El Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA) regula las concesiones y autorizaciones para la utilización del agua en su Capítulo Tercero y establece la necesidad de concesión administrativa para todo uso privativo de las aguas. Se exceptúan únicamente los casos de aprovechamiento por los propietarios de fincas de las aguas pluviales que discurran dentro de sus linderos y la utilización en un predio de aguas procedentes de manantiales situados en su interior y aprovechar en él aguas subterráneas, cuando el volumen anual no sobrepase los 7.000 metros cúbicos (art. 54 TRLA).
A grandes rasgos, los puntos más destacables del régimen jurídico de las concesiones pueden resumirse en los siguientes:
- 1) Se otorgarán teniendo en cuenta la explotación racional conjunta de los recursos superficiales y subterráneos, sin que el título concesional garantice la disponibilidad de los caudales concedidos. Se tendrán en cuenta, además, las previsiones de los Planes Hidrológicos, con carácter temporal y plazo no superior a setenta y cinco años. Su otorgamiento será discrecional, pero toda resolución será motivada y adoptada en función del interés público. Las concesiones serán susceptibles de revisión.
- 2) Se observará, a efectos de su otorgamiento, el orden de preferencia que se establezca en el Plan Hidrológico de la cuenca correspondiente, teniendo en cuenta las exigencias para la protección y conservación del recurso y su entorno.
- 3) Toda concesión está sujeta a expropiación forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legislación general sobre la materia, a favor de otro aprovechamiento que le preceda según el orden de preferencia establecido en el Plan Hidrológico de cuenca.
- 4) La transmisión total o parcial de los aprovechamientos de agua que impliquen un servicio público o la constitución de gravámenes sobre los mismos requerirá autorización administrativa previa. En los demás casos sólo será necesario acreditar de modo fehaciente, en el plazo y forma que reglamentariamente se establezca, la transferencia o la constitución del gravamen.
- 5) Las concesiones son susceptibles tanto de modificación, previa autorización administrativa del mismo órgano otorgante, como de revisión. La revisión se produce en los siguientes casos:
- a) Cuando de forma comprobada se hayan modificado los supuestos determinantes de su otorgamiento.
- b) En casos de fuerza mayor, a petición del concesionario.
- c) Cuando lo exija su adecuación a los Planes Hidrológicos; en este caso, el concesionario perjudicado tendrá derecho a indemnización, de conformidad con lo dispuesto en la legislación general de expropiación forzosa.
- 6) Podrá declararse la caducidad por incumplimiento de cualquiera de condiciones esenciales o plazos en ella previstos. Asimismo el derecho al uso privativo de las aguas, cualquiera que sea el título de su adquisición, podrá declararse caducado por la interrupción permanente de la explotación durante tres años consecutivos siempre que aquélla sea imputable al titular.
LEGISLACIÓN (1)
| Disposición | Precepto |
| Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (LA LEY 1110/2001), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas | arts. 59 a 80 (LA LEY 1110/2001) |
| Real Decreto 849/1986, de 11 de abril (LA LEY 877/1986), por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (LA LEY 1110/2001) | arts. 52.1 (LA LEY 877/1986), 57 (LA LEY 877/1986), 78.4 (LA LEY 877/1986), 93 (LA LEY 877/1986), 97 (LA LEY 877/1986), 98 (LA LEY 877/1986), 109.2 (LA LEY 877/1986), 110.1 (LA LEY 877/1986), 112 (LA LEY 877/1986), 115 (LA LEY 877/1986), 122 (LA LEY 877/1986), 123 (LA LEY 877/1986), 126.1 (LA LEY 877/1986), 144 (LA LEY 877/1986), 171.2 (LA LEY 877/1986), 171.4 (LA LEY 877/1986), 191 (LA LEY 877/1986), 236 (LA LEY 877/1986), 237 (LA LEY 877/1986), 315 j) (LA LEY 877/1986) |
| Ley 22/1973, de 21 de julio (LA LEY 987/1973), de Minas BOE 24 Julio | arts. 23 a 30 (LA LEY 987/1973) |
JURISPRUDENCIA (1)
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS
1. Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª, Sentencia de 27 de octubre de 2009, Ponente: Fernández Valverde, Rafael (LA LEY 226713/2009)
