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PRIMERO.- En la sentencia recaída en el primer grado jurisdiccional se estimó parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador D. Luis Enriquez de Navarra, en nombre y representación de Dª. Adela , contra D. Ambrosio y se condenó a dicho demandado a abonar a la referida actora la cantidad de 9.590,02 €, con expresa condena en costas al demandado.

Para dicha estimación, el Juez "a quo" razona en el Fundamento de Derecho segundo de la referida sentencia de instancia que, partiendo de las consideraciones expuestas en el Fundamento de Derecho primero de la misma, ha quedado debidamente acreditado el incumplimiento de la promesa de matrimonio por parte del demandado, quien en su interrogatorio admitió expresamente ser quien decidió no contraer matrimonio con la actora, lo que, en estricta aplicación de en el artículo 43 del Código Civil (LA LEY 1/1889) , le hace responsable del resarcimiento de aquellos gastos realizados y las obligaciones contraídas que resultan igualmente probadas, al no haber refutado el demandado las pruebas aportadas por la demandante, que muestran meridianamente cada uno de los conceptos y su consiguiente cuantificación. En efecto, de la prueba documental aportada con el escrito rector de demanda, así como de las testificales que depusieron en el acto de la vista concurre suficiente actividad probatoria de aquellos gastos efectuados y las obligaciones contraídas en consideración al matrimonio prometido. Y así deben incluirse como tales determinados bienes y enseres que quedaron en su poder en el domicilio que iba a ser conyugal, sin que concurra prueba de que éstos fueron retirados por la actora, como son la instalación de cerramiento acristalado en la vivienda del demandado, el material para obras de mejora en la vivienda del demandado, menaje diverso y utillaje, entre otros pagos efectuados precisamente en consideración al matrimonio prometido, aunque se reconoció por la testigo Sra. Flor que se procedió por la actora a recoger ciertos bienes en la vivienda del actor, como ropa de cama, o una barra de cortina, entre otros, que no son objeto de reclamación en este procedimiento.

Deben incluirse igualmente las cantidades respecto del banquete de boda por un total de 4.440 euros, corroborado por el documento aportado por la entidad del "Pueblo Español", establecimiento donde se iba a celebrar el convite y donde el propio demandado expresó haber celebrado una cena con sus amigos para su aprovechamiento, así como el traje de novio, el coste de las alianzas, las invitaciones de boda y un pago a cuenta por el reportaje de boda.

Por el contrario, no resulta procedente la condena de las sumas de los artículos correspondientes a material para obras de mejora en la vivienda del demandado, (tabiques de escayola, etc.), por un total de 117,37 -doc. 3 de la demanda- en tanto quedó expresados por el testigo y padre de la actora, que fueron abonados por éste. En el mismo sentido, no entendemos justificadas las cantidades de 49,95 euros, 89,90 euros, 189 euros, acompañadas como parte del documento número 4, toda vez que resulta ilegible su concepto de compra.

SEGUNDO.- El demandado se alzó contra la referida sentencia y solicitó la revocación de la misma y que se dictará otra, en su lugar, en la que se desestimase íntegramente la demanda.

Dicha parte apelante basa su recurso de apelación en las alegaciones siguientes: Que por parte del Juez "a quo" se estima, básicamente, la demanda de adverso con todas sus pretensiones económicas sin que por parte de ésta se haya practicado prueba alguna. Nos encontramos ante un supuesto de claras versiones contradictorias entre ambas partes, pues el ahora apelante en modo alguno ha reconocido deber todas las partidas reclamadas de adverso. Aquí el único testigo ha sido interesado y de parte pues evidentemente el interés del testigo no es imparcial; es el padre de la novia. Que el hecho de que la actora tenga en su poder un ticket de caja de compra no significa automáticamente que haya sido satisfecho por ella; el hecho de la posesión del ticket, sin más prueba de la disposición económica efectuada para su abono, no puede comportar que, tal y como lo reduce y simplifica el juzgador "a quo" que haya sido abonado con dinero privativo de la demandante. Ahora bien, lo cierto es que el presupuesto de Cristalería Alonso por los marcos de las ventanas de la vivienda del demandado van a nombre de éste, y dos años más tarde aparece una factura a nombre de la actora. Además, la sentencia omite la valoración de pagos que realizó el ahora apelante, así como que todo el menaje de la vivienda que ahora reclama la actora se lo llevó ésta de la casa.

TERCERO.- De las referidas alegaciones formuladas por la parte demandada en su recurso de apelación cabe deducir que, en el mismo, no combate, propiamente, el extremo de la sentencia de instancia en el que se considera debidamente acreditado el incumplimiento de la promesa de matrimonio por parte del referido demandado, lo que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 43 del Código Civil (LA LEY 1/1889) , le hace responsable del resarcimiento de aquellos gastos realizados y las obligaciones contraídas que resultan acreditadas.

Lo que sí combate en el recurso de apelación es que haya resultado acreditado que la actora realizara gastos que deban ser indemnizados por el demandado.

CUARTO.- Conforme lo dispuesto en el art. 217.2 de la LEC (LA LEY 58/2000) , corresponde al actor y al demandado de reconvención la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprende, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención.

Y según lo dispuesto en el apartado 3 del mismo artículo 217, incumbe al demandado y actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere al apartado anterior.

Ya durante la vigencia del art. 1.214 del Código Civil (LA LEY 1/1889) (hoy derogado) el Tribunal Supremo venía declarando que si bien es cierta la vigencia de la conocida regla "incumbit probatio ei qui dicit, non qui negat", la misma no tiene un valor absoluto y axiomático, matizando la moderna doctrina que no puede admitirse como norma absoluta que los hechos negativos no pueden ser probados, pues pueden serlo por los hechos positivos contrarios, y si los demandados no se limitan a negar los hechos constitutivos de la acción o pretensión ejercitada, sino que alegan otros impeditivos, extintivos u obstativos al efecto jurídico reclamado por el actor, tendrán que probarlos (SSTS 23-9-1986 y 13-12-1989), y finalmente, que la norma distributiva de la carga de la prueba no responde a unos principios inflexibles, sino que se deben adaptar a cada caso según la naturaleza de los hechos afirmados o negados y la disponibilidad o facilidad para probar que tenga cada parte (SSTS 19-11-1990 y 8-3-1991).

QUINTO.- En el supuesto de autos, esta Sala considera que el Juez "a quo" ha aplicado de forma totalmente correcta los principios distributivos sobre la carga de la prueba; así como que ha valorado también correctamente el resultado de toda la prueba practicada en el procedimiento, para concluir que el demandado debe abonar a la actora la cantidad objeto de condena en la sentencia de instancia. Sin que, por lo tanto, pueda admitirse la alegación que formula el demandado en su recurso de apelación en el sentido de que el Juez "a quo" ha estimado básicamente en su totalidad la demanda, sin que por parte de la actora se haya practicado prueba alguna.

A tales efectos deben hacerse las consideraciones siguientes:

1) La parte actora aportó, con su demanda, distintos documentos al objeto de acreditar la pretensión ejercitada en la misma.

2) El demandado, ahora apelante, en su declaración prestada en el acto del juicio admitió, claramente, el pago por parte de la actora de lo siguiente: la paga y señal por el banquete de boda, el pago del traje de novia, el pago de las invitaciones de boda, el pago de las alianzas y el pago a cuenta del reportaje de boda.

De la misma manera admitió en su declaración prestada en el acto del juicio que dicha actora abonó los gastos de utillaje doméstico. Y aunque, respecto a tal extremo, manifestó que todo el utillaje doméstico que había abonado la actora, ésta se lo había llevado, lo cierto es que esta última manifestación del demandado ha quedado en absoluto huérfana de prueba. Prueba que, conforme lo dispuesto en el antes referido artículo de la LEC y la doctrina del Tribunal Supremo, correspondía a dicho demandado. Pero es más, la parte actora, mediante la declaración testifical del padre de ésta y de la otra testigo que declaró en el acto del juicio, Sra. Flor , ha acreditado que no retiró ni se llevó de la vivienda propiedad del demandado el referido utillaje.

3) La parte actora con los documentos aportados con la demanda no sólo ha acreditado que las facturas y "tickets" están en su poder, sino, también, que en las fechas de los hechos a que se refiere la demanda solicitó y obtuvo un préstamo de 18.000 € y que fue disponiendo de distintas cantidades de dicho préstamo; entre ellas, un reintegro de 11.000 €. Sin que, por el contrario, el demandado haya acreditado disposición alguna de dinero para abonar ninguno de los gastos acreditados por la parte actora; entre ellos , el referente al pago del cerramiento acristalado realizado en la vivienda del demandado, ya que lo cierto es que, aún cuando el presupuesto figura a nombre de dicho demandado, la factura fue expedida a nombre de la actora; sin que la declaración del testigo que depuso a instancia de dicho demandado en el acto del juicio desvirtúe que el pago se hizo con dinero de procedencia de la actora.

Es por todo ello que procede desestimar el recurso de apelación y confirmar en todos sus extremos la sentencia de instancia.

SEXTO.- Al desestimar el recurso de apelación procede imponer las costas de esta alzada a la parte apelante, conforme lo dispuesto en el art. 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la LEC .

En virtud de cuanto antecede,