Introducción
La indexación consiste en un procedimiento mediante el cual se modifica el valor monetario de una variable económica, en base a la variación de un índice de referencia a lo largo de un período (IPC, el valor de un bien o servicio, etc.).
La Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española (LA LEY 4999/2015), se enmarca dentro de la tendencia actual a desvincular la revisión o modificación de los valores monetarios de las variables económicas de la variación del IPC.
Esta tendencia a evitar la práctica de la indexación, que culmina la citada ley, late tras muchas reformas aprobadas en los últimos tiempos.
En efecto, en el ámbito del sector público, ya disponía la Disposición adicional octogésima octava (LA LEY 20990/2013) de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, que el régimen de revisión de los contratos del sector público iniciados con posterioridad a su entrada en vigor no podrían referenciarse, en lo atinente a precios o cualquier otro valor monetario susceptible de revisión, a ningún tipo de índice general de precios o fórmula que lo contuviera.
La exposición de motivos de la Ley 2/2015 (LA LEY 4999/2015) explica las razones que aconsejan evitar la práctica de la indexación, no sólo en el ámbito de la contratación pública, sino en el ámbito privado, como los arrendamientos rústicos y urbanos:
1) En primer lugar, delimita la indexación como una práctica que permite modificar los valores monetarios de las variables económicas, de acuerdo con la variación de un índice de precios a lo largo de un período.
2) En segundo lugar, la indexación con base en índices generales, como el Índice de Precios de Consumo (IPC), aunque es una convención ampliamente extendida, no necesariamente está justificada, ni produce beneficios para el conjunto de una economía desarrollada como la española.
3) Añade, como elementos que hacen desaconsejable la aplicación de la indexación, los siguientes:
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• Es un fenómeno propio de economías de inestabilidad económica.
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• Dificulta los contratos a largo plazo.
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• Genera los así denominados “efectos de segunda ronda” y tiende a producir inflación.
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• Las cláusulas de indexación afectan a la competencia y a la competitividad.
Ámbito material
En el art. 3 (LA LEY 4999/2015) se establece el ámbito de aplicación privado de la norma: “las revisiones periódicas o no periódicas de rentas de arrendamientos rústicos y urbanos, contraprestaciones de arrendamientos de servicios, suministros y rentas vitalicias o valores monetarios en cualquier otro contrato celebrado entre partes privadas”.
Ámbito temporal
La ley entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE, esto es, el 1 de abril de 2015 (DF 7.ª (LA LEY 4999/2015)).
Se prevé en sus normas de derecho intertemporal que las modificaciones de la Leyes de Arrendamientos Urbanos y Rústicos operadas por la ley, serán de aplicación exclusivamente a los contratos que se perfeccionen con posterioridad a su entrada en vigor (DT Única, apartado 4 (LA LEY 4999/2015)).
Régimen aplicable a los contratos entre sujetos privados
El Capítulo III (LA LEY 4999/2015) se ocupa del régimen aplicable a los contratos en el ámbito privado, fundado en el respeto a la libre voluntad de las partes intervinientes en el contrato, de modo que solo procederá la revisión periódica en caso de pacto expreso.
Si no hay pacto no procede revisión y en caso de existir pacto expreso de aplicación de un mecanismo de revisión periódica de valores monetarios pero no se especificase el índice o metodología de referencia, será aplicable un índice de referencia, el Índice de Garantía de la Competitividad (IGC), que sustituye al tradicional IPC.
Este IGC, de cuyo cálculo y publicación mensual será responsable el Instituto Nacional de Estadística (INE), elaborado según lo previsto en el Anexo (LA LEY 4999/2015) de la Ley 2/2015, establece una tasa de revisión de precios que toma como base el IPC de la zona euro menos una parte de la pérdida de competitividad acumulada por España desde 1999, con un techo que no podrá superar el 2%, y un suelo, que no bajará del 0%.
Así, según se establece en el Anexo (LA LEY 4999/2015) de la Ley (Elaboración de la tasa de variación anual del IGC):
Tasa < 0%: Cuando la tasa de variación de este índice se sitúe por debajo de 0 por ciento, se tomará este valor como referencia, lo que equivaldría a la aplicación de la regla de no revisión.
Tasa > 2%: Cuando la tasa de variación de este índice supere el objetivo a medio plazo de inflación anual del Banco Central Europeo (2 por ciento), se tomará este valor como referencia.
De esta forma, se asegura que los contratos a los que se aplique este nuevo índice contribuyan a garantizar el mantenimiento de la competitividad de la economía en el medio plazo.
La actualización de la renta en los arrendamientos inmobiliarios
Con independencia del régimen general aplicable a la contratación privada, las disposiciones finales primera (LA LEY 4999/2015) y segunda (LA LEY 4999/2015) de la Ley 2/2015 modifican la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y Rústicos (LAR), respectivamente, para proteger la seguridad jurídica de quienes firmen contratos de arrendamiento con cláusulas de revisión.
Así, conforme a la redacción dada al art. 18 LAU (LA LEY 4106/1994) por la anterior reforma arrendaticia de la Ley 4/2013 (LA LEY 8684/2013), aplicable a contratos de arrendamiento posteriores al 6 de junio de 2013, se dejaba a la autonomía de la voluntad el sistema de actualización de la renta que no tenía que ser precisamente la variación porcentual experimentada por el Índice General Nacional del Sistema de Índice de Precios de Consumo.
Pero la actualización de la renta conforme a la variación del índice de precios al consumo quedaba, como norma dispositiva, en defecto de pacto expreso de las partes.
Pues bien, conforme a la nueva redacción dada al art. 18 LAU (LA LEY 4106/1994) por la reforma de la Ley 2/2015 (LA LEY 4999/2015), aplicable a contratos de arrendamiento posteriores al 1 de abril de 2015, en defecto de pacto expreso, no se aplica revisión de rentas a los contratos.
Y en caso de pacto expreso entre las partes sobre algún mecanismo de revisión de valores monetarios que no detalle el índice o metodología de referencia, la regla es la desindexación, es decir, se deberá aplicar la tasa de variación del IGC, no el IPC.
En similares términos, se modifica el sistema de actualización de rentas que regula el art. 13 LAR (LA LEY 1783/2003) para los arrendamientos inmobiliarios rústicos, cuyo apartado 2 queda redactado como sigue:
“2. Las partes podrán establecer el sistema de revisión de renta que consideren oportuno. En defecto de pacto expreso no se aplicará revisión de rentas. En caso de pacto expreso entre las partes sobre algún mecanismo de revisión de valores monetarios que no detalle el índice o metodología de referencia, la renta se actualizará para cada anualidad por referencia a la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad”