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PRIMERO: Los hechos probados son el resultado de la valoración conjunta de la prueba documental practicada y en concreto, el hecho probado primero, de la conformidad de las partes, que no han cuestionado los presupuestos fácticos sobre los que se construye la Memoria Explicativa, y de las declaraciones de los testigos Don MM, Doña P. (...) y Don FJ; el hecho probado segundo, de los documentos que constan en los Autos principales, folios 566 y 567, en la Carpeta I, folios 60 1 50, 386 y 387, y en la Carpeta V, folios 48 a 66; el hecho probado tercero, de los documentos que constan en la Carpeta I, folios 152 a 157, 159 a 213, 488 y 489; el hecho probado cuarto, del documento que consta en los Autos principales, folio 697; el hecho probado quinto, del documento que consta en los Autos principales, folios 673 a 678; el hecho probado sexto, del documento que consta en la Carpeta I, folios 669 a 671; el hecho probado séptimo, de la puesta en relación de las declaraciones de los testigos Don MM y de Don O. (...); el hecho probado octavo, de los documentos que constan en la Carpeta I, folios 4 a 24 y 577 a 593; el hecho probado noveno, de los documentos que constan en la Carpeta l, folios 26 a 535; el hecho probado décimo, del documento que consta en la Carpeta I, folios 29 a 58; el hecho probado undécimo, de las actas que constan en la Carpeta I, folios 537 a 571; el hecho probado duodécimo, del acta que consta en la Carpeta V, folios 38 a 46; el hecho probado décimo tercero, de los documentos que constan en la Carpeta I, folios 579 a 593 y 639 a 642; el hecho probado décimo cuarto, del documento que figura en la Carpeta VI, folios 690 a 720; el hecho probado décimo quinto, del documento que consta en la Carpeta VI, folios 721 a 782; el hecho probado décimo sexto, de la conformidad de las partes que ha dado lugar a no considerar necesaria la aportación del Ayuntamiento en el acto del juicio de una nueva carpeta en la que constaban las notificaciones de los 176 despidos; el hecho probado décimo séptimo, de los documentos que figuran en los Autos principales, folios 698 a 729, y en la Carpeta I, folios 43, 44, 215, 216, 218 a 221, 466 a 477 y 479 a 486, en relación, en cuanto a la falta de ingreso de la participación en los impuestos del Estado, con el contenido de la Memoria Explicativa y la declaración del testigo Don MM; el hecho probado décimo octavo, de los documentos que figuran en los Autos principales, folios 679 a 696; el hecho probado décimo noveno, de los documentos que figuran en los Autos principales, folios 590 a 598 y 735 a 738; el hecho probado vigésimo, de los documentos que figuran en los Autos principales, folios 570 a 579 y 653 a 672, en relación con el contenido de la declaración del testigo Don FJ; el hecho probado vigésimo primero, de los documentos que figuran en los Autos principales, folios 599 a 650 y 653 a 679; el hecho probado vigésimo segundo, del Convenio que figura en los Autos principales, folios 547 a 565; y el hecho probado vigésimo tercero, del documento que figura en la Carpeta I, folio 5, en relación con el contenido de cada uno de los Convenios que se reflejan en el mismo.

