SEGUNDO.- Entrando en el examen del primero de los motivos de recurso, a la vista de las actuaciones, examinadas detenidamente, es factible anticipar la procedencia de su
parcial estimación, para acordar, como se verificará en la parte dispositiva de la presente resolución, la limitación temporal de la pensión en beneficio de Aquilino al periodo un año computado desde la fecha de la presente resolución, transcurrido el cual quedará extinguida automáticamente, sin necesidad de nueva declaración.
Hemos de hacer referencia en primer lugar al contenido del artículo 142 del Código Civil (LA LEY 1/1889) , precepto que condiciona los alimentos por educación e instrucción del alimentista a que el descendiente no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable.
En el concreto supuesto que se enjuicia,
Aquilino , de 24 años cumplidos a esta fecha, como nacido a NUM001 de 1.994, en curso el proceso había ya concluido la carrera por el mismo seleccionada de grado de Derecho, completada con cursos y master, y luego con estudios en el extranjero, por lo cual consideramos aceptable el periodo de un año para dar la oportunidad a Aquilino de prepararse para acceder a un empleo, o ejercer un oficio o industria que le permita autosustentarse dignamente, lo cual llevará a cabo en el plazo razonable que establecemos si muestra la debida actitud, dedicación y esfuerzo, a una edad en la que en modo alguno es socialmente reprochable la inserción en el mercado laboral, bien al contrario, viene admitida con creces, sin que pueda prolongarse indefinidamente la cobertura a los alimentos de este hijo en un proceso de familia como el que nos ocupa, de divorcio de sus progenitores, por lo que se considera modulada la limitación que verificamos, sin perjuicio de la posibilidad que asiste al descendiente, si transcurrido un año desde la presente resolución, y luego lo necesita, de ejercitar por si acciones frente a ambos progenitores obligados, y no solo frente al padre, directamente él mismo, y no a través de su madre como administradora o gestora de negocios ajenos, en el proceso propio correspondiente, artículo 250.8 de la L.E.Civil (LA LEY 58/2000) , ya fuera de este de familia.
TERCERO.- En lo que respecta a la cuantía de la contribución alimenticia paterna, considera esta Sala más modulada la aportación que fija el Juez "a quo" en beneficio de Aquilino y Luis Andrés que la propuesta por el recurrente, como más proporcionada a la capacidad económica de cada progenitor obligado y necesidades de los alimentistas, de conformidad con la doctrina legal y jurisprudencial en la materia, reiterada en señalar:
"Que para la fijación de la pensión de alimentos a favor de los hijos en supuestos de crisis matrimoniales deben tenerse en cuenta los ingresos de cada uno de los litigantes, los cuales permitirán fijar la proporcionalidad"; y en atención a lo dispuesto en los artículos 142 (LA LEY 1/1889) , 144 (LA LEY 1/1889) , 146 (LA LEY 1/1889) y 147 del Código Civil (LA LEY 1/1889) , la cuantía de los alimentos tiene que ser proporcionada al caudal y medios de quién los da y a las necesidades de quién los recibe"; normativa que no suscita ningún problema teórico de interpretación y alcance, sino que implica solamente una cuestión de hecho consistente en determinar de una manera efectiva y real esa proporcionalidad con los medios de uno y las necesidades del otro; cuantía de la deuda alimenticia que será fijada según el prudente arbitrio del órgano de instancia y cuyo criterio solo puede evitarse cuando se demuestre que se desconocieron notoriamente las bases de proporcionalidad indicadas."
En efecto, las necesidades de los hijos comunes han de ser entendidas en los términos del artículo 142 del Código Civil (LA LEY 1/1889) , a cuyo tenor:
"Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica.
Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aún después, cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable.
Entre los alimentos se incluirán los gastos de embarazo y parto, en cuanto no estén cubiertos de otro modo."
Conforme a dicho precepto, las necesidades de estos descendientes no resultan por ningún motivo inferiores a las de cualquier persona de sus mismas edades, de donde habremos de partir de las comunes ordinarias y básicas de cualquier persona, así, la instrucción y formación abarca los consiguientes de matrícula, cuotas, transporte, uniformidad y otras ropas de colegio y deportivas, libros y material escolar, excursiones y salidas que se proyecten por el centro, actividades extraescolares y deportivas, o clases de apoyo o refuerzo que necesiten recibir de no considerarse extraordinario,...etc.
Los progenitores para Aquilino se han permitido elevados gastos, considerados en su globalidad y sin aislar etapas educativas, por lo cual ha de darse igual trato a Luis Andrés aun cuando puntualmente pueda cursar estudios en centro público, pues accederá en su momento, o es lo previsible, a la Universidad y tendrá derecho a que se le permita realizar igualmente cursos y master, incluso en el extranjero.
Por más que los gastos de instrucción y educación se devenguen en tan solo 10 meses al año, el concepto de alimentos no se agota en dicha formación, sino que es más amplio, pues habrán de considerarse los precisos para alimentación en el aspecto meramente nutricional, vestido, calzado, higiene, ocio, médico y medicinas en lo que tampoco constituya extraordinario y no venga cubierto por el sistema sanitario público de la Seguridad Social, así como de alojamiento, que engloba los de suministros y demás de mantenimiento de la vivienda que se ocupe, si bien estos en promedio y a prorrata, en función del número de moradores.
Consecuentemente con ello,
900 € al mes por hijo es contribución modulada a todas las necesidades vistas, entendidas conforme definición que nos ofrece el Código, sin que pueda ser calificada en modo alguno de excesiva en el nivel de vida de la familia concreta que nos ocupa, que es elevado, según se desprende de lo actuado, y del que ha de hacerse participe a los hijos.
La capacidad económica del no custodio ha sido correctamente evaluada por el Juez "a quo", puesto que, según se desprende de las manifestaciones del demandante aquí recurrente vertidas en el interrogatorio practicado en vista de medidas provisionales, la familia entera se sustentó con los ingresos derivados de dos mercantiles CIEMPO 2020 S.L. y VIT&JAV RAPA S.L., que gestionaba en exclusiva Dº. Carlos Alberto , pues la entonces esposa no trabajaba, distribuyéndose en nóminas de 3.160 € extendidas al marido y con cargo a la segunda mercantil mencionada y de 2.700 € a nombre de la mujer y a costa de la primera de ellas, los que han permitido el dicho nivel de vida, constando que de hecho no pesan sobre la vivienda familiar cargas.
En estas circunstancias, por más que se hayan revocado los poderes al demandante por la contraparte en meritadas entidades, nada evidencia descenso, pues de los informes de detective obrantes en las actuaciones se desprende actividad laboral por parte del demandado, quien se permite para sí gastos no compatibles con los ingresos que reconoce, habiendo ido dando cobertura a su necesidad básica de vivienda en inmuebles ubicados en zonas exclusivas de la capital, signos externos que desvirtúan la documentación de carácter meramente formal que aporto a los autos, como pueda ser el contrato de arrendamiento de habitación de 15 de septiembre de 2.016 (folios 223 y siguientes de autos), que parece confeccionado "ad hoc" con miras al resultado del presente proceso, una vez conocido de contrario el cambio domiciliario.
Por estas razones consideramos que le es factible a Dº. Carlos Alberto desembolsar todos los meses 1.800 € en beneficio de sus dos hijos, sin grandes sacrificios y sin demérito del propio sustento, sin que sea razonable en las condiciones del dicho padre gravar en mayor medida a Dª. Sandra para suplir deficiencias del no conviviente, cuando ella misma ya contribuye a los alimentos de Aquilino y Luis Andrés de manera directa, material y efectiva, con atenciones personales, luego ya da cumplimiento a la obligación proporcional que le viene impuesta en los artículos, entre otros, 110, 143 y siguientes, y 154.1, todos ellos del Código Civil, de aplicación al supuesto de autos.
Por todo lo expuesto ha de confirmarse la sentencia de instancia en lo que afecta a la cuantía de la contribución alimenticia paterna, al no advertirse error de valoración del material probatorio obrante en autos, ni de aplicación o interpretación de la normativa en vigor, y no resultando las inferencias del Juez "a quo", absurdas, arbitrarias o contrarias a las reglas de la más elemental lógica humana.
Permítasenos precisar que tanto la necesidad como la capacidad económica, son cuestiones de hecho sometidas a la libre apreciación del Juez "a quo", facultad de libre apreciación y discrecionalidad que debe atemperarse a elementos de juicio y base de proporcionalidad que establece el artículo 146 del Código Civil (LA LEY 1/1889) .