PRIMERO.- Objeto del proceso y del recurso.
1.
El presente conflicto colectivo tiene su origen en la decisión empresarial de modificar el servicio de vigilancia contra incendios a partir del 20 de septiembre de 2016, modificación consistente en que los trabajadores se integrarían en unidades de prevención ordinaria y dejarían de hacerlo en unidades de prevención motorizada, esto es con motocicletas, hasta nueva orden, lo que suponía una disminución del complemento de puesto de trabajo, decisión que afectaba a unos 55 empleados en toda la Comunidad Valenciana que ya estaban empleados en ese servicio antes de 2016.
2.
La sociedad anónima empleadora es pública, su titularidad corresponde al cien por cien a la Comunidad Valenciana y su objeto consiste en ejecutar las encomiendas de gestión que le adjudique la Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de dicha Comunidad, entre las que se encuentra la de prevención y vigilancia de incendios. La encomienda de este servicio para la compaña de 1 de marzo de 2016 a 1 de marzo de 2017, preveía que a partir del 20 de septiembre de 2016 se suprimiría el servicio con unidades motorizadas y que sólo se prestara con unidades de vigilancia ordinaria, condición de la encomienda en la que fundó su decisión la empresa demandada.
3. La sentencia recurrida ha desestimado la demanda, tras entender que el proceso de conflicto colectivo seguido era el adecuado, porque ha entendido que no se ha producido una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, pues la empresa se ha limitado a ejecutar las condiciones de la encomienda en cuya realización estaban empleados los afectados, sin que la supresión del complemento salarial fuese relevante, al tratarse de un complemento al que sólo tenían derecho los que venía cobrándolo y durante los periodos de tiempo en los que se realizara la actividad que condicionaba su devengo.
Contra la anterior resolución se ha interpuesto el presente recurso, articulado en torno a cuatro motivos: los dos primeros dedicados a la revisión de los hechos declarados probados y los otros al examen del derecho aplicado por haberse suprimido un concepto retributivo propio del puesto de trabajo y no un plus de peligrosidad, lo que con arreglo a la normativa laboral no podía hacerse de forma unilateral.
SEGUNDO.- Sobre la revisión de los hechos declarados probados.
1. El primer motivo del recurso pretende, al amparo del art. 207-d) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011) (LJS), la revisión del ordinal quinto del relato de hechos probados, para que su último párrafo sea sustituido por otro en el que, sustancialmente, se diga que no hubo acuerdo para la supresión del complemento salarial de las unidades motorizadas, sino que en reunión entre patronal y las diferentes representaciones sindicales, celebrada el 19 de febrero de 2016 se planteó esa cuestión y las partes estuvieron de acuerdo en que ello debía llevarse a cabo por medio de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo que se negociaría durante el periodo inicial de prestación de servicios como unidades con moto. El motivo debe prosperar, porque así consta en el acta de la reunión de 19 de febrero de 2016 que obra en autos, lo que es corroborado en otra reunión de las mismas partes que se celebró el 8 de junio de 2016 en la que se reconoció que estaba en estudio esa "modificación sustancial", reuniones en las que la empresa compareció representada por su subdirector general, entre otros representantes.
2. Con idéntico amparo procesal se pretende la modificación del ordinal octavo de los hechos declarados probados, para que, sustancialmente, en contra de lo que se dice en él se diga que la conversión de los contratos temporales en indefinidos no fijos no alteró el contenido obligacional de los contratos, ni las funciones a realizar, pretensión improcedente porque con ella se trata de adicionar un juicio de valor, como es el de la variación del contenido de los contratos novados, juicio que debe hacerse en la fundamentación jurídica, al calificar los efectos de la conversión contractual. No obstante, por las mismas razones, al tratarse de un juicio de valor que prejuzga el fallo y no de un hecho, debe suprimirse del ordinal octavo del relato de hechos probados las afirmaciones que hace a partir del momento en que afirma "Posteriormente se produce la conversión del contrato en indefinidos discontinuos".
Por otro lado, tampoco procede adicionar por innecesarias las afirmaciones relativas a que los afectados percibían la retribución total correspondiente al grupo E, complemento de destino 10 y complemento específico E004. Ello es innecesario porque tal dato se da como probado en el ordinal segundo de los hechos declarados probados.
TERCERO.- Sobre el fondo del asunto.
1. Los otros dos motivos del recurso pueden ser objeto de estudio conjunto por cuanto alegan la sujeción de la demandada a la normativa laboral y, por ende, a los convenios colectivos y al Estatuto de los Trabajadores y la consiguiente infracción del art. 5 del Convenio Colectivo de aplicación, que establece un complemento específico, fijado al tiempo de clasificación del puesto de trabajo desempeñado, sin que ninguna disposición del convenio establezca el plus de peligrosidad del que habla la sentencia que fundamenta la inexistencia de modificación sustancial, así como la inaplicación del art. 41 del ET en que el plus de peligrosidad sólo se percibe cuando se trabaja en puesto peligroso y no cuando no se usa la moto.
2. Para resolver la cuestión planteada conviene recordar que, conforme al art. 41-1 del ET se consideran modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, entre otras, las que afecten a las siguientes materias:
«a) Jornada de trabajo.
b) Horario y distribución del tiempo de trabajo.
c) Régimen de trabajo a turnos.
d) Sistema de remuneración y cuantía salarial.
e) Sistema de trabajo y rendimiento.
f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo 39.».
La calificación de una modificación como sustancial constituye un concepto jurídico indeterminado cuya delimitación, como dice nuestra sentencia de 12 de septiembre de 2016 (R. 246/2015 (LA LEY 156580/2016)) no está exenta de polémica. Pero no debemos olvidar que esa sentencia ha considerado sustancial la supresión de percepciones extrasalariales, como dietas, y que en nuestra sentencia de 25 de enero de 2017 (R. 47/2016 (LA LEY 5527/2017)) consideramos sustancial la supresión de un crédito de 600 euros para realizar compras en establecimientos de la empresa por no ser número cerrado el de las modificaciones sustanciales que enumera el citado art. 41.
3.
En el presente caso la modificación operada debe calificarse de sustancial, porque afecta al sistema de remuneración la supresión de un complemento salarial específico y supone un cambio del sistema de trabajo, al cambiar los afectados de una labor individualizada para la que se valían de una motocicleta, a trabajar colectivamente con un grupo que utiliza un vehículo de motor. Frente a esta calificación no son aceptables las argumentaciones que se oponen de contrario por las siguientes razones:
Primera. La propia empresa ha reconocido el carácter sustancial de la modificación en dos reuniones con los representantes sindicales, calificación que, aunque no vincule a los Tribunales, si la vincula a ella porque, simultáneamente, adquirió el compromiso de negociar las condiciones de la modificación, pacto que la obligaba a ello, conforme al
artículo 1258 del Código Civil (LA LEY 1/1889),
aunque no la obligase el artículo 41 del ET.
Segunda. Porque la novación de un contrato temporal, su conversión en fijo-discontinuo, sólo afecta a la duración del contrato, pero no al resto de las condiciones del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 1203 (LA LEY 1/1889)-1º y 1204 del Código Civil (LA LEY 1/1889), pues no se cambió el contenido del contrato expresamente. Además, la conversión de los contratos se hizo para no vulnerar las normas sobre contratación temporal, ni la jurisprudencia sobre que el abuso fraudulento de la contratación temporal mediante el uso de sucesivos contratos con igual objeto da lugar a su conversión en fijos.
Ese cambio del contenido del contrato supondría, además, una renuncia del trabajador a los derechos ya adquiridos que sería nula, ex artículo 3-5 del ET.
Tercera. Porque la adaptación de los contratos de trabajo a la nueva encomienda (contrata) no la puede hacer de forma unilateral la empresa, bien reduciendo puestos de trabajo, bien minorando la jornada o los salarios, sino que debe acudir a los procedimientos previstos en los artículos 41 y 51 del ET en cada caso, para adaptar los contratos de trabajo a sus nuevas necesidades, pues la conversión de las condiciones de trabajo no deriva automáticamente del hecho de que el objeto del contrato sea una contrata o encomienda concreta ( SSTS 10 de enero de 2017 (R. 1077/2015 (LA LEY 1216/2017)), 1 de febrero de 2017 (R. 1595/2017) y 8 de mayo de 2018 (R. 3484/2016 (LA LEY 65693/2018)) entre otras), sino que es preciso acudir a las vías de los preceptos legales citados, o que tal novación se encuentre prevista expresamente en el contrato que se nova.
Cuarta. Las anteriores consideraciones, conforme informó el Ministerio Fiscal, obligan a estimar el recurso, a casar y anular la sentencia recurrida y a anular la decisión empresarial impugnada por no haberse seguido el procedimiento previsto legalmente para modificar las condiciones de trabajo previas. Sin costas.