SEGUNDO: Antes de analizar, propiamente, las acciones ejercitadas en las demandas acumuladas en este procedimiento, la Sala quiere expresar las razones por las que desestimó la prueba pericial aportada conjuntamente por Confederación Sindical de Comisiones Obreras y Comité de Empresa de Ayuntamiento de Estepona. El informe pericial fue aportado por dichos demandantes en la Secretaría de la Sala el 16 de octubre de 2012, sobre las 13:30 horas, es decir, cuando apenas quedaban veinte horas para inicio de la vista, momento desde el que la representación procesal del Ayuntamiento de Estepona tuvo acceso al mismo. En el acto del juicio, en el momento de la proposición de pruebas, la representación procesal de Ayuntamiento de Estepona formuló protesta ante la pretensión de la representación procesal de Confederación Sindical de Comisiones Obreras de aportar nueva prueba documental y de proponer prueba pericial. La Sala, tras una breve deliberación, consideró que la prueba documental aportada en el acto del juicio conjuntamente por la citada Confederación Sindical y por el Comité de Empresa del Ayuntamiento no tenía un volumen importante y carecía de complejidad, razón por la cual admitió la misma; sin embargo, consideró que el informe pericial que se pretendía aportar tenía la complejidad suficiente como para que el resto de partes personadas y, especialmente, el Ayuntamiento de Estepona, tuviesen oportunidad de estudiarlo con cinco días de antelación al acto del juicio, de conformidad con lo prevenido en el artículo 124.10 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en la redacción vigente tras la entrada en vigor de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de aplicación preferente en esta modalidad procesal a lo dispuesto en el artículo 87.6 de esa misma Ley en los supuestos de aportación de pruebas periciales de extraordinario volumen o complejidad, porque, además, los proponentes de dicha prueba no dieron una explicación mínimamente satisfactoria de por qué no se había aportado esa prueba con antelación a los cinco días antes del inicio del juicio, a pesar de que había tenido a su disposición toda la documentación aportada por el Ayuntamiento demandado desde antes del 24 de septiembre de 2012, sin que, por otra parte, se hubiese formulado protesta u objeción alguna en relación con la forma de aportar la documentación por parte del Ayuntamiento, ni se hubiese solicitado que se le eximiese del plazo previo de presentación de su informe pericial. Esa es la razón por la que no se admitió esa prueba pericial y se acordó su devolución a las representaciones procesales de los proponentes de la misma, ya que el cumplimiento del plazo prevenido en el artículo 124.10 citado habría dado lugar a una nueva suspensión del juicio, que ya había sido suspendido en una ocasión, como aparece reflejado en el antecedente séptimo de esta resolución, posibilidad expresamente prohibida por el artículo 83.1 de dicha Ley, máxime tratándose de un procedimiento de carácter urgente, como se califica el procedimiento de despido colectivo en el artículo 124.8 de la Ley.

TERCERO: En las demandas se afirma que el despido colectivo que se impugna es nulo porque ha sido adoptado por el Alcalde de Estepona, cuando el órgano competente para su adopción debería haber sido el Pleno del Ayuntamiento. Basan su pretensión el artículo 22.2 í) de la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local, que establece que corresponde en todo caso al Pleno municipal en los Ayuntamientos "la aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias-fijas y periódicas de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual". Sin embargo, el artículo 22.1 h) de la misma Ley recoge entre las atribuciones del Alcalde la de "desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su nombramiento y sanciones, incluida la separación del servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno, en estos dos últimos casos, en la primera sesión que celebre". De la puesta en relación de dichos dos preceptos, la Sala concluye que la ley no exige que los despidos de los trabajadores, y en consecuencia los despidos colectivos, del Ayuntamiento sean competencia del Pleno, sino que esa decisión compete al Alcalde, sin perjuicio de que de la misma deba dar cuenta al Pleno, lo que en el caso enjuiciado, se produjo en el Pleno que tuvo lugar el 21 de junio de 2012, tal y como se refleja en el hecho probado duodécimo, no constando, por otra parte, que se celebrase ningún otro Pleno anterior, tras el inicio de la tramitación del expediente de regulación de empleo. Por eso la Sala concluye que el despido colectivo no ha infringido el artículo 22.2 i) de la Ley 7/85, de Bases de Régimen de Local, y desestima la pretensión de nulidad del despido colectivo basada en una supuesta incompetencia funcional del Alcalde para su adopción.

CUARTO: En las demandas se afirma que el despido colectivo que es objeto de impugnación vulnera derechos fundamentales y libertades públicas. Esa denuncia cabe entenderla concretada en las siguientes afirmaciones:

1) En las listas de trabajadores a los que afecta el despido colectivo no hay ninguno que estuviese incluido en las listas del Partido Popular mientras que hay varios trabajadores que se habían presentado en las listas del Partido Socialista Obrero Español y de Izquierda Unida, y se han producido movimientos de personal que mantiene relación de parentesco, afinidad, familiar o personal con caros directivos del Ayuntamiento o del Partido Popular, con carácter previo a la concreción de los puestos de trabajo que se amortizan, para evitar que los mismos se viesen afectados por el despido colectivo. La única prueba se ha desplegado en el acto del juicio tendente a acreditar esa afirmación es la declaración del testigo Don D. (...), quien afirmó que el despido colectivo ha afectado a una persona que iba en la lista del Partido Socialista Obrero Español en las últimas elecciones municipales, sin tan siquiera concretar su nombre. El Ayuntamiento demandado la manifestado que esa afirmación de la demanda no responde a la realidad y que, además, entre los trabajadores afectados por el despido colectivo se encuentra la hija y un familiar de una Concejal elegida en las listas del Partido Popular. La prueba que ha desplegado al efecto es la declaración de la testigo Doña P. (...), insuficiente asimismo para tener por probada esa manifestación. En cualquier caso, es incuestionable que el contenido de la demanda en relación con la prueba desplegada en el juicio por el demandante no permite hablar de indicios de vulneración de derechos fundamentales, con lo que no se produce inversión de la carga de la prueba prevista en el artículo 181.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y debe desestimarse esa alegación de las demandas.

2) El 6 de junio de 2012, antes del inicio de la tramitación del expediente de regulación de empleo, unos veinte trabajadores fueron llamados de manera individual a fin de comunicarles su inclusión en ese expediente, aunque solo identifican a seis de ellos. En el acto del juicio, la única prueba desplegada al efecto ha sido la declaración del testigo Don O. (...), quien manifestó ser un afiliado sindical sin significación alguna, haber sido llamado en esa fecha por el Concejal de Hacienda, siendo informado de su inclusión en el expediente de regulación de empleo, y haber sido requerida su ayuda para que los sindicatos llegasen a un acuerdo con el Ayuntamiento para una rebaja sustancial de sueldos como único medio para evitar los despidos, Frente a esa declaración, la testifical de Don MM, Concejal de Hacienda, ha reconocido haber llamado a algunos trabajadores, por razones de humanidad, para comunicarles su inclusión en el expediente, antes de que se enterasen por su cuenta. De la puesta en relación de esas dos declaraciones solo cabe entender acreditada la llamada de algunos trabajadores por dicho Concejal y la puesta en conocimiento de esos trabajadores de su inclusión en el expediente de regulación de empleo, sin que en esas conversaciones se les exigiese presión de ciase alguna a los sindicatos. Ello no constituye indicio alguno de violación de derecho fundamental, y, en concreto, del derecho de libertad sindical, con lo que respecto de esta cuestión tampoco se produce la inversión e la carga de la prueba prevista en el artículo 181.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y debe desestimarse esta alegación de las demandas, porque la puesta en conocimiento de algunos trabajadores de su inclusión en el expediente de regulación de empleo con antelación al inicio del período de consultas no constituye infracción de derecho fundamental alguno. 