El legislador estableció —ap. 1.º de la disp. trans. 3.ª.3 LA— un plazo de 3 años a contar de la fecha de la entrada en vigor de la LA —1 de enero de 1986— para que los anteriores titulares de aguas privadas procedieran a su inscripción en el registro de aguas. Y, transcurrido el mismo —ap. 2.º— resultaría de aplicación lo establecido en el ap. 2.º de la disp. trans. 2.ª LA; esto es, que mantendrían «su titularidad en la misma forma que hasta ahora» aunque sin la protección administrativa derivada de la opcional inscripción en el registro de aguas. Por ello, para la alteración la forma de utilización que se realizaba «hasta ahora» —bien por el incremento de caudales, bien por el cambio de condiciones, bien por la modificación del régimen de aprovechamientos—, obvio es que se requiere «la oportuna concesión que ampare la totalidad de la explotación», sin que el precepto permita hacer distingos en función de la dimensión de la alteración realizada, por cuanto lo pretendido por la disposición transitoria es mantener la titularidad pero en idénticas condiciones a las que se tenía con anterioridad, sometiendo, en consecuencia, cualquier alteración de las mismas a la previa obtención de una concesión administrativa. Por ello, el cambio o la alteración realizados implica una vulneración de la disp. tran. 3.ª 3 LA y, en consecuencia, de la exigencia contemplada en los arts. 57 (LA LEY 877/1986) y 93 RD 849/1986 de 11 Abr (LA LEY 877/1986). (Regl. del dominio público hidráulico), incidiéndose en la infracción prevista en los arts. 108 g) LA y 315 j) RD 849/1986 (LA LEY 877/1986).
2. Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª, Sentencia de 15 de octubre de 2008, Ponente: Peces Morate, Jesús Ernesto (LA LEY 193732/2008)
En el caso, se ha dejado de practicar una prueba pericial, oportunamente admitida, por causas no imputables al solicitante de la misma, lo que le ha causado manifiesta indefensión por cuanto la sala sentenciadora considera probados, con base en un informe pericial obrante en el expediente administrativo, unos hechos discutidos en el pleito que el demandante trataba de acreditar a través de esa prueba pericial admitida y no practicada, a pesar de haberse designado el perito que debería haber emitido el dictamen recabado al proponer dicha prueba. A la vista del acto impugnado, consistente en la concesión de un aprovechamiento de aguas respecto del que se discute si se trata de aguas derivadas de unos ríos, para lo que se propuso una prueba pericial con el contenido anteriormente expuesto, no cabe, sin causar la indefensión del demandante y solicitante de dicha prueba, afirmar en la sentencia que no existe en el procedimiento ninguna prueba que acredite que las aguas que recibe la balsa deriven de uno de los ríos y no del otro.
3. Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª, Sentencia de 10 de octubre de 2007, Ponente: Martínez-Vares García, Santiago (LA LEY 165875/2007)
Cuando el pliego del concurso para la adjudicación de la concesión del servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento indica que «inicialmente las tarifas serán las que se aprueben como consecuencia de la adjudicación, y que se derivarán de la oferta presentada» no significa, como entendió la Sala de instancia, que la tasa deba configurarse atendiendo al coste que la oferta consideraba como coste del servicio. La expresión derivar no presupone la existencia de identidad plena entre la estructura de costes del servicio ofrecida por cada licitador y las tarifas aplicables al servicio, sino que constituye el punto de partida para que la Corporación establezca la tarifa a satisfacer por la prestación del servicio. Por ello, es válido el proceder de la Corporación al fijar la tasa del servicio atendiendo también a otros costes que entran dentro de la previsión del art. 24.1 LRHL. Dicho precepto es inequívoco: el importe estimado de una tasa por la prestación de un servicio no puede exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio, pero es también concluyente en cuanto a la determinación de su coste, para el que se tomarán en consideración todos los gastos directos o indirectos que contribuyen a su formación, y entre los que enumera los de carácter financiero, amortización e inmovilizado y generales que sean de aplicación. De ahí que exista en el expediente el informe denominado «estudio de costes para tasa», en el que para el año de implantación del servicio de saneamiento en régimen de concesión se consideran como costes del mismo tanto gastos directos como indirectos de la estructura municipal de los departamentos relacionados con el servicio, como los gastos de amortización de los bienes cedidos para su gestión.
AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS
4. Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª, Sentencia de 23 de marzo de 2009, Ponente: Calvo Rojas, Eduardo (LA LEY 14703/2009)
En el caso, ha de confirmarse la resolución recurrida en cuya virtud se anula autorización para la construcción de una planta de envasado de agua. El recurso de casación se apoya en que la sentencia ha anulado la autorización para la planta de envasado por razones que en realidad no afectan a ésta sino únicamente a la red de tuberías para la traída de aguas, pues es la red de tuberías —no así la planta de envasado— la que pudiera afectar al área de sensibilidad ecológica de un monumento natural. Pues bien, sucede que la autorización contenida en la resolución impugnada había sido otorgada en función de un proyecto que incluía la red de tuberías para la traída de aguas; y es la autorización basada en ese proyecto la que fue examinada y anulada en el proceso de instancia. El proyecto reformado a que alude la recurrente, que supone la eliminación de la necesidad de traída de aguas de los nacientes que pudiera afectar a zona limítrofe con una zona protegida, fue aportado con posterioridad a la interposición del recurso contencioso-administrativo y no se corresponde con el tenido en cuenta para el otorgamiento de la autorización. Por tanto, no cabe afirmar que la sentencia haya extendido la anulación a actuaciones no afectadas por el vicio invalidante, ni cabe invocar el principio de conservación de los actos en la parte no viciada. Se trata de un único acto, el de otorgamiento de la autorización, que fue dictado sobre la base de un determinado proyecto y a éste se ha atenido la Sala sentenciadora. Además, debe destacarse que en la fundamentación de la sentencia recurrida se expone también, como razón para anular la autorización impugnada, el hecho de que ésta fue otorgada partiendo de la previa «declaración de interés social» de la instalación de la planta embotelladora, siendo así que tal declaración de interés social quedó anulada por sentencia.
5. Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª, Sentencia de 21 de octubre de 2008, Ponente: Fernández Valverde, Rafael (LA LEY 176165/2008)
El art. 78.4 RD 849/1986 de 11 Abr (LA LEY 877/1986). (Regl. del dominio público hidráulico), en relación con los Ayuntamientos, impone una doble y diferente obligación: la de notificarle, por parte de la Administración estatal en materia de aguas, «las peticiones de autorización de construcción de zona de policía de cauces», y «las resoluciones que sobre ella recaigan a los efectos del posible otorgamiento de la correspondiente licencia de obras». En el caso es evidente que el Ayuntamiento no pudo formular alegaciones en relación con la autorización que se había concedido al Consorcio por la Confederación Hidrográfica por tratarse de una zona de policía de cauces; pero nada pudo alegar el Ayuntamiento acerca de la construcción, en su propio término municipal, de un camino para acceder a una escombrera, aun encontrándose ésta en un término municipal distinto, pues es evidente que el paso reiterado y constante del transporte de residuos por un nuevo camino a construir en el propio territorio, convierte a su Ayuntamiento en un prioritario interesado, legitimado para el ejercicio de sus diversas competencias a través del correspondiente trámite de audiencia, del que, sin embargo, fue privado. Por ello ha de concluirse que la nulidad producida lo fue de pleno derecho, pues, aun no estando en un supuesto en el que, desde su perspectiva competencial, al Ayuntamiento no le correspondía emitir un informe vinculante, ni tampoco determinante, sin embargo, la repercusión que la autorización concedida —por su contenido y reiteración— tendría sobre el término municipal y sus posibles vecinos afectados, que no han podido oponerse o mostrar alternativas al vial, convierte el expresado defecto en causa que descalifica en su integridad el procedimiento seguido. Eludir su intervención en el procedimiento y, con ello, no tomando en consideración su necesaria participación, convierte en inviable jurídicamente la decisión adoptada.
6. Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª, Sentencia de 19 de marzo de 2004, Ponente: Martínez Micó, Juan Gonzalo (LA LEY 12246/2004)
La LA configura suficientemente los elementos esenciales del canon de vertido, concreta su hecho imponible en la realización de vertidos autorizados, determina su sujeto pasivo, ofrece los criterios para cuantificar su importe y afirma su carácter periódico y anual. Con estos elementos, la habilitación del RD 849/1986 de 11 abr (LA LEY 877/1986). (Regl. del dominio público hidráulico) para llenar los distintos conceptos y sobre todo los criterios de cuantificación está sobradamente justificada desde el más estricto respeto al principio de legalidad tributaria. La circunstancia de que el canon en el caso de autos se haya liquidado sobre la base de una autorización provisional y no definitiva del vertido no tiene el carácter inhabilitante que le quiere dar el Ayuntamiento recurrente, porque ni la Ley ni el Reglamento suministran base para distinguir, en una materia tan circunstancial como la de vertidos contaminantes, entre autorizaciones provisionales y definitivas. Por otra parte, la inexistencia de planes hidrológicos no puede ser erigida en obstáculo para liquidarlo una vez producido su presupuesto, la existencia de un vertido autorizado. A estos efectos, cualquier vertido en los cauces o sobre el terreno se filtra en los acuíferos subterráneos integrados en el dominio público hidráulico, contaminando y dando lugar a la adopción de las necesarias medidas para su preservación, con lo que no cabe considerar que las aguas residuales que no viertan directamente a cauce público porque sean utilizadas para el riego de las fincas rústicas del término municipal no son tales vertidos, como pretende el Ayuntamiento.
APROVECHAMIENTO DE LOS CAUCES
7. Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª, Sentencia de 19 de noviembre de 2008, Ponente: Peces Morate, Jesús Ernesto (LA LEY 198382/2008)
La confederación hidrográfica, competente para otorgar la concesión de los aprovechamientos hidraúlicos solicitados, ha basado su decisión denegatoria en una valoración completa y racional de los informes emitidos en el procedimiento seguido al efecto, dado que, conforme al art. 57.4 LA, recogido después por el art. 59.4 TR LA (LA LEY. 1110/2001), el otorgamiento de una concesión hidráulica es discrecional y se materializa mediante un acto administrativo motivado que debe ser adoptado en función del interés general. El que en alguno de los informes emitidos por la administración autonómica ambiental se considere que las obras proyectadas son viables con una serie de correcciones, no priva a la confederación hidrográfica de su potestad discrecional para denegar la concesión pedida de forma motivada y en atención al interés público, pues entre los principios rectores del procedimiento para otorgar concesiones hidráulicas está el criterio del uso más racional del agua y la mejor protección del entorno. Los informes recabados de la administración de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 110.1 RD 849/1986 de 11 Abr (LA LEY 877/1986). (Regl. del dominio público hidráulico), no impiden que la confederación hidrográfica utilice su discrecionalidad para decidir acerca de la concesión del aprovechamiento. Toda actividad de regulación fluvial tiene repercusión directa o indirecta en el medio físico porque el río es un ente vivo que nutre, alberga y determina un espacio o nicho del ecosistema del que forma parte. La circunstancia de que el órgano ambiental de la administración autonómica haya emitido un informe en el que considera viable el proyecto si se adoptan una serie de condiciones y medidas correctoras, no priva a la confederación hidrográfica de su potestad discrecional para decidir acerca de la concesión del aprovechamiento hidráulico solicitado.
8. Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª, Sentencia de 8 de octubre de 2008, Ponente: Teso Gamella, María del Pilar (LA LEY 148116/2008)
Si bien es cierto que toda modificación de las características de una concesión requerirá previa autorización administrativa del mismo órgano otorgante, dicha modificación, no obstante, cuando es instada por la parte, precisa de la sustanciación del procedimiento previsto al efecto. Solo de este modo pueden variarse las características esenciales y condiciones de una concesión. Modificación que, por otro lado, puede ser denegada, pero que, en todo caso, precisa de una serie de formalidades inexcusables para comprobar su compatibilidad con el Plan, con las normas aplicables, y con el respeto debido a los derechos de terceros. Téngase en cuenta que al alterar características esenciales o las condiciones de la concesión, es preciso previa autorización, y para ello ha de sustanciarse el correspondiente procedimiento. No infringe la sentencia impugnada precepto legal o reglamentario alguno por considerar que una nueva solicitud que prevé un caudal diferente, y para lo que se presenta un anteproyecto distinto con renuncia del anterior, constituye una nueva solicitud, que, a su vez, precisa de la correspondiente tramitación. Ni por señalar que solo se hubiera debido cuestionar la postergación de la resolución a la del procedimiento de caducidad, y no la denegación de una solicitud, que no ha sido tramitada. La subordinación, por tanto, de la resolución de la solicitud a la resolución del procedimiento administrativo de caducidad no infringe la Ley de Aguas y del Reglamento de Dominio Público Hidráulico citado, pues lo cierto es que partiendo de la situación de interrupción permanente de la explotación durante más de tres años consecutivos, siendo ésta además imputable al titular, no puede modificarse lo ya extinguido.
9. Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª, Sentencia de 14 de abril de 2004, Ponente: Fernández Valverde, Rafael (LA LEY 13559/2004)
Desde una perspectiva jurídica son 2 las obligaciones que se deducen de la disp. trans. 3.ª.3 y 4 LA: la necesidad de solicitar una concesión administrativa, para poder desarrollar el nuevo uso de los aprovechamientos que se pretende y, por otra parte, la obligación de cumplir con las normas generales establecidas en la misma ley para los supuestos citados de «sobreexplotaciones de acuíferos» y «los usos del agua en caso de sequía grave o urgente necesidad». La administración está habilitada por tal disposición transitoria para imponer el cumplimento de esas normas en cualquier caso y, por supuesto, también, cuando se solicita una concesión como consecuencia del cambio de régimen que se pretende de algún aprovechamiento.
NAVEGACIÓN EN EMBALSES
10. Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª, Sentencia de 3 de noviembre de 2004, Ponente: Bandrés Sánchez- Cruzat, José Manuel (LA LEY 125/2005)
La Constitución no afirma el principio de unidad de los regímenes jurídicos en materia de navegación marítima y fluvial en orden a la articulación del sistema de competencias de la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas, con indiferencia de la clasificación de las aguas donde se produzca la actividad de navegación, al diferenciarse en los aps. 20 y 22 del art. 149.1 (LA LEY 2500/1978)CE los títulos competenciales en materia de marina mercante, que integra en su núcleo la actividad de transporte marítimo, y en materia de aguas continentales, recursos y aprovechamientos hidráulicos. La distinción que realiza la impugnada OM 18 Ene. 2000 (aprobación del Regl. sobre despacho de buques) (LA LEY-LEG. 495/2000) entre el régimen jurídico concerniente al despacho de buques, según operen en la entrada o salida de los puertos marítimos, en aguas interiores marítimas y en el mar territorial —que se somete a la legislación portuaria— o en aguas interiores no marítimas —que se rige por la normativa establecida en la legislación de aguas—, no contradice, por tanto, el régimen constitucional de distribución de competencias establecido en los arts. 148 y 149 de la norma fundamental (Cfr. TC Pleno S 40/1998, de 19 Feb (LA LEY 7520/1998).; LA LEY-JURIS. 7520/1998).
AGUAS SUBTERRÁNEAS
11. Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª, Sentencia de 23 de junio de 2009, Ponente: Perelló Doménech, María Isabel (LA LEY 119159/2009)
El art. 28.1 L 22/1973 de 21 Jul (LA LEY 987/1973). (minas) otorga al titular de la autorización o concesión de aprovechamiento de aguas minerales el derecho a impedir que se realicen en el perímetro de protección que le hubiere sido fijado trabajos o actividades que pueden perjudicar el normal aprovechamiento de las mismas. En consecuencia, con independencia del razonamiento que en este particular ofrece la sentencia recurrida, referido a la no acreditación de que a la parte actora le haya sido fijado el perímetro de protección que invoca, lo cierto es que aquel precepto, desde el que deben interpretarse los de rango normativo inferior que también se invocan y que con él se relacionan, no puede entenderse conculcado desde el momento en que se afirma que ambos aprovechamientos se nutren de diferentes fuentes y que, en suma, la afectación del aprovechamiento minero sobre el hidráulico lo es en un grado de intensidad que puede considerarse nulo. Señala la sala de instancia —que autoriza la puesta en servicio de las obras de captación de aguas subterráneas en volumen inferior a 7.000 m³ anuales—, en atención al dictamen pericial, que las aguas que emanan de forma natural por el balneario y las que se pueden extraer del sondeo en el paraje tienen fuentes de recarga distintas y que la explotación de calibre inferior a 7.000 m³ anuales afectaría escasamente al equilibrio hidráulico del sistema y con ello, a la hidrología regional de la zona. En suma, se concluye que el acuífero que abastece al balneario en principio no puede verse afectado por dicha explotación, y por consiguiente, no queda establecida la necesaria interrelación o interferencia entre ambos aprovechamientos.
12. Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª, Sentencia de 17 de diciembre de 2008, Ponente: Fernández Valverde, Rafael (LA LEY 216142/2008)
Respecto a la alegada vulneración del derecho a la presunción de inocencia, ya que la recurrente refiere que no puede afirmarse, salvo por la vía de los indicios o presunciones, el sistema de riego que se había utilizado para cada tipo de cultivo, los hechos concretos por los que se sanciona a la comunidad recurrente fueron tener en explotación 11 captaciones de aguas subterráneas sin autorización de la confederación hidrográfica; hechos que tienen plena y exacta tipificación en el art. 116 b) TR LA (LA LEY 1110/2001). No se sancionan a la comunidad de bienes por regar con el agua indebidamente extraída determinadas hectáreas, de concretos cultivos, utilizando diversos procedimientos de riego, aunque sí es cierto que dichas extensiones —que constan, se concretan, especifican y, físicamente, se ubican en la denuncia— son tomadas en consideración por la administración sancionadora para proceder —en función de la precisa cantidad de agua utilizada, con el correspondiente sistema de riego, y para el concreto tipo de cultivo realizado— a valorar los daños causados al dominio público hidráulico. Por tanto, el hecho de la captación de aguas subterráneas sin autorización, determinante de la sanción, es un dato fáctico percibido por el guarda fluvial, que consta con claridad en la denuncia por el mismo formulada. El riego es la consecuencia de la extracción del agua indebida y, para calcular el beneficio de la recurrente —al regar con agua para la que no estaba autorizada—, así como el perjuicio al dominio público —por extraer agua sin autorización—, se utiliza como parámetro de medición el de la superficie de terreno indebidamente regada, modulada tanto por el tipo de cultivo realizado como por el sistema de riego utilizado. Sin embargo, dichos datos relativos a la superficie indebidamente regada y al sistema de riego utilizado constan en la denuncia y no han sido discutidos. La presunción de inocencia no decae por la circunstancia de que la vinculación del guarda fluvial con la administración no sea la de funcionario público.
13. Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª, Sentencia de 3 de noviembre de 2005, Ponente: Menéndez Pérez, Segundo (LA LEY 10433/2006)
La apreciación de la insuficiencia de caudales —que da lugar a la resolución denegatoria de la concesión de aguas subterráneas— no está condicionada a la previa declaración, ni aun provisional, de que los recursos hidráulicos subterráneos de una zona están sobreexplotados o en riesgo de estarlo, tal y como se desprende de lo dispuesto en el art. 171.2 (LA LEY 877/1986) y 4 RD 849/1986 de 11 Abr (LA LEY 877/1986). (Regl. del dominio público hidráulico), y la valoración de la sala de instancia de entender debidamente justificada la no concurrencia de recursos hídricos bastantes con base en los estudios y proyectos previos a la aprobación del plan no ha sido adecuadamente combatida en casación, pues ni se denuncia su falta de motivación ni su ausencia de racionalidad; extremo, este último, en el que no cabe olvidar que el plan hidrológico de autos veda nuevas concesiones de agua con destino a regadío que no estuviesen solicitadas antes del 1 de enero de 1997, que es uno de los criterios básicos que el plan establece para la asignación de recursos subterráneos para riego, con la finalidad o designio de adaptar progresivamente la situación actual del acuífero a un estado sostenible, que garantice la viabilidad futura de los aprovechamientos de la zona.
