SEGUNDO.- Que como primer motivo del recurso y bajo amparo procesal en la letra a), se pretende la declaración de nulidad de la sentencia por supuesta infracción del art. 218.1 de la LEC en relación con el art. 248.3 de la LOPJ y el 97.2 de la LPL, así como de la doctrina judicial que se contiene en las sentencias que se cita.
Que denuncia el recurrente la existencia de incongruencia tanto negativa u omisiva, como la extrapetita.
Que la cuestión denunciada se centra por la afirmación que se contiene en el fundamento de derecho tercero al socaire de la solución a la excepción de caducidad de la acción que en su día y en trámite de contestación a la demanda se formuló por la empresa.
El juzgador señala que: "...Tal excepción sería susceptible de ser acogida en el supuesto de entender que la naturaleza de la acción planteada por la actora es la prevista en el artículo 138 de la LPL y que a través de la misma se está pretendiendo dejar sin efecto una modificación de las condiciones de trabajo de los trabajadores. Tal planteamiento no puede ser acogido. La verdadera pretensión de la actora no es otra que la protección de la legitimidad del Comité de Empresa como órgano de representación de los trabajadores, tratando de obtener tutela de los tribunales frente al quebranto de la negociación colectiva...."
Ciertamente la argumentación que se ha extraído del fundamento de derecho no se deriva de la petición contenida en la demanda, la cual es clara y concisa en sus planteamientos fácticos y en el suplico de la misma, no recogiéndose en ningún momento la finalidad que se introduce ex novo por el juzgador. Hay una decisión empresarial de suprimir el servicio de autobús y la oposición del Comité en base a un antecedente pacto con la empresa. El examen de tal pacto y de la ulterior decisión empresarial es el único cometido al que el juzgador debía dedicar todas sus energías.
Ahora bien, siendo ello cierto, no lo es menos que el juzgador no resuelve la cuestión en base a tal circunstancia, sino que si bien de forma breve y sin referencia a norma alguna que lo sustente, en las cinco últimas líneas del fundamento citado, resuelve la cuestión controvertida y afirma ad pedem litterae lo siguiente: "Teniendo el pacto celebrado por las partes el 30 de abril y el 1 de septiembre de 1999 naturaleza contractual, no resulta admisible la desvinculación de la demandada del referido pacto mediante la supresión sin consentimiento de la otra parte negociadora del servicio se autobús, siendo legitima la pretensión de la demandante lo cual lleva a la íntegra estimación de la demanda.".
No existe pues la incongruencia extra petita que se denuncia.
Bajo el manto de la nulidad pretendida por el recurrente, puede llegarse a la conclusión de que procede la nulidad, en base a la incongruencia omisiva, pues el juzgador no se refiere en momento alguno de su resolución a las cuestiones que ha planteado el recurrente como alegaciones básicas de su defensa, no merece ninguna explicitación por parte del juzgador las cuestiones relativas a si existe un importante descenso en la facturación, el coste del servicio de autocar, si se han alcanzado acuerdos individuales con todos los trabajadores afectados etc.
Todos ellos elementos fundamentales para poder valorar la decisión empresarial en relación con el pacto del que deriva el derecho.
En concreto, y en cuanto a la sentencia dictada por los Tribunales laborales, el artículo 97.2 de la Ley de ritos establece, como es sabido que «La sentencia deberá expresar, dentro de los antecedentes de hecho, resumen suficiente de los que hayan sido objeto de debate en el proceso. Así mismo y apreciando los elementos de convicción, declarara expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión. Por último deberá fundamentar suficientemente los pronunciamientos del fallo».
Pues bien, con respecto a la obligación de declarar los hechos probados, este TSJ. entre otras en sus sentencias (30 de abril y 13 de mayo y 31 de julio de 1992 , así como en las sentencias 3302/1994 de 4 de junio, 3358/1994 de 23 de noviembre y 3959/1998, de 25 de mayo , ha recordado que ha sido interpretado en numerosas ocasiones por la jurisprudencia (sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 1986, 6 de marzo de 1987, 10 de abril de 1990 y 20 de marzo de 1991 y 6 de mayo de 1991 , entre otras muchas) en el sentido de que el juzgador de instancia debe recoger en la declaración fáctica de su sentencia todos los hechos que puedan tener interés para resolver la cuestión debatida, y no sólo los que le basten a él para dictar la sentencia que estime correcta, sino que deberá hacerlo con la amplitud precisa para que el Tribunal Superior pueda decidir, del modo que considere justo.
Y en cuanto a la apreciación de la motivación probatoria ya este Tribunal S.J.Catalunya en sentencia de 27 de diciembre de 1991 tuvo ocasión de señalar que: «La doctrina constitucional (STC 44 /1989 (LA LEY 553/1989), de 20 de febrero tiene señalado que, por ser facultad que pertenece a la potestad jurisdiccional, corresponde en exclusiva a los jueces y tribunales ponderar los distintos elementos de prueba y valorar en significado y trascendencia, en orden a la fundamentación del fallo contenido en la sentencia. Y esta libertad del órgano judicial para la libre valoración de la prueba, implica como también señala la misma doctrina (STC 175/1985 (LA LEY 516-TC/1986) de 17 de diciembre) que pueda realizar inferencia lógicas de la actividad probatoria llevada a cabo, siempre que no sean arbitrarias, irracionales o absurdas. Ahora bien, el juez o tribunal de instancia es soberano para la apreciación de e la prueba, con tal de que esa libre apreciación sea razonada, exigencia que ha puesto de manifiesto la propia doctrina constitucional (STC 24/1990 (LA LEY 609/1990) de 15 de febrero), lo cual quiere decir que la resolución judicial ha de contener el razonamiento sobre las conclusiones de hecho, a fin de que las partes puedan conocer el proceso de deducción lógica del juicio fáctico seguido por el órgano judicial.
Pero es así mismo doctrina reiterada del TS (véase entre otras, la sentencia 11.11.1999) que la nulidad de las resoluciones judiciales tiene carácter excepcional, declarándose sólo en aquellos casos en los que se aprecien graves y manifiestos vicios procesales cometidos por el magistrado que dictó la resolución que se anula y siempre que tal vicio produzca indefensión a alguna de las partes procesales.
En el presente caso, el vicio procesal alegado es la incongruencia omisiva al no resolver las causas de oposición alegadas y que se vinculan necesariamente a un insuficiencia de hechos probados, contraria al artículo 97.2 de la LPL en torno a la cual la Sala cuarta del TS (así sentencia de 30 de octubre de 1991) ha venido a sentar los siguientes criterios:
1) La anulación de la sentencia es un remedio último y excepcional al que sólo cabe acudir cuando el Tribunal que conoce del recurso no puede prácticamente adoptar una decisión concreta de la controversia planteada (entre otras muchas sentencia de 16 de mayo de 1988) (...);
2) Esta virtual imposibilidad de decisión en derecho por insuficiencia de hechos probados puede obedecer bien a carencia de actividad probatoria (SS. 5 de junio 1982 (...) o bien a omisiones esenciales y trascendentes para el fallo (en la sentencia o en la vía de recurso) en la declaración judicial de los hechos que se estimen probados (S. 11 de mayo de 1988), (...);
3) Son irrelevantes a efectos de anulación de sentencia las omisiones en la declaración probatoria que no tiene repercusión en la resolución d el caso o que no causan indefensión (S. 21 de mayo de 1986); y
4) La resolución anulatoria requiere además, para considerarla ajustada a derecho, que la causa de la insuficiencia no sea imputable a la parte (entre otras S. 5 de junio de 1982..) o no haya podido ser subsanada por una u otra vía (S. 17 octubre 1989).