3) La iniciación del expediente de regulación de empleo es, en sí misma considerada, una discriminación con respecto al personal funcionario del Ayuntamiento, respecto del que no está prevista la adopción de medida alguna de reducción de plantilla ni tan siquiera de reducción de complementos de productividad o de pagas extraordinarias, y, en cualquier caso, constituye una discriminación el hecho de que afecte al personal laboral fijo o indefinido y no se arbitren medidas similares para el personal funcionario eventual, y que ello debe llevar a la nulidad de pleno derecho del expediente de regulación de empleo, al amparo del artículo 62.1 a) de la Ley 30/1992. A esta pretensión se ha adherido Unión General de Trabajadores en el acto del juicio. La Sala, de acuerdo con el criterio expresado por el Ministerio Fiscal en el acto del juicio, no comparte esa opinión, debiendo hacer referencia en este punto a la consolidada doctrina del Tribunal Constitucional que para poder apreciar la existencia de discriminación debe partirse del análisis de situaciones jurídicas homogéneas, circunstancia que no concurre en el régimen jurídico del personal laboral y del personal funcionario del Ayuntamiento de Estepona, condición que concurre casi exclusivamente en los Policías Municipales y los Bomberos al servicio de ese Ayuntamiento. Además, el expediente de regulación de empleo se encuentra regulado en las Administraciones Públicas se encuentra regulado en la Disposición Adicional Vigésima del Estatuto de los Trabajadores, aplicable exclusivamente al personal laboral. De manera que del hecho de que respecto de los funcionarios del Ayuntamiento, ni incluso de aquellos cuya relación sea de naturaleza eventual, no se haya planteado medida alguna de reducción de plantilla o, incluso, de reducción de complementos de productividad y horas extraordinarias, tampoco cabe apreciar que el expediente de regulación de empleo del personal laboral suponga discriminación alguna respecto de este personal. Por eso la Sala concluye que la tramitación del expediente de regulación de empleo no constituye infracción alguna del artículo 62.1 a) de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

QUINTO: En las demandas se afirma que el despido colectivo que se impugna es nulo porque el artículo 26.2 del Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Estepona, que aparece reflejado en el hecho probado vigésimo segundo, prevé dicha calificación para los despidos basados en causas fundamentadas en los artículos 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores. La Sala no comparte esa opinión y considera que ese artículo 26.2 debe ponerse en relación con el artículo 26.1 para llegar a la conclusión que la previsión convencional de nulidad del despido debe reservarse exclusivamente a aquellos despidos basados en causas fundamentadas en los artículos 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores que, con arreglo a la Ley, sean calificados como improcedentes. Por eso, no puede predicarse la nulidad del despido colectivo que se impugna con base en el artículo 26.2 del Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Estepona ni, respecto del personal de las sociedades municipales en que se subrogó el Ayuntamiento en el año 2011, con base en el artículo 28,2 de los Convenios Colectivos de las distintas sociedades municipales, que aparecen reflejados en el hecho probado vigésimo tercero. Cuestión distinta será la de que en caso de que el despido fuese calificado como improcedente en esta sentencia, sus efectos fuesen los del despido nulo de conformidad con los indicados artículos 26.2 y 28.2 de uno y otros convenios colectivos, pero eso será analizado al final de esta resolución, en su caso, si el despido fuese considerado improcedente.

SEXTO: El expediente de regulación de empleo en el que se ha acordado el despido colectivo que se impugna en las demandas acumuladas se inició el 7 de junio de 2012, encontrándose vigente el Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 11 de febrero de 2012. La Disposición Adicional Segunda de ese Real Decreto Ley añade al Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, la Disposición Adicional Vigésima, con el siguiente contenido: "El despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción del personal laboral al servicio de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público de acuerdo con el artículo 3.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se efectuará conforme a lo dispuesto en los artículos 51 y 52 c) del Estatuto de los Trabajadores y sus normas de desarrollo y en el marco de los mecanismos preventivos y correctivos regulados en la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas. A efectos de las causas de estos despidos en las Administraciones Públicas a que se refiere el artículo 3.