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PRIMERO.- Los hechos que, tras valorar en su conjunto y en la forma ordenada por el artículo 741 de la LECrim (LA LEY 1/1882) las pruebas practicadas en el juicio oral, han sido declarados probados no son legalmente constitutivos del delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas del artículo 379.2 del Código Penal (LA LEY 3996/1995) que el Ministerio Fiscal imputa al acusado. La conclusión exculpatoria expresada se asienta, en el caso que nos ocupa, sobre la prueba de presentada por la acusación; la cual, pese a haber sido practicada con pleno respeto a la garantía derivada de la aplicación y observancia de los principios de inmediación, oralidad, concentración, publicidad y contradicción, resulta insuficiente a los efectos de desvirtuar la presunción de inocencia que el artículo 24.2 C.E. (LA LEY 2500/1978) reconoce al acusado, al no integrar el mínimo exigible a tal fin desde la perspectiva de la salvaguarda del derecho a la tutela judicial efectiva -STC, Sala 2ª, de 22 de Noviembre de 1995-.

En términos que tomamos de la S.A.P. Barcelona Sec. 2ª- de 22-2-2.010 el artículo 379.2 del CP (LA LEY 3996/1995), tras la reforma operada al mismo por la Ley 15/2007, recoge dos tipos penales distintos, coincidente el primero de ellos con el que constituía la única conducta penalmente relevante antes de la citada reforma:

1º) La conducción de un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas, cuyo cumplimiento requerirá la concurrencia y acreditación de las siguientes exigencias típicas:

A) Un acto de conducción de vehículo de motor o ciclomotor por vía de pública circulación, concretado en el manejo o desplazamiento del mismo omnicomprensivo aún de las simples maniobras.

B) Conducción llevada a cabo bajo la influencia de bebidas alcohólicas, lo cual implica:

a) La ingesta previa de alcohol en índice superior al legalmente autorizado a constatar mediante el dato objetivo de la prueba de impregnación alcohólica con resultado positivo y/o a través de prueba testifical de cargo, y que no supere los 0'60 miligramos por litro de aire espirado, supuesto en el cual, el delito de peligro abstracto aquí regulado y que requiere además que la ingesta de alcohol halle reflejo en la conducción, deviene el tipo de peligro presunto recogido en el último párrafo del precepto.

b) La real influencia de aquel estado etílico constatado en el manejo del vehículo cristalizada en datos objetivos de conducción anómala y/o antirreglamentaria, con o sin menoscabo de bienes jurídicos personales o patrimoniales ajenos, de manera que se cumpla la presencia de un riesgo o peligro abstracto - y no meramente presunto - derivado de la conducción bajo la ingesta alcohólica ( STS, entre otras, de 2/5/81 ; 19/5/92 ; 19/2/93 : 5/12/94 y 23/2/95 ) sin que sea precisa, por tanto la lesión a bienes jurídicos de terceros.

C) La concurrencia del dolo cristalizada en conocer que se ha ingerido alcohol en cantidad superior a legalmente permitido (conocimiento desde el prisma de la esfera del profano) y la voluntad de conducir el vehículo a pesar de la ingesta previa.

2º) La conducción de un vehículo de motor o ciclomotor con una tasa superior a 0' 60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, (" en todo caso, será condenado...") el cual requiere la concurrencia y acreditación en juicio de las siguientes exigencias típicas:

A) Un acto de conducción de un vehículo de motor o ciclomotor por vía de pública circulación, concretado en el manejo y desplazamiento del mismo, omnicomprensivo de las simples maniobras.

B) La ingesta previa de alcohol en un índice superior a 0'60 miligramos de alcohol por litro de aire expirado, sin que sea preciso, pues, que la ingesta previa de alcohol halle reflejo en la conducción del vehículo como sucede en el primer tipo antes analizado ("bajo la influencia de...") bastando, pues, para la relevancia penal de la conducta que se supere aquella tasa de alcohol ("en todo caso")

SEGUNDO.- En el presente caso, a la vista de la prueba practicada, no puede asegurarse que el acusado, fuese el conductor del vehículo en el momento en el que se produjo el accidente.