Que por otra parte y tal como ha proclamado repetidas veces el Tribunal Constitucional (Sentencias de 27 de septiembre de 1999, y en las posteriores 210 y 214 de 2000) el «deber de motivación de las resoluciones judiciales no autoriza a exigir un razonamiento exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes pueden tener de la cuestión que se define, sino que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas con razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, es decir, la ratio decidendi que ha determinado el fallo», añadiendo que la suficiencia de la motivación no puede ser apreciada apriorísticamente con criterios generales, requiriendo por el contrario examinar el caso concreto para comprobar si a la vista de las circunstancias concurrentes, se ha cumplido o no este requisito en la resolución judicial impugnada. Es cierto que la fundamentación de la sentencia recurrida es reproducción de la que consta en anteriores resoluciones de la propia Sala que la dicta, pero eso no justifica el vicio que ahora se le imputa; contrariamente a lo que sostiene quien recurre, fácilmente se comprueba que en la fundamentación jurídica se dan las razones realmente ajustadas a la naturaleza de las cosas, como de seguido expondremos, para estimar el recurso de suplicación y desestimar la demanda; básicamente se viene a decir que la mera expectativa de la demandante quedó truncada con la extinción anticipada de su contrato de trabajo mediante el despido seguido de indemnización y no de readmisión, de manera que cumple satisfactoriamente la exigencia del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) de estar motivada, conteniendo los razonamientos jurídicos que conducen a la aplicación e interpretación del derecho. En el caso de autos y conforme se recoge en el fundamento de derecho tercero in fine, transcrito ut supra, aún sin referencia a precepto alguno, la breve conclusión jurídica del juzgador permite entender que la obligación de motivar las resoluciones ha sido suficiente.
Por último, conviene señalar que la apreciación de la suficiencia o insuficiencia del relato fáctico es facultad de la Sala y que si bien puede ser acusado por la parte interesada por infracción del art. 97.2 de la LPL , debe serlo por el cauce procesal del apartado b) del art. 191 de la LPL , ofreciendo al mismo tiempo un texto alternativo, así lo ha señalado la Sala en sus sentencias resolutorias de los recursos 5968/00, 7626/01, 5123/03 y 8247/05 entre otras.
Por todo ello no puede estimarse la nulidad formulada por el recurrente.
CUARTO.- Que como último motivo del recurso se formula el propio de la censura jurídica que autoriza la letra c) del art. 191 de la Ley Adjetiva Ritual , denunciando el recurrente el art. 59.4 del ET en relación con el art. 138 de la LPL y de la doctrina jurisprudencial que se cita.
Que reincide el recurrente en la primera de sus argumentaciones sustentadas en la instancia y relativa a la caducidad de la acción.
Parte la empresa para sustentar tal jurídica alegación, de la afirmación de que en el escrito de demanda se está impugnando una modificación substancial de las condiciones de trabajo (art. 41 ET) acordada unilateralmente por la empresa y vehiculizada a través del conflicto colectivo (arts. 138 y 151 de la LPL).
Partiendo de tal afirmación, el recurrente pretende la aplicación del plazo de caducidad de los veinte días a partir del momento en que la modificación substancial se ha llevado a cabo y por lo tanto y conforme a sus cálculos obrantes a folio 14 del recurso, la acción había caducado cuando se presentó la papeleta de conciliación.
Ciertamente la aplicación normativa que se señala, hubiera sido correcta, (así lo señalaba también la sentencia recurrida) si nos encontráramos ante una verdadera modificación de las condiciones de trabajo del colectivo que en su día sufrió el traslado y no si no pudiera dársele tal calificación jurídica.
Así pues, es preciso que la Sala entre a examinar la cuestión de la naturaleza de la modificación.
Que la facultad de organizar la ejecución del contrato de trabajo que ostenta el empresario en el ejercicio regular de sus facultades de dirección, es decir, el denominado "ius variandi" está sujeto a importantes limitaciones, como las que le impone el art. 41 del ET para modificar de manera sustancial las condiciones de trabajo.
