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PRIMERO.- Considerando que por la representación procesal de la parte apelante se solicitó la revocación de la sentencia recurrida y el dictado de otra en esta alzada que, con íntegra estimación del recurso de apelación interpuesto, modificase los dos pronunciamientos impugnados y absolviese al demandado de abonar a la actora, hoy apelada, las dos partidas identificadas como "compra de vestido de novia" y "gastos de cancelación de la reserva del viaje de novios", por importe total de 2.903'90 euros, con condena de la parte apelada a pagar las costas de la segunda instancia. Impugnó la valoración probatoria del Juez "a quo" sobre la supuesta cancelación unilateral del compromiso de matrimonio - hecho esencial de la demanda - que la sentencia considera acreditado basándose en pruebas testificales de sujetos evidentemente afines, en lo personal, a la actora (familiares y amigos), frente a documentos aportados a los autos en los que, por escrito y de manera fehaciente, se refleja la voluntad del demandado de contraer matrimonio, manifestada, incluso, con posterioridad al momento en el que, según la apelada, se habría producido la ruptura. No obstante lo anterior, esta parte ha optado por no combatir las apreciaciones de la sentencia sobre la cancelación del compromiso, aceptando, en consecuencia, la verdad puramente "formal" de este dato, por la sencilla razón de que nos encontramos ante un desagradable episodio que el demandado, simplemente, desea relegar al olvido lo antes posible. En todo caso, lo que el demandado no puede aceptar es verse obligado a abonar determinadas partidas indemnizatorias cuya realidad, atribución a la actora o relación con la promesa de matrimonio, simplemente no revisten el más leve examen probatorio, tanto por suponer un evidente enriquecimiento sin causa de la hoy apelada, como porque ni siquiera pueden ser tenidas por "formalmente verdaderas" con arreglo a un detenido examen de las pruebas aportadas. Se combaten así dos concretas partidas de gastos que se relacionan en la sentencia impugnada: la compra del vestido de novia, por importe de 1.900 euros; y los gastos de cancelación de la reserva del viaje de novios, por importe de 1.003'90 euros. La Jurisprudencia se ha mostrado especialmente restrictiva en lo que se refiere a los únicos gastos cuya reclamación puede tener legítima cabida en el seno del artículo 43 del CC (LA LEY 1/1889) , los cuales deben reunir dos presupuestos lógicos cuya carga de la prueba, evidentemente, corresponde a la parte actora, por aplicación del "onus probandi" contemplado en el artículo 217.1 de la LEC (LA LEY 58/2000) : en primer lugar, debe tratarse de gastos reales y efectivos en los que la actora, como contrayente supuestamente perjudicada, haya incurrido con sus recursos y patrimonio propio; y en segundo lugar, debe tratarse de gastos estrictamente hechos en consideración al matrimonio prometido. La jurisprudencia, de manera unánime, lo ha restringido a aquellos gastos exclusivamente referidos a la boda o enlace matrimonial, tales como la reserva del banquete, el viaje de novios, los gastos de hotel u hospedería si el acontecimiento requiere un desplazamiento y nada más. Partiendo de las consideraciones anteriores se analizan, seguidamente, las dos partidas impugnadas. No hay prueba sobre la realidad y atribución a la actora del gasto en concepto de "vestido de novia", siendo presunción ilógica y vulnerando el artículo 24.1 de la CE (LA LEY 2500/1978) . Cabría entender acreditado que se trata de un supuesto gasto relacionado con la promesa matrimonial, en el sentido señalado por el artículo 43 del Código Civil (LA LEY 1/1889) ; sin embargo, en modo alguno la actora, a quien corresponde la carga de la prueba, ha acreditado que el gasto reclamado por este concepto - 1.900 euros - sea real y efectivo y, sobre todo, que haya sido hecho con sus propios recursos patrimoniales, no con dinero "ajeno". La única prueba aportada de contrario consiste en una factura que nada prueba sobre los extremos anteriores, en tanto ni siquiera aparece en la misma quién abona el importe, y, sobre todo, de dónde sale el efectivo suficiente para afrontar, de una sola vez, un pago de 1.900 euros; no habiendo sido aportado a los autos ningún recibo, ni ningún justificante de pago, que pueda revelar estos hechos. En este sentido, sorprende a esta parte que la sentencia afirme, en relación con el extremo anterior, que el importe reclamado "no resulta desproporcionado con los ingresos que la actora obtenía por esas fechas". Pero, por si todo lo anterior no fuera suficiente, existe una circunstancia añadida que lleva a la revocación de la sentencia impugnada en esta partida: el Juez no se sirve de ninguna "prueba directa" (inexistente) para imputar el pago de la factura a la apelada, sino de una "presunción judicial", en el sentido señalado por el artículo 386.1 de la LEC . (LA LEY 58/2000) Y esta parte debe oponer dos razones claras, cuales son, por un lado, la clara inexistencia de un "enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano", entre el hecho base y el hecho presumido, como exige el citado precepto; y, por otro, la evidente y clara indefensión material de esta parte, contraria al más elemental principio de contradicción y al derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española (LA LEY 2500/1978) . Se trata, en definitiva, de una "presunción judicial" verdaderamente sorpresiva para esta parte, que deja huérfana de toda aplicación por inexistencia de oportunidad procesal, la necesaria facultad de practicar prueba en contrario y que, en consecuencia, coloca a esta parte en una evidente indefensión material. En cuanto a la inexistencia de prueba sobre la realidad y atribución a la actora del gasto en concepto de "cancelación de la reserva del viaje de novios", decir que esta parte tampoco puede aceptar la realidad de este gasto, a cuyo pago ha sido condenada por importe de 1.003'90 euros. Téngase en cuenta que el testigo propuesto, responsable entonces de la delegación de "El Corte Inglés" en Coín, al parecer el establecimiento en el que supuestamente se contrató el viaje, no recordaba ni podía afirmar quién lo había reservado, contratado, o abonado; ni a cuánto ascendió el precio de reserva, toda vez que lo que se aporta a la demanda es la factura de cancelación. Si bien es cierto que el testigo identificó a la actora como quien se había personado en el establecimiento para cancelar el viaje, tampoco pudo recordar quien abonó dicho gasto. Y si fue emitido un recibo de pago nadie sabe dónde está. A pesar de todo el juzgador da por cierto y probado este gasto, cuyo examen probatorio no reviste el más leve análisis en términos de "sana crítica", pues nos encontramos ante un hecho que no se puede considerar acreditado, dadas las claras incertidumbres que existen respecto del mismo y que sólo a la parte contraria pueden perjudicar.

SEGUNDO.- Considerando que por la representación de la parte apelada se pidió la confirmación de la sentencia recurrida por sus propios fundamentos de derecho, con desestimación del recurso de apelación planteado de contrario y con expresa imposición de costas a la parte recurrente, añadiendo que las alegaciones que el apelante consigna en la "Introducción" no son objeto de recurso, pues tan solo se limita a expresar su malestar con la sentencia, pero sin impugnar más que dos pronunciamientos concretos, pudiendo sus alegaciones resumirse en su discrepancia sobre la valoración de la prueba llevada a cabo por el juzgador, específicamente en cuanto no recurre el resto de la parte dispositiva, sobre dos partidas de gastos: "la compra del vestido de novia" y "los gastos de cancelación de la reserva del viaje de novios"; y frente a ello debe ponerse de manifiesto que los ingresos de la demandante son más que suficientes para haber realizado dicho abono en efectivo con el dinero obtenido por su trabajo, que queda acreditado en autos documentalmente. Y, como con buen criterio recoge el juzgador, por la fecha de la factura, los datos de la identidad de la persona que realiza el pago (la demandante), por el concepto propio de la factura (vestido de novia) y por la fecha de entrega del vestido pactada en la factura (8 días antes de la fecha del enlace), puede afirmarse que la compra de dicho vestido de novia fue realizada, evidentemente, en consideración al matrimonio prometido y debe concluirse que la misma fue satisfecha y abonada por la actora, habida cuenta que su importe no resulta desproporcionado con los ingresos que la actora obtenía por esas fechas. Pero, además, de contrario no se impugna el valor probatorio de dicho documento, es decir, de la factura, y no se ha practicado prueba que desvirtúe su contenido, estableciendo correctamente el Juez la presunción de que quien figura como cliente en la misma es la persona que ha llevado a cabo su abono, salvo que dicha presunción resultase refutada mediante elementos de prueba que la desvirtúen; y en este caso el demandado no ha justificado haber hecho dicho abono. Se dice de contrario que el juzgador se basa en una "presunción judicial", pero desde nuestro punto de vista el juzgador resuelve luego de proceder, en detenido análisis, al examen del conjunto de las actuaciones y concluye que ha sido esta parte (la actora) la que ha soportado la carga de la prueba (abono de la factura). Por otro lado, y en relación a la otra partida objeto del recurso - "gastos de viaje" - la jurisprudencia apoya el valor probatorio de la documental que también se acompaña a la demanda, consistente en dos facturas de cargo de "Viajes El Corte Inglés", emitidas a nombre de la demandante y que se corroboran por otra prueba más, la testifical del Sr. Anibal (el cual reconoció a la demandante como quien llevó a cabo la cancelación del viaje). Se alega de contrario una evidente y clara indefensión material, contraria al principio de contradicción y al derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24.1 de la Constitución Española (LA LEY 2500/1978) , y debe recordar la parte recurrente que no existe ningún precepto que exija una contestación pormenorizada sobre cada una de las pruebas y basta que de su análisis se extraiga un resultado que puede ser fruto de la conjunción de dichos elementos probatorios. En efecto, el proceso valorativo de las pruebas incumbe a los órganos judiciales exclusivamente y no a las partes que litigan, a las que les está vedada toda pretensión tendente a sustituir el criterio objetivo e imparcial de los Jueces por el suyo propio, dada la mayor subjetividad por defender sus particulares intereses.

TERCERO.- Considerando que, como bien dice el Juez "a quo", la representación procesal de la demandante solicita que se condene al demandado a abonar la cantidad total de 27.342'66 euros, más intereses y costas, en ejercicio de la acción prevista en el artículo 43 del Código Civil (LA LEY 1/1889) , alegando que los litigantes se conocieron en junio de 2009 y comenzaron una relación estable de pareja, conviviendo en una vivienda propiedad de los padres del Sr. Remigio en Estepona; que en noviembre de 2009 el demandado propuso a la actora contraer matrimonio y ésta accedió, fijándose como fecha de la boda canónica el día 3 de septiembre de 2010, para lo que realizaron los cursos prematrimoniales en junio de 2010. En su opinión, de manera sorpresiva, el demandado llamó por teléfono a la actora el 30 de julio de 2010 y canceló la boda sin ofrecer causa alguna; y a finales de agosto de 2010 le envió un burofax en el que decía que - de nuevo - quería contraer matrimonio cuando la boda ya estaba cancelada. Alegó la demandante que la vivienda donde convivían fue amueblada por ella y pagó los muebles y enseres (23.077'66 euros), muchos de los cuales aún permanecen en la vivienda; así como que se hizo cargo de todos los gastos de la boda con el visto bueno del demandado, es decir, la reserva del vídeo para la boda por importe de 200 euros, el arrendamiento del servicio fotográfico por 250 euros, la compra de cigarros puros en el estanco por importe de 592'50 euros, la cancelación del viaje de novios en la agencia de "El Corte Inglés" por importe de 1.003'90 euros, las invitaciones de boda por importe de 318'60 euros, y el vestido de novia por importe de 1.900 euros, todo lo cual suma el total reclamado en la demanda. Añade el Juez que el demandado se opone a la reclamación, admitiendo que los litigantes empezaron una relación de pareja en junio de 2009 y decidieron contraer matrimonio, fijando como fecha de la boda el 3 de septiembre de 2010, para lo que realizaron los cursillos prematrimoniales en junio de 2010; que se conocieron porque el padre del Sr. Remigio adquirió a una empresa de la familia de la Sra. Herminia determinado mobiliario para amueblar todas las viviendas de un edificio que había promovido en Estepona; y que una de esas viviendas era la que sirvió de residencia a los litigantes. Niega haber cancelado el compromiso matrimonial y mantiene que en agosto de 2010 envió un burofax a la actora reiterando su voluntad de contraerlo; así como que la decisión de no continuar la relación fue de la actora, a consecuencia de que en julio de 2010 mantuvieron muchas discusiones. Y que el último fin de semana de ese mes la actora se personó en la vivienda acompañada de su hermana Miriam para retirar sus enseres personales y dar por concluida la relación. En cuanto a los gastos reclamados de contrario, el demandado afirma que la vivienda en la que convivían ya estaba completamente amueblada antes de vivir los dos en ella, pero que la actora decidió colocar muebles nuevos en la misma. Así mismo, niega haber consentido abonar a la actora la mitad de los gastos efectuados por razón de la boda; y afirma que la demandante no prueba que abonó con sus recursos económicos los recibos y facturas que aporta para justificar los gastos reclamados. Y respecto de las cortinas, el sofá y otros muebles, su importe no cabe en los gastos hechos en consideración al matrimonio pues se trató de un regalo del padre de la actora al inicio de la convivencia de los litigantes, y están a su disposición los referidos muebles en la vivienda para que la actora pueda retirarlos cuando quiera. Partiendo de diversos testimonios que analiza detenidamente y valora conforme a las reglas de la sana crítica, además de los documentos aportados y de la declaración del demandado, el Juez declara acreditado que fue el demandado, Sr. Remigio , quien incumplió a primeros de agosto de 2010, de manera unilateral y sin causa probada que lo justificara, la promesa cierta de matrimonio en que los litigantes habían convenido, por lo que concurre el primero de los presupuestos de la acción ejercitada. Y en este sentido añade el Juez que la acción del artículo 43 del CC (LA LEY 1/1889) faculta al perjudicado para reclamar el resarcimiento de los gastos hechos y de las obligaciones contraídas en consideración al matrimonio prometido. Por ello el segundo presupuesto de la acción es que quien reclama justifique haber efectuado los gastos y que se realizaron en consideración, precisamente, al matrimonio prometido. Y el mismo análisis pormenorizado de la prueba practicada, en su conjunto, lleva al juzgador a fijar la indemnización que ha de satisfacer Don Remigio a Doña Herminia por los perjuicios sufridos por ésta en razón al incumplimiento de la promesa de matrimonio, en un total de 6.264'61 euros que corresponden a determinadas partidas, y a desestimar la reclamación por las restantes. Siendo que la demandante se conforma con tal pronunciamiento en tanto toma la cualidad de apelada en esta alzada, y que el demandado impugna - como se ha dicho - las partidas correspondientes a "la compra del vestido de novia" y "los gastos de cancelación de la reserva del viaje de novios". Y bajo este prisma al examen de las mismas se circunscribe el estudio del recurso por la Sala.

CUARTO.- Considerando que, expuestos así los hechos objeto de debate y toda vez que el demandado no ha recurrido el pronunciamiento relativo al incumplimiento de promesa matrimonial, queda firme éste y la estimación parcial de determinados gastos, a excepción de los ya referidos en cuanto impugnados en el recurso. Para ello debe determinarse, en principio, cuál es el alcance del artículo 43 del CC (LA LEY 1/1889) , ya que, en la alzada, el recurrente sostiene su pretensión con cita exclusiva de este precepto y en la alegación de un empobrecimiento injusto por su parte y un correlativo enriquecimiento por la de la actora. En este sentido debe señalarse que la dicción del artículo 43 del CC (LA LEY 1/1889) dispone que el incumplimiento sin causa de la promesa cierta de matrimonio solo producirá la obligación de resarcir a la otra parte de los gastos hechos y las obligaciones contraídas en consideración al matrimonio prometido, descartando cualquier indemnización que no sea por los dos conceptos referidos: gastos hechos y obligaciones contraídas. Resulta claro, a juicio de esta Sala, que no puede acogerse una desmesurada interpretación del artículo 43 que en las expresiones «gastos hechos» y «obligaciones contraídas en consideración al matrimonio prometido» incluya conceptos o partidas que se avienen mal con la relación de causalidad directa que deben guardar aquéllos y éstos con la promesa de matrimonio, conceptos que, además, no pueden incluir una especie de indemnización por daños morales ya que no existe ninguna obligación de indemnizar a la novia o novio abandonado, ni introducir reproches culpabilísticos en la libre decisión de no contraer matrimonio, pese a la promesa, con las limitaciones que este precepto entraña en orden a las consecuencias económicas del incumplimiento. De lo expuesto se infiere la inicial procedencia de la petición de la actora basada en el artículo 43 del CC (LA LEY 1/1889) . Partiendo de tales consideraciones, ha quedado debidamente acreditado el incumplimiento de la promesa de matrimonio por parte de Don Remigio , lo que, en estricta aplicación de lo dispuesto en el repetido artículo 43 del Código Civil (LA LEY 1/1889) , le hace responsable del resarcimiento de los gastos realizados y de las obligaciones contraídas que resulten probadas. Y el estudio en esta alzada de las pruebas practicadas en su conjunto, no solo la testifical, sino también la documental, llevan al convencimiento de que no ha refutado el demandado las pruebas aportadas por la demandante, y que éstas muestran con claridad cada uno de los conceptos impugnados y su consiguiente cuantificación, tal y como se analiza de forma minuciosa en la sentencia apelada. Así el debate es si para la compra del vestido de novia y para los gastos de cancelación de la reserva del viaje de novios los ingresos de la demandante son o no suficientes para haber realizado su abono en efectivo. En este sentido queda acreditada en autos documentalmente, a los folios 130 y siguientes, la nómina de la demandante por su trabajo y los documentos de Hacienda. Y se aportaron con anterioridad tanto la factura de la mercantil "Pronovias" a nombre de la demandante, por el concepto de vestido de novia y por importe de 1.900 euros en fecha anterior y cercana a la prevista en su día para el enlace matrimonial. Es válida entonces la presunción judicial que con estos datos afirma que la compra de dicho vestido de novia fue realizada en consideración al matrimonio prometido y que la factura fue abonada por la actora. Como bien dice la apelada, de contrario no se impugna el valor probatorio de dicho documento y tampoco se ha practicado prueba que desvirtúe su contenido, ni que permita deducir que una tercera persona o el propio demandado hubiera hecho dicho abono. Por otro lado, y en relación a la otra partida objeto del recurso - "los gastos de cancelación del viaje" - se aportan por la demandante con la demanda dos facturas de cargo de "Viajes El Corte Inglés", emitidas a nombre de la demandante y que corrobora la testifical Don. Anibal , que no es pariente, amigo o conocido de la demandante, sino empleado de la Agencia, y que reconoció a la demandante como la persona que llevó a cabo la cancelación del viaje. El demandando argumenta frente a ello que "no puede aceptar la realidad de este gasto", por importe de 1.003'90 euros; y se refiere a que el testigo - responsable entonces de la delegación de "El Corte Inglés" en Coín - "no recordaba ni podía afirmar quién lo había reservado, contratado, o abonado, ni a cuánto ascendió el precio de reserva, toda vez que lo que se aporta a la demanda es la factura de cancelación". Precisamente, si el demandado no acredita que hubiera sido él quien contrató y abonó el viaje, y sin embargo se produce la cancelación, es evidente que para poder cancelarlo debía estar contratado. Y el testigo, como reconoce el apelante, identificó a la actora como la persona que se había personado en el establecimiento para cancelar el viaje, lo cual lleva a pensar que, estando en su poder las dos facturas correspondientes a la cancelación, fue ella la que las abonó por el importe total, reflejado en los documentos, de 1.003'90 euros. En este orden de cosas, carecen del pretendido efecto revocatorio las endebles y confusas argumentaciones que trata de interponer el demandado frente a la incuestionable realidad de la adquisición del vestido de novia por la demandante en fechas anteriores a la de la frustrada celebración de la boda, y frente a la realidad de unos gastos correspondientes a cancelar el viaje programado para después del enlace. Frente a las facturas de tales gastos en poder de la demandante - relacionados los mismos directamente con el matrimonio luego no celebrado - nada prueba el demandado sobre que tales gastos los hubiese hecho él. Y, de no haber mediado la promesa incumplida - que admite procesalmente el demandado, aunque mantenga a efectos dialécticos que estaba dispuesto a casarse -, Doña Herminia no habría realizado los meritados pagos y otras adquisiciones cuyo abono sigue pendiente, por lo que a Don Remigio le corresponde hacer frente a los mismos en los términos impetrados en la demanda y concedidos en la sentencia ahora revisada. Por tanto, procede la desestimación del recurso de apelación interpuesto y la correlativa confirmación de la sentencia recurrida, incluso en lo que dispone sobre la no imposición expresa de las costas causadas, es decir, "cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad",(que no es lo mismo que "imponerlas de oficio").

QUINTO.- Considerando que, al no prosperar el recurso y ser de aplicación a esta alzada en materia de costas el artículo 398 de la Ley Procesal , debe condenarse a la parte apelante al abono de las causadas con la apelación.