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PRIMERO. CONSIDERANDO que si la sentencia de instancia no entra en la determinación de si ha existido o no promesa de matrimonio, aunque pase a regular sus efectos en orden a la responsabilidad derivada del enriquecimiento injusto, es lo cierto, que tras el examen de la demanda (hechos tercero, cuarto y quinto) y la contestación (hecho segundo), la promesa de matrimonio existió y fue mutua, puesto que ambas partes lo reconocen expresamente. Así debe interpretarse el hecho relatado en el segundo antecedente de la contestación a la demanda cuando dice: Actora y demandado proyectaron contraer matrimonio, como proyecto común, a cuyos efectos iniciaron una serie de preparativos de tipo material. del propio modo, el hecho cuarto de la demanda reconoce que: la demandante y el demandado acordaron que sería bueno y conveniente contraer matrimonio por lo que fijaron la fecha de 7 Jun. 1997, reservando ya desde el momento de la decisión iglesia y restaurante. Esas manifestaciones de voluntad, seguidas de actuaciones materiales tendentes a llevarlas a cabo, y la publicidad que se revela del conocimiento de familiares y amigos sobre el matrimonio poyectado, constituyen la promesa cierta de matrimonio a que se refiere el art. 43 del C. Civil; no estamos en presencia de declaraciones de sentimientos o de manifestaciones de voluntad aparente, sino ante la segura y probada voluntad de contraer matrimonio, declarada por personas mayores de edad.

SEGUNDO. CONSIDERANDO que prometido el matrimonio, aunque la Ley no obligara al cumplimiento de la promesa, hace responsable de la indemnización del empobrecimiento de la parte defraudada a quien la rompe sin justa causa. El Juez a quo, tras el análisis de la prueba testifical y la confesión, ha llegado a la conclusión de que fue el demandado quien rompió la promesa de matrimonio. El recurrente, al amparo del error en la apreciación de la prueba insta la modificación del Fallo. Expresamente cita el Juez de instancia la prueba testifical, que califica de abrumadoramente favorable a la demandante. A parte de la familia, que ofrece un testimonio en relación directa a su parentesco, la actora propuso a los «amigos comunes» Fidel y Sagrario, que son matrimonio, y Gemma. Comparece Sagrario solamente y en efecto, es clara en sus respuestas en las preguntas de la actora y más clara a las repreguntas del demandado; por parte de éste, no se propuso prueba testifical al respecto excepto la de la familia. La Confesión del demandado contiene también para el Juez de Instancia la revelación de quien rompió las relaciones, pues solo el sentimiento de culpa propició que, tras la entrevista fatídica, Diego trasladara a Sagrario a Toledo (posiciones 10, 11 y 12) El resto de las pruebas está orientado a la determinación de los gastos, y aportan poco ningún conocimiento a la autoría de la ruptura. Aplicando la prueba testifical y a la de confesión las reglas de la apreciación de la prueba en el orden civil (sana crítica), el Tribunal reconoce que si de alguna prueba cabe elucubrar, es la demandante la favorecida por el resultado, pues el demandado no ha ofrecido ninguna que objetivamente avale su postura procesal. La sana crítica está compuesta por reglas no escritas, que conducen al juzgador a la identificación de los indicios o señales con una u otra pretensión, y el Tribunal no encuentra ilógica la deducción que hace el Juez a quo respecto de la confesión, y menos aún, la apreciación que hace del testimonio, porque en este último caso es una amiga común, cuya amistad ni siquiera se ha cuestionado por la contraparte, la que manifiesta, rotunda, clara y terminantemente que fue Diego quien rompió el compromiso al no encontrarse preparado para asumir el estado de casado.

Que dentro de la prueba testifical aludida en la sentencia, se encuentra, suponemos, porque el Juez a quo no ha hecho alusión a ella para nada, el testimonio dado por Ana H. P., psicóloga que atendio a Sagrario en la depresión que sufrió tras la negativa de Diego a contraer matrimonio; la testigo, tras manifestar que trato a Sagrario de una depresión, afirma que «si bien no puede afirmarlo rotundamente, cree que la decisión de no contraer matrimonio, no partió de Sagrario, quien ni asumió ni comprendio la cancelación de la boda, sumiéndose en una depresión En esa falta de «absoluta certeza» fundamenta también la parte recurrente su motivo de recurso sobre el error en la apreciación de la prueba. Siendo cierto que la testigo manifestó lo que consta en autos (folio 152), no es menos cierto que el examen conjunto del testimonio (cuatro preguntas y dos repreguntas) nos acerca mas a la postura de Sagrario que a la de Diego. En todo caso, el Juez a quo no ha basado su sentencia exclusivamente en esta prueba, y en consecuencia procede la desestimación del motivo aducido.

TERCERO. CONSIDERANDO que la parte demandante se adhirió al recurso formulado por la demandada para impugnar el quantum indemnizatorio concedido en la sentencia, alegando también error en la apreciación de las pruebas. Concretamente recurre la desestimación de 8.000 ptas. por la «prueba de novia», 44.350 ptas. por los regalos que constan en la factura 23 y las 500.000 ptas. que había reclamado por daño causal, cantidades todas ellas rechazadas por el Juez a quo.

La factura núm. 23, por importe de 44.350 ptas., correspondientes a 150 flores de terciopelo, 150 grabaciones y 1 cesta decorada, emitida por El Rastrillo, no ha sido adverada pese al intento de la parte actora que cita a testificar a María Dolores M. S., supuestamente propietaria de dicha tienda; la falta de adveración impide tener por cierto el gasto.

Las 8.000 ptas. de «prueba de novia» que corresponden al documento 19 de folio 46, recogen en realidad un peinado consistente en «recogido, maquillaje y mechas», realizado por Ana G., que si ha adverado, no determina por si solo que su destino fue el proyectado matrimonio. Los gastos hechos «en consideración al matrimonio prometido» son las que deben indemnizarse según el art. 43 del Código Civil. La fecha del documento es de 29 Abr., y con independencia del proyecto matrimonial el gasto tuvo su utilidad.

Por último, las 500.000 ptas. por daño moral que se reclama, no tiene cabida en el art. 43 porque solo produce obligación de resarcir gastos hechos y obligaciones contraídas; es el empobrecimiento injusto y la correspondiente obligación de repararlo lo que protege el precepto invocado. El daño moral no es gasto ni es obligación potencial, no obedece a un empobrecimiento asumido por el destinatario de la promesa en consideración al matrimonio prometido. Indemnizar el daño moral equivale a dar validez jurídica a la promesa de matrimonio como esponsales de futuro, sustituyendo la obligación de hacer por la de dar, en contra de lo dispuesto en el art. 42 del C. civil.

CUARTO. CONSIDERANDO que no procede imponer a ninguno de los recurrentes las costas del recurso al haberse desestimado tanto la apelación principal como adherida.