Cuando las protestas de los afectados por la comercialización fraudulenta de las participaciones preferentes y subordinadas todavía distan mucho de acallarse en Galicia, está ya presto para tomar su relevo inmediato otro colectivo igualmente numeroso y no menos indignado, que en lugar de luchar contra el sistema bancario tiene enfrente nada menos que a la Agencia Tributaria. Cualquiera sabe que es peor.
«Somos pensionistas, no defraudadores». Así rezaba la primera pancarta exhibida este verano ante la Delegación de Hacienda de Pontevedra por el colectivo más perjudicado de la comarca del Morrazo. Precisamente en este lugar fue donde también nació la protesta vecinal contra los productos tóxicos colocados por las cajas gallegas (luego NCG) entre sus clientes más vulnerables, que luego desbordó todos los cálculos por su insospechado montante económico. La analogía y el azar combinan en ambos casos de forma sorprendente.
La cuenta atrás comenzó el día que la Agencia Tributaria puso en su punto de mira las pensiones de los emigrantes con su peculiar sistema de doble retribución por parte de España y del país de referencia de cada retornado. Parece que este amplio colectivo resultó seleccionado de forma aleatoria en la última campaña de inspecciones fiscales, aunque los portavoces de los afectados se muestran convencidos de que su elección no fue casual ni inocente.
En Galicia corrió enseguida la voz de alarma a partir del mes de marzo, cuando algunos jubilados que se dejaron la piel en Alemania, Suiza o Francia, principalmente, empezaron a recibir un requerimiento formal de la Agencia Tributaria sobre el pago no satisfecho a través de IRPF de la tributación derivada de las pensiones que cobran de dichos países.
«Si de la percepción de las pensiones u otras rentas satisfechas en el extranjero en ejercicios posteriores (el primer requerimiento se refiere al 2008) se derivase la obligación de presentar declaración anual por el IRPF no habiendo cumplido dicha obligación, se le requiere para que proceda al cumplimiento de la obligación correspondiente a los ejercicios 2009, 2010, 2011 que procedan. En caso de que habiendo presentado declaraciones de los citados ejercicios no hubiese incluido en las mismas el importe de las pensiones u otras rentas satisfechas en el extranjero, asimismo se le requiere para el cumplimiento de la obligación correspondiente a la presentación de las declaraciones complementarias que sean procedentes». Así de explícito se mostraba la notificación tipo empleada en esta campaña especial.
Tras unas tímidas protestas por parte de los primeros emplazados, el malestar adquirió carta de naturaleza y dio paso a más y más voces, cada vez más fuertes y alborotadas.
El principal quid del malestar generalizado obedece al pleno convencimiento que los emigrantes jubilados tenían hasta ahora de que sus pensiones extranjeras estaban libres de toda tributación al IRPF, fuera cual fuera su cuantía. Incontables voces de los lugares más dispares aseguran que en todas sus consultas, tanto ante gestores profesionales, como en las oficinas tributarias, siempre recibieron al respecto la misma contestación negativa: su pensión estaba exenta.
Los afectados juran y perjuran que nunca fueron convenientemente informados o asesorados, ni verbalmente ni por escrito, de que tenían que declarar sus pensiones de la emigración. De ahí que no lo hicieran nunca, y de ahí también que la reclamación de Hacienda se remonte ahora solo hasta el año 2008, último año no prescrito desde la perspectiva actual. Antes jamás se había pagado, ni tampoco se había reclamado esta deuda tributaria al colectivo afectado. De ahí viene igualmente su estupefacción y su enojo ante la incómoda situación devenida.
Tras asumir la obligación de tal pago a regañadientes, una segunda carta de la Agencia Tributaria en donde se notifica una sanción por fraude fiscal a todos los afectados que ya habían tramitado las declaraciones complementarias ha terminado por causar una indignación general. Ni tan siquiera los muertos se han librado de tales reclamaciones, puesto que han llegado a sus familiares más directos, quienes se muestran totalmente desconcertados al recibir semejante herencia.
A todos y cada una de las pensiones del extranjero se impone un recargo del cinco por ciento de intereses de demora por cada año de retraso, así como un cincuenta por ciento de la cuota correspondiente a cada año pendiente. En total, las cantidades reclamadas a las pensiones más bajas oscilan entre los 10.000 y los 20.000 euros, unas deudas que superan en muchos casos las posibilidades reales de los afectados de más edad y con unas economías más débiles. Actualmente se cifra en 20.000 el número de afectados solo en Galicia, y el PSOE ha estimado en tres millones y medio de euros la recaudación lograda por la Agencia Tributaria solo en los tres primeros meses de esta campaña.
Por encima del reconocimiento de la deuda y la obligación de su pago, el debate social está centrado actualmente en la inmoralidad de las sanciones anexas. A este respecto una amnistía fiscal constituye la principal demanda de los pensionistas afectados; sobre todo, para corregir el efecto retroactivo aplicado. Si ha habido amnistías para otros casos más reprobables desde cualquier punto de vista, consideran más que justificada su aplicación a un colectivo que en modo alguno puede aceptar el sambenito de «defraudador» profesional e intencionado. En un ambiente demasiado caldeado flota el recuerdo sangrante de las cuentas opacas en el HSBC suizo, a cuyos titulares españoles (alguno que otro gallego muy conocido) permitió la Agencia Tributaria una declaraciones voluntarias en 2010 sin la imposición de ninguna sanción ni, por supuesto, la imputación de un delito fiscal.
El follón ya está en la calle y ha pasado por el Parlamento de Galicia camino del Congreso y del Senado en Madrid, antes de embarcar rumbo al Parlamento Europeo en busca de un amparo superior a través del PSOE. La disponibilidad o la conveniencia de una revisión en materia de pensiones de los convenios especiales vigentes con los países implicados donde la emigración española resultó más numerosa desde mediados del siglo pasado, figura en un lugar destacado entre las acciones barajadas en su agenda de trabajo.
Los diputados socialistas han comprometido con los afectados gallegos (aunque el caso afecta a todos los pensionistas españoles de países extranjeros) una batería política de actuaciones y medidas para tratar de paliar el impacto económico de una actuación muy cuestionada, incluso más por la forma que por el fondo del asunto.
La primera plataforma formada acusa directamente a Hacienda de cometer un «fraude» con este colectivo y su mensaje ha empezado a calar en toda Galicia. Incluso se emplaza a quienes han satisfecho todos los pagos para dejar inmaculados sus expedientes tributarios, con el fin de que se sumen a las plataformas más cercanas a sus domicilios, con el tentador reclamo de recuperar ese dinero ya satisfecho a las arcas públicas.