En el caso enjuiciado se practicó la prueba interesada por la defensa y el Ministerio Fiscal, consistente, en primer lugar, en la declaración del acusado, quien en el acto del juicio manifestó a preguntas de su defensa ya que no quiso contestar a las preguntas de la acusación que el día de los hechos no conducía él, sino que quién conducía era su novia diciendo que había sido él porque su novia no tenía carnet de conducir. El agente de la policía local de Leganés nº NUM003 manifestó que acudieron al lugar porque alguien avisó de que se había producido un accidente, pero no les dijeron si quien conducía era un varón o una mujer. Cuando llegaron vieron a tres personas y les preguntaron y una chic empezó a decir que no quería problemas y empezó a llorar y el señor dijo que conducía él, pero que no había atropellado a nadie. Como el señor reconoció que era el conductor le hicieron a él la prueba a las chicas no. El agente de la policía local de Leganés nº NUM004 manifestó que acudió al lugar del accidente y vieron a tres personas que estaban como a unos 60 metros del lugar. Las chicas dijeron que conducía él y él lo reconoció, sólo se le hizo la prueba a él. No recuerda si comprobaron que los tres tenían carnet de conducir, las llaves las tenía el acusado. El agente de la policía local nº NUM005 manifestó que hizo la prueba de alcoholemia, la diligencia de síntomas y la inspección ocular, ratifica el atestado. Fueron al lugar porque había habido un accidente y Darío les contó cómo se había producido el mismo diciendo que entró rápido en una rotonda y como había llovido perdió el control del vehículo. No le leyeron sus derechos. El agente de la policía local nº NUM006 manifestó que hizo la prueba de alcoholemia, la inspección ocular y la diligencia de síntomas. Darío dijo que era el conductor, le preguntaron cómo fue el accidente y les explicó lo sucedido, que entró muy rápido en la glorieta y se le fue el coche.

TERCERO.- De acuerdo con el resultado de la prueba practicada se considera procedente el dictado de una sentencia absolutoria para el acusado por los hechos objeto de acusación. El acusado en el acto de la vista ha mantenido que él no era el conductor del vehículo y que era su novia quien lo conducía atribuyéndose él la responsabilidad porque su novia carecía del necesario permiso de conducir. Por su parte los agentes de la policía local de Leganés manifestaron que el propio acusado les reconoció que era él el conductor.

Por el Letrado de la defensa se sostuvo la nulidad del atestado por cuanto al acusado no se le leyeron sus derechos, pero como informó el Ministerio Fiscal lo cierto es que no consta en las actuaciones que fuese detenido como consecuencia de estos hechos ofreciéndole la información oportuna en relación con la prueba de alcoholemia y su posibilidad de contraste en la diligencia de práctica que aparece firmada por el acusado. Por otro lado, las declaraciones espontáneas como señala la doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo no suponen vulneración de derechos fundamentales, pues en materia de infracción de la legalidad, hay que distinguir entre legalidad ordinaria y legalidad constitucional, y solo la vulneración de esta última, provoca las consecuencias previstas en el art. 11.1 de la LOPJ (LA LEY 1694/1985), según la dicción de dicho precepto.

Ninguna ley prohíbe, como dicen las sentencias de esta Sala de siete de Febrero y 27 Marzo de 2000, que las personas detenidas realicen, de forma voluntaria y espontánea, determinadas manifestaciones a la Autoridad o a sus agentes, confesando su culpabilidad e incluso ofreciéndose a colaborar con ellos -cualesquiera que puedan ser los móviles de su conducta o la finalidad perseguida-, sea para evitar el agotamiento de la acción delictiva (piénsese en la posibilidad de informar de la colocación de explosivos programados, de la pretensión de los implicados de matar a determinada persona, etc.), sea para evitar la desaparición de los útiles, de los efectos o de los instrumentos de delito (piénsese en los casos de depósitos de armas o de explosivos, del cuerpo del delito, etc.), sea para evitar la causación de perjuicios a terceras personas o para tratar de disminuir los efectos de la acción delictiva, por cuanto este tipo de conductas -cuya eficacia puede depender en muchos casos de la intervención urgente de los agentes de la autoridad- están expresamente previstas en la propia ley como circunstancias que pueden atenuar la responsabilidad de los delincuentes y que, en todo caso, procede potenciar en cuanto confluentes con los fines de la justicia y, en definitiva, del interés social (v. art. 21.4ª (LA LEY 3996/1995), 5ª y 6ª Código Penal).

