicia como elemento esencial del contenido de la tutela judicial, consistente en provocar la actividad jurisdiccional que desemboque en la decisión de un Juez, y que en dicho acceso, o entrada, funciona con toda su intensidad el principio pro actione que, sin embargo, ha de ser matizado cuando se trata de los siguientes grados procesales que, eventualmente, puedan configurarse, puesto que el derecho a poder dirigirse a un Juez en busca de protección para hacer valer el derecho de cada quien tiene naturaleza constitucional por nacer directamente de la propia Ley suprema, mientras que, una vez recaída la primera respuesta judicial, que es el núcleo de la tutela, el derecho a seguir manteniendo viva la controversia se defiere a las leyes. Son, por tanto, cualitativa y cuantitativamente distintos, concluíamos, el acceso a la jurisdicción y el derecho a los recursos.

De ahí se deduce una conclusión principal, que reproducimos en los términos literales de aquel pronunciamiento (FJ 5): ‘‘El sistema de recursos se incorpora a la tutela judicial en la configuración que le dé cada una de esas leyes de enjuiciamiento reguladoras de los diferentes órdenes jurisdiccionales, sin que ni siquiera exista un derecho constitucional a disponer de tales medios de impugnación, siendo imaginable, posible y real la eventualidad de que no existan, salvo en lo penal (SSTC 140/1985 (LA LEY 493-TC/1986), 37/1988 (LA LEY 53432-JF/0000) y 106/1988 (LA LEY 1039-TC/1988)). No puede encontrarse en la Constitución ninguna norma o principio que imponga la necesidad de una doble instancia o de unos determinados recursos, siendo posible en abstracto su inexistencia o condicionar su admisibilidad al cumplimiento de ciertos requisitos. El establecimiento y regulación, en esta materia, pertenece al ámbito de libertad del legislador (STC 3/1983 (LA LEY 7529-JF/0000))". Como consecuencia de la anterior configuración, añadíamos mas tarde: ‘‘el principio hermeneútico pro actione no opera con igual intensidad en la fase inicial del proceso, para acceder al sistema judicial, que en las sucesivas, conseguida que fue una primera respuesta judicial a la pretensión cuya es la sustancia medular de la tutela y su contenido esencial, sin importar que sea única o múltiple, según regulen las normas procesales el sistema de recursos. Es distinto el enjuiciamiento que puedan recibir las normas obstaculizadoras o impeditivas del acceso a la jurisdicción o aquellas otras que limitan la admisibilidad de un recurso extraordinario contra una Sentencia anterior dictada en un proceso celebrado con todas las garantías (STC 3 1983 y 294/1994)’'.

A partir de ese parámetro de constitucionalidad, conforme hemos sentado también con reiteración, cuando diversos resultados interpretativos sean posibles sobre los requisitos procesales para el acceso a un recurso, cualquiera que fuere su grado de exactitud relativa respecto de la voluntad objetivada de la Ley o la subjetiva del legislador, la balanza constitucional no puede inclinarse en ningún sentido para optar entre dos soluciones igualmente razonables sin interferir en el núcleo de la potestad de juzgar cuya independencia de criterio predica la Constitución, ya que el amparo no está configurado como una última instancia ni tiene una función casacional, operantes una y otra en el ámbito de la legalidad (por todas, de nuevo, STC 37/1995 (LA LEY 13037/1995), FJ 6).

La reciente STC 149/2015, de 6 de julio (LA LEY 104918/2015), FJ 3, insiste en el contenido del canon de constitucionalidad en la materia: "la interpretación de los requisitos procesales y supuestos en que, conforme a la ley, proceden los recursos corresponde a los Tribunales ordinarios, no debiendo este Tribunal Constitucional revisar sus decisiones en la vía de amparo más que cuando se haya producido una denegación de la admisión a trámite del mismo arbitraria, irrazonable, intuitu personae, o incurriendo en error patente (SSTC 128/1998, de 16 de junio (LA LEY 6973/1998), FJ 4; 65/2002, de 11 de marzo (LA LEY 3596/2002), FJ 3, o 167/2003, de 29 de septiembre (LA LEY 13470/2003), entre otras). No se trata, por tanto, de interpretar las normas procesales en juego, sino de ver si la interpretación dada en el caso es compatible con el derecho fundamental".

En suma, con excepción del derecho a la revisión en materia penal en los concretos y matizados términos que ha precisado nuestra doctrina, el derecho a los recursos tiene su fuente en la configuración legal, sin que exista un imperativo o mandato constitucional de una segunda instancia; tampoco -y es éste un dato relevante- cuando en el objeto del litigio tenga protagonismo central la posible vulneración de derechos fundamentales.

Así, en definitiva, que una resolución judicial niegue la admisión de un recurso no la hace sólo por ello constitucionalmente sospechosa, más aún si tenemos en cuenta que, en atención a lo ya expuesto, ni siquiera una interpretación de los requisitos de acceso a un recurso caracterizada por su severidad o rigor es, en principio, contraria a la Constitución (STC 71/2002, de 8 de abril (LA LEY 4515/2002), FJ 6, por todas), siempre que constituya una de las posibles lecturas de la norma y que, se comparta o no, no resulte arbitraria, manifiestamente irrazonable ni incursa en error patente, no pudiendo este Tribunal Constitucional inclinarse por otra también admisible en Derecho, ni siquiera -decíamos en la Sentencia recién citada- si respondiese más plenamente a los valores incorporados al art. 24.1 CE (LA LEY 2500/1978), pues con ello rebasaríamos los límites trazados a nuestra jurisdicción.

4. La cuestión que se nos plantea exige atender, en suma, no tanto al sentido del pronunciamiento judicial impugnado -la denegación de la suplicación laboral en una determinada materia litigiosa resulta constitucionalmente posible-, sino al razonamiento seguido para alcanzarlo. Es precisamente en este contexto, el de la motivación de la decisión de inadmisión del recurso de suplicación en el presente supuesto de hecho, donde encuentra acomodo la tesis favorable al otorgamiento del amparo.

Tal y como se ha relatado en los antecedentes de esta Sentencia, con reproducción literal del Auto que cerró el proceso, el órgano judicial sostiene en su interpretación de la regulación legal que: (i) cuando la tutela del derecho deba necesariamente realizarse a través de las modalidades procesales a las que se remite el art. 184 LRJS (LA LEY 19110/2011), se aplicarán en cuanto a las pretensiones de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas las reglas y garantías referidas en el apartado 2 del art. 178 LRJS (LA LEY 19110/2011); (ii) los casos remitidos por el mencionado art. 184, sin perjuicio de la garantía recién señalada, se tramitarán con arreglo a la modalidad procesal correspondiente, dando carácter preferente a dichos procesos y acumulando en ellos, según lo dispuesto en el apartado 2 del art. 26 LRJS (LA LEY 19110/2011), las pretensiones de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas con las propias de la modalidad procesal respectiva; (iii) una lectura integrada o sistemática de los arts. 191.3.f) LRJS (LA LEY 19110/2011) (en el que se establece la recurribilidad en suplicación de los procesos relativos a la tutela de derechos fundamentales y libertades públicas) y 192.2 párrafo segundo de la misma Ley (en el que se dispone que "salvo expresa disposición en contrario" procederá el recurso de suplicación también cuando se ejerciten acciones acumuladas de las que sólo alguna sea recurrible a través de dicho recurso) determina que prevalezca en esta ocasión, como "expresa disposición en contrario", el art. 138.6 LRJS (LA LEY 19110/2011), "que es inequívoco tanto a la hora de establecer la inexistencia de suplicación con carácter general en la modalidad de modificación sustancial de condiciones de trabajo, como para configurar los supuestos que lo excepcionan y entre los cuales no figura el que nos ocupa".

La reseñada interpretación, sin embargo, no es compatible con las exigencias del derecho fundamental invocado (art. 24.1 CE (LA LEY 2500/1978)).

