Directiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, sobre la orden europea de protección
(D.O.U.E. de 21 de diciembre de 2011)
Ámbito material de la norma:
Establecer normas que permitan que una autoridad judicial o equivalente de un Estado miembro en el que se haya adoptado una medida de protección destinada a proteger a una persona contra actos delictivos de otra que puedan poner en peligro su vida, su integridad física o psicológica y su dignidad, su libertad individual o su integridad sexual, dicte una orden europea de protección, que faculte a una autoridad competente de otro Estado miembro para mantener la protección de la persona en el territorio de ese otro Estado miembro.
Se trata de regular como la aplicación de determinadas medidas de protección dictadas con arreglo al Derecho de un Estado miembro, el Estado de emisión, puede ampliarse a otro Estado miembro en el que la persona objeto de la protección decida residir o permanecer, el Estado de Ejecución,
Se aplica la Directiva a las medidas de protección adoptadas en favor de las víctimas o posibles víctimas de delitos, pero no a las medidas adoptadas con fines de protección de testigos. En el mismo sentido, se aplica a las medidas de protección adoptadas en asuntos penales, y no cubre por tanto las medidas del mismo tipo adoptadas en materia civil.
Solo se podrá dictar una orden europea de protección cuando previamente se haya adoptado en el Estado de emisión una medida de protección que imponga a la persona causante del peligro una o varias de las siguientes prohibiciones o restricciones:
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• prohibición de entrar en determinadas localidades, lugares o zonas definidas en las que la persona protegida reside o que frecuenta;
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• prohibición o reglamentación de cualquier tipo de contacto con la persona protegida, incluidos los contactos telefónicos, por correo electrónico o postal, por fax o por cualquier otro medio, o
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• prohibición o reglamentación del acercamiento a la persona protegida a una distancia menor de la indicada en la medida.
Estructura:
Consta la Directiva de 25 artículos y 2 Anexos.
Una vez delimitado el objeto de la Directiva y las definiciones de los conceptos utilizados a lo largo de su articulado, se impone a cada Estado miembro comunicar a la Comisión la autoridad o autoridades judiciales, o autoridades equivalentes competentes con arreglo a su Derecho nacional, para dictar una orden europea de protección y para reconocerla.
Se desarrolla posteriormente el procedimiento de emisión de una orden europea de protección, así como sus formalidades y contenido.
La transmisión de una orden europea de protección a la autoridad competente del Estado de ejecución deberá hacerse por cualquier medio que deje constancia escrita y en condiciones que permitan a la autoridad competente del Estado de ejecución determinar su autenticidad.
Recoge también la Directiva los motivos por los cuales puede denegarse el reconocimiento de una orden europea de protección, o las causas por las puede suspenderse su ejecución.
Los gastos que resulten de la aplicación de la presente Directiva correrán a cargo del Estado de ejecución.
La orden europea de protección deberá ser traducida por la autoridad competente del Estado de emisión a la lengua oficial o a una de las lenguas oficiales del Estado de ejecución.
Se contienen también disposiciones sobre el derecho aplicable y competencia del Estado de ejecución, y la necesidad de que la autoridad competente del Estado de ejecución notifique a la autoridad competente del Estado de emisión o del Estado de supervisión cualquier incumplimiento de la medida o medidas adoptadas en virtud de la orden europea de protección.
Finalmente, se cierra el cuerpo normativo con la referencia a la incorporación al Derecho Interno, revisión y entrada en vigor de la Directiva.
Destinatarios de la norma:
Los Estados miembros de la Unión Europea, de conformidad con los Tratados.
Conexiones Normativas:
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• La presente Directiva no afectará a la aplicación del Reglamento (CE) n o 44/2001, ni del Reglamento (CE) n o 2201/2003, ni tampoco del Convenio de La Haya de 1996 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños, ni del Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores.
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• La presente Directiva no afectará a la aplicación de la Decisión marco 2008/947/JAI ni de la Decisión marco 2009/829/JAI.
Vigencia y Normas Transitorias:
Entrada en vigor el día 10 de enero de 2012, a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a más tardar el 11 de enero de 2015.