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PRIMERO.- 1.- Tal como se ha indicado en los «antecedentes», la STSJ Andalucía/Granada 20/Abril/2016, acogió el recurso de suplicación interpuesto [nº 2843/15] contra la sentencia dictada en 13/10/2015 por el J/S nº 4 de los de Jaén [autos 679/14] y declaró el derecho de la demandante Dª Manuela al percibo de pensión de viudedad.

La decisión hace una aplicación extensiva de la STEDH 08/12/09 [asunto Muñoz Díaz], para concluir argumentando que «de denegar la pensión se podría producir una discriminación por razones étnicas y culturales», habida cuenta de que «existía Libro de Familia, lo que evidencia ... una intención frente a los organismos públicos de ser entendidos como tal, la pareja ha convivido en el municipio en el mismo domicilio y hasta el momento de la muerte y siendo considerados como matrimonio gitano al menos durante 15 años... han tenido 5 hijos en común y no puede entenderse que de mala fe se fingieran como matrimonio gitano en su entorno familiar y social durante tanto tiempo para en su momento futuro cobrar una eventual pensión...».

Y los hechos probados que tal decisión enjuicia son: a) unión por el rito gitano en 1974; b) convivencia en el mismo domicilio hasta la fallecimiento del varón en 00/00/14; c) cinco hijos en común, en cuya inscripción en el Registro Civil figuran los padres como «solteros» o que el matrimonio de los padres «no existe», y los hijos -según los casos- como «naturales» o «extramatrimoniales»; d) en el Libro de Familia constan los progenitores como «solteros»; y e) la demandante y el fallecido no figuran inscritos como «pareja de hecho» en ningún Registro público.

2.- En su recurso de casación unificadora, el INSS denuncia la aplicación indebida del art. 174.3 LGSS (LA LEY 16531/2015) y se aporta como decisión de contraste la STSJ Galicia 27/03/13 [rec. 4657/10 (LA LEY 47657/2013)], que rechaza pensión reclamada por viuda unida al fallecido -también- por el rito gitano, con convivencia ininterrumpida de 24 años, dos hijos en común y con Libro de Familia, pese a lo cual se rechaza la pretensión, aplicando la doctrina jurisprudencial -y constitucional- en orden a la esencialidad del requisito de figurar la pareja inscrita en el correspondiente Registro y a la inaplicabilidad del criterio expuesto por la referida STEDH 08/12/09 [asunto Muñoz Díaz], en tanto que la constancia de ambos progenitores como «solteros» en el Libro de Familia, excluía las bases de la resolución del Tribunal de Estrasburgo, de reconocimiento oficial -siquiera limitado- como matrimonio y de buena fe en la razonable creencia de gozar expectativa de derecho en orden a la pensión de viudedad.

3.- Los relatos precedentes -de la decisión recurrida y de la referencial- ponen de manifiesto que en el presente supuesto media la contradicción que como requisito de admisibilidad de recurso establece el art. 219 LJS (LA LEY 19110/2011), en tanto que la parte dispositiva de las sentencias que contienen pronunciamientos opuestos respecto de -como vimos- hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales (recientes, SSTS 10/10/17 -rcud 1507/15-; 10/10/17 -rcud 3684/15-; y 17/10/17 -rcud 2541/15-). Sólo con altas dosis de voluntarismo -como se hace en el escrito de impugnación del recurso- puede negarse la concurrencia del requisito.

4.- La resolución de la litis impone el examen de nuestra jurisprudencia -ratificada por el Tribunal Constitucional- en torno a la exigencia de que tratamos, así como una somera al supuesto enjuiciado y consiguiente doctrina sentada por la referida decisión, para finalmente poner una y otra en relación al singular caso ahora debatido.

SEGUNDO.- 1.- Señalemos, en primer lugar, que los criterios de esta Sala en orden al requisito de que tratamos no solamente ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en muy recientes decisiones [SSTC 40/2014, de 11/marzo (LA LEY 19899/2014); 45/2014, de 7/Abril (LA LEY 48577/2014); y 60/2014, de 5/Mayo (LA LEY 58690/2014)], sino que en ellas ha llegado a reproducir literalmente algunas de nuestras afirmaciones, que en orden a la inscripción registral o documentación notarial de la pareja de hechos, bien pudieran ser las siguientes afirmaciones [SSTS 20/07/10 -rcud 3715/09-; 03/05/11 -rcud 2897/10-; ... SG 22/09/14 -rcud 2563/10-; SG 22/09/14 -rcud 1958/12-; SG 22/10/14 -rcud 1025/12-; ... 23/02/16 -rcud 3271/14-; 02/03/16 -rcud 3356/14-; 11/05/16 -rcud 2585/14-; 01/06/16 -rcud 207/15-; 08/11/16 -rcud 3469/14-; y 07/12/16 -rcud 3765/14-]:

A).- «La solución por la que ha optado el legislador no consiste en una exigencia probatoria duplicada sobre un mismo extremo [la existencia de la «pareja de hecho»], tal como pudiera deducirse de la confusa redacción del precepto, sino que los dos mandatos legales van referidos ... a otras tantas exigencias diferentes: a) la material, de convivencia como estable pareja de hecho durante el mínimo de cinco años; y b) la formal -ad solemnitatem- de su verificación de que la pareja se ha constituido como tal ante el Derecho y dotada de «análoga relación de afectividad a la conyugal», con dos años de antelación al hecho causante [en forma muy similar a la que se produce en el matrimonio]».

B).- «O lo que es igual, la pensión de viudedad que la norma establece no es en favor de todas las parejas «de hecho» con cinco años de convivencia acreditada, sino en exclusivo beneficio de las parejas de hecho «registradas» cuando menos dos años antes [o que han formalizado su relación ante Notario en iguales términos temporales] y que asimismo cumplan aquel requisito convivencial; lo que ha llevado a afirmar que la titularidad del derecho - pensión- únicamente corresponde a las "parejas de derecho" y no a las genuinas "parejas de hecho"».

C).- «... la norma de cuya interpretación se trata [art. 174.3 LGSS (LA LEY 16531/2015)] no ofrece la claridad que es siempre deseable en cualquier disposición legal, pero ese innegable defecto de técnica legislativa no puede justificar ... que se arrumbe el mandato de la Ley y se sustituya la expresa voluntad del legislador, construyendo una nueva norma cuyos mandatos se consideren -o incluso pudieran ser- más coherentes y/o adecuados a la realidad social y a la finalidad protectora de la Seguridad Social». Y en todo caso, «[l]os términos con que la norma se expresa al referirse a la prueba de los simultáneos requisitos ..., utilizando expresiones innegablemente imperativas para cada uno de ellos ... muestran bien a las claras que el legislador quiso establecer una cerrada prueba para -cuando menos- la «constitución» de la pareja estable como tal, dotándola -el propósito es claro- de la «oficialidad» que suponen la inscripción en el Registro específico o el otorgamiento de escritura pública con la misma finalidad constitutiva. Si el criterio del legislador hubiese sido otro, el de admitir una prueba abierta, la redacción hubiera sido muy diferente y similar a la utilizada en algunas CCAA... ».

D).- El Libro de Familia «es en verdad un documento público que certifica el "matrimonio", y la filiación [tanto matrimonial, como "no matrimonial", como adoptiva], pero que no acredita la existencia de pareja de hecho, función "totalmente ajena" a la "finalidad" del Registro Civil, en cuyo norma reglamentaria se contiene, como acabamos de decir, la regulación de dicho documento» .

E).- Finalmente, también parece oportuno destacar «... que el carácter constitutivo de la inscripción en el correspondiente Registro también se mantiene con inequívoca claridad en muchas de la legislaciones autonómicas sobre las parejas estables: así, en Islas Baleares, el art. 1.2 de la Ley 18/2001, de 19/Diciembre (LA LEY 74/2002); en Galicia, la DA Tercera de la Ley 2/2006, de 14/Junio (LA LEY 6592/2006); en País Vasco, el art. 3 de la Ley 2/2003, de 7/Mayo (LA LEY 6009/2003); en Comunidad Valenciana, el art. 3 de la Ley 5/2012, de 15/Octubre (LA LEY 17438/2012)».

2.- La STEDH 08/12/09 en que se apoyan tanto la Sala de Suplicación de la recurrida como el informe del Ministerio Fiscal, contempla un supuesto previo a la Ley 40/2007 (LA LEY 12139/2007) [incluye a la pareja de hecho como generadora de posibles prestaciones de viudedad], y se la atribuye a la supérstite de una unión celebrada por el rito gitano. Y de entre sus razonamientos reproducimos alguno de ellos, para evidenciar la disparidad con el caso supuesto y la inaplicabilidad de su doctrina al caso de autos:

A).- «... aunque la pertenencia a una minoría no exime de respetar las Leyes reguladoras del matrimonio, sí puede influir en la manera de aplicarlas. El TEDH ya ha tenido ocasión de subrayar en la Sentencia Buckley c. Reino Unido (25 de septiembre de 1996, Compendio 1996-IV (cierto es, en un contexto diferente) que la vulnerabilidad de la etnia gitana, por el hecho de constituir una minoría, implica prestar una especial atención a sus necesidades y a su propio modo de vida, tanto en el marco regulador válido en materia de ordenación como en el momento de la adopción de la decisión en casos particulares (ibídem §§ 76,80,84, Chapman, anteriormente citada § 96, y Connors c. Reino Unido nº 66746/01 § 84, 27 de mayo de 2004» (ap. 61).

B).- «... la convicción de la demandante en cuanto a su condición de mujer casada con todos los efectos inherentes a este estado, fue indiscutiblemente reforzada por la actitud de las autoridades, que le reconocieron la condición de esposa de ...» (ap. 62).

C).- «En consecuencia, la denegación del reconocimiento de la condición de cónyuge a la demandante al objeto de obtener una pensión de viudedad contradice el reconocimiento previo por las autoridades de esta condición» (ap. 64).

D).- «El TEDH considera que el rechazo al reconocimiento del derecho de la demandante a percibir una pensión de viudedad constituye una diferencia de trato respecto al trato dado, por la Ley o la jurisprudencia, a otras situaciones que deben considerarse equivalentes en lo relativo a los efectos de la buena fe, tales como el convencimiento de buena fe de la existencia de un matrimonio nulo (artículo 174 de la ... LGSS (LA LEY 16531/2015)), o la situación examinada en la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 199/2004, de 15 de noviembre (LA LEY 2487/2004)...-, que concernía a la no formalización, por razones de conciencia, de un matrimonio canónico)» (ap. 65).

TERCERO- 1.- Sostiene el Ministerio Fiscal que en el supuesto ahora enjuiciado «nos encontramos común caso en todo análogo al que es objeto de la sentencia del TEDH -ser refiere al tan citado asunto «Muñoz Díaz»- puesto que igualmente se trata de una pareja de gitanos que solemnizaron su matrimonio a través del rito propio de su etnia, tuvieron cinco hijos y su situación fue aceptada en diversos documentos oficiales como el Libro de Familia y la cartilla de la Seguridad Social, lo cual generó en la interesada la legítima expectativa de ser considerada esposa de forma oficial».

Discrepamos de este planteamiento, en primer lugar porque el núcleo central de la decisión del TEDH tiene como presupuesto la buena fe de la demandante y su comprensible confianza en los plenos efectos del «matrimonio gitano», determinada -esa confianza- por la pertenencia de la contrayente a la comunidad gitana, que en manera alguna ha cuestionado la validez del matrimonio llevado según su consuetudinario rito, y -sobre todo- por el reconocimiento de la unión como «matrimonio» en determinados documentos oficiales [«... la convicción ... fue indiscutiblemente reforzada...»]. De esta forma, el argumento básico del TEDH en la referida sentencia es la buena fe de la contrayente, que el Tribunal contrapone -«tertium comparationis»- al tratamiento favorable dado a otros supuestos por el ordenamiento jurídico y por la jurisprudencia constitucional [matrimonios nulos y de buena fe], para señalar la existencia de diferencia de trato desproporcionada en perjuicio del supuesto debatido.

2.- Siendo esta la solución adoptada por el TEDH, se nos imponen dos consideraciones, decisivas en su traslación al presente caso: a) que la estimación de la demanda no vino determinada por atribuir eficacia jurídica alguna al «matrimonio gitano», sino porque la validez que le atribuye la comunidad romaní y el reconocimiento de la unión como «matrimonio» en determinados documentos oficiales habían generado en la contrayente comprensible buena fe que justificada el trato favorable dado por el ordenamiento jurídico a supuestos similares; b) que el Tribunal Europeo no cuestiona la afirmación contenida en la STC 69/2007 (LA LEY 11591/2007) [16/Abril] -última instancia de su enjuiciamiento en España- de que el principio de igualdad que proclama el art. 14 CE (LA LEY 2500/1978) no alcanza a la llamada «discriminación por indiferenciación», al no consagrar un derecho subjetivo al trato normativo desigual (FJ 4º); y c) que la pertenencia a una «minoría étnica» no repercutía en la aplicación o en la interpretación de la normativa de que tratamos, sino tan sólo en la configuración de la buena fe.

3.- No parece dudoso que el presente caso es muy diverso al examinado por el Tribunal Europeo, aunque medien coincidencia de colectivo afectado e identidad en la prestación solicitada, pues lo aducido no es -ni podía serlo- buena fe en la creencia de eficaz vínculo matrimonial a los efectos del derecho español, porque en la documentación oficial -Libro de Familia e inscripciones de nacimiento- se hace constar expresamente su cualidad de «solteros» e hijos «extramatrimoniales». Es más, ni tan siquiera se reclama el derecho por el mismo título que en el supuesto del Tribunal Europeo, siendo así que en aquel caso se invocaba -no podía ser de otra manera, dado que el fallecimiento había sido anterior a la Ley 40/2007 (LA LEY 12139/2007)- la existencia de «matrimonio», y en el proceso ahora enjuiciado el título que se invoca es el de «pareja de hecho».

4.- A nuestro juicio, lo que en los presentes autos se pretende y la decisión recurrida admite no es propiamente aplicar la doctrina del Tribunal de Estrasburgo, sino variar cualitativamente su contenido y alcance, al equiparar -en definitiva- la unión por el rito gitano a la inscripción registral o documentación pública de la «pareja de hecho», que exige el art. 174. 3 LGSS (LA LEY 16531/2015)/1995 para tener derecho a las prestaciones de viudedad. Pero ello no es factible, porque:

a).- Con arreglo a la reiterada jurisprudencia que antes hemos citado, tal requisito - inscripción o documentación pública de la pareja de hecho- es naturaleza constitutiva, y si el legislador limitó la virtualidad constitutiva a tales medios, precisamente por la «oficialidad» que comportan, la respetabilidad atribuible a la unión por el rito gitano no justifica hacer una equiparación que la ley -siquiera de forma implícita- no consiente respecto de ningún medio probatorio.

b).- Claramente, la regulación contenida en el art. 174.3 LGSS/1994 (LA LEY 2305/1994) «es neutral desde la perspectiva racial, al carecer por completo de cualquier tipo de connotación étnica» [hacemos nuestras las palabras de la STC 69/2007 (LA LEY 11591/2007), aunque entonces fueran referidas al acceso al vínculo matrimonial, en su FJ 5].

c).- Tal como indicamos más arriba, el principio de igualdad -art. 14 CE (LA LEY 2500/1978)- no consagra un derecho subjetivo al trato normativo desigual.

d).- Muy contrariamente, admitir la solución pretendida en el presente caso comportaría hacer de peor condición a quienes por razones ideológicas - tan respetables como las culturales- no se han constituido como pareja de hecho en la forma legalmente prescrita, y a los que -no infrecuentemente- les hemos negado la prestación de viudedad.

e).- En último término no cabe olvidar las múltiples minorías étnicas y culturales existentes en nuestro país, cuya posible vulnerabilidad -similar a la del colectivo gitano, en mayor o menor grado- ciertamente puede obligar a alguna interpretación normativa tendente a su protección conforme a los criterios del TEDH, pero no puede llegar al extremo de excepcionar la aplicación de la ley en los múltiples aspectos en que pudiera reflejarse su diversidad étnico-cultural [matrimonio; familia; comportamiento social...], so pena de comprometer gravemente la seguridad jurídica y la uniformidad en la aplicación de aquélla -la ley-; planteamiento éste que incluso se evidencia en las sentencias que el propio TEDH refiere el precitado asunto «Muñoz Díaz» y en las que -manteniendo una interpretación sensible hacia la protección de la minoría gitana- aunque ciertamente se exige una ponderación de los intereses en juego, de todas formas se atribuye primacía a la aplicación de la norma (así, asuntos «Coster», «Chapman» y «Buckey», todos ellos desestimatorios en materias de protección medio-ambiental y urbanismo, enfrentadas a la consuetudinaria costumbre gitana de morar en caravanas).

Las precedentes consideraciones nos llevan a afirmar -oído el Ministerio Fiscal- que la doctrina ajustada a Derecho es la mantenida por la sentencia de contraste y que -en consecuencia- la recurrida ha de ser casada y revocada. Sin imposición de costas [art. 235.1 LJS (LA LEY 19110/2011)].