Para llegar a esa conclusión desde el prisma del derecho de acceso a los recursos (art. 24.1 CE (LA LEY 2500/1978)) no podríamos basarnos exclusivamente en la jurisprudencia ordinaria, pues ya se dijo anteriormente que la balanza constitucional no puede inclinarse en ningún sentido para optar entre dos soluciones igualmente razonables sin interferir en el núcleo de la potestad de juzgar, cuya independencia de criterio predica la Constitución en el ámbito de la legalidad.

Pese a ello no es inoportuno dar cuenta de que la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, señaladamente en la STS de 3 de noviembre de 2015 (rec. 2753/2014 (LA LEY 190689/2015)), en un asunto sobre vacaciones y tutela de derechos fundamentales, coincidente por tanto con el actual en cuanto al juego de la remisión del art. 184 LRJS (LA LEY 19110/2011), ha considerado recurrible en suplicación toda sentencia que resuelva una demanda que verse sobre tutela de derechos fundamentales, con independencia de la modalidad procesal que se haya seguido. Así, señala el Alto Tribunal: (i) que el tenor literal del art. 191.3 LRJS (LA LEY 19110/2011), con su expresión "en todo caso", únicamente puede significar que, en cualquier proceso en el que se interese la tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, procede la suplicación [letra f)], aunque en dicho proceso se ejercite una acción que esté excluida de la suplicación; (ii) que la finalidad de la regla enmarcada en el art. 191.3 f), al conceder recurso de suplicación, obedece a la preeminencia que la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas tiene en nuestro ordenamiento jurídico, manifestada en la regulación contenida en el art. 53 CE (LA LEY 2500/1978); (iii) que la imposibilidad de acudir a la modalidad procesal de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas en las materias que cita el art. 184 LRJS (LA LEY 19110/2011) resultaría restrictiva de derechos si implicara impedir el acceso al recurso de suplicación y, por el contrario, este recurso se concediera a quien ejercite únicamente la acción de tutela de derechos fundamentales por el cauce de la modalidad especial prevista a ese fin; (iv) que si a las acciones que se ejerciten por el cauce procesal que prevé el art. 184 LRJS (LA LEY 19110/2011) se les aplican todas las reglas y garantías del proceso de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, habrá de aplicárseles también, por identidad de razón, la regla que establece la recurribilidad de la sentencia recaída en el proceso de tutela; y, (v) en fin, que la procedencia del recurso de suplicación no se establece en el art. 191.3 f) LRJS (LA LEY 19110/2011) contra las sentencias dictadas en la modalidad procesal de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, sino respecto a las sentencias dictadas en materia de tutela de derechos fundamentales, por lo que procede el recurso de suplicación siempre que el objeto del pleito verse sobre tutela de derechos fundamentales, con independencia de la modalidad procesal que se haya seguido.

Ya hemos hecho constar que el respeto que con carácter general ha de guardarse a la decisión de los Jueces y Tribunales adoptada en la aplicación e interpretación de la legalidad ordinaria debe ser, si cabe, aún más escrupuloso cuando el juicio se refiere a resoluciones del Tribunal Supremo, a quien está conferida la función de interpretar la legalidad ordinaria con el carácter complementario que le atribuye el art. 1.6 del Código civil (LA LEY 1/1889) (por todas, STC 83/2016, de 28 de abril (LA LEY 40458/2016), FJ 5). No obstante, la deferencia hacia el máximo intérprete de la legalidad ordinaria (art. 123.1 CE (LA LEY 2500/1978)), que como se ha expuesto ha sentado en la materia controvertida una jurisprudencia contraria a la que ha acogido la resolución recurrida en amparo, debe conciliarse en el presente caso con el canon de constitucionalidad que opera, y que anteriormente definimos (FJ 3), en el derecho de acceso a los recursos legalmente establecidos (art. 24.1 CE (LA LEY 2500/1978)). Y este canon no coincide -y es ésta la aproximación que nos corresponde- con un control de corrección jurídica en la interpretación de la norma, pues los derechos y garantías previstos en el art. 24 CE (LA LEY 2500/1978) (también el derecho de acceso a los recursos) no garantizan la justicia de la decisión o la corrección jurídica de la actuación o interpretación llevada a cabo por los órganos judiciales comunes, ya que no existe un derecho al acierto judicial, ni tampoco aseguran la satisfacción de la pretensión de ninguna de las partes.

5. Es la STC 257/2000, de 30 de octubre (LA LEY 11040/2000), la que ofrece el soporte argumental que debemos trasladar al actual recurso. Analizaba ese pronunciamiento una resolución judicial que había denegado el derecho de un sindicato a comparecer en un procedimiento por despido en calidad de coadyuvante. Un derecho que había sido solicitado conforme a lo previsto en los arts. 175.2 (LA LEY 1444/1995) y 182 de la entonces vigente Ley de Procedimiento Laboral (LA LEY 1444/1995) (LPL), Ley que -como ahora hace la LRJS en su art. 184 (LA LEY 19110/2011)- remitía a la modalidad procesal de despido las causas por extinción contractual con invocación de derechos fundamentales; esto es, una remisión que, en aquel caso, reconducía a un procedimiento (el de despido) que, a diferencia de lo previsto en la de tutela de derechos fundamentales, no preveía la presencia del sindicato en la condición de coadyuvante. En dicho examen, que no era sino un juicio sobre la extensión de las garantías del proceso de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas a otras modalidades procesales, anotamos en relación con la LPL unos parámetros del todo apropiados para ser traídos a colación en este nuevo recurso de amparo. Conviene por ese motivo una reproducción parcial de nuestra Sentencia:

"5. La modalidad procesal laboral de tutela de derechos fundamentales presenta una serie de singularidades orientadas genéricamente a procurar una más eficaz protección jurisdiccional de aquéllos en diversos aspectos, integrando las distintas manifestaciones de los principios de preferencia y sumariedad que lo inspiran (arts. 64 (LA LEY 1444/1995), 70, 177.1 (LA LEY 1444/1995), 179.1 (LA LEY 1444/1995) y 3, 178 LPL), la preceptiva intervención del Ministerio Fiscal (art. 175.3 LPL (LA LEY 1444/1995)), la referencia expresa a la prueba indiciaria (art. 179.2 LPL (LA LEY 1444/1995)), la viabilidad en cualquier caso del recurso de suplicación [art. 189.1 f) LPL (LA LEY 1444/1995)], la inmediata ejecutividad de la Sentencia (art. 301 LPL (LA LEY 1444/1995)) y, en fin, la posibilidad de que el Sindicato intervenga como coadyuvante, según se viene repitiendo. Estas singularidades procesales no aparecen expresamente previstas para el resto de las modalidades que, según la materia objeto de la pretensión, deban servir de cauce a otras demandas en las que eventualmente se alegue también la lesión de un derecho fundamental. Desde esta perspectiva, la Confederación demandante ha defendido en la vía judicial previa al amparo y en su demanda ante este Tribunal, la tesis interpretativa según la cual, al menos algunas de aquellas particularidades habrían de ser también aplicadas en otras modalidades distintas a la de tutela cuando lo que se pretende es la protección de un derecho fundamental, tesis que el Juzgado de lo Social ha rechazado según las razones que se han expuesto.

[...]

6. Así delimitada la cuestión que se somete a nuestro juicio, la conclusión no puede ser otra que la de que el órgano judicial ha denegado injustificadamente, desde la perspectiva del art. 28.1 CE (LA LEY 2500/1978), la presencia del Sindicato en el procedimiento por despido de su Delegado Sindical.

Las razones en que aquél se ha fundado se concentran únicamente en la distinción que el texto procesal laboral realiza entre las diversas modalidades procesales que en él se prevén responde a distintos objetos de conocimiento y obliga a tramitar la demanda con arreglo a los trámites procesales previstos legalmente para cada una.

[...]