PROCEDIMIENTO
14. Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª, Sentencia de 31 de diciembre de 2002, Ponente: Campos Sánchez-Bordona, Manuel (LA LEY 12522/2003)
El art. 123.3 b) RD 849/1986 de 11 Abr (LA LEY 877/1986). (Regl. del dominio público hidráulico) se limita a exigir que la instancia inicial en la que se solicita la concesión de aguas públicas vaya acompañada de los censos de población y ganadero de los núcleos de población a los que se trata abastecer con la concesión solicitada. Es un hecho indiscutido que la solicitud iba, en el caso de autos, acompañada de los referidos censos, lo que hubiera bastado para rechazar la demanda en este punto. El precepto reglamentario no exige de modo imperativo que, en ese momento inicial del expediente, los censos aportados carezcan de errores de modo que, si los tienen, la instancia deba rechazarse a limine: precisamente el expediente administrativo que se inicia tras aquella primera solicitud tiene como finalidad, entre otras, depurar aquellos censos para, a la vista del número real de habitantes y, en su caso, ganado, que se ha de beneficiar del aprovechamiento de aguas públicas, éstas se concedan o no, y en qué volumen.
15. Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª, Sentencia de 27 de septiembre de 2000, Ponente: González González, Óscar (LA LEY 478/2001)
En el caso, dado el pequeño tramo de río a cubrir —30 m—, se está en los supuestos de obras de poca importancia que, conforme al art. 126.1 b) RD 849/1986 de 11 Abr (LA LEY 877/1986). (Regl. del dominio público hidráulico), relevan de la presentación formal de un proyecto, e incluso de un estudio de evaluación de impacto ambiental, previsto únicamente en los arts. 236 y 237 de dicho Reglamento, para obras que impliquen riesgos para el medio ambiente, o que lo contaminen o lo degraden, que no es el caso de autos. Estos preceptos, al igual que el art. 52.1, dejan a la discrecionalidad de la autoridad hidráulica exigir o no dichos documentos, según las circunstancias de cada caso, circunstancias que no concurren en el supuesto litigioso.
REGISTRO DE AGUAS
16. Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª, Sentencia de 27 de abril de 2009, Ponente: Calvo Rojas, Eduardo (LA LEY 58379/2009)
La interpretación que se debe hacer de lo establecido en la Disposición Transitoria cuarta de la Ley de Aguas 29/1985 (LA LEY 2060/1985), aplicable en este caso, y en el artículo 195.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril (LA LEY 877/1986), a pesar de la mención que en éste se hace «al título que acredite su derecho al aprovechamiento», no es otra que la necesidad de justificar la posesión del aprovechamiento de que se trata, sus características y aforo, lo que requiere acreditar el destino de las aguas y la superficie regable, puesto que se trata de que la Administración conozca la existencia del aprovechamiento en cuestión, sus características y aforo. Así, pues, lo que la Administración hace constar en el Catálogo no son derechos sino situaciones de hecho, y ello justifica, según lo declarado por el Tribunal Constitucional, que no se otorgue a los aprovechamientos incluidos obligatoriamente en el Catálogo la protección administrativa que se deriva de la inscripción en el Registro.
17. Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª, Sentencia de 8 de octubre de 2008, Ponente: Yagüe Gil, Pedro José (LA LEY 152181/2008)
El art. 191.2 f) y g) RD 849/1986 de 11 Abr (LA LEY 877/1986). (Regl. del dominio público hidráulico) dispone que la primera inscripción de cada concesión o autorización contendrá el caudal máximo concedido, expresado en litros por segundo, y el volumen máximo anual en metros cúbicos por hectárea, cuando se trate de concesión para riegos. La sala de instancia confunde los conceptos de «caudal» y «volumen», pues habla de 3.000.000 de m² anuales como caudal y no como volumen, que es lo correcto. Esa confusión ha llevado al tribunal a la infracción de aquel art. 191.2 f) y g) RD 849/1986 (LA LEY 877/1986) y ha dejado incompleto el estudio y decisión de documentos probatorios y de menciones que el precepto exige. Por otra parte, no explica la sala a quo en absoluto la razón por la cual no pueden ser aceptados los datos del acta de comprobación de 16 de noviembre de 1992, que hablan de volumen y caudal; es cierto que esas actas se levantaron 7 años después de la entrada en vigor de la LA, pero esa tardanza de la administración no puede perjudicar a quien solicitó la inscripción de los aprovechamientos dentro del plazo de 3 años establecido en la disp. trans. 1.ª LA.
18. Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª, Sentencia de 7 de abril de 2006, Ponente: Menéndez Pérez, Segundo (LA LEY 36323/2006)
En el caso, por lo que se refiere al documento municipal —mediante el que se pretende probar para la inscripción en el registro de aguas que el aprovechamiento solicitado existía con anterioridad al 1 de enero de 1986 y con la superficie que se pretende—, claro es que no forma parte de aquellos documentos públicos definidos en el art. 317.6 (LA LEY 58/2000)LEC 2000 (LA LEY-LEG. 58/2000), ya que éste comprende en él a los documentos públicos que, con referencia a archivos y registros de órganos del Estado, de las administraciones públicas o de otras entidades de derecho público, sean expedidos por funcionarios facultados para dar fe de disposiciones y actuaciones de aquellos órganos, administraciones o entidades. El documento municipal en cuestión no documenta un hecho, acto o estado de cosas por referencia a lo que conste en los archivos y registros del ayuntamiento, sino, más bien, la convicción que a quien lo extendió le produjeron las manifestaciones del guarda rural y de algunos vecinos. Por tanto, y conforme a lo dispuesto en el art. 319.1 (LA LEY 58/2000)LEC 2000, ese documento municipal no hace prueba plena del hecho que documenta.
ANÁLISIS DE LA DOCTRINA EN LA LEY (1)
1. «Algunos conflictos competenciales en la gestión del agua (un estudio competencial)», ALONSO IBÁÑEZ, María Rosario, Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 229/2006 (LA LEY 1109/2007)
El ordenamiento jurídico español presenta una extraordinaria complejidad en la organización administrativa y financiera de la gestión del agua. El entramado competencial de títulos sobre las aguas no está formulado con claridad, ni puede considerarse cerrado, siendo deseable una reordenación que clarifique los ámbitos respectivos para que pueda alcanzarse una gestión integral, sostenible y racional de los recursos hídricos. Buena muestra de lo que se acaba de indicar es la selección de pronunciamientos judiciales que aquí se realiza, en los que se evidencian tensiones de variada naturaleza postulándose soluciones que marcan pautas para los nuevos conflictos que puedan surgir.
2. «La actuación de los Ayuntamientos en los procedimientos sancionadores en materia de aguas», GARCÍA VALDERREY, Miguel Ángel, El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 3/2009
En el presente artículo se ofrece una visión práctica sobre las diferentes actuaciones que corresponden realizar a las administraciones locales cuando son objeto de expedientes sancionadores en materia de aguas, así como la indicación de aquellas cuestiones que se han suscitado por nuestra doctrina judicial respecto al procedimiento administrativo sancionador.
3. « Agua y Urbanismo», GARCÍA RUBIO, Fernando, Práctica Urbanística, núm. 76/2008
El presente artículo aborda el estudio del agua —elemento indispensable para la vida, pero también elemento consustancial a la urbanización—, desde el punto de vista de la transformación de terrenos en los suelos en situación rural hacia una situación de suelo urbanizado, que exige entre otros requisitos: abastecimiento y saneamiento del agua y su encuadre en el planeamiento urbanístico.
4. «El informe de las Confederaciones Hidrográficas en la tramitación de planes y programas de actuación urbanizadora», CARRILLO MORENTE, José Antonio y DELGADO PIQUERAS, Francisco, Práctica Urbanística, núm. 55/2006
El espectacular desarrollo urbanístico que experimenta España por los cuatro costados se enfrenta a una carestía de agua que, si bien hasta ahora considerábamos cíclica, puede convertirse en crónica a causa del cambio climático. El presente trabajo viene a analizar la intervención que corresponde a las Confederaciones Hidrográficas en la tramitación de los instrumentos de planeamiento y/o ejecución urbanística, mediante un informe que pretende evitar problemas en ese ámbito, estableciendo con carácter preceptivo un mecanismo de consulta administrativa previa. Sin embargo, su regulación, a juicio de los autores, no está muy lograda, ni siquiera acabada, considerando necesaria su modificación.