Desde esta perspectiva, pues, las posibles manifestaciones que hubiera podido efectuar el recurrente, voluntaria y espontáneamente, no pueden considerarse contrarias al ordenamiento jurídico, y por tanto, las mismas no pueden afectar a la posible eficacia probatoria de las ulteriores diligencias practicadas, con pleno respeto de las exigencias legales y constitucionales.

No obstante lo anterior, el reconocimiento ante los agentes no se estima suficiente para establecer la autoría de los hechos por parte del acusado. Ha de tenerse en cuenta que ninguno de los agentes le vieron conducir y si bien lo lógico es que se hubiera traído al acto de la vista a la novia del acusado en el tiempo de los hechos para avalar su versión, no puede descartarse que el asumir la responsabilidad del hecho pudo venir dada por el intento de eximir de responsabilidad en el accidente a su novia de la que dice carecía del necesario permiso de conducir.

La hipótesis expuesta por el Ministerio Fiscal aunque sea razonable y posible no ha sido acreditada para quebrar el principio de presunción de inocencia por lo que esta Juzgadora no puede optar por la opción más desfavorable para el acusado. Todo ello lleva a un fallo absolutorio, toda vez que no existe prueba de cargo para, enervando la presunción de inocencia que ampara al acusado, declarar que condujo el vehículo con una tasa real superior al umbral legal o bajo la negativa influencia de las bebidas alcohólica, a efectos penalmente relevantes. No hay que olvidar que en nuestro derecho rige el principio de presunción de inocencia, de modo, que cuando surja un atisbo de duda por ínfimo que sea procede el dictado de una sentencia absolutoria.

Al hilo de lo expuesto, Señala la Sentencia del Tribunal Constitucional 137/88 de 7 de julio (LA LEY 1071-TC/1988) y ha reiterado en numerosas resoluciones, que la presunción de inocencia ocasiona un desplazamiento de la carga de la prueba a las partes acusadoras a quienes incumbe exclusivamente probar los hechos constitutivos de la pretensión penal, debiendo ser suficiente para generar en el juzgador la evidencia de la existencia un hecho punible y de la responsabilidad penal que haya tenido en él el acusado, así como sustentarse la actividad probatoria en auténticos medios de prueba obtenidos con respeto a los derechos fundamentales y practicados en el juicio oral bajo los principios de igualdad, contradicción, inmediación y publicidad, exceptuándose los supuestos de prueba preconstituida y anticipada siempre que se observe el de un cumplimiento de determinados requisitos materiales (imposibilidad de reproducción en el juicio oral), subjetivos (intervención del juez de instrucción), objetivos (contradicción con la intervención de letrado) y formales (introducción en el juicio través de la lectura de los documentos)".

Hemos de recordar que el Tribunal Supremo tiene sentada doctrina jurisprudencial reiterada en el sentido de que el aforismo "in dubio pro reo" es un principio general del derecho que se impone como norma dirigida al juzgador para que, al hacer uso de la valoración en conciencia de las pruebas practicadas, se incline en caso de duda sobre su virtualidad probatoria, por la solución más favorable al acusado; por su propia esencia y naturaleza exige y necesita para su efectividad que se haya realizada una mínima actividad probatoria, lo que le contrapone al principio constitucional de presunción de inocencia, que entra en juego ante el vacío probatorio, bien por no haberse practicado prueba alguna o bien porque las realizadas carezcan de validez a la luz de las garantías que deben observarse en la realización de las pruebas de cargo y descargo (Sentencia Sala 2ª de 24 de junio 1991)

Por todo lo manifestado al caso concreto, no podemos sino advertir la falta de prueba de cargo que desvirtúe el principio de presunción de inocencia, y procede absolver al acusado del delito que se le imputa.

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 123 del Código Penal (LA LEY 3996/1995), en relación con el Art. 240 de la LECr. (LA LEY 1/1882) , procede declarar las costas de oficio.