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se entenderá que concurren causas económicas cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes. En todo caso, se entenderá que la insuficiencia presupuestaria es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos. Se entenderá que concurren causas técnicas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de la prestación del servicio público de que se trate y causas organizativas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público". El apartado segundo de la Disposición Derogatoria Única de ese Real Decreto Ley establecía la derogación de cuantas normas de igual o inferior rango contradigan o se opongan a lo dispuesto en el mismo. Y el apartado segundo de la Disposición Final Décimo Quinta de ese Real Decreto Ley dispuso que "el Gobierno aprobará en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este Real Decreto Ley un Real Decreto sobre el reglamento de procedimiento de despidos colectivos y de suspensión de contratos y reducción de jornada que desarrolle lo establecido en este Real Decreto Ley, con especial atención a los aspectos relativos al período de consultas, la información a facilitar a los representantes de los trabajadores en el mismo, las actuaciones de la autoridad laboral para velar por su efectividad, así como los planes de recolocación y las medidas de acompañamiento social asumidas por el empresario". Por último, la Disposición Final Décimo Sexta del Real Decreto Ley dispuso que su entrada en vigor se produciría al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Ante las dudas que la Disposición Final Décimo Quinta suscitaba acerca de la vigencia del Real Decreto 801/2011, el 11 de marzo de 2012 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Orden ESS/487/2012, de 8 de marzo, sobre vigencia transitoria de determinados artículos del Reglamento de los procedimientos de regulación de empleo y de actuación administrativa en materia de traslados colectivos, aprobado por Real Decreto 801/2011, de 10 de junio. Esa Orden entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, Este es el marco normativo en el que se tramitó el expediente de regulación de empleo en el que se ha acordado el despido colectivo que es objeto de impugnación en las demandas acumuladas. Por otro lado, la aplicación analógica del contenido del apartado primero de la Disposición Transitoria Décima del Real Decreto Ley 3/2012 y de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, lleva a la Sala a la conclusión de que aunque el expediente de regulación de empleo para la extinción de los contratos de trabajo terminase bajo la vigencia de la Ley 3/2012, debe regirse por la normativa vigente en el momento se su inicio, es decir, la antes reflejada. Ahora bien, las demandas se han presentado después de la entrada en vigor de la Ley 3/2012 y, por tanto, la tramitación procesal de las mismas se rige por el artículo 124 del Estatuto de los Trabajadores, en la redacción dada al mismo por esa Ley, de conformidad con la Disposición Transitoria Undécima de la misma.

SÉPTIMO: El Ayuntamiento demandado no dispone de Relación de Puestos de Trabajo, tampoco consta que disponga de un Plan de Ordenación de Recursos Humanos ni que haya fijado los criterios de gestión de esos recursos humanos, Seguramente ello sea la causa de que la política de personal, sobre todo, la que se llevaba a cabo en las sociedades municipales, le haya llevado a la situación que ha dado lugar a la incoación del expediente de regulación de empleo que ha terminado con el despido colectivo que se impugna en las demandas. Pero ello no te impide hacer uso del mecanismo previsto por el Real Decreto Ley 3/2012 al introducir en el Estatuto de los Trabajadores la Disposición Adicional Vigésima. Por eso, la Sala desestima de plano las alegaciones contenidas en las demandas en el sentido de que el expediente de regulación de empleo viola las previsiones contenidas en los artículos 15 y 16 de la Ley 30/1984 (este último derogado por el apartado b) de la Disposición Derogatoria Única de la Ley 7/2007), 26, 27 y 90.2 de la Ley 7/85 y 69, 83, 85 y 88 (estos dos últimos no aplicables al personal laboral) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y que, por lo tanto, el despido colectivo es nulo de pleno derecho de conformidad con el artículo 62.1 f) de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Y también desestima de plano las alegaciones relativas a la exclusión del despido colectivo en el ámbito de las Administraciones Públicas o a la imposibilidad de que las actividades o servicios que prestan las Corporaciones Locales y que se sufragan mediante precios o servicios públicos no puedan presentar déficit.

OCTAVO: El artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores, en la redacción dada al mismo por el Real Decreto Ley 3/2012, establece que a la comunicación de la apertura del período de consultas deberá acompañarse una memoria explicativa de las causas del despido colectivo, en la que se especifiquen sus causas, el número y clasificación profesional de los trabajadores afectados por el despido, el número y clasificación profesional de los trabajadores empleados habitualmente en el último año, el período previsto para la realización de los despidos, y los criterios tenidos en cuenta para la designación de los trabajadores afectados por los despidos. El artículo 6 del Real Decreto 801/2001, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de regulación de empleo y de actuación administrativa en materia de traslados colectivos, declarado transitoriamente vigente por el artículo 2 de la Orden ESS/487/2012, se refiere a la documentación a aportar en los despidos colectivos por causas económicas, señalando que debe presentarse una memoria explicativa que acredite los resultados de los que se desprende una situación económica negativa, y que para acreditar esos resultados deben aportarse las cuentas anuales de los dos últimos ejercicios económicos completos, integradas por balance de situación, cuentas de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivos, memoria del ejercicio e informe de gestión o, en su caso, cuenta de pérdidas y ganancias abreviadas y balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados, exigiendo o no auditación según que se trate de empresas sujetas o no a la obligación de auditoría. Y el artículo 7.1 de dicho Real Decreto, también transitoriamente vigente en virtud del mismo artículo 2 de la antes citada Orden, se refiere a la documentación a aportar en los despidos colectivos por causas organizativas, señalando que debe presentarse una memoria explicativa de las causas organizativas derivadas de los cambios, entre otros, en los sistemas y métodos de trabajo del personal. Por otro lado, el artículo 51.10 del Estatuto de los Trabajadores dispone que cuando el número de trabajadores afectados por el despido colectivo sea superior a cincuenta deberá ofrecerse a los trabajadores afectados un plan de recolocación externa a través de empresas de recolocación autorizadas. El Ayuntamiento demandado entregó a la representación legal de los trabajadores en el período de consultas la documentación reflejada en el hecho probado noveno. Dicha documentación cumple las exigencias de los indicados artículos 51.2 y 51.10 del Estatuto de los Trabajadores y 6 y 7.1 del Real Decreto 801/2011, teniendo en cuenta que el despido afectaba a una Administración Pública, en cuanto que ponía de manifiesto de manera detallada la situación económica y organizativa del Ayuntamiento, y, en consecuencia, debe desestimarse la pretensión de las demandas de declarar la nulidad del despido colectivo por no haber aportado el Ayuntamiento a la representación de los trabajadores al inicio del período de consultas la documentación establecida en los artículos 51.2 y 51.10 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con los indicados artículos 6 y 7 del Real Decreto 801/2011.

NOVENO: En las demandas se afirma que el Ayuntamiento de Estepona no entregó a la representación legal de los trabajadores la siguiente documentación que le fue reclamada durante el período de consultas: 1) La evolución de la plantilla media por "tipos de empleo" (funcionarios, laborales, indefinidos, temporales, funcionarios eventuales, funcionarios interinos, cargos de confianza y asesoramiento...); 2) La plantilla de efectivos tanto de personal laboral como de funcionarios de cada entidad y/o organismo que integra el sector público municipal y, en su caso, la aplicación de la propuesta de ERE a éstos; 3) El Informe de la Intervención sobre la evolución del Plan de saneamiento; 4) La cuantía de la masa salarial y la cuantía global asignada en el presupuesto municipal de previsiones para abonos de los programas de productividad; 5) La justificación sobre la valoración de la enajenación de bienes patrimoniales contenida en el Plan de Ajuste; 6) El informe técnico de intervención y de cada departamento que justifique cada una de las medidas incluidas en el Plan de Ajuste y la viabilidad y condiciones de los servicios resultantes; 7) El informe del Patronato de Recaudación aclaratorio de los 89.991.615,50 euros de derechos pendientes de cobro sobre los derechos reconocidos netos de la recaudación municipal, en el que se especifiquen las órdenes de embargo. En el acta de la reunión de 20 de junio de 2012, del período de consultas, el Alcalde contestó a la solicitud de las secciones sindicales Indicando que no se les había remitido la plantilla de funcionarios y de personal laboral porque el expediente de regulación de empleo sólo era aplicable al personal laboral y los funcionarios no eran objeto del mismo porque a ellos no les es de aplicación el Estatuto de los Trabajadores; que los ingresos y gastos por programas quedaban suficientemente acreditados con la documentación entregada a los representantes legales, que el informe de intervención sobre la calidