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PRIMERO.- El presente recurso contencioso administrativo se interpone por la representación de don Adrian y doña Belinda, nacionales de Venezuela, contra las resoluciones del Subsecretario de Interior, actuando por Delegación del Ministro del Interior (Orden INT 3162/2009 de 25 de noviembre (LA LEY 20785/2009)), de 2 de marzo de 2017, por las que se deniega a los recurrentes el Derecho de Asilo y la Protección Subsidiaria.

Las razones, comunes para ambos, aducidas por la Administración en fundamento de su decisión, son las siguientes:

" ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Los interesados formalizaron su petición de protección internacional en la Oficina de Asilo y Refugio de Madrid el 25/09/15 efectuando su entrada en España ambos solicitantes el 30/09/14. La petición ha sido admitida a trámite y se instruye por el procedimiento ordinario según lo establecido en el artículo 24 de la Ley 12/2009 (LA LEY 19199/2009).

Las presentes peticiones se instruyen conjuntamente dado que se trata de una unidad familiar formada por el solicitante, y su pareja, constando en el expediente sus vínculos familiares.

SEGUNDO.- El solicitante, Adrian, alega en su escrito de alegaciones que en el año 2004 su nombre aparece en la Lista Tascón, tras firmar el Referéndum revocatorio, y que tanto el solicitante como su novia, Belinda, son simpatizantes del partido Primero Justicia, participando en marchas y concentraciones pacíficas. También alega en dicho escrito que trabajaba para Petróleos de Venezuela. Que les obligaban a realizar concentraciones antes de las elecciones presidenciales de 2012. Alega que renunció a su trabajo el 26 de Febrero de 2013, por los maltratos verbales que recibió por ser de dicho partido político, sin que ninguna empresa privada le aceptase. En su escrito de alegaciones manifiesta que él y su novia deciden venir a España para cursar un Máster en Comercio Y Negocios Internacionales en la Universidad EUDE Business School. En su declaración manifiesta que vino a España para estudiar, manifestando que su deseo es quedarse en España de forma legal. Tiene una tarjeta de estudiante, habiendo solicitado la renovación de la misma, sin obtener respuesta. Tuvo que darse de baja de sus estudios por falta de medios económicos, le fueron negadas las divisas estando ya en España, tenía que pagar 10.000 euros del Máster sobre Comercio Internacional. La razón de la negación fue porque lo que iba a estudiar no beneficiaba a su país. Alega el solicitante que vino con su novia, y que tenía el mismo problema. El interesado decide darse de baja de la Universidad a finales de Octubre de 2014, tomando la decisión de ponerse a trabajar para mantenerse ambos, teniendo el problema de que al vencerle la tarjeta tendría problemas al estar ilegal.

El interesado explica que tiene un hijo en Venezuela de una relación anterior. Según su escrito de alegaciones su madre es Susana, solicitante de asilo el 19 de Septiembre de 2016, junto a su hijo y del solicitante. Tiene problemas en los riñones, al cual le están haciendo pruebas, favoreciéndole el cambio de moneda, circunstancia que si volviese a Venezuela no podría ayudarle. También afirma que presta ayuda a sus padres.

Declara que no quiere volver a su país por la inseguridad que hay y por la falta de alimentos.

Afirma que no ha tenido problemas con las autoridades de su país, ya que, antes de ser Abogado fue Policía desde el año 1999 hasta el año 2005.

La solicitante, Belinda, fundamenta su solicitud en los siguientes motivos: Alega que trabajaba para Petróleos de Venezuela y que recibía ataques porque era "escuálida", que era de otro partido, que sus compañeras de trabajo le decían que tenía que ponerse una camisa roja, le ponían carteles con la cara de Chávez. La solicitante era obligada a ir a manifestaciones a favor del Gobierno. Aunque la solicitante alega no haber sufrido violencia como tal, la situación era muy desagradable por sufrir un acoso desde 2010 hasta 2014. En unas elecciones, su jefe la despertó con un mensaje diciéndole que sabía lo que iba a votar, sin tomarlo en cuenta, votando ella libremente aunque sintiéndose presionada. La interesada afirma que ha asistido a marchas de Primero Justicia, pero su jefe directo le decía que no acudiera, manifiesta que no sabe cómo se enteraba de que iba.

Explica que toma la decisión de renunciar a su trabajo, efectiva el 16 de Septiembre de 2014, tomando la decisión de venir a España porque ya había venido de turismo. En su escrito de alegaciones manifiesta que ella y su novio deciden venir a España para cursar un Máster en Comercio y Negocios Internacionales en la Universidad EUDE Business School Pero le negaron la "manutención", pidiendo una reconsideración, sin tener esa ayuda.

TERCERO.- Consta en el expediente la siguiente documentación:

El solicitante, Adrian, presenta:

- Original y fotocopia de pasaporte, no constando tránsito por ningún país.

- Fotocopia de NIE español para extranjeros de estudiante para estudios o investigación.

- Fotocopia de visado para España para el solicitante.

Escrito de alegaciones.

La solicitante, Belinda, presenta:

- Original y fotocopia de pasaporte, no constando tránsito por ningún país. Fotocopia de visado para España para el solicitante.

- Fotocopia de renuncia a su puesto de trabajo como Analista Financiero, de fecha 16 de Septiembre de 2014.

- Fotocopia de consignación de documentos ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).

- Fotocopia de Resolución de denegación de la Autorización de Adquisición de Divisas, dictada por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), de fecha 12 de Diciembre de 2014.

- Fotocopia de correo electrónico sobre Información a la solicitud comunicando la denegación de la Autorización de Adquisición de Divisas, dictada por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), de fecha 22 de Septiembre de 2015.

- Fotocopia de Certificado de Matriculación y de Preadmisión de la solicitante a la EUDE Business School, para cursar Máster en Comercio y Negocios Internacionales.

- Fotocopia de Diplomas de la solicitante de Camarero y Atención al Cliente y Manipulador de Alimentos, de fecha 7 de Mayo de 2015.

Escrito de alegaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: La información de país de origen consultada para el análisis y estudio de la presente petición es la que a continuación se relaciona:

Amnistía Internacional LOS DERECHOS HUMANOS EN RIESGO EN MEDIO DE PROTESTAS

http://www.ecoi.net/file_upload/4543_1433248650_amr530092014e s.pdf

Freedom House: Freedom in the World 2015 - Venezuela, 28 January 2015 (available at ecoi.net)

http://www.ecoi.net/locallink/295278/416298_en.html (accessed 14 September 2016)

HRW - Human Rights Watch: World Report 2015 - Venezuela, 29 January 2015 (available at ecoi.net)

http://www.ecoi.net/local_link/295534/416582_en.html (accessed 14 September 2016)

Al - Amnesty International: Amnesty International Report 2014/15 - The State of the Worlds Human Rights - Venezuela, 25 February 2015 (available at ecoi.net) http://www.ecoi.net/local_link/297312/419668_en.html

USDOS - US Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2014 - Venezuela, 25 June 2015 http://www.ecoi.net/local_link/306325/429708_en.html (accessed 14 September 2016)

Freedom House: Freedom in the World 2016 - Venezuela, 27 January 2016

http://www.ecoi.net/local_link/320158/445553_en.html (accessed 14 September 2016)

SEGUNDO: Alega el interesado, Adrian, que trabajaba para Petróleos de Venezuela y que era obligado a ir a manifestaciones antes de las elecciones presidenciales de 2012, renunciando a su trabajo. Que no quiere volver a su país por la inseguridad que hay y por la falta de alimentos. Alega, por ello, que vino a España con la interesada para estudiar un Máster en Comercio y Negocios Internacionales., manifestando que su deseo es quedarse en España de forma legal. Ya en España le es denegada la Autorización de Adquisición de Divisas.

Alega la interesada, Belinda, que trabajaba para Petróleos de Venezuela y que era obligada a ir a manifestaciones antes de las elecciones presidenciales de 2012, renunciando a su trabajo. Y que vino a España con el interesado para estudiar un Máster en Comercio y Negocios Internacionales, siéndole denegada la Autorización de Adquisición de Divisas.

TERCERO: Según información contrastada de país de origen, tras la llegada al poder de Hugo Chávez en 1998 se produjeron numerosas movilizaciones y enfrentamientos entre partidarios y detractores del Gobierno y de la llamada Revolución Bolivariana, especialmente durante periodos electorales y durante el intento golpe de Estado del año 2002. Sin embargo, la actual crisis política y social que atraviesa el país se agudizó durante la transición política que provocó la muerte de Chávez en marzo de 2013 por cáncer. Tras hacer pública su enfermedad en 2011, Chávez tuvo que abandonar sus funciones en varias ocasiones para recibir tratamiento médico, provocando según algunos analistas un claro debilitamiento del Gobierno. A pesar de ello, Chávez ganó las elecciones presidenciales de 2012. Tras la muerte de Chávez, la oposición calificó de fraude constitucional la toma de posesión del cargo del hasta entonces vicepresidente del país, Onesimo, por considerar que el puesto correspondía al presidente del Parlamento. La tensión se incrementó notablemente tras las elecciones presidenciales de abril de 2013, en las que Onesimo se impuso por un escaso margen (50,6% de los votos) y en las que la oposición denunció numerosas irregularidades y solicitó, con el apoyo de varios Gobiernos y de la OEA, el recuento y la verificación de los sufragios. Tras la validación de resultados por parte del Tribunal Supremo de Justicia, la oposición impugnó las elecciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Durante la segunda mitad del 2013 se produjeron numerosas movilizaciones de partidarios y detractores del Gobierno y se produjeron diferentes episodios de violencia. La dinámica de polarización social continuó durante 2014 y 2015, desatándose la violencia en algunas situaciones y manteniendo las tensiones entre el Gobierno y la oposición.

La llegada de Onesimo al poder, lejos de destensar las relaciones entre el Gobierno y la oposición, comportó un aumento de la confrontación y las movilizaciones ciudadanas de la oposición. En el año 2014 se vivieron en el país importantes protestas y movilizaciones ciudadanas contra el Gobierno, que dejaron un balance de 40 personas fallecidas y alrededor de 850 personas heridas y más de 3.000 detenciones. Las protestas más destacadas las protagonizaron el colectivo estudiantil, quien a principios de año realizó diferentes movilizaciones en las principales ciudades venezolanas. Luis, líder de la organización política opositora Voluntad Popular, fue detenido y encarcelado acusado de incitar a la violencia y de propiciar las primeras víctimas mortales de las protestas. El Gobierno de Onesimo acusó a la oposición de tratar de realizar un golpe de Estado similar al del 2002 y de no respetar el Gobierno elegido democráticamente. Durante el 2015, la tensión social se mantuvo. La UNASUR trato de impulsar un diálogo entre el Gobierno y las fuerzas de oposición, que quedó suspendido en mayo de 2015 sin lograrse avances significativos. El Gobierno de EEUU incrementó su presión sobre el régimen de Onesimo, aprobando un paquete de sanciones contra altos funcionarios del Estado venezolano, que hizo que la tensión y beligerancia en la diplomacia bilateral entre Venezuela y EEUU aumentase considerablemente. Por otro lado, diferentes organizaciones políticas, de derechos humanos, nacionales e internacionales, han denunciado prácticas sistemáticas de torturas, abusos, detenciones arbitrarias y otras violaciones de los derechos humanos cometidos por el Gobierno de Venezuela.

CUARTO: La información de país de origen disponible en los diferentes informes relativos a la situación de derechos humanos existentes en Venezuela ponen de manifiesto la utilización del poder judicial para intimidar e inculpar selectivamente a los críticos del gobierno; las acciones policiales indiscriminadas en contra de civiles que dieron lugar a detenciones arbitrarias generalizadas y privación ilícita de la vida; y las acciones del gobierno con el fin de impedir la libertad de expresión y restringir la libertad de prensa. El gobierno arrestó y encarceló a personajes de la oposición y no respetó la independencia judicial, ni permitió que los jueces actuaran conforme a la ley sin miedo a represalias. Durante todo año, el gobierno bloqueó los medios de comunicación y hostigó e intimidó a las estaciones privadas de televisión, a otros medios y a periodistas, valiéndose de amenazas, multas, incautaciones, arrestos, investigaciones y juicios penales.

Las organizaciones no gubernamentales (ONG), los medios de comunicación y organismos del Estado, informaron sobre ejecuciones extrajudiciales por la policía y las fuerzas de seguridad; tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; condiciones carcelarias difíciles y amenazantes para la vida, además de la ausencia de derechos del debido proceso, que contribuyeron a la violencia generalizada, disturbios, lesiones y muertes en las cárceles; centros juveniles de detención inadecuados; corrupción e impunidad en las fuerzas policiales; arrestos y detenciones arbitrarios; maltrato de presos políticos; interferencia en los derechos a la vida privada; ausencia de respeto del gobierno por la libertad de asociación; ausencia de protección para los inmigrantes colombianos; corrupción en todos los niveles del gobierno; amenazas contra las ONG nacionales; violencia contra las mujeres; declaraciones antisemitas de altos funcionarios gubernamentales; trata de personas; violencia por razones de orientación sexual e identidad de género; y restricciones en el derecho de asociación de los trabajadores.

En algunas ocasiones, el gobierno tomó medidas para sancionar a funcionarios gubernamentales de menor rango que cometieron abusos, pero hubo pocas investigaciones o enjuiciamientos de altos funcionarios del gobierno por supuestos casos de corrupción o abusos.

QUINTO. Respecto a la documentación aportada acredita de modo fehaciente la identidad y nacionalidad de los interesados, en su mayoría se trata de documentos de carácter identificativo.

Los elementos probatorios aportados por el solicitante en apoyo de sus alegaciones (Pasaportes, visados, NIE español para extranjeros de estudiante para estudios o investigación, renuncia a su trabajo, Certificado de Matriculación y de Preadmisión en EUDE, diplomas, denegación de la Autorización de Adquisición de Divisas ) no pueden considerarse prueba o indicio de la persecución alegada, ya que acreditan circunstancias personales del solicitante que en sí mismas no determinan necesariamente la existencia de persecución ni justifican un temor fundado a sufrirla.

SEXTO. Los solicitantes plantean diversos motivos de persecución.

Así, aunque la solicitante alega no haber sufrido violencia como tal, la situación en su trabajo era muy desagradable por sufrir un acoso laboral desde 2010 hasta 2014. Por lo tanto, es un hecho que ni siquiera ha de encuadrarse dentro de la delincuencia común, sin tener cabida en la Convención de Ginebra, ni por el agente perseguidor (en tal caso, delincuentes) que no sus autoridades, ni por los motivos.

Alega el interesado que no volvería a Venezuela por la situación de inseguridad existente. Ello, pues, constituyen pues actividades criminales que proceden de particulares, situación que se producen en cualquier Estado, sin que además se deduzca de sus alegaciones que tales autoridades hayan promovido o autorizado los hechos. El solicitante no ha padecido tampoco ninguna situación de violencia que alegue en su declaración, tan sólo se encuentra el coche rayado un día cuando sale del trabajo, según alega en su escrito de alegaciones. Por lo tanto, el espíritu y finalidad de la institución del asilo no residen en otorgar protección ante fenómenos de inseguridad ciudadana en los distintos países, sino, tan sólo, otorgarla en casos de persecución por los motivos contemplados en la Convención.

La situación de violencia que existe en algunas zonas de Venezuela no se extiende a la totalidad del territorio de dicho país ni afecta a toda la población, por lo que no puede aceptarse que exista una situación de violencia generalizada asimilable a la de conflicto armado que determine que, en caso de volver, la vida del solicitante corra peligro solo por el hecho de encontrase en su país.

Las situaciones generalizadas de falta de libertades en el país de origen no pueden dar lugar a la condición de refugiado a no ser que vayan acompañadas del temor de sufrir persecución personal o de una concreción de tal situación en la persona del solicitante. De otro modo, cualquier ciudadano de un país en el que se producen tales trastornos tendría automáticamente derecho a la concesión del derecho de asilo, lo que no es la finalidad de tal institución. Véase SAN de 13 de junio(recurso n. 880/2006 (LA LEY 81400/2008)); SAN de 5 de Mayo ( recurso n.987/2007); SAN de 8 de abril (600/2006); SAN de 5 de mayo (recurso n. 237/2007) y SSTS de 4 de febrero (recurso n.1479/2004) y 30 de junio (recurso n.1018/2003) y de 18 de junio (recurso 11399/2004 (LA LEY 79129/2008)).

El interesado explica que tiene un hijo en Venezuela de una relación anterior. Según su escrito de alegaciones su madre es Susana, solicitante de asilo el 19 de Septiembre de 2016, junto a su hijo y del solicitante. Tiene problemas en los riñones, al cual le están haciendo pruebas. Al haber solicitado la protección internacional la ex pareja del solicitante, junto a su hijo, se puede observar que dicho menor, Hipolito, no quedaría sin la protección de esta institución en el caso de que así se otorgase por el hecho de solicitar asilo su madre.

Por otro lado los solicitantes alegan ser objeto de una persecución política por el hecho de no comulgar con las ideas del gobierno, persecución que dicen traducirse en una serie de amenazas verbales, no existiendo constancia alguna, ni los solicitantes denuncian tales hechos ante sus autoridades. En efecto, si bien los solicitantes atribuyen una persecución que culmina con la renuncia de sus puestos de trabajo, todo ello atribuido al hecho de no comulgar con las ideas oficialistas y por ser simpatizantes del partido Primero Justicia.

Respecto al perfil político de los solicitantes alegan ser simpatizantes del partido Primero Justicia, sin que conste ninguna acreditación documental al respecto. No existe por tanto, una pertenencia al partido ejerciendo una responsabilidad dentro del mismo de los interesados. Lo que no podemos saber con exactitud es si el ser simpatizante ha sido algo continuado y comprometido como afirma los solicitantes, al no contemplarse desde cuándo son simpatizantes.

Manifiesta n los interesados que se han significado ante sus autoridades acudiendo a marchas pacíficas a título individual del partido Primero Justicia.

De las consecuencias que supuso el que fueron simpatizantes de dicho partido no hay pruebas documentales que atestigüen el maltrato verbal o el supuesto acoso al que fueron sometidos los solicitantes al que fueron objeto en su trabajo, y que dieron lugar a la renuncia del mismo.

Aunque se diera por acreditada la pertenencia de los solicitantes al partido político Primero Justicia como opositor al régimen de su país, tal hecho por sí solo no implica la existencia de una situación de persecución, máxime cuando tal situación se ve abiertamente desvirtuada por el propio relato de hechos del interesado y por su conducta posterior, una vez llegado a España. Siendo especialmente relevante que invoque como origen de esta situación de persecución su pertenencia al partido político mencionado.

En cuanto al hecho de que el solicitante esté inscrito en la denominada Lista Tascón, ha de señalarse que la lista a la que alude el solicitante fue creada en el 2004, apareciendo en la misma el listado de firmantes contra Hugo Chávez para poder activar el referéndum revocatorio contra su gobierno.

Si bien es cierto que transcurrido el referéndum fue publicada la mencionada lista existiendo denuncias sobre el uso de la misma como instrumento contra los firmantes y la oposición en general, afectando al despido o no contratación en empresas públicas de los que aparecían en la misma, los solicitantes no acreditan documentalmente su inclusión en tal lista, lista que posteriormente el presidente Chávez exigió enterrar tras reconocer su uso negativo, siendo retirada de la base de datos de la página web del diputado que la publicó. Y si bien la oposición siguió denunciando la existencia activa de la lista, hablándose además incluso de una nueva lista denominada "Lista Maisanta", no es menos cierto que la repercusión de ésta ha ido paulatinamente disminuyendo con el paso del tiempo, recordándose además que tales repercusiones se concretaban en el mercado laboral al acceso a empresas públicas y filiales, lo que podría tacharse de discriminación pero no de persecución.

En definitiva se trata de un mecanismo de discriminación que se utilizó por un largo período y que fueron muchos los afectados.

De la información de país de origen consultada se deduce que la creación y utilización de la denominada Lista Tascón fue a partir del año 2002, pero en los mismos no se pone de manifiesto que continúe siendo utilizada en la actualidad. La mera inclusión en la llamada lista de Tascón no constituye por su gravedad y atendiendo a las circunstancias personales del solicitante base suficiente que permita justificar un temor fundado a sufrir persecución por tal motivo.

El perfil laboral de los solicitantes y su formación profesional no corresponde a grupos específicos perseguidos. Siendo trabajadores de Petróleos de Venezuela la solicitante, y Ex policía y Abogado el interesado, no hace pensar en que hayan tenido una especial persecución por razón de sus profesiones o estudios.

Respecto del Máster que querían realizar los solicitantes, la razón de la denegación de la Autorización de Adquisición de Divisas, según el solicitante, fue por el incumplimiento de la condición establecida en el artículo 1 de la Providencia número 116 que establece Los Requisitos y Trámites para la Solicitud de Adquisición de Divisas destinadas al pago de actividades académicas en el exterior, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 40.200 de fecha 3 de Julio de 2013, según la cual la actividad académica a cursar debe circunscribirse a las áreas y subáreas de formación determinadas como prioritarias para la Nación por el Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, siendo que la actividad sobre la cual versa la solicitud indicada no se encuentra establecida como área o subárea de formación prioritaria en el exterior según Resolución número 3147 de fecha 17 de Abril de 2012 publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 39.904. Teniendo la posibilidad que otorga la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en su artículo 94 de interponer recurso de reconsideración ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), dentro de los quince días hábiles siguientes a la presente notificación o de conformidad con lo previsto en el artículo 32, numeral 1, de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, interponer recurso contencioso administrativo de nulidad ante las Cortes de lo Contencioso Administrativa, dentro del lapso de 180 días continuos a la presente resolución. Dicha denegación está contemplada en las leyes venezolanas, no es una decisión arbitraria de las Autoridades.

Atendiendo a la documentación aportada por los solicitantes, no se aprecia que hayan presentado recurso de reconsideración ni contencioso administrativo de nulidad tras la notificación de dicha denegación de la Autorización de Adquisición de Divisas, para poder continuar sus estudios en España. A lo cual hay que añadir que el solicitante tiene una tarjeta de estudiante, habiendo solicitado la renovación de la misma, sin obtener respuesta, ni documento que demuestre la solicitud de dicha renovación.

Teniendo en cuenta la información de país de origen antes citada y del contenido del expediente, especialmente de las propias declaraciones de los interesados, no resulta acreditado, aun de forma indiciaria, que los solicitantes de asilo hayan sufrido persecución personal e individualizada en su país por alguno de los motivos previstos en la Convención de Ginebra. Por el contrario, su relato en la entrevista inicial refleja que el único motivo de su salida de su país, que da lugar a la petición de protección internacional, es la falta de trabajo, lo que le impulsa a venir a España, al renunciar al mismo y no encontrar posibilidad de encontrar trabajo en ninguna empresa privada, al ser, que se ha de vincular a razones laborales y económicas, ajenas a los motivos de persecución previstos en la Convención de Ginebra y en la Ley de Asilo. Añadiendo, el deseo de los interesados de cursar un Máster en España.

Señalar además que el tiempo transcurrido entre la llegada a España de los solicitantes (30 de Septiembre de 2014) y la presentación de la solicitud de asilo (25 de Septiembre de 2015) hace que pueda razonablemente dudarse de la necesidad de la protección demandada.

Se ha de señalar que se ha declarado al respecto (por todas, sentencia de 16 de junio de 2011 -recurso de casación número 125/2010-) que cuando una persona, tras llegar a España, deja transcurrir un largo tiempo sin solicitar el asilo, cabe concluir que es dudoso que exista una necesidad real de protección, pues resulta lógico presumir en quien tarda en pedir asilo pudiendo hacerlo, y se mantiene durante un prolongado periodo de tiempo en situación de estancia ilegal -con el consiguiente riesgo de ser expulsado- que esta consecuencia no le atemoriza, o que no siente el temor de ser perseguido ni la imperiosa necesidad de ser protegido, de buscar refugio, en suma. No se trata, pues, de que la tardanza en la petición de asilo se traduzca en una presunción de inverosimilitud del relato, sino que esa tardanza permite suponer razonablemente que los hechos relatados han perdido vigencia.

El relato efectuado por la solicitante es inconcreto y ambiguo, careciendo del más mínimo soporte dada la generalidad del relato y la ausencia de datos concretos referidos a la supuesta persecución o temor padecido, por el que se pueda concluir la existencia de una persecución personal en los términos establecidos por la Convención de Ginebra. El hecho de no ser objeto de una violencia explícita ejercida sobre los solicitantes hace que no sea necesaria la alegada protección internacional. Sin ninguna prueba documental de la situación de acoso vivida por los solicitantes, ni denuncias. Y es más, la solicitante alega que ya había estado en España de turismo y le gustaba el país, y que por ello vienen aquí a cursar el Máster.

El solicitante ha utilizado para salir legalmente de su país pasaporte legalmente expedido por sus autoridades, lo que resulta contradictorio con las alegaciones de persecución formuladas.

La persecución alegada por la solicitante no proviene de las autoridades del país, y tampoco se funda en alguno de los motivos de asilo señalados por la Convención de Ginebra. En estas circunstancias, es preciso que se acredite que ante tales hechos no encuentre la protección adecuada y suficiente de las autoridades del país, lo que podría resultar de una denuncia o petición de protección ante dichas autoridades que permitiera valorar la actitud de las mismas y el alcance subjetivo de dicha situación, o la posibilidad de evitar la situación tan desagradable de sufrir el acoso laboral sufrida por los solicitantes mediante el desplazamiento interno a otra localidad del mismo país, en busca de trabajo, alejada de aquella en que los actos de acoso se produjeron. Estas circunstancias no se han producido, por lo que no se puede apreciar la existencia de una situación personal de persecución y desprotección que exige la protección propia del derecho de protección internacional.

En relación con los agentes de persecución, numerosas sentencias indican que si el solicitante de asilo nunca denunció la persecución proveniente de agentes distintos de las autoridades del país, como es el acoso laboral sufrido por ambos solicitantes por ser simpatizantes del partido Primero Justicia, esta inactividad ha de considerarse como un dato revelador de su inexistencia ( SSAN de 15 de febrero, recurso 524/2003 (LA LEY 35984/2005); de 2 de marzo, recursos 480/2003 (LA LEY 49680/2005) y 756/2003, entre otras), incluso aunque hubiera sido inútil esperar protección STS de 31 de mayo (recurso 1157/2002 (LA LEY 12455/2005))."

SEGUNDO.- Los recurrentes en su escrito rector en el que solicitan el Asilo, aducen en apoyo de su pretensión, los siguientes Hechos y Fundamentos de Derecho:

" HECHOS

PRIMERO.- Mís representados solicitaron asilo en España, siendo inadmitida a trámite su solicitud mediante resolución de fecha 2 de marzo de 2017 contra la que se ha interpuesto el presente recurso.

La inadmisión de la solicitud de asilo se fundamenta en que según la resolución, no resulta acreditado aun de forma indiciaria, que los solicitantes de asilo hayan sufrido persecución personal e individualizada en su país por alguno de los motivos previstos en la Convencion de Ginebra.

Sin embargo, resulta patente de los informes existentes de organizaciones internacionales o de los propios medios de comunicación que la situación politica de Venezuela, lejos de destensarse desde el momento de la presentación de la solicitud de asilo a esta fecha, ha venido recrudeciéndose en cuanto a protestas, y lo que es peor, en cuanto a represalias del regimen opresor, llegando a la violencia fisica generalizada, lo que justifica de manera inequivoca el temor de los solicitantes del asilo por su integridad física, y la de su hijo común menor de edad, en caso de regresar a su país, habida cuenta como se a (sic) acreditado, de su condición de simpatizantes de la oposición, que es lo que ocasionó su salida de su país y la paralización del cambio de divisas que les impidió seguir con sus estudios en España, a modo de represalia política.

Como establece la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de noviembre de 1993 «Para apreciar si procede o no reconocer la condición de refugiado, la Administración tiene que conjugar la situación del país de origen del interesado con su situación personal, si bien a la hora de acreditar tal conjunción de elementos no se precisa una prueba contundente, sino la concurrencia de indicios suficientes.»

En el caso que nos ocupa, existen indicios suficientes en la documentación acompañada a la solicitud de asilo, obrante en el expediente para reconocer a los recurrentes la condición de asilado.

SEGUNDO.-. No obstante, a continuación se relatan los hechos base de la solicitud de asilo que nos ocupa:

Los recurrentes en 2004 firmaron para el referendum revocatorio contra Hugo Chavez, lo cual supuso que pasaron a formar parte de la LISTA DE TASCON, por lo que a partir de ese momento comenzaron a sufrir acoso laboral por causa de sus ideas políticas, diferentes a las del regimen, dentro de la empresa en la cual ambos trabajaban PETROLEOS DE VENEZUELA S.A., siendo discriminados, obligados a asistir a concentraciones políticas en contra de sus ideas, vejados diariamente en sus trabajos, llegando a sufrir episodios de violencia en las cosas, como rayados en su vehículo con referencias a favor de Chavez, conductas que evidentemente quedaban impunes.

Ante tal situación que comenzó a afectar a su salud psicológica, los recurrentes decidieron ir a España a cursar unos estudios de Master, los cuales no pudieron continuar por cuanto, por orden de gobierno venezolano, y como represalia por su siginificación política, les fue denegada la solicitud de adquisición de divisas destinadas al pago de actividades academicas en el exterior, con la cual iban a pagar sus estudios, sufiendo de este modo y ya en el extranjero, la discriminción y persecución por causas políticas, que a estas fechas en su país de origen se ha recrudecido, resultando imposible que los recurrentes puedan mantener su seguridad intacta en caso de retorno a su país, lo que les hace merecedores del asilo solicitado.

Tal y como claramente recoge la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 9 de mayo de 1988 «En esta materia prima el criterio de solidaridad, de hospitalidad y de tolerancia y es vano, por la realidad de las cosas, pedir una acabada prueba de las condiciones en que el interesado se mueve cuando pide asilo o solicita la condición de refugiado: ......basta en principio invocar un fundado temor a ser perseguido en su país de origen por motivo de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o de opiniones políticas; baste decir que no se quiere regresar a él cuando esta manifestación viene acompañada de notorios hechos que ocurren en su país de origen, como pasa en el presente caso; apreciar el alcance de las manifestaciones que aquí realiza el súbdito extranjero, que quiere asegurarse la protección del Estado Español, ha de hacerse en el contexto del expediente, en el que se debe destacar el dato objetivo de que en la nación de procedencia y de residencia habituales sufren acontecimientos políticos y sociales que rebasan en mucho unas mínimas condiciones de normalidad.»

Acreditada por tanto esa posibilidad de temor a ser perseguido procede otorgar el asilo solicitado.

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- El artículo 11 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admnistrativa en cuanto regula la competencia, que se atribuye a la Audiencia Nacional.

II.- Los artículos 18 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LA LEY 2689/1998), en cuanto regulan la legitimación.

III.- Los artículos 45 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativo en cuanto regulan el procedimiento.

IV.- El artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (LA LEY 22/1948) al establecer que «En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país.»

V.- El artículo 1 de la Convención de Ginebra de 1951 (LA LEY 12/1951) al definir el concepto de refugiado.

VI.- Los artículos 5 y siguientes de la Ley de Asilo (Ley 9/1994 de 19 de mayo (LA LEY 1810/1994), que reforma la Ley 5/1984 (LA LEY 707/1984) de asilo y refugio).

VII- El artículo 139 de la LJCA (LA LEY 2689/1998) en cuanto regula las costas, que deberán ser impuestas a la administración."

TERCERO.- La Constitución Española se remite a la Ley para establecer los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas pueden gozar del derecho de asilo en España. A su vez, la Ley 12/2009, de 30 de octubre (LA LEY 19199/2009), reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, reconoce la condición de refugiado y, por tanto, concede asilo a todo extranjero que cumpla los requisitos previstos en los Instrumentos Internacionales ratificados por España, y en especial en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de Ginebra de 28 de junio de 1951 y en el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de Nueva York de 31 de enero de 1967.

El artículo 33 de la Convención citada establece una prohibición de expulsión y de devolución, para los Estados contratantes respecto a los refugiados, a los territorios donde su vida o libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones políticas.

El asilo se configura así, en el Derecho indicado, como un mecanismo legal de protección para defensa de ciudadanos de otros Estados que se encuentran en una situación de posible vulneración de sus derechos, por las causas que enumera.

En este sentido, la jurisprudencia ha determinado en qué forma y condiciones ha de obrar la Administración para que su actuación en materia de asilo se ajuste al ordenamiento jurídico, precisando que:

A. El otorgamiento de la condición de refugiado, a que se refiere el artículo 3 de la Ley 5/84, de 26 de marzo (LA LEY 707/1984), aunque de aplicación discrecional, no es una decisión arbitraria ni graciable ( Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 1989).

B. Para determinar si la persona ha de tener la condición de refugiada no basta ser emigrante, ha de existir persecución.

C. El examen y apreciación de las circunstancias que determinan la protección no ha de efectuarse con criterios restrictivos, so pena de convertir la prueba de tales circunstancias en difícil, si no imposible, por lo que ha de bastar una convicción racional de que concurren para que se obtenga la declaración pretendida, lo que -como señala la Sentencia de esta Sala y Sección de 4 de febrero de 1997- recoge la propia Ley en su artículo 8 bajo la expresión de "indicios suficientes", constantemente recordada por la doctrina jurisprudencial en Sentencias de 4 de marzo, 10 de abril y 18 de julio de 1989.

D. No obstante lo anterior, tampoco pueden bastar para obtener la condición de refugiado las meras alegaciones de haber sufrido persecución por los motivos antes indicados cuando carecen de toda verosimilitud o no vienen avaladas siquiera por mínimos indicios de que se ajustan a la realidad. En este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 1998 ( y en el mismo sentido la de 2 de marzo de 2000) señala: "La jurisprudencia que se invoca en la demanda (sentencias de 9 de mayo y 28 de septiembre de 1988 y 10 de abril de 1989) ha sido superada por la que mantiene, de conformidad con lo prevenido en el artículo 8 de la Ley 5/1984 (LA LEY 707/1984), que para la concesión del derecho de asilo no es necesaria una prueba plena de que el solicitante haya sufrido en su país de origen persecución por razones de raza, etnia, religión, pertenencia a un grupo social específico, u opiniones o actividades políticas, o de cualquiera de las otras causas que permiten el otorgamiento del asilo, bastando que existan indicios suficientes, según la naturaleza de cada caso, para deducir que se da alguno de los supuestos establecidos en los números 1 a 3 del artículo 3 de la citada Ley 5/1984 (LA LEY 707/1984). Pero es necesario que, al menos, exista esa prueba indiciaria, pues de otro modo todo ciudadano de un país en que se produzcan graves trastornos sociales, con muerte de personas civiles y ausencia de protección de los derechos básicos del hombre, tendría automáticamente derecho a la concesión del asilo, la que no es, desde luego, la finalidad de la institución. En este sentido, con uno u otro matiz, se pronuncian las sentencias de esta Sala de 21 de mayo de 1991, 30 de marzo de 1993 (dos sentencias de la misma fecha) y 23 de junio de 1994, todas posteriores a las alegadas por el recurrente".

E. Ha de existir una persecución y un temor fundado y racional por parte del perseguido (elementos objetivo y subjetivo) para quedar acogido a la situación de refugiado.

Más específicamente aún, el Tribunal Supremo ha establecido una jurisprudencia consolidada respecto de los supuestos en que se recurre en vía contencioso administrativa la denegación de la solicitud de reconocimiento del derecho de asilo. En este sentido, a título de ejemplo pueden citarse -por aludir sólo a algunas- las Sentencias de 19 de junio y 17 de septiembre de 2003, la última de las cuales señala: "... es visto cómo deviene obligada la aplicación de nuestra reiterada doctrina, que por razón de su misma reiteración es ocioso citar en concreto, según la cual si ciertamente no es exigible para la concesión del asilo o de la condición de refugiado el acreditamiento mediante una prueba plena o absoluta de los hechos alegados por el peticionario, pues basta con aportar meros indicios, no cabe aquel reconocimiento jurisdiccional pretendido, cuando ni siquiera son de apreciar, según sucede en el supuesto ahora enjuiciado, los aludidos indicios de los que pueda deducirse la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos prescritos por el legislador, al modo que los señala el Tribunal de instancia, y adviértase en fin que las meras declaraciones del solicitante no pueden ser consideradas como indicio suficiente de la persecución alegada, cuando carecen de todo punto de referencia o contraste, y que el informe emitido por Amnistía Internacional, sólo se refiere, en términos de generalidad, a la situación general de Angola, sin establecer particulares circunstancias relacionadas con el recurrente susceptibles de amparar el derecho de asilo, mas aún cuando ni siquiera consta la pertenencia del mismo a grupo que pudiere dar lugar a presumir posibles persecuciones".

En el mismo sentido, la STS de 9 de octubre de 2009, RC 233/2006 (LA LEY 192084/2009), ha señalado que a la hora de valorar el relato individual de persecución, el "temor a ser perseguido" es, en sí, un criterio básico para la concesión de asilo, pero no es menos cierto que ese elemento subjetivo no es suficiente si no va acompañado de datos objetivos que puedan explicar la existencia del temor.

Pero aún más, el relato del solicitante debe gozar de un nivel de concreción que permita identificar una verdadera persecución, no siendo suficiente a tal efecto un relato vago y genérico que pudiera ser aplicable prácticamente a cualquier persona procedente del mismo país que el solicitante, o que carece de elementos de contraste y verificación que permitan apreciar su verosimilitud, STS de 17 de mayo de 2011, RC 678/2008 (LA LEY 62908/2011).

Bastan pues, los indicios suficientes, pero estos han de existir, y es carga del recurrente aportarlos (por todas, STS de 24 de febrero de 2010, RC 1156/2006 (LA LEY 8798/2010), FJ6).

Todo ello, sin perjuicio de reconocer como declarábamos en el Fundamento Jurídico Único de nuestro auto de 26 de marzo de 2015, recurso 124/2015:

"Esta Sala ya ha expresado en anteriores ocasiones la dificultad que entraña acreditar extremos relativos a una persecución real y efectiva, y no es preciso hacer mayores razonamientos para comprender claramente que una persona que sale de su país por motivos de persecución, hostigamiento o violencia no suele estar en condiciones de obtener los medios probatorios que acrediten de modo directo tales conductas -más bien sucede justamente lo contrario-, lo que permitiría apreciar los hechos y valorar las circunstancias con amplitud.

Ello significa que a diferencia de lo que sucede, en cuanto a exigencia probatoria, en otra clase de procesos y asuntos, en materia de asilo es aceptable una prueba semiplena o indiciaria cuando en ella se respetan esas exigencias y cuando su evaluación crítica por parte de los Tribunales cabe extraer como conclusión la presencia de un temor fundado a padecer persecución en su país de origen y que dicha persecución racionalmente temida obedezca a motivos, como hemos visto, de "raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social determinado...", y provenga, tal como se exige en los artículos 13 y 14 de la Ley de Asilo, por acción o por omisión probada, de agentes gubernamentales, en un sentido amplio de la expresión, sin que como esta Sala ha declarado reiteradamente, el derecho de asilo sea un instrumento jurídico idóneo para conjurar las supuestas amenazas para la vida, integridad física o libertad del peticionario cuando procede de personas o grupos ajenos al Estado, de delincuentes comunes o del crimen organizado, a menos que, como tan repetidamente se ha dicho, no haya podido obtenerse la tutela o protección de éste, porque no haya podido o no haya querido dispensarla.

En este sentido, nuestro Alto Tribunal, en Sentencia de 20 septiembre de 2002, ha declarado que:

"...la Posición Común de la Unión Europea el 4 de marzo de 1996, definida por el Consejo Europeo sobre la base del artículo K3 del Tratado de la Unión Europea (LA LEY 109/1994), relativa a la aplicación armonizada de la definición del término refugiado, conforme al artículo primero de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, aprobado en Bruselas, pone de manifiesto que la determinación de la condición de refugiado ha de llevarse a cabo de acuerdo con los criterios en función de los cuales los órganos nacionales decidan conceder a un solicitante la protección prevista en la Convención de Ginebra, siendo el factor determinante la existencia de temores fundados de ser perseguido por motivo de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social determinado, y correspondiendo al solicitante presentar aquellos elementos necesarios para la apreciación de la veracidad de los hechos y circunstancias alegadas".

CUARTO.- En sentencia de 9 de julio de 2018, recurso 477/2017, nos referimos a la solicitud de Asilo de otro nacional de Venezuela, declarando al respecto lo siguiente:

"(...)

SEXTO.- Jurisprudencia y doctrina aplicables.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo se ha referido en múltiples ocasiones a los requisitos necesarios para poder otorgar la protección internacional ligada al derecho de asilo, pudiéndose citar, entre otras muchas, las SSTS de 6 de marzo de 2015 (RC 3060/2014 (LA LEY 13844/2015)), 31 de octubre de 2014 (RC 407/2011), 6 de octubre de 2014 (RC 1984/2014 (LA LEY 141975/2014)) y 10 de octubre de 2014 (RC 1202/2014).

Más concretamente, la STS de 16 de febrero de 2009 estableció:

« (...) Debemos recordar también, como justificación de nuestra decisión, que, en la Sentencia de esta misma Sala y Sección del Tribunal Supremo de fecha 2 de enero de 2009 (recurso de casación 4251/2005 (LA LEY 1205/2009) ), hemos declarado que la Directiva europea 83/2004, de 29 abril (LA LEY 5286/2004), sobre normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida, en su artículo 4.5 dispone que «Si las declaraciones del solicitante presentan aspectos que no están avalados por pruebas documentales o de otro tipo, tales aspectos no requerirán confirmación si se cumplen las siguientes condiciones: a) el solicitante ha realizado un auténtico esfuerzo para fundamentar su petición; b) se han presentado todos los elementos pertinentes de que dispone el solicitante y se ha dado una explicación satisfactoria en relación con la falta de otros elementos pertinentes; c) las declaraciones del solicitante se consideren coherentes y verosímiles y no contradigan la información específica de carácter general disponible que sea pertinente para su caso; d) el solicitante ha presentado con la mayor rapidez posible su solicitud de protección internacional, a menos que pueda demostrar la existencia de razones fundadas para no haberla presentado así; e) se ha comprobado la credibilidad general del solicitante».

En relación con la prueba exigible en esta materia, esta Sala ya ha expresado en anteriores ocasiones la dificultad que entraña acreditar extremos relativos a una persecución real y efectiva, y no es preciso hacer mayores razonamientos para comprender claramente que una persona que sale de su país por motivos de persecución, hostigamiento o violencia no suele estar en condiciones de obtener los medios probatorios que acrediten de modo directo tales conductas -más bien sucede justamente lo contrario-, lo que permitiría apreciar los hechos y valorar las circunstancias con amplitud.

Ello significa que a diferencia de lo que sucede, en cuanto a exigencia probatoria, en otra clase de procesos y asuntos, en materia de asilo es aceptable una prueba semiplena o indiciaria cuando en ella se respetan esas exigencias y cuando de su evaluación crítica por parte de los Tribunales cabe extraer como conclusión la presencia de un temor fundado a padecer persecución en su país de origen y que dicha persecución racionalmente temida obedezca a motivos, como hemos visto, de "raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social determinado...", y provenga, tal como se exige en los artículos 13 y 14 de la Ley de Asilo, por acción o por omisión probada, de agentes gubernamentales, en un sentido amplio de la expresión, sin que como esta Sala ha declarado reiteradamente, el derecho de asilo sea un instrumento jurídico idóneo para conjurar las supuestas amenazas para la vida, integridad física o libertad del peticionario cuando procede de personas o grupos ajenos al Estado, de delincuentes comunes o del crimen organizado, a menos que, como tan repetidamente se ha dicho, no haya podido obtenerse la tutela o protección de éste, porque no haya podido o no haya querido dispensarla.

Por otra parte, el Alto Tribunal, en sentencia de 20 septiembre de 2002 y, más recientemente, en sentencia de 6 de mayo de 2014 (RC 2085/2013 (LA LEY 55670/2014)), ha declarado:

« (...) la Posición Común de la Unión Europea el 4 de marzo de 1996, definida por el Consejo Europeo sobre la base del artículo K3 del Tratado de la Unión Europea (LA LEY 109/1994), relativa a la aplicación armonizada de la definición del término refugiado, conforme al artículo primero de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, aprobado en Bruselas, pone de manifiesto que la determinación de la condición de refugiado ha de llevarse a cabo de acuerdo con los criterios en función de los cuales los órganos nacionales decidan conceder a un solicitante la protección prevista en la Convención de Ginebra, siendo el factor determinante la existencia de temores fundados de ser perseguido por motivo de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social determinado, y correspondiendo al solicitante presentar aquellos elementos necesarios para la apreciación de la veracidad de los hechos y circunstancias alegadas».

La situación descrita no puede ser subsumida en un supuesto de asilo del artículo 3 de la Ley 12/2009 (LA LEY 19199/2009). Para que procediese tal declaración sería preciso que se alegasen "fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual".

No siendo este el caso, el recurrente no tiene fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual. El recurrente abandono su país de origen cuando tenía nueve años, y no ha regresado al mismo en los últimos 14 años, por lo que no tiene ninguna vinculación con su país.

En realidad, se alega una situación de temor en caso de tener que regresar ante la crisis humanitaria que vive Venezuela.

En este particular se estima que la resolución administrativa, cuyo contenido hemos transcrito en el apartado de hechos, está convenientemente motivada.

SÉPTIMO.- Denegación de la protección subsidiaria.

Seguidamen te debemos examinar la posibilidad de que opera la protección subsidiaria del artículo 4 de la Ley 12/2009 (LA LEY 19199/2009), que establece:

« (...) El derecho a la protección subsidiaria es el dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales o, al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en el artículo 10 de esta Ley , y que no pueden o, a causa de dicho riesgo, no quieren, acogerse a la protección del país de que se trate, siempre que no concurra alguno de los supuestos mencionados en los artículos 11 y 12 de esta Ley ».

La petición se basaría en la posibilidad sufrir un "daño grave" en caso de regresar, al existir una situación de amenazas graves contra "la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno" - artículo 10.c) de la Ley 12/2009 (LA LEY 19199/2009)-.

De su relato no se deduce la posibilidad que sufra la condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material o de tortura y los tratos inhumanos o degradantes, en caso de regresar a su país de origen el solicitante, supuestos de los apartados a) y b) del artículo 10 de la Ley 12/2009 (LA LEY 19199/2009).

Se trata, por lo tanto, de determinar que debe entenderse por situación "violencia indiscriminada" y analizar si es posible sostener que en la zona del solicitante existe o no dicha situación.

El supuesto regulado en el artículo 10.c) en relación con el artículo 4 está regulando lo que algunos autores denominan "refugiados de facto", por tal deben entenderse aquellas personas que sin reunir las notas exigidas por la Convención para que les sea reconocido el refugio - artículo 3 de la Ley 12/1009-, merecen protección; pues lo cierto es que se han visto obligados a desplazarse debido a la violencia generalizada.

Se trata de casos en los que existe una guerra civil, una ruptura generalizada del orden público o la ocupación por un país extranjero, siendo razonable que estas personas no deseen volver a su país.

A la hora de interpretar el concepto de "violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno", debemos tener en cuenta la doctrina contenida en la STJUE de 30 de enero de 2014 ( C-285/12 (LA LEY 394/2014)).

Para el Alto Tribunal a la hora de interpretar el alcance de dicho concepto debe estarse "al sentido habitual de éstos en el lenguaje corriente, teniendo también en cuenta el contexto en el que se utilizan y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forman parte (Sentencia de 22 de diciembre de 2008, Wallentin-Hermann, C-549/07, Rec. p. I- 11061, apartado 17, y de 22 de noviembre de 2012, Probst, C-119/12, apartado 20)".

En consecuencia, debe entenderse por "conflicto armado interno...una situación en la que las tropas regulares de un Estado se enfrentan a uno o varios grupos armados o en las que dos o más grupos armados se enfrentan entre sí".

Lógicament e el conflicto armado será internacional si las tropas o grupos armados proceden de otro país.

Se trata de un concepto menos amplio que el utilizado en Derecho internacional a la hora de definir lo que algunos entiende por "refugiados de facto". En efecto, en el ámbito del derecho internacional, se ha sostenido que puede aplicarse tal concepto a " persons from country experiencing civil war, a general breakdown of public order, or occupation by foreing power" -guerra civil, ruptura del orden público u ocupación por fuerzas extranjeras- o "persorns likely suffer substantial infringement of human rights if returned home" - o personas que igualmente sufrirían una lesión sustancial de los derechos humanos de regresar a casa-.

El TJUE nos recuerda que "mientras que en la propuesta de la Comisión que dio lugar a la adopción de la Directiva [COM(2001) 510 final] la definición de daño grave que figuraba en el artículo 15, letra c ), de la Directiva establecía que las amenazas para la vida, seguridad o libertad del solicitante podían producirse en situaciones de conflicto armado o a consecuencia de violaciones sistemáticas o generalizadas de los derechos humanos, el legislador de la Unión decidió finalmente mantener únicamente el supuesto de las amenazas contra la vida o la integridad física de un civil motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado internacional o interno". Añadiendo que "la existencia de un conflicto armado interno sólo podrá dar lugar a la concesión de la protección subsidiaria en la medida en que se considere excepcionalmente que los enfrentamientos entre las tropas regulares de un Estado y uno o varios grupos armados o entre dos o más grupos armados entre sí generen amenazas graves e individuales contra la vida o la integridad física del solicitante de la protección subsidiaria, en el sentido del artículo 15, letra c), de la Directiva, porque el grado de violencia indiscriminada que los caracteriza ha llegado a tal extremo que existen motivos fundados para creer que un civil expulsado al país de que se trate o, en su caso, a la región de que se trate, se enfrentaría, por el mero hecho de su presencia en el territorio de éstos, a un riesgo real de sufrir dichas amenazas (véase, en este sentido, la sentencia Elgafaji, antes citada, apartado 43)".

En suma, el supuesto de violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno, está dando protección a los supuestos en los que existe una situación de conflicto generalizada que genera riesgo para la vida e integridad física del solicitante, sin que sea necesario que exista un riesgo serio de persecución individualizada, pues en tal caso su situación podría tener cabida en el derecho de asilo. De aquí que el TJUE afirme que "cuanto más pueda demostrar el solicitante que está afectado específicamente debido a elementos propios de su situación personal, menos elevado será el grado de violencia indiscriminada exigido para que pueda acogerse a la protección subsidiaria (la sentencia Elgafaji, antes citada, apartado 39)".

Concluyend o el Tribunal que "en este contexto no es necesario llevar a cabo una apreciación específica de la intensidad de estos enfrentamientos durante el examen de una solicitud de protección subsidiaria para determinar, independientemente de la valoración del grado de violencia resultante de dichos enfrentamientos, si concurre el requisito relativo a la existencia de un conflicto armado......Por consiguiente,......, la comprobación de la existencia de un conflicto armado no debe supeditarse a un nivel determinado de organización de las fuerzas armadas implicadas o a una duración particular del conflicto, siempre que basten para que los enfrentamientos entre estas fuerzas armadas generen el grado de violencia mencionado en....la presente sentencia, creando así una necesidad real de protección internacional del solicitante que corre un riesgo real de sufrir amenazas graves e individuales contra su vida o su integridad".

Ahora bien, lo anterior no quiere decir que no debamos conceder la protección internacional cuando en caso de devolución se pudiese producir, en atención a las concretas circunstancias del solicitante, un riesgo serio para su vida o integridad física o de padecer tortura o tratos inhumanos o degradantes, pues no es posible la devolución cuando la misma supone una riesgo de lesión de los derechos reconocidos en el art. 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (LA LEY 16/1950), hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (BOE de 10 de octubre de 1979) y artículo 10.a) y b) de la Ley 12/2009 (LA LEY 19199/2009).

En este sentido, nos parece relevante destacar la doctrina contenida en la importante STEDH de 15 de junio de 2010 (SH contra el Reino Unido) donde se afirma que "la expulsión por un Estado contratante puede dar lugar a una cuestión al amparo del artículo y, por tanto, implicar la responsabilidad del Estado en cuestión en virtud del Convenio, si se aportan razones sustanciales para creer que la persona afectada se enfrenta, en caso de ser deportada, a un riesgo real de ser objeto de tratos contrarios al 3. En tal caso, el artículo 3 implica una obligación de no deportar a esta persona a dicho país (Saadi contra Italia [GC], no. 37201/06, párr. 125, 18 de febrero de 2008)".

En este supuesto, "la determinación de si existen razones sustanciales para creer que el demandante se enfrenta a este riesgo real requiere inevitablemente que el Tribunal valore las condiciones del país receptor en relación con los estándares del artículo 3 del Convenio (Mamatkulov y Askarov, nos. 46827/99 y 46951/99, párr. 67, TEDH 2005-I). Estos estándares implican que los malos tratos que el demandante prevé si es devuelto deben alcanzar un grado mínimo de gravedad para quedar incluidos en el ámbito del artículo 3 (Hilal contra el Reino Unido, no. 45276/99, párr. 60, TEDH 2001-II). Debido al carácter absoluto del derecho garantizado, el artículo 3 del Convenio puede ser también de aplicación si el peligro emana de personas o grupos de personas que no tengan la condición de empleados públicos. No obstante, debe acreditarse que el riesgo es real y que las autoridades del Estado receptor no pueden evitar el riesgo prestando la protección adecuada (H.L.R. contra Francia, 19 de abril de 1997, Informes 1997-III, párr. 40)".

Insistiend o el Tribunal en que "la valoración de la existencia de un riesgo real debe ser necesariamente rigurosa (véase Chachal contra el Reino Unido, sentencia de 15 de noviembre de 1996 , Informes 1996-V, párr. 96; y Saadi contra Italia, anteriormente citada, párr. 128). Corresponde, en principio, al demandante aportar pruebas capaces de demostrar que existen razones sustanciales para creer que, si se aplicara la medida cuestionada, se vería expuesto a un riesgo real de ser objeto de tratos contrarios al artículo 3 (véase N. contra Finlandia, no. 38885/02, párr. 167, 26 de julio de 2005). Si se aportan estas pruebas, corresponde al Gobierno disipar cualquier duda al respecto".

Concluyend o la Sala que debe valorarse "la situación general del país, así como de las circunstancias personales del demandante". Y que dicha valoración debe realizarse con los datos existentes en "el momento relevante será el del procedimiento ante el Tribunal (véase Saadi contra Italia, anteriormente citada, párr. 133). Es precisa una valoración plena y ex nunc, pues la situación del país de destino puede cambiar en el curso del tiempo. Aunque la posición histórica es de interés, en la medida en que puede arrojar luz sobre la situación actual y su probable evolución, son las circunstancias actuales las que resultan decisivas y es, por tanto, necesario tomar en consideración la información aparecida con posterioridad a la decisión final de las autoridades nacionales (véase Salah Sheekh, anteriormente citada, párr. 136)".

En resumen, debemos analizar si existe una situación de "violencia indiscriminada" en Venezuela, y, en su caso, si existe un riesgo suficientemente individualizado de que, en caso de volver el recurrente pueda padecer la condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material, la tortura y los tratos humanos y degradantes.

OCTAVO.- La situación actual de Venezuela.

Esta Sala ha analizado en múltiples ocasiones solicitudes de protección internacional formuladas por ciudadanos de Venezuela.

Nuestro criterio había venido siendo contrario al reconocimiento de cualquier forma la protección internacional en esos casos, en atención exclusivamente a las circunstancias genéricas del país, no a las particulares de cada solicitante ( Sentencia de quince de febrero de dos mil dieciocho recurso nº 794/2017, de dieciocho de enero de dos mil dieciocho recurso nº 401/2017 y de diecisiete de enero de dos mil dieciocho recurso nº 353/2017).

A la hora de valorar la situación existente en Venezuela, debemos atender a la información actualizada del país de origen, por así exigirlo el artículo 10.3º b) Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013 (LA LEY 10586/2013), sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (refundición), que establece que:

«(...) Los Estados miembros garantizarán que las resoluciones sobre las solicitudes de protección internacional de la autoridad decisoria se dicten tras un examen adecuado. A tal fin, los Estados miembros garantizarán:

b) que se obtenga información precisa y actualizada de diversas fuentes, por ejemplo, información de la EASO y del ACNUR y de organizaciones internacionales pertinentes de defensa de los derechos humanos, respecto a la situación general imperante en los países de origen de los solicitantes y, si fuera necesario, en aquellos países por los que hayan transitado, y que esta información se ponga a disposición del personal responsable de examinar las solicitudes y de tomar decisiones al respecto».

Por tanto a la hora de enjuiciar la situación en el país de origen, deben tenerse en cuenta las circunstancias actuales y vigentes.

En la STEHD de 2 de septiembre de 2010 (Caso IP y LP contra Francia) se afirma que "para apreciar el riesgo, la fecha a tener en cuenta es la del procedimiento ante el Tribunal. Es necesaria una apreciación «ex nunc» total y completa porque la situación en el país de destino puede evolucionar con el tiempo. Si bien es cierto que los hechos históricos presentan un interés en la medida en que permiten arrojar luz sobre la actual situación y su probable evolución, son las circunstancias actuales las que son decisivas.".

En la misma línea, la STEDH de 15 de junio de 2010 (Caso S. H. contra el Reino Unido). Doctrina que, lógicamente, ha sido acogida por nuestro Tribunal Supremo, entre otras en la STS de 5 de diciembre de 2012 (Rec. 1723/2012 (LA LEY 191338/2012)) y 23 de mayo de 2012 (Rec. 4699/2011 (LA LEY 72661/2012)).

Esta última sentencia, que se refiere a un supuesto de autorización de permanencia en España por razones humanitarias, es muy clara al indicar que, cuando se adoptó la decisión no se disponía de la información de la que dispuso la Sala al dictar la sentencia, pero razona que en materia de asilo, ante la dicotomía "tempus regit actum" o la "toma en consideración de la situación realmente existente en el momento en que se dicta la resolución judicial", debe optarse por esta última . Si la finalidad de la norma es la protección de las personas en situaciones de "general conflicto o desprotección de los derechos humanos", esta finalidad quebraría "si se ignora o dejara de lado el dato debidamente acreditado de que esta situación ha evolucionado a peor con posterioridad, hasta el punto de desaconsejar el retorno en el momento preciso en el que se resuelve sobre el recurso jurisdiccional promovido frente la resolución administrativa denegatoria".

Por lo tanto, debemos tener en cuenta la información más reciente posible sobre el país de origen.

Así, hemos tenido en especial consideración, los Informes nacionales sobre prácticas de derechos humanos para 2017 del Departamento de Estado de los Estados Unidos (Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo) "Country Reports on Human Rights Practices for 2017 United States Department of State (Bureau of Democracy, Human Rights and Labor), relativo a Venezuela".

También hemos consultado el Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos titulado "Human rights violations and abuses in the context of protests in the Bolivarian Republic of Venezuela from 1 April to 31 July 2017" en la versión española "Violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017".

Estos informes están disponibles en internet.

Es especialmente destacable la información contenida en los "Country Reports on Human Rights Practices for 2017 United States Department of State", que en el apartado relativo a Venezuela indica en traducción libre efectuada por el Tribunal:

«(...) La gobernabilidad democrática y los derechos humanos se deterioraron drásticamente durante el año como resultado de una campaña del gobierno de Onesimo para consolidar su poder.

(...)

Entre los problemas más importantes de derechos humanos se incluyen los homicidios extrajudiciales perpetrados por las fuerzas de seguridad, incluidos los "colectivos" patrocinados por el gobierno; tortura por parte de las fuerzas de seguridad; condiciones penitenciarias duras y amenazantes para la vida; detenciones arbitrarias generalizadas; y prisioneros políticos El gobierno interfirió ilegalmente con los derechos de privacidad, utilizó tribunales militares para juzgar a civiles e ignoró las órdenes judiciales para liberar a los prisioneros. El gobierno bloqueaba las señales de manera rutinaria, interfería con las operaciones o cerraba la televisión, la radio y otros medios de comunicación de propiedad privada. La ley criminalizó las críticas al gobierno, y el gobierno amenazó con violencias y detuvo a periodistas críticos con el gobierno, utilizó la violencia para reprimir manifestaciones pacíficas y colocó restricciones legales a la capacidad de las ONG para recibir fondos extranjeros. Otros problemas incluyen la interferencia con la libertad de movimiento; establecimiento de instituciones ilegítimas para reemplazar a los representantes democráticamente elegidos; corrupción generalizada e impunidad entre todas las fuerzas de seguridad y en otras oficinas gubernamentales nacionales y estatales, incluso en los niveles más altos; violencia contra las mujeres, incluida la violencia letal; tráfico de personas; y las peores formas de trabajo infantil, que el gobierno hizo esfuerzos mínimos para eliminar.

(...)

El gobierno no tomó medidas efectivas para combatir la impunidad que impregnaba todos los niveles de la burocracia civil y las fuerzas de seguridad.

Sección 1. Respeto por la integridad de la persona, incluida la libertad de: Compartir

a. Privación arbitraria de vidas y otros homicidios ilegítimos o motivados políticamente, Aunque el gobierno no publicó estadísticas sobre asesinatos extrajudiciales, las ONG informaron que las entidades policiales nacionales, estatales y municipales, así como las fuerzas armadas y los "colectivos" respaldados por el gobierno llevaron a cabo tales asesinatos durante el año.

(...)

b. Desaparición

No hubo informes de desapariciones por parte o en nombre de las autoridades gubernamentales.

(...)

d. Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

Aunque la Constitución prohíbe tales prácticas, hubo informes fidedignos de que las fuerzas de seguridad torturaron y maltrataron a los detenidos.

(...)

Condicione s del centro penitenciario y de detención

La mayoría de las condiciones de la prisión eran duras y amenazan la vida. Las pandillas armadas controlaban efectivamente algunas cárceles en las que estaban encarcelados. Las condiciones fueron más agudas en los centros de detención preventiva, como las cárceles de las estaciones de policía.

(...)

d. Arresto o detención arbitraria

La constitución prohíbe el arresto o la detención de un individuo sin una orden judicial y estipula que el acusado permanezca en libertad mientras es enjuiciado, pero los jueces y fiscales a menudo ignoran estas disposiciones. La ley establece el derecho de las personas a impugnar la legalidad de su arresto o detención en el tribunal, pero el gobierno en general no respetó este requisito. Mientras que ONG como Foro Penal, COFAVIC, el Instituto de Prensa y Sociedad, Espacio Público y PROVEA notaron al menos 2.000 casos abiertos de detenciones arbitrarias, las autoridades rara vez les otorgaron plataformas formales para presentar sus peticiones. Las autoridades detuvieron arbitrariamente a personas, incluidos ciudadanos extranjeros, por períodos prolongados sin cargos criminales».

En las Conclusiones y recomendaciones del Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos titulado "Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017" podemos leer:

«(...) Las conclusiones del ACNUDH ponen de manifiesto la existencia de violaciones y abusos generalizados de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones antigubernamentales en todo el país. Las manifestaciones son un medio de expresión del desacuerdo, al que debería responderse con un diálogo constructivo y participativo en busca de soluciones a la crisis social, económica y política del país.

En reacción a estas violaciones, las autoridades han respondido con escasas condenas de la violencia y de las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, con un discurso que estigmatiza a la oposición y los manifestantes, con la negación de la responsabilidad de las fuerzas de seguridad antes de que concluyeran las investigaciones de las muertes y con una falta de cooperación con las investigaciones iniciadas. Esto indica la existencia de una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones a costa de los derechos y libertades de los venezolanos. El uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos denota que no se trata simplemente de actos ilegales o insubordinados de funcionarios aislados.

El riesgo de un mayor deterioro de la situación de los derechos humanos sigue siendo elevado, en tanto que la crisis económica y social se agravan y se intensifica la polarización política, especialmente después de las muy controvertidas elecciones del 30 de julio. El ACNUDH presenta al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela las siguientes recomendaciones encaminadas a evitar nuevos actos de violencia y violaciones de los derechos humanos y a respaldar el diálogo político: (...)».

En el informe se alude al riesgo de un mayor deterioro de la situación de los derechos humanos que sigue siendo alto, ya que la crisis económica y social sigue siendo nefasta y las tensiones políticas polarizadoras siguen intensificándose, especialmente después de las muy disputadas elecciones del 30 de julio.

En el Informe ACNUDH ofrece algunas recomendaciones al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para prevenir más violencia y violación de los derechos humanos.

En resumen, puede concluirse que no puede afirmarse que exista una situación de violencia generalizada en Venezuela y que, siendo cierto, que existen detenciones irregulares, que en ocasiones no son adecuadamente reprimidas, lo cierto es que parecen referirse a personas que participan de forma activa en el conflicto, lo que no ocurre en el caso del solicitante.

No existiendo ni aportándose indicios que hagan pensar que en caso de devolución exista un riesgo grave para su vida o integridad física. Por lo tanto, no cabe entender que estemos ni ante un supuesto del artículo 3, ni del artículo 4 en relación con el artículo 10 de la ley 12/2009 (LA LEY 19199/2009).

DÉCIMO.- Concesión de autorización de permanencia por razones humanitarias.

Seguidamen te debemos analizar si cabe entender acreditada la concurrencia de circunstancias excepcionales que pudieran justificar la autorización de permanencia en España del recurrente por razones humanitarias en los términos previsto en el artículos 37.b) (LA LEY 19199/2009) y 46.3º de la Ley 12/2009, de 30 de octubre (LA LEY 19199/2009), reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.

El 46. 3º de la Ley 12/2009, de 30 de octubre (LA LEY 19199/2009), reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria dispone que:

«(...) Por razones humanitarias distintas de las señaladas en el estatuto de protección subsidiaria, se podrá autorizar la permanencia de la persona solicitante de protección internacional en España en los términos previstos por la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración».

Añadiendo el artículo 37 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre (LA LEY 19199/2009), reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria que:

«(...) La no admisión a trámite o la denegación de las solicitudes de protección internacional determinarán, según corresponda, el retorno, la devolución, la expulsión, la salida obligatoria del territorio español o el traslado al territorio del Estado responsable del examen de la solicitud de asilo de las personas que lo solicitaron, salvo que, de acuerdo con la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero (LA LEY 126/2000), y su normativa de desarrollo, se dé alguno de los siguientes supuestos:

(...)

b) que se autorice su estancia o residencia en España por razones humanitarias determinadas en la normativa vigente».

Por su parte, el Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero (LA LEY 937/1995), por el que se aprueba el Reglamento de aplicación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo (LA LEY 707/1984), reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, modificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo (LA LEY 1810/1994) establece en el artículo 31 los siguientes "Efectos de la denegación":

«(...) 1. La notificación de la denegación de la solicitud de asilo irá acompañada de la orden de salida obligatoria del extranjero, en el plazo que se indique, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de extranjería vigente. Una vez finalizado este plazo, no se podrá beneficiar de las prestaciones contempladas en el artículo 15 del presente Reglamento, y quedará sujeto a la incoación de un expediente de expulsión del territorio nacional.

2. No obstante, el extranjero cuya solicitud de asilo hubiese sido denegada, podrá permanecer en España si reúne los requisitos necesarios con arreglo a la legislación general de extranjería. Si se hubiese suspendido la tramitación o ejecución de una orden de expulsión en virtud de la solicitud de asilo, la denegación supondrá la continuación de las actuaciones.

3. El Ministro del Interior, a propuesta de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, podrá autorizar la permanencia en España, conforme a lo previsto en el artículo 17.2 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo (LA LEY 707/1984) , reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, siempre que se aprecien motivos serios y fundados para determinar que el retorno al país de origen supondría un riesgo real para la vida o la integridad física del interesado.

Dicha autorización revestirá la forma de autorización de estancia. En el plazo de un mes, contado desde la notificación de la resolución, salvo retrasos por causa justificada, el interesado deberá solicitar la autorización de residencia temporal prevista en el apartado 3 del artículo 45 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero (LA LEY 126/2000) , sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Una vez solicitada esta autorización, la resolución del Ministro del Interior por la que se autoriza la permanencia del interesado en España surtirá efectos de autorización de trabajo y permitirá, en su caso, el alta del interesado en la Seguridad Social, hasta que recaiga resolución expresa sobre la solicitud formulada. Estas circunstancias se harán constar expresamente en la propia resolución del Ministro del Interior.

4. Por razones humanitarias distintas de las señaladas en el apartado anterior, el Ministro del Interior, a propuesta de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, podrá autorizar la permanencia del interesado en España y, en su caso, recomendar la concesión de una autorización de residencia conforme a lo previsto en el apartado 3 del artículo 45 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero (LA LEY 126/2000) , sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, siempre y cuando la concurrencia de dichas razones humanitarias quede acreditada en el expediente de solicitud de asilo. Dicha autorización de permanencia revestirá la forma de autorización de estancia».

La remisión que efectúa el artículo 31 del Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero (LA LEY 937/1995), por el que se aprueba el Reglamento al artículo 17.2 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo (LA LEY 707/1984), reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado debe entenderse referido al artículo 37. 2º de Ley 12/2009, de 30 de octubre (LA LEY 19199/2009), reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria

Y, la remisión que se efectúa al apartado 3 del artículo 45 del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre (LA LEY 34/2005), por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (LA LEY 126/2000) debe entenderse referida al 125 de Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (LA LEY 8579/2011), tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009 (LA LEY 21944/2009).

Consideram os que en este punto la resolución administrativa si incurrió en incongruencia omisiva. La resolución no contiene un pronunciamiento expreso sobre la autorización de permanencia por razones humanitarias, a pesar de que existía el informe de ACNUR de 30 de noviembre de 2016, en el que se indicaba que el recurrente sería merecedor de algún tipo de protección internacional.

Los preceptos citados han sido interpretados por el Tribunal Supremo en la Sentencia de once de marzo de dos mil catorce (rec. de casac. núm. 2797/2013) que ha declarado que:

«(...) Consiguientemente, desde el año 2005 la normativa de asilo prevé dos posibilidades de examen de la concurrencia de razones humanitarias:

- una, la recogida en el apartado 3º del art. 31 en relación con el art,. 17.2 de la Ley, se refiere a las razones humanitarias relacionadas, vinculadas o conectadas a una situación de riesgo, conflicto, inestabilidad o peligro para los derechos básicos de la persona solicitante en su lugar de procedencia. Aquí se mantiene la tradicional vinculación entre las razones humanitarias y las causas de asilo;

- y otra, la contemplada en el apartado 4º, en que esa vinculación con las causas de asilo ya no es determinante, pues se refiere a cualquier caso en que a la vista de las circunstancias personales del solicitante, se aprecie en el mismo expediente de asilo la existencia de razones de índole humanitaria (concepto jurídico indeterminado que siempre puede adquirir concreción en atención a las circunstancias del caso) que justifiquen el uso de esta posibilidad para dar una solución justa a la vista de las circunstancias vitales de la persona solicitante.

Y es de notar que aun cuando, como se ha insistido, la jurisprudencia generalmente ha venido manteniendo la vinculación o relación entre la autorización de permanencia por razones humanitarias y las causas de asilo , no han faltado casos en que aun apuntándose una situación conflictiva en el país de origen, el factor más referente a la hora de autorizar la permanencia en España ha sido la consideración de circunstancias personales de los solicitantes no necesariamente vinculadas con esas causas de asilo así, STS de 4/11/2005 (RC 4752/2002 (LA LEY 10226/2006) ); STS de 18/11/2005 (RC 5194/2002 (LA LEY 10040/2006) ); STS de 22/09/2006 (RC 2956/2003 (LA LEY 106064/2006) ); STS de 16 de junio de 2008 (RC 1579/2005 ).

Por lo demás, la nueva Ley de Asilo de 2009 ha modificado profundamente el régimen jurídico de estas consideraciones humanitarias en los expedientes de asilo. La nueva Ley configura un sistema de "protección subsidiaria" cualitativamente distinto de la autorización de permanencia por razones humanitarias del viejo artículo 17.2 de la Ley de Asilo 5/84 ; pues aun cuando la definición de la protección subsidiaria que da el art. 4 se delimita con parámetros no lejanos a los del artículo 17.2 de la anterior Ley y de la jurisprudencia que lo había aplicado, el régimen de protección dispensado es superior al que resultaba de ese art. 17.2, pues se asimila a la protección que da la concesión del asilo ( arts. 5 y 36). La misma ley de Asilo de 2009 prevé, finalmente, una última posibilidad, en la línea del art. 31.4 del reglamento de asilo, al señalar en su art. 46.3 que "por razones humanitarias distintas de las señaladas en el estatuto de protección subsidiaria, se podrá autorizar la permanencia de la persona solicitante de protección internacional en España en los términos previstos por la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración".».

En materia de protección internacional hay, por lo tanto, tres niveles de protección: el asilo; la protección subsidiaria y las razones humanitarias.

Conviene precisar que aunque la norma utilice la expresión " podrá autorizar", la concesión de la autorización de permanencia, puede ser directamente otorgada por los Tribunales.

Así, por ejemplo, en el caso enjuiciado por la STS de 24 de febrero de 2012 (Rec. 2476/2011 (LA LEY 17535/2012)), el alto tribunal analiza un caso en el que se denegó el asilo, decisión que se confirmó por la Audiencia Nacional. Pues bien, el TS, tras confirmar la denegación, autoriza a la recurrente a permanecer en España por razones humanitarias al encontrarse la solicitante en "tratamiento psicológico" por la "pérdida de su hija menor en lamentables condiciones originadas sin duda por una situación de necesidad".

Doctrina que se reitera, entre otras, en la STS de 18 de octubre de 2012 (Rec. 875/2012 (LA LEY 155387/2012)), que afirma con claridad que "la denegación del asilo...no determina el rechazo de la autorización de permanencia por razones humanitarias, sino que, muy al contrario, abre la puerta al examen de esta posibilidad".

También la STS de 30 de mayo de 2008 (Rec. 353/2005 (LA LEY 68758/2008)) concede la autorización de permanencia en un supuesto de denegación de asilo. Por lo tanto, ningún obstáculo existe para que, pese a que la Administración no se haya pronunciado sobre la concurrencia de razones humanitarias, la Sala se pronuncie sobre las mismas.

Como razona la STS de 9 de diciembre de 2016 (Rec. 3083/2014 (LA LEY 179334/2016)), la Administración goza de un "margen de discrecionalidad" para conceder las autorizaciones, pero dicho margen no implica, en ningún caso, un uso arbitrario de dicha facultad. Si concurren hechos que, interpretados desde la finalidad y principios que inspiran la normativa, inviten a la concesión de la autorización por razones humanitarias, la misma debe ser concedida.

Para valorar las circunstancias personales del recurrente, no vinculada a la causa de asilo invocada, sino a la situación real y actual de Venezuela, debemos partir del Informe titulado " La inadecuada y represiva respuesta del gobierno ante la grave escasez de medicinas, insumos y alimentos de 24 de octubre de 2016" disponible en la página web de Human Right Wacht en el que se puede leer que:

«(...) Mientras el gobierno sigue sosteniendo que no hay una crisis, los derechos a la salud y la alimentación de los venezolanos se siguen vulnerando gravemente, sin perspectivas de que esto tenga un fin. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Príncipe Zeid Ra'ad Al Hussein, manifestó en septiembre de 2016 que Venezuela ha experimentado un "drástico deterioro en el disfrute de los derechos económicos y sociales, a la vez que se propaga el hambre y se produce un brusco deterioro en la atención de la salud".

Human Rights Watch analizó el alcance y el impacto de esta crisis a través de investigaciones realizadas en el terreno en seis estados y en la capital del país, Caracas, en junio de 2016, y posteriores entrevistas por vía telefónica y otros medios. Visitamos hospitales públicos y distintos lugares donde personas formaban fila para comprar alimentos sujetos a los controles de precios impuestos por el gobierno. Entrevistamos a más de 100 personas, entre ellos médicos, enfermeras, personas que intentaban obtener asistencia médica o alimentos sujetos a control de precios, personas que habían sido detenidas en relación con protestas por la escasez, defensores de derechos humanos y especialistas en salud pública.

(...)

Escasez de medicamentos e insumos médicos

El sistema de salud de Venezuela está inmerso en una escasez de medicamentos y otros insumos médicos básicos que generó un marcado deterioro de la calidad y la seguridad de la atención en los hospitales que fueron visitados por Human Rights Watch. Esta escasez se ha agravado desde 2014, según entrevistas con profesionales de atención de la salud y pacientes e información publicada por organizaciones profesionales, académicas y no gubernamentales.

Human Rights Watch entrevistó a 20 profesionales de la salud, incluidos médicos y personal de enfermería, que trabajaban en 10 establecimientos (ocho hospitales públicos, un centro de salud en la frontera con Colombia y una fundación que brinda servicios de salud a pacientes). En todos los hospitales que visitamos, médicos y pacientes informaron grave escasez -y, en algunos casos, desabastecimiento total- de medicamentos tan elementales como antibióticos, antiepilépticos, anticonvulsivos, miorrelajantes y analgésicos, entre muchos otros más. Una encuesta independiente realizada por una red de más de 200 médicos en agosto de 2016 determinó que el 76 por ciento de los hospitales públicos no tienen los medicamentos básicos que, según aseveraron los médicos, deberían estar disponibles en cualquier hospital público en funcionamiento, incluidos muchos que figuran en la Lista de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esto supuso un incremento respecto del 55 por ciento de los hospitales que estaban en esa situación en 2014, y del 67 por ciento en 2015.

Entre los insumos que faltaban o escaseaban en hospitales públicos se incluían guantes y gasas estériles, antisépticos, alcohol de uso médico, bisturíes, agujas, catéteres, soluciones intravenosas, nebulizadores y suturas quirúrgicas. Incluso era común que faltaran productos básicos de limpieza (como lavandina), que son esenciales para asegurar un ambiente estéril en los hospitales. Las condiciones insalubres han provocado infecciones intrahospitalarias que podrían haberse prevenido.

(...)

Escasez de alimentos y artículos de primera necesidad

Existe en Venezuela una severa escasez de artículos de primera necesidad, incluso de alimentos. Se torna cada vez más difícil para muchos venezolanos -sobre todo para las familias con menores ingresos o con ingresos medios que dependen de los bienes sujetos a los precios máximos fijados por el gobierno- lograr una nutrición adecuada.

Si bien en algunos mercados se pueden conseguir verduras, frutas, carnes, pescado y algunos artículos básicos importados -y en ciertas tiendas se ofrecen artículos de lujo como aceites de oliva y vinos importados-, muchos venezolanos solamente pueden comprar alimentos sujetos a control de precios que, en la actualidad, son escasos.

Los investigadores de Human Rights Watch observaron que se forman largas filas cada vez que los supermercados reciben productos regulados. Varias personas que hacían fila para obtener alimentos explicaron a los investigadores que estaban intentando comprar unos pocos artículos que se venden a los precios máximos fijados por el gobierno, como arroz, pasta y la harina que se utiliza para preparar el plato típico nacional, las arepas. Muchas veces, los supermercados se quedaban sin la limitada mercadería mucho antes de haber atendido a todas las personas que estaban en la fila.

Los alimentos y otros artículos básicos -como pañales, dentífrico y papel higiénicoque las personas podían comprar estaban estrictamente racionados, si es que acaso se conseguían. Por ejemplo, en general las personas podían comprar un kilogramo de harina de maíz o arroz o dos paquetes de pañales por semana, si estos artículos efectivamente estaban disponibles. Según explicaron a los investigadores diversas personas que estaban en las filas, hay artículos, como el azúcar y el papel higiénico, que directamente han desaparecido de los supermercados durante meses.

A través de una encuesta llevada a cabo en 2015 por organizaciones de la sociedad civil y por dos prestigiosas universidades venezolanas, en la cual se consultó a 1.488 personas de 21 ciudades a lo largo del país, se determinó que el 87 por ciento de los entrevistados -que, en su mayoría, pertenecían a familias de bajos ingresos- tenían dificultades para comprar alimentos. El 12 por ciento de los entrevistados comía dos comidas por día o menos.

Diversos académicos del ámbito de la salud pública han asociado la inseguridad alimentaria en varios países latinoamericanos con graves problemas de salud física y mental entre adultos, y con escaso crecimiento y desarrollo socioemocional y cognitivo en niños. En Venezuela, varios médicos, líderes comunitarios y padres manifestaron a Human Rights Watch que estaban comenzando a advertir síntomas de malnutrición, especialmente en niños. (...) ».

Esta situación del país es la que ha provocado una salida masiva de venezolanos, salida que está acreditada por fuentes solventes.

Así en el Informe publicado por la European Asylum Support Office (EASO) bajo el título "Venezuelans seeking asylum in EU up by almost 800% in two years" (Los venezolanos que buscan asilo en la UE aumentaron casi un 800% en dos años) de 4 abril 2018, disponible en su página web, se indica que:

« (...) The monthly number of Venezuelans seeking international protection in the EU per month has increased sharply over the past two years, now representing the 10th most common nationality. Spain received by far the most applications lodged by Venezuelans in February 2018, with 1,160 applications out of almost 1,400 [1].

In February 2018, Venezuelan nationals were by far the largest group of applicants in Spain, followed by citizens of Colombia. Nationals of El Salvador and Honduras were also included among the six main countries of origin of applicants in Spain, with about two-thirds of all applications involving Latin-American citizenships. For comparison, Venezuelan, Colombian, Salvadorian and Honduran applicants represented only 5% of all applications lodged in the EU as a whole in February.

Venezuelan applications for asylum in the EU have increased dramatically from 150 in February 2016, to 985 a year later, reaching close to 1,400 in February 2018. The upward trend has continued in the first two months of 2018, with Venezuela being the only country of origin amongst the top 10 in the EU that saw an increase in the number of asylum applications between January and February 2018.

Así podemos indicar que el número mensual de venezolanos que buscan protección internacional en la UE por mes ha aumentado marcadamente en los últimos dos años, y ahora representa la décima nacionalidad más común.

Según esta información España recibió la mayor cantidad de solicitudes presentadas por los venezolanos en febrero de 2018, con 1.160 solicitudes de casi 1.400.

En febrero de 2018, los venezolanos eran, con mucho, el mayor grupo de solicitantes en España, seguidos por los ciudadanos de Colombia. Los nacionales de El Salvador y Honduras también se incluyeron entre los seis principales países de origen de los solicitantes en España, con aproximadamente dos tercios de todas las solicitudes de ciudadanía latinoamericana. En comparación, los solicitantes venezolanos, colombianos, salvadoreños y hondureños solo representaron el 5% de todas las solicitudes presentadas en la UE en febrero.

Las solicitudes de nacionales de Venezuela de asilo en la UE han aumentado drásticamente de 150 en febrero de 2016 a 985 un año después, llegando a cerca de 1.400 en febrero de 2018. La tendencia al alza ha continuado en los dos primeros meses de 2018, siendo Venezuela el único país de origen entre los 10 primeros en la UE que vio un aumento en el número de solicitudes de asilo entre enero y febrero de 2018.

En el Informe titulado "Latest asylum trends, April 2018" (Últimas tendencias de asilo - abril de 2018) publicado, también por la European Asylum Support Office (EASO) se afirma que:

« (...) The top five countries of origin of applicants in April were Syria, Iraq, Afghanistan, Venezuela and Nigeria, with the majority lodging more applications than in March. For the first time since the beginning of the EPS data exchange, Venezuela featured in the list of the top five countries of origin (see box below).

(...)

Venezuela ) In April, Venezuelan applicants lodged 2 349 applications for international protection in the EU+, a significant 62 % increase compared to March. For the first time since 2014, Venezuela appeared among the five most common countries of origin. In fact, the volume of Venezuelan applications in April was the highest-ever observed across the EU+ since the EPS data exchange was established, reinforcing an overall upward trend observed throughout 2017, especially during the last few months of the year. Among the most common citizenships of origin, Venezuelans had the smallest share of repeated (1 %) applicants, suggesting that they tended to be newly arrived to the EU. The share of UAM applicants was, likewise, very limited and stood at 1 %. The recognition rate for decisions issued in the period November 2017 - April 2018 was 10 %.

La traducción libre de dicho informe denominado "Últimas tendencias de asilo - abril de 2018 " podría ser la siguiente:

«(...) Los primeros cinco países de origen de los solicitantes en abril fueron Siria, Irak, Afganistán, Venezuela y Nigeria, y la mayoría presentó más solicitudes que en marzo. Por primera vez desde el comienzo del intercambio de datos EPS, Venezuela figura en la lista de los cinco principales países de origen (véase el recuadro a continuación).

(...)

Venezuela- En abril, los solicitantes venezolanos presentaron 2.349 solicitudes de protección internacional en la UE +, un aumento significativo del 62% en comparación con marzo. Por primera vez desde 2014, Venezuela apareció entre los cinco países de origen más comunes. De hecho, el volumen de solicitudes venezolanas en abril fue el más alto observado en toda la UE desde que se estableció el intercambio de datos EPS, lo que refuerza una tendencia general al alza observada durante 2017, especialmente durante los últimos meses del año. Entre las ciudadanías de origen más comunes, los venezolanos tenían la menor proporción de solicitantes repetidos (1%), lo que sugiere que tendían a ser recién llegados a la UE. La proporción de solicitantes de la UAM fue, asimismo, muy limitada y se situó en el 1%. La tasa de reconocimiento de las decisiones emitidas en el período de noviembre de 2017 a abril era 10%. (...) ».

Según ACNUR el número de solicitudes de asilo de venezolanos en España se ha incrementado exponencialmente en los últimos tres años, pasando de 120 solicitudes en 2014 a 10.600 en 2017, convirtiéndose en la principal nacionalidad de las cerca de 32.000 personas que pidieron protección el año pasado.

Tan sólo en el primer semestre de 2017 el número de peticiones de asilo de personas de Venezuela ya había superado el total del año anterior. A fecha de diciembre de 2017 había 34.871 solicitudes de asilo pendientes de respuesta en España, de las que 12.400 son de personas de Venezuela.

Ante esta situación, constatada por organizaciones internacionales del más alto nivel, el 18 de marzo de 2018, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) emitió la denominada " Nota de Orientación sobre el flujo de Venezolanos" del siguiente tenor:

«(...) Venezuela continúa experimentando un flujo significativo de venezolanos que salen hacia países vecinos, otros países de la región y países más lejanos. A pesar de que las circunstancias individuales y las razones de estos movimientos varían, las consideraciones de protección internacional se han hecho evidentes para una proporción significativa de venezolanos. La preocupación del ACNUR por los venezolanos fuera de su país de origen se deriva del mandato del ACNUR. Al ejercer estas funciones, la Oficina del Alto Comisionado tiene una historia de más de sesenta años de colaborar con los gobiernos y de desarrollar alianzas con otros organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales.

En este contexto, el ACNUR insta a los Estados receptores y/o a los que ya acogen a los venezolanos para que les permitan el acceso a su territorio y a que continúen adoptando respuestas adecuadas y pragmáticas orientadas a la protección y basadas en las buenas prácticas existentes en la región. El ACNUR está preparado para trabajar con los Estados con el fin de elaborar mecanismos adecuados de protección internacional de conformidad con la normativa nacional y regional, en particular la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 (LA LEY 12/1951) y la Declaración de Cartagena. Estos acuerdos están guiados por el principio de que brindar protección internacional es un acto humanitario y no político. Brindar protección internacional es consistente con el espíritu de solidaridad internacional, de la cual los países de la región de las Américas, incluyendo la República Bolivariana de Venezuela, tienen una larga trayectoria.

Mecanismos orientados a la protección bajo los marcos nacionales y regionales.

3. Reconociendo los desafíos y los posibles retrasos que los Estados puedan enfrentar en la adaptación de los sistemas de asilo existentes a la actual situación, el ACNUR alienta a los Estados a que consideren los mecanismos orientados a la protección "que les permita una estancia legal a los venezolanos, con las salvaguardas adecuadas. Esto podría, por ejemplo, incluir varias formas de protección internacional, incluso bajo el derecho internacional de los derechos humanos, y protección temporal o acuerdos de estancia", o alternativamente visados o mecanismos migratorios laborales que puedan ofrecer acceso a la residencia legal y a un tratamiento estándar similar a la protección internacional.

La implementación de estos mecanismos se haría sin perjuicio del derecho a solicitar el asilo, especialmente en los procedimientos de expulsión o deportación o en el caso de la no renovación de los permisos de residencia. En todas las circunstancias, los estándares mínimos deberían garantizarse específicamente: requisitos y los procedimientos para la aplicación de estos mecanismos deberían definirse y articularse bajo la legislación nacional. El ACNUR insta a los Estados a garantizar que las personas que se beneficien de estos mecanismos se les expidan un documento oficial reconocido por todas las autoridades gubernamentales.

b) Accesibilidad: Los mecanismos pertinentes deberían ser accesibles a todos los venezolanos, independientemente de la fecha de entrada al país de acogida. Esto significaría que no debería haber costos asociados con la solicitud de este mecanismo o solo costos mínimos, y que estas solicitudes se deberían aceptar en varios lugares del territorio para garantizar que los costos de transporte no sean prohibitivos. Además, ni la entrada/presencia irregular ni la falta de documentos de identidad serían vistos como una razón válida para denegar el acceso a dicho mecanismo.

c) Acceso a los derechos básicos: Los mecanismos basados en la protección también podrían garantizar el acceso a los servicios básicos y a los derechos fundamentales, en igualdad de condiciones con otros ciudadanos extranjeros que son residentes legales en el territorio del Estado, de conformidad con las Directrices del ACNUR sobre protección temporal o acuerdos de estancia. Estos derechos incluyen: 1) acceso a la atención médica; 2) acceso a la educación; 3) unidad familiar; 4) libertad de circulación; 5) acceso a albergue, y 6) el derecho al trabajo. Estos derechos se garantizarían de manera igualitaria y no discriminatoria.

d) Garantías de no retorno: En vista de la situación actual en Venezuela, el ACNUR hace un llamamiento a los Estados para que les garanticen a las personas beneficiarias de estas formas complementarias de protección, protección temporal o acuerdos de estancia, o visados o mecanismos migratorios laborales que no sean deportados, expulsados, o de cualquiera otra manera forzados a retornar a Venezuela, de acuerdo con el derecho internacional de los refugiados, y el derecho de los derechos humanos.

Esta garantía debería estar garantizada ya sea en el documento de identidad oficial otorgado o a través de otros medios efectivos, como instrucciones claras para los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

Acceso a procedimientos de asilo

4. Las soluciones descritas anteriormente son sin perjuicio del derecho a solicitar asilo. Los sistemas de asilo justos y eficientes brindan la red de seguridad necesaria para garantizar que las personas con necesidades de protección internacional sean reconocidas como tales y protegidas de la devolución. Todas las decisiones sobre las solicitudes de asilo necesitan tomar en cuenta información de país de origen pertinente, fiable y actualizada.

5. Cuando los Estados aplican la definición de refugiado contenida en la Convención de 1951/Protocolo de 1967, el ACNUR apoya la implementación de medidas para acelerar y simplificar la tramitación de los casos individuales, si el número de casos excede la capacidad de los sistemas de asilo.

6. Si un Estado ha incorporado los criterios más amplios establecidos en la Declaración de Cartagena en su legislación nacional, el ACNUR alienta a los Estados a considerar la aplicación de esta definición regional en el caso de los solicitantes de asilo venezolanos, incluso como base para tramitar los casos de forma acelerada y simplificada. Ante la gran variedad de información disponible sobre la situación en Venezuela, el ACNUR considera que las circunstancias generales que conducen a la salida de ciudadanos venezolanos podrían estar contempladas en el espíritu de la Declaración de Cartagena, resultando en una presunción refutable de las necesidades de protección internacional.

7. El ACNUR ofrece su apoyo técnico y pericia a los Estados que buscan mejorar el acceso, la imparcialidad y la eficiencia de sus sistemas de asilo y otros procedimientos de protección internacional. En contextos nacionales específicos, donde la capacidad de los sistemas de asilo para abordar en forma efectiva las necesidades de protección internacional no existe o está desbordada, se requieren medidas especiales para garantizar que los Estados cumplan con sus obligaciones de no devolución y otras obligaciones de protección en relación con los venezolanos.

8. El ACNUR hace un llamamiento a los Estados para que tomen las medidas necesarias para combatir el racismo, la discriminación y la xenofobia, sobre todo a la luz de una serie de incidentes que afectan gravemente la vida, la seguridad y la integridad de los venezolanos. El ACNUR está preparado para apoyar estos esfuerzos. (...)».

La Nota de ACNUR está dirigida a los "Estados", y el Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado Español, por lo que está directamente concernido por la Nota.

A la vista de la evolución de la situación en Venezuela esta Sección acordó en los Recursos 328/2017, 417/2017, 456/2017, 457/2017 a través de unas diligencias finales solicitar al ACNUR información sobre la situación en Venezuela y su posición actual en relación con los solicitantes de asilo o protección internacional nacionales de dicho país y, en particular, si visto el contenido de la nota descrita cambiaría la posición en su día adoptada en la CIAR.

ACNUR contestó que «La Oficina de ACNUR en España recibió información de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) en relación a la elevación a la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio que se celebraría el (...) sobre el criterio desfavorable de la Instrucción con el que era elevada dicho caso.

La oficina de ACNUR en España no expresó ninguna opinión individual, en ese momento, sobre las necesidades de protección internacional de este caso en particular.

No obstante, lo anterior, esta Delegación, dada la evolución de la situación en el país, viene recomendando a las autoridades españolas, desde mayo de 2017, la garantía, a los solicitantes procedentes de Venezuela, de algún tipo de protección internacional. Recomendación que se ha visto reflejada desde ese momento en los listados remitidos por el ACNUR para la valoración de casos en las reuniones de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, en los que se incluía la siguiente valoración: "A juicio del ACNUR, dada la información citada y a la luz de la evolución y el constante agravamiento de la situación política y humanitaria en Venezuela, todos los solicitantes procedentes de dicho país, serían merecedores de algún tipo de Protección Internacional."

Asimismo, ACNUR ha publicado en el mes de marzo de 2018 la Nota de Orientación sobre el flujo de venezolanos. En esta nota, ACNUR considera la grave situación existente en Venezuela y alienta a los Estados a garantizar que los venezolanos tengan acceso a los territorios y a los procedimientos de determinación de la condición de refugiado. Además, ACNUR pide a los gobiernos que adopten respuestas pragmáticas de protección para los nacionales venezolanos que garanticen su residencia legal u otras fórmulas humanitarias de regularización que garanticen el acceso a los derechos básicos de salud, educación, unidad familiar, libertad de movimiento, albergue y el derecho al trabajo y garantice la no devolución a Venezuela.

De esta forma, en aras de valorar las necesidades de protección de los interesados, ACNUR recomienda que se tenga en cuenta el reciente documento de ACNUR "Nota de orientación sobre el flujo de venezolanos", de marzo de 2018 dado que sería de aplicación al solicitante».

En nuestro caso ACNUR ya había emitido el informe de 30 de noviembre de 2016 afirmando que el recurrente sería merecedor de algún tipo de protección internacional, por lo que se estimó innecesario volver a solicitar información a ACNUR.

Por lo tanto, si el ACNUR informa que debería garantizarse la no devolución de los ciudadanos venezolanos, vista la situación del país, dicha recomendación debe tomarse en serio.

Somos perfectamente conscientes de que la posición de ACNUR no es vinculante. De hecho, no son aislados los supuestos en los que esta Sala, siempre motivándolo, ha expresado sus discrepancias con dictámenes de ACNUR.

Pero ello no es óbice para que, en consonancia con nuestro TS, reconozcamos el alto valor que merecen los dictámenes e informes de ACNUR cuando de protección internacional se trata.

Por último, debemos tener presente que el viernes 22 de junio de 2.018 la Oficina de Derecho Humanos de las Naciones Unidas ha publicado el Informe titulado "Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin" en el que se relata que:

« El informe...documenta las violaciones de los derechos humanos que han cometido las autoridades estatales desde agosto de 2017, como el uso excesivo de la fuerza en operaciones de seguridad no relacionadas con las protestas, la práctica reiterada de las detenciones arbitrarias, la tortura y los malos tratos, y la vulneración de los derechos al disfrute del más alto nivel posible de salud y a una alimentación adecuada. Además, el informe documenta otras violaciones de derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, cometidas por las autoridades estatales desde 2014.

El gobierno venezolano no permitió que el ACNUDH tuviera acceso a su territorio.

(...)

El ACNUDH constató que el uso excesivo de la fuerza por agentes de seguridad durante las manifestaciones es uno de los aspectos de la problemática más amplia que constituye el empleo excesivo de la fuerza en las operaciones de seguridad en general, que se ha venido manifestando al menos desde 2012. Desde julio de 2015, las autoridades estatales se han servido de las llamadas "Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP)" como instrumento para demostrar sus pretendidos éxitos en materia de reducción de la criminalidad. El ACNUDH comprobó que existía un patrón de uso desproporcionado e innecesario de la fuerza por parte de los órganos de seguridad en dichas operaciones, las cuales se saldaron con un gran número de muertes que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. El Ministerio Público comprobó que, entre julio de 2015 y marzo de 2017, las fuerzas de seguridad mataron a 505 personas en el marco de OLP, entre ellas 24 niños. Las OLP también se caracterizaban por el alto nivel de impunidad" -recuérdese que en agosto de 2017 se procedió al cambio del Fiscal General-.

(...)

El patrón de violaciones a derechos humanos identificado en el marco de las OLP también se observó durante la operación que se saldó con la muerte de 39 reclusos en el centro de detención de Amazonas, en agosto de 2017, así como durante la operación que concluyó con la muerte de siete miembros de un presunto grupo armado en la zona de "El Junquito", en enero de 2018. La información reunida por el ACNUDH indicó que en ambos casos los agentes de seguridad utilizaron fuerza excesiva y manipularon las escenas y evidencias para que las muertes parecieran haber resultado de los intercambios de fuego.

(...)

El ACNUDH ha observado que, desde finales de julio de 2017, las fuerzas de seguridad, en particular los servicios de inteligencia, han seguido utilizando las detenciones arbitrarias e ilegales como una de sus principales herramientas para intimidar y reprimir a la oposición política o a cualquier persona que manifieste su disidencia o descontento y que, en consecuencia, sea considerada como una amenaza para el Gobierno. Sin embargo, estas detenciones han sido más selectivas que durante el período de las protestas masivas. Entre las personas arbitrariamente privadas de libertad figuraban activistas políticos y sociales, estudiantes, defensores de los derechos humanos, trabajadores de los medios de comunicación y miembros de las fuerzas armadas. Según los registros llevados por organizaciones de la sociedad civil, al menos 570 personas, incluidos 35 niños, fueron detenidas arbitrariamente entre el 1 de agosto de 2017 y el 30 de abril de 2018.

(...)

El ACNUDH ha comprobado la existencia de violaciones recurrentes del debido proceso, como la detención en régimen de incomunicación, las desapariciones forzadas breves, la imposición de grandes restricciones al derecho a una defensa adecuada y las demoras judiciales injustificadas. Según un abogado entrevistado, "hablar de un proceso penal es ilusorio, porque no hay absolutamente ninguna garantía legal". También se ha mantenido la práctica consistente en procesar a los civiles en los tribunales militares. En varios casos se ha privado de libertad a personas que ya estaban amparadas por una orden judicial de liberación.

(...)

Los agentes de seguridad, notablemente los miembros del SEBIN, la DGCIM y la GNB, recurrieron a tales medidas [torturas] para intimidar y castigar a los detenidos, así como para extraer confesiones e información. Los casos más graves tuvieron lugar por lo general en locales del SEBIN, la DGCIM y del ejército, en todo el país. Algunas personas fueron retenidas en lugares de detención no oficiales. Entre los actos de malos tratos y tortura documentados se incluyen la aplicación de descargas eléctricas, golpes fuertes, violaciones y otras formas de violencia sexual, asfixia con bolsas de plástico y productos químicos, simulacros de ejecución y privación de agua.... El ACNUDH también ha documentado casos de trato cruel, inhumano o degradante impuesto a familiares de los detenidos.

(...)

Los casos documentados por el ACNUDH, junto con la información recogida, indican que los malos tratos y la tortura infligidos a personas privadas de libertad por haber expresado ciertas opiniones políticas o por haber ejercido sus derechos humanos no son incidentes aislados. Por el contrario, se ha documentado que las mismas formas de malos tratos han sido cometidas por agentes de diferentes unidades de seguridad en todo el país, en diferentes centros de detención y con el presunto conocimiento de oficiales superiores, lo que demuestra claramente la existencia de un patrón de conducta.

(...)

La falta de alimentos, combinada con el hecho de que estos son inasequibles, ha obligado a las familias venezolanas a cambiar sus hábitos alimenticios y a poner en marcha nuevas estrategias de subsistencia. Las opciones de los venezolanos para obtener alimentos eran: hacer cola durante muchas horas para comprar alimentos a precios controlados por el Estado, lo que generalmente se ofrecía esporádicamente y en cantidades limitadas; ser beneficiario de un programa social, o adquirir productos en el supermercado o en los bachaqueros (mercado negro) a precios hiperinflacionados.

(...)

Como muestra el estudio de Cáritas, las embarazadas, los ancianos y los niños corren un riesgo particular de malnutrición. Según Cáritas, la malnutrición aguda en los niños menores de cinco años atendidos por la organización había pasado del 8,7 por ciento, en octubre de 2016, al 16,8 por ciento, en diciembre de 2017, excediendo el umbral de crisis del 10 por ciento establecido por la OMS. Caritas también alertó de que el 33 por ciento de los niños examinados padecían malnutrición crónica, lo que indicaba que había habido inseguridad alimentaria en entre los niños examinados durante un período de al menos cuatro años. La tenencia identificada por Caritas fue confirmada recientemente en el Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe, de 2017, elaborado por la FAO, donde se determinó que la subalimentación aumentó en 1,3 millones de personas entre 2014 a 2016, lo que representaba un total de 4,1 millones de personas subalimentadas en el país. Asimismo, el UNICEF advirtió que un número creciente de niños padecían malnutrición debido a la prolongada crisis económica que afectaba a Venezuela.

La situación era particularmente grave para los recién nacidos cuyas madres no podían amamantarlos. Era casi imposible encontrar leche para bebés en el mercado, y cuando la había su precio superaba dos salarios mínimos mensuales. En ausencia de registros públicos oficiales, los informes médicos independientes revelaron que un número creciente de niños fueron hospitalizados por malnutrición. La unidad pediátrica del Hospital General de Caracas señaló que los casos de niños con malnutrición aguda aumentaron en un 260 por ciento en 2017. La escasez de medicamentos, suplementos nutricionales y, específicamente, leche infantil en el sistema público de atención sanitaria ha tenido un impacto fatídico, pues ello impidió a los médicos proporcionar el tratamiento adecuado a los niños con malnutrición aguda. Durante el primer trimestre de 2018, los medios de comunicación locales dieron cifras alarmantes de niños muertos por malnutrición en varios estados. No obstante, es casi imposible conocer el número exacto, dado que los médicos no suelen atribuir la causa del fallecimiento a la malnutrición.

El ACNUDH observó que la escasez de alimentos estaba teniendo un impacto desproporcionado en las mujeres. Según una encuesta de 2017, los hombres estaban consumiendo alimentos con un valor nutricional mayor que los consumidos por las mujeres, cuya dieta solía carecer de las proteínas y micronutrientes necesarios. Las mujeres eran, además, más propensas que los hombres a comer menos o a saltarse comidas cuando no había suficientes alimentos para toda la familia. Asimismo, el grueso del peso de encontrar comida recaía en ellas. Efectivamente, las mujeres eran mayoría en las colas para comprar productos alimenticios a precios regulados. Podían pasar entre 8 y 14 horas semanales de promedio haciendo cola en la calle, expuestas a las condiciones climáticas y a la elevada inseguridad (...)».

El dictamen, con cita de fuentes es más detallado, pero basta su lectura para concluir que en Venezuela existe una situación de crisis generalizada, que se centra, entre otras, en una absoluta desprotección de aquellos ciudadanos que manifiestan su disidencia que son objeto de amenazas y sobre los que pende la posibilidad, al menos, de un arresto arbitrario, sin garantía alguna. Todo ello la margen de los problemas sobre dos derechos básicos como son la salud y la alimentación, siendo especialmente preocupante la situación de colectivos especialmente vulnerables como ancianos, personas sometidas a tratamiento o niños.

Hay, por lo tanto, en nuestra opinión y de acuerdo con la información disponible, una situación de "riesgo, conflicto, inestabilidad o peligro para los derechos básicos de la persona" que justifica la no devolución y el acogimiento por razones humanitarias.

Esta situación, en principio justificaría la no devolución del recurrente, pero debe ser puesta en conexión con las circunstancias concurrentes en el solicitante de asilo. La situación del país debe ser puesta en conexión con las "circunstancias particulares del peticionario" - STS de 26 de octubre de 2011 (Rec. 2544/2008 (LA LEY 209874/2011))-.

Está acreditado en las actuaciones, y es un hecho probado, que Don Casiano nació el NUM000 de 1.995, por lo que en la actualidad tiene 23 años. Desde que tenía 9 años ha vivido en España, no habiendo regresado nunca a Venezuela en estos catorce años.

Durante los 14 años que ha residido en España no ha tenido permiso de residencia. El recurrente tiene epilepsia y precisa de un tratamiento médico llamado "ozcarbacepina". Su madre es residente legal en España. En la entrevista personal dijo que su padre vivía en Venezuela, pero, es obvio, que desde hace 14 años que no le ve.

Consta acreditado que el recurrente tiene expedido pasaporte de Venezuela con validez hasta el 23 de noviembre de 2015, y que no podrá renovarlo.

El Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Bilbao al renovar su último pasaporte emitió nota del siguiente tenor literal:

« (...) En relación a su solicitud, le informamos que una vez estudiado su caso hemos procedido a asignarle una cita para renovar su pasaporte venezolano de manera excepcional. Debe tener en cuenta que por disposiciones legales la vigencia máxima de dicho pasaporte será hasta el 23 de noviembre de 2015, tiempo en el que usted deberá viajar a Venezuela a tramitar la cédula de identidad».

El recurrente ha acreditado que el artículo 26 Ley Orgánica de Identificación aprobada por Congreso de la República de Venezuela establece que:

« (...) Los mayores de 18 años que incumplan la obligación de obtener su cédula de identidad, serán penados con multa de treinta (30) a cien (100) bolívares o arresto proporcional.

Quien incumpla la obligación de renovar su cédula de identidad u obtener una nueva en los casos y según los requisitos establecidos por esta Ley, serán penados con multa de diez (10) a treinta (30) bolívares o arresto proporcional. Dichas penas serán impuestas por las autoridades de identificación, quienes podrán abstenerse de aplicarlas cuando, a su juicio, existan motivos que justifiquen la falta de cumplimiento a las expresadas obligaciones».

Por otra parte, el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (LA LEY 8579/2011), tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009 (LA LEY 21944/2009), exige para la concesión de cualquier tipo de permiso de residencia presentar pasaporte en vigor.

El recurrente no puede legalizar su situación en España, y, en caso de regresar a Venezuela para obtener una Cedula de Identidad para renovar su pasaporte corre el riesgo de ingresar en prisión.

Debemos tener en cuenta que, aunque cada estado es soberano para establecer las normas que estime pertinentes, esos hechos, no obtener la cédula de identidad, nunca determinarían en ingreso en prisión de una persona en España.

Además, como hemos indicado más arriba, los Informes nacionales sobre prácticas de derechos humanos para 2017 del Departamento de Estado de los Estados Unidos (Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo), en el apartado relativo a Venezuela" en relación con las condiciones del centro penitenciario y de detención afirma que:

«(...) La mayoría de las condiciones de la prisión eran duras y amenazan la vida. Las pandillas armadas controlaban efectivamente algunas cárceles en las que estaban encarcelados. Las condiciones fueron más agudas en los centros de detención preventiva, como las cárceles de las estaciones de policía».

El recurrente precisa de una medicación, "ozcarbacepina", y es razonable pensar que no dispondrá de ella en Venezuela, a la vista de los informes transcritos.

El recurrente se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad, pues no cuenten con el apoyo de una red familiar ni de una comunidad de acogida, porque está totalmente desvinculado de Venezuela, precisa de tratamiento médico y corre el riesgo de ser ingresado en prisión.

En cuatro Sentencias de fecha veintiséis de junio de dos mil dieciocho (Recursos nº 407/2017, 456/2017, 457/2017 y 803/2017) consideramos que a la vista de cuanto hemos razonado, y en particular, ante la evolución negativa de la situación en Venezuela, que había provocado la emisión de la nota de ACNUR de marzo de 2.018, y teniendo especialmente en cuenta la opinión de ACNUR cuya objetividad, rigor y en definitiva "auctoritas" había sido resaltada por la Jurisprudencia consolidada ( STS de 23 de mayo de 2012 R.C. 4699/2011, 29 de Junio de 2012, R.C 5594/2011 y R.C. 5935/2011 y STS de 22 de junio de 2.012, R.C. 6085/2011), procedía que nosotros también cambiaremos nuestro criterio, y, por tanto, estimamos que era procedente autorizar de residencia de los recurrentes, en esos recursos, por razones humanitarias.

Valoramos que, en el caso examinado, a la vista de todo lo expuesto, es procedente que mantengamos el mismo criterio, y autoricemos la residencia del recurrente por razones humanitarias.

(...)"

Pues bien, en el caso presente debe desestimarse el Asilo pues los recurrentes no tienen fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social de género u orientación sexual.

La Sala, hace suyas las argumentaciones de la Administración sobre la Lista Tascón y el hijo del recurrente ha solicitado Protección Internacional junto a su madre, debiendo ser en ese recurso donde se analice la situación del menor de edad.

Y tampoco apreciamos, a efectos de la Protección Subsidiaria, que en el caso de devolución de los recurrentes exista un riesgo grave para su vida e integridad física, por lo tanto no consideramos de pertinente aplicación el artículo 4 en relación con el artículo 10 de la Ley 12/2009 (LA LEY 19199/2009).

Nos resta analizar la permanencia por razones humanitarias.

El actor alega que renuncia a su trabajo por los maltratos verbales que sufría por ser de otro partido. Alega también, la inseguridad de Venezuela y que no existe comida en los supermercados.

Añade que tuvo que participar a la fuerza, en manifestaciones de apoyo al régimen comunista de Venezuela, incluso un día su vehículo fue rayado con alusiones a Chávez.

Belinda indica que fue víctima de desmejoras laborales, sanciones administrativas, agresiones verbales e insultos en los que se le llamaba "fascista escuálida, traidora a la patria, que a los antipatriotas como yo había que despedirlos". Por eso renunció también a su trabajo.

Como decíamos en sentencia de 26 de junio de 2018, recurso 328/2017, FJ5, con cita del informe elaborado en junio de 20118, por el Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, en Venezuela existe "una situación de riesgo, de conflicto, inestabilidad o peligro para los derechos básicos de la persona" que justifica la no devolución y el acogimiento por razones humanitarias.

Pues bien, dado que la resolución recurrida no niega que los recurrentes sean opositores políticos al régimen vigente en Venezuela, en realidad solo discute el extremo relativo a la beca, la Sala estima razonable que en el caso de autos se conceda a los recurrentes la protección por razones humanitarias.

Procede, por tanto, la estimación parcial del recurso y reconocer el derecho de los recurrentes a permanecer en España, por la normativa de extranjería e inmigración.

QUINTO.- No ha lugar a imposición de costas al ser la sentencia parcialmente estimatoria.