En efecto, cuando el legislador del art. 182 LPL (LA LEY 1444/1995) remite a las modalidades procesales correspondientes el conocimiento de las demandas que allí se citan lo hace en función justamente de la materia en litigio para una mejor atención de aquélla y por diversas razones que justifican la propia existencia de una distinta modalidad procesal o la extensión del objeto de conocimiento, pero no, desde luego, porque pueda otorgarse a un mismo derecho fundamental una menor garantía jurisdiccional en función de cuál sea el acto o conducta del que pueda haberse derivado la lesión que se alega. Desde esta perspectiva, el interés del Sindicato a intervenir como coadyuvante en un proceso en el que el trabajador afirma vulnerado su derecho de libertad sindical no se altera, obviamente, según la naturaleza del acto lesivo; lo contrario supondría, como bien afirma el recurrente, un resultado absurdo, como el de que podría intervenir en una reclamación salarial tramitada con arreglo a la modalidad de tutela pero no en un despido vulnerador del art. 28.1 CE de un afiliado, que virtualmente afectaría de manera más grave los intereses propios del Sindicato".

No es difícil sobre esas bases de nuestra doctrina concluir en el otorgamiento del amparo. En efecto, aunque no exista un mandato constitucional que asegure el acceso a los recursos en materia de derechos fundamentales, una vez que (configuración legal) ha sido prevista la suplicación por la norma "en todo caso" contra sentencias dictadas en procedimientos de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas [art. 191.3 f) LRJS (LA LEY 19110/2011)), no cabe interpretar que la remisión del legislador a las modalidades procesales correspondientes del conocimiento de las demandas que allí se citan, sin dar opción al demandante, en función de la materia en litigio y para una mejor atención del objeto del proceso, pueda dar como resultado una menor garantía jurisdiccional de un mismo derecho fundamental. Es la línea señalada por la STC 257/2000 (LA LEY 11040/2000), trasladada ahora al derecho de acceso a los recursos (art. 24.1 CE (LA LEY 2500/1978)), con independencia de que cada órgano judicial llegue a ello de acuerdo a los criterios interpretativos sentados por el Tribunal Supremo, a la vista del tenor literal de los preceptos comprometidos en estos casos, o de acuerdo a una lógica de directa atención o plena asunción de la denominada tesis integrativa, enderezada a no fracturar o diversificar la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales en el ámbito laboral.

Otra interpretación, limitativa del derecho a la suplicación, ni es la única potencial lectura de la Ley, como expone la elaborada construcción de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, ni atiende a un factor decisivo en un enfoque de constitucionalidad, a saber: que el deber de motivación judicial se refuerza y nuestra revisión se convierte en un control material más exigente cuando la decisión, aunque afecte aparentemente solo a la admisibilidad de un recurso, se proyecta sobre un proceso en la que se invocan lesiones de derechos fundamentales. Cuando se trata de la protección jurisdiccional de éstos, el control del pronunciamiento judicial requiere un mayor rigor. Acogiendo mutatis mutandis la línea marcada en la STC 105/1997, de 2 de junio (LA LEY 6985/1997), FJ 3, es obligado destacar que estamos ante decisiones judiciales especialmente cualificadas en función del derecho material sobre el que recaen, sin que a este Tribunal, garante último de los derechos fundamentales a través del recurso de amparo, pueda resultarle indiferente aquella cualificación cuando se impugnan ante él este tipo de resoluciones, pues no sólo se encuentra en juego el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE (LA LEY 2500/1978)) sino que la denegación del recurso puede producir, además, un efecto derivado o reflejo sobre la reparación del derecho fundamental cuya invocación sostenía la pretensión ante el órgano judicial -con independencia de que la declaración de la lesión fuera sólo una de las hipótesis-.

En consecuencia, deben ser anuladas las resoluciones impugnadas, que han lesionado el derecho fundamental del art. 24.1 CE. (LA LEY 2500/1978) en su vertiente de acceso a los recursos, mediante una interpretación que desatiende los márgenes de la norma procesal y provoca una menor garantía jurisdiccional a un mismo derecho fundamental, soslayando la trascendencia de los derechos fundamentales sustanciados en el litigio.

6. El otorgamiento del amparo a la demandante por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE (LA LEY 2500/1978)) debe comportar (art. 55.1 LOTC (LA LEY 2383/1979)) el reconocimiento del derecho fundamental vulnerado. Asimismo, procederá declarar la nulidad de las resoluciones judiciales impugnadas, con retroacción de actuaciones en los términos que expresa el Fallo de esta Sentencia.