El Tribunal Supremo ha indicado, ad exemplum en su sentencia de 22-9-2003 , que el concepto de "modificaciones sustanciales" constituye un concepto jurídico indeterminado que no ha sido delimitado por el legislador ni tampoco precisado de manera definitiva por la doctrina jurisprudencial. El Tribunal Central de Trabajo, que prácticamente era el único que, hasta 1989, conocía de los litigios derivados de estas alteraciones del contenido del contrato, entendió que «hay que acudir a una interpretación racional de dicha expresión y entender por tal aquella que no es baladí y que implica para los trabajadores una mayor onerosidad de las prestaciones con un perjuicio comprobable» (Sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 17 de marzo de 1986). Que, con posterioridad a la promulgación de la Ley 11/1994 -norma que modificó la redacción del art. 41 del Estatuto de los Trabajadores ha seguido aplicando los criterios anteriores a la reforma. Así la Sentencia de 3 de abril de 1995 , declaraba la necesidad de que las modificaciones, para ser sustanciales, habían de producir perjuicios al trabajador, la de 11 de noviembre de 1997, en litigio de la misma empresa, recordaba que «la doctrina de esta Sala en sus Sentencias de 17 julio 1986 , que ha establecido que por modificación sustancial de las condiciones de trabajo hay que entender aquéllas de tal naturaleza que alteren y transformen los aspectos fundamentales de la relación laboral, entre ellas, las previstas en la lista «ad exemplum» del art. 41.2 pasando a ser otras distintas, de un modo notorio, mientras que cuando se trata de simples modificaciones accidentales, éstas no tienen dicha condición siendo manifestaciones del poder de dirección y del «ius variandi» empresarial». La doctrina científica entiende que para diferenciar entre sustancial y accidental es necesario tener en cuenta el contexto convencional e individual, la entidad del cambio, el nivel de perjuicio o el sacrificio que la alteración supone para los trabajadores afectados", expresando la misma sentencia "los contornos difusos" de estos criterio señalados, lo que pone de relieve la dificultad que en la práctica se produce para delimitar la modificación sustancial frente a la accidental, que debe establecerse tras el examen individualizado del caso concreto.
En el caso de autos, debe señalarse que la instalación de un servicio de autobús derivaba del traslado del almacén central de la empresa de Barcelona a Sant Andreu de la Barca, por lo tanto debe examinarse primeramente si tal traslado puede considerarse como una modificación substancial o no.
Para ello es preciso señalar que el art. 41 ET regula específicamente las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, obviando una clasificación cerrada y decantándose por un sistema de "numerus apertus" como se evidencia por la utilización de la expresión "entre otras".
Tal naturaleza de enumeración meramente indicativa o "ad exemplum" es señalada por el Tribunal Supremo en su sentencia de 03/04/95 cuando la califica de "ejemplificativa y no exhaustiva", en criterio que reitera las sentencias de 09/04/01 y la de 26-4-06 -, al afirmar que el elenco de posibilidades que en el precepto se contemplan no está limitado a las expresamente tipificadas en su apartado primero. También ha de afirmarse que el legislador tampoco atribuye carácter substancial a toda modificación que afecte a las materias expresamente listadas.
Pero también es preciso señalar que las alteraciones en las materias que cita el precepto que se examina, no necesariamente son sustanciales, sino que tan sólo pueden serlo.
En este sentido ha venido considerando el Tribunal Supremo que la aplicación del art. 41 ET no está "referida al hecho de que la condición sea sustancial, sino a la exigencia de que sea sustancial la propia modificación" (así, Sentencia 09/04/01). Pues bien, pese a esta enumeración abierta no puede pasarse por alto que en su listado la norma para nada cita los supuestos de movilidad geográfica (a diferencia de la funcional que exceda de los límites del art. 39 , mencionada en el apartado f)), y que muy al contrario el número 5 del precepto se cuida de normar que "En materia de traslados se estará a lo dispuesto en las normas específicas establecidas en el artículo 40 de esta Ley ", con lo que es evidente que la materia relativa a traslados -sea configurable o no como modificación sustancial- tiene un régimen jurídico diferenciado y de obligada aplicación.
Y desde el momento en que la movilidad geográfica que disciplina aquel precepto -art. 40 - exige cambio de residencia (Sentencias de 14/10/04; 27/12/99; 18/09/90; 05/06/90 recurso por infracción de ley-; 16/03/89 -recurso por infracción de ley-), hasta el punto de que tal presupuesto se ha calificado de "elemento característico del supuesto de hecho del art. 40.1 ET " (Sentencia de 12/02/90 -recurso por infracción de ley-) y de que la movilidad geográfica haya de considerarse "débil o no sustancial" cuando no exige "el cambio de residencia que es inherente al supuesto previsto en el artículo 40 ET " (Sentencias de 18/03/03; 16/04/03; 27/12/99), con ello resulta obligado colegir que los supuestos de movilidad que no impliquen aquel cambio (bien de forma permanente, en el traslado; bien de forma temporal, en el desplazamiento) están amparados por el ordinario poder de dirección del empresario reglado en los arts. 5.1.c) y 20 ET , no estando sujetos a procedimiento o justificación algunos, a excepción del preceptivo informe del Comité de Empresa (art. 64.1.4º b) ET, para el supuesto de traslado -total o parcial- de las instalaciones).
En el mismo sentido la sentencia de 27/12/99 decía: "Como quiera que existe un espacio de movilidad sin regulación legal, ya que el art. 39 del ET sólo disciplina los supuestos de movilidad funcional y el art. 40 los de movilidad geográfica que exigen el cambio de residencia, algún sector de la doctrina científica, ha optado por incluir los cambios de puesto de trabajo desde un centro a otro sito en la misma localidad, como supuestos de movilidad funcional.
Por lo tanto si se extiende dicha calificación de movilidad funcional (a los citados cambios de centro), como si califica a éstos, más propiamente, como casos de movilidad geográfica "lato sensu", débil, o no sustancial por no llevar aparejado el cambio de residencia, es lo cierto que, en cualquier caso, quedan excluidos del art. 40 ET y deben ser incardinados en la esfera del "ius variandi" del empresario" (en el mismo sentido, considerando tales supuestos como expresión del poder de dirección, también la STS 19/12/02). Poder empresarial, añadimos ahora, que hemos de entender -con autorizada doctrina- como "ius variandi" común, en tanto que facultad de especificación de la prestación laboral y de introducir en ella modificaciones accidentales, frente al especial que supone acordar las modificaciones sustanciales a que se refiere el art. 41 ET. Es más, para tales supuestos la doctrina unificada incluso ha mantenido -aunque la cuestión no sea pacífica en doctrina- que los supuestos de movilidad geográfica "débil", sin cambio de residencia, ni tan siquiera pueden dan lugar a indemnización o compensación que no tenga origen en pacto colectivo o individual, siendo así que han sido derogadas las OOMM de 10/02/58 y 04/06/58 por la Ley 11/1994 , de 19 /mayo (Sentencia de 19/04/04).
A la misma conclusión ha de llegarse si el tema objeto de debate se enfoca atendiendo a la perspectiva conceptual y propia noción de "modificación sustancial". Y así señala el TS en su sentencia ya citada de 26-4-06 , que aunque en la aproximación a este concepto jurídico indeterminado haya de partirse de la de la definición de lo que debe entenderse como sustancial, pues conforme al Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua: "constituye lo esencial y más importante de algo", y como accidental lo "no esencial", lo cierto es que los contornos difusos de tales descripciones han llevado a destacar la imposibilidad de trazar una noción dogmática de "modificación sustancial" y la conveniencia de acudir a criterios empíricos de casuismo, sosteniéndose al efecto por autorizada doctrina que es sustancial la variación que conjugando su intensidad y la materia sobre la que verse, sea realmente o potencialmente dañosa para el trabajador; o lo que es igual, para calificar la sustancialidad de una concreta modificación habrá de ponderarse no solamente la materia sobre la que incida, sino también sus características, y ello desde la triple perspectiva de su importancia cualitativa, de su alcance temporal e incluso de las eventuales compensaciones.
En esta misma línea se posicionan las sentencias del Alto Tribunal de 22/09/03 y 10/10/05 cuando recuerdan que la sentencia de 03/04/95 declaraba la necesidad de que las modificaciones, para ser sustanciales, habían de producir perjuicios al trabajador; y cuando refieren que la sentencia de 11/11/97 invocaba sus precedentes de 17/07/86 y 03/12/87 y afirmaba con ellos que "por modificación sustancial de las condiciones de trabajo hay que entender aquéllas de tal naturaleza que alteren y transformen los aspectos fundamentales de la relación laboral, entre ellas, las previstas en la lista "ad exemplum" del art. 41.2 pasando a ser otras distintas, de un modo notorio (en el mismo sentido, la Sentencia de 22/06/98), mientras que cuando se trata de simples modificaciones accidentales, éstas no tienen dicha condición siendo manifestaciones del poder de dirección y del "ius variandi" empresarial"; doctrina que reitera la más reciente sentencia de 15/11/05."
Y asimismo se indica en la precitada Sentencia de 22/09/03 que para diferenciar entre sustancial y accidental es necesario tener en cuenta el contexto convencional e individual, la entidad del cambio, el nivel de perjuicio o el sacrificio que la alteración supone para los trabajadores afectados, por lo que -como ya había sostenido la STCT de 17/03/86- "hay que acudir a una interpretación racional y entender por tal aquella que no es baladí y que implica para los trabajadores una mayor onerosidad con un perjuicio comprobable".
Tal doctrina aplicada al caso de autos implica que el traslado producido en su día, no sería calificable de modificación substancial dada la escasa distancia, unos veinte kilómetros y que la mayor onerosidad fue evitada por el establecimiento de un servicio de autobús, siendo pues tal circunstancia que deviene fundamental para la calificación de la decisión empresarial.
Sentado lo antecedente y evidenciándose la importancia de tal establecimiento de transporte, dada la carencia, en su día, de transporte público cercano a su emplazamiento permite entrar a conocer de la naturaleza jurídica de dicha circunstancia y para ello debemos acudir nuevamente al Tribunal Supremo el cual en la ya citada sentencia de 26-4-2006 señala que "Por contra - fuera de los supuestos que expresamente refiere el art. 41.1 ET se ha entendido que es condición de trabajo incluida en el art. 41 ET la relativa al régimen de uso privado del vehículo de la empresa fuera de la jornada laboral (Sentencia de 29/12/97); y se ha calificado de sustancial la supresión del servicio gratuito de autocar (Sentencia de 16/04/99)." El resaltado es de la Sala.
Así pues, sentada la naturaleza desde el punto de vista sustantivo de modificación substancial de las condiciones de trabajo de la supresión por parte de la empresa del servicio de autobús, sí debe entrarse en el examen de la alegación de caducidad propuesta por el recurrente.
Para dar una respuesta adecuada a la cuestión referida planteada en el recurso empresarial debe analizarse la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre las especificidades de la modalidad contractual de conflictos colectivos cuando a través de la misma, en los términos que posibilitan el art. 138.2 y 3 o bien los arts. 151 a 160 de la Ley de Procedimiento Laboral (LPL), pretendan combatirse invocadas decisiones empresariales de carácter colectivo en temas de movilidad geográfica o de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo.
Así nuestro Más Alto Tribunal en la sentencia de 17-6-1998 , ha señalado que "el que las modificaciones sustanciales del contrato de trabajo tengan carácter individual o colectivo, dependen, por imperativo legal -art. 41.2 ET no del número de trabajadores afectados ni de su identificación sino de que las condiciones sustanciales que han de alterarse tengan su origen en un derecho de disfrute individual o de un acuerdo o pacto colectivo o disfrutadas por los trabajadores en virtud de una decisión unilateral del empresario de efectos colectivos".
Se afirma, -entre otras, en las sentencias del mismo Tribunal de 10-4-2000 y 18-9-2000 , con doctrina aplicable tanto si se considera que la decisión empresarial constituyó o no un acuerdo susceptible de producir una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, que es doctrina unificada , sentencias de 18-7-97, 7-4-98, 8-4-98, 11-5-99) que el proceso especial regulado en el art. 138 LPL "tiene como presupuesto la existencia real de modificaciones sustanciales de trabajo tal y como se conciben en el artículo 41 del ET ". De modo que cuando no se cumplen por el empleador las exigencias formales del precepto: apertura del periodo de consultas, acuerdo a favor de la mayoría de los representantes de los trabajadores y notificación a éstos de la medida aprobada con una antelación mínima de 30 días a la fecha de su efectividad, en el caso de las modificaciones colectivas, "no puede entenderse que la medida se ajusta a lo establecido en el art. 41 del ET , siendo entonces el proceso ordinario el adecuado para reclamar frente a la medida y no el especial del art. 138 LPL , el de conflicto colectivo si es que se impugna la práctica empresarial por ese cauce, pero en tal caso sin sometimiento a plazo de caducidad" y, en suma, que "la decisión patronal podrá considerarse como modificación sustancial de condiciones de trabajo a efectos procesales y sustantivos, sólo en la medida en que pueda ser reconocible o identificada como tal, por haberse adoptado cumpliendo las exigencias de forma del art. 41 ET. Entonces si será obligada su impugnación por la modalidad procesal del art. 138 LPL y estará la acción sujeta al plazo de caducidad fijado por dicho precepto y el art. 59.4 ET. En caso contrario la acción habrá de seguir el cauce del procedimiento ordinario, o el de conflicto colectivo si se ejercita acción de esta naturaleza y ni una ni otra estará sometida a plazo de caducidad".
La aplicación de la doctrina expuesta al presente caso obliga entender que:
a) Que las condiciones de trabajo que la empresa ha modificado deben considerarse de "carácter colectivo", en los términos definidos en el art. 41.2 ET , pues venían siendo disfrutadas por los trabajadores afectados, al menos, en virtud de un pacto con el Comité de Empresa de efectos colectivos,
b) Que la modificación de las referidas condiciones no se ha efectuado a través de los cauces establecidos en el art. 41 ET en cuanto le fueren aplicables y ello porque tal como se señala en la sentencia de instancia en su relato histórico cuya modificación no ha sido interesada por el recurrente y por lo tanto deviene verdad judicial, la empresa cumplimentó, ciertamente, tanto la comunicación de revisión al Comité e igualmente inició las correspondientes negociaciones (hecho cuarto y quinto), pero lo que la empresa no cumplimentó es la obligación de esperar 30 días para la efectividad de la medida, antes al contrario, procedió a suprimir el servicio de autobús con anterioridad a al inicio de las conversaciones. Así se evidencia de la lectura del ordinal quinto y sexto que señalan que las partes se reunieron en la sede del Tribunal Laboral de Cataluña el 19 y 24 de julio de 2007, pero que el fecha anterior, el 1 de julio de 2007 se suprimió el servicio unilateralmente por la empresa.
Estamos, por consiguiente, como delimita el art. 151.1 LPL , ante una demanda que afecta a intereses generales de un grupo genérico de trabajadores, los que trabajaban en el antiguo almacén de Barcelona y fueron trasladados en 1999 al de Sant Andreu de la Barca, en los que se ha operado la modificación combatida, y que versa sobre la aplicación e interpretación de un acuerdo suscrito entre empresa y Comité y de fecha 1-9-1999. No puede negársele, por tanto, al Comité de Empresa la posibilidad de acudir a la modalidad procesal genérica de conflicto colectivo ex arts. 151 a 160 LPL para impugnar por este cauce la supresión del servicio de autobús, aunque se reserve la específica modalidad del art. 138 LPL como uno de los cauces a utilizar por aquéllos para la impugnación de las modificaciones colectivas cuando la actuación empresarial aparezca en principio como formalmente correcta o ajustada a los establecido en el art. 41 ET.
Decretada la adecuación del procedimiento y que éste no es el de modificación substancial de las condiciones de trabajo, sino el ordinario no puede aplicarse, tal como ha señalado reiteradamente el TS en las sentencias citadas ut supra, la caducidad de los veinte días que establece el art. 138 de la LPL, por lo que debe decaer el primero de los apartados de censura jurídica.
QUINTO.- Que como segundo apartado de motivo de censura jurídica, el recurrente denuncia la infracción del art. 42.1 del ET , entendiendo que ante la disminución de la facturación y el elevado coste del servicio de autobús, estaba justificada su decisión de suprimirlo.
Que al respecto es preciso señalar que la implantación del servicio de autobús tuvo lugar por un pacto o acuerdo con el Comité y como consecuencia del desplazamiento del centro de trabajo de Barcelona a un municipio distinto. Por ello será preciso examinar en que términos se constituyó dicha obligación empresarial, obligación que como señalaba la antigua definición que se contenía en las Instituciones de Justiniano (libro III, título XIII, proemio) "obligatio est iuris vinculum quo necessítate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura" implica un ligamen o como señalaban Las Partidas "ligamiento que es fecho segund ley e segund natura".
Pues bien dicha obligación paccionada se contiene en el suscrito en 1-9-1999 y recogido en el ordinal tercero de los declarados probados que por no haber sido combatido por el recurrente evidencia su corrección y que dice que se establecía el compromiso de la empresa de establecer un sistema de transporte mediante autobús desde Barcelona hasta Sant Andreu de la Barca, incluyéndose en la modificación el siguiente acuerdo "Si en el futuro se instala una estación o apeadero de ferrocarril en las inmediaciones de los locales de la empresa, que facilitaran la llegada hasta el puesto de trabajo, mediante dicho transporte público, ambas partes firmantes del presente acuerdo, dirección de la empresa y comité de empresa, se comprometen a estudiar un posible acuerdo alternativo que lo sustituya en caso de conformidad por ambas partes". (El subrayado es nuestro).
Así pues, en principio la empresa no puede unilateralmente suprimir el servicio de autobús ya que el pacto la obliga a obtener un acuerdo de conformidad con el comité (pacta sunt servanda), la única posibilidad que le queda sería a través de la existencia de circunstancias posteriores que supongan un resultado muy gravoso para la parte que lo alega.
La doctrina jurisprudencial ha admitido la operatividad de la cláusula "rebus sic stantibus" tanto en el campo del derecho civil como en el laboral y como excepción del principio "pacta sunt Servando" autorizando excepcionalmente la revisión de lo pactado en aquellos casos en que por virtud de acontecimientos posteriores e imprevisibles resulta extremadamente oneroso para una de las partes mantenerla en su inicial contexto, criterio que dicho Tribunal aplica en sus sentencias de 4-7-94, 18 -7-1996, 14-1- 1997, 11-3-1998 y de 5 de febrero y 16 de abril de 1999.
Pues bien en el caso ahora debatido, y al igual que acontecía con el caso examinado por la Sala en su sentencia de 23-10-01 no existe ningún dato en el relato fáctico que autorice la aplicación de la referida cláusula puesto que no sabemos cuantos trabajadores utilizaban dicho servicio en el momento inicial ni tampoco en el inmediatamente anterior a su cese, desconociéndose también el coste del autobús en el momento de implantación del servicio y sólo se objetiva el de la fecha su supresión.
Debe concluirse que no existen elementos fácticos que permitan entender que se ha producido tal circunstancia sobrevenida y excepcional que suponga una carga desproporcionada y excesiva para la empresa, por lo que acuerdo sólo podrá ser alterado o revocado en virtud de nuevo acuerdo de las partes o bien acudiendo a la vía del artículo 41 del estatuto de los Trabajadores , pero no de un modo unilateral; lo que atenta a la fuerza obligatoria de los contratos establecida en los artículos 1255, 1256 y 1278 del Código Civil ".
Que por último, si se examina la cuestión por la vía del art. 41 del ET y en atención a la circunstancia de que la empresa emitió escrito explicitando la cuestión de la supresión del autocar y emplazando al comité de empresa a iniciar las negociaciones, realizándose dos reuniones sin acuerdo, tampoco podrá la Sala convalidar dicha decisión extintiva y ello por no haberse llegado a acuerdo alguno y haber decidido la empresa la extinción del servicio con anterioridad a la celebración de las reuniones negociadoras, vulnerando el dictado del art. 41 que señala ad litteram "La modificación substancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo deberán ir precedidas de un período de consultas con los representantes legales de los trabajadores de duración no inferior a quince días......Tras la finalización del período de consultas el empresario notificará a los trabajadores su decisión sobre la modificación que surtirá efectos una vez transcurrido el plazo a que se refiere el apartado 3 de este artículo (30 días)".
Pero es más, ni siquiera obviando lo antecedente podría la Sala convalidar tal decisión con los elementos fácticos que obran en autos, pues sólo con la objetivación de una menor facturación y del coste del servicio, puede evidenciarse que contribuyan a mejorar la situación de la empresa a través de una más adecuada organización de sus recursos que favorezca su posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta a las exigencias de la demanda, tal como exige el art. 41.1 in fine.
Por todo lo señalado antecedentemente debe desestimarse el motivo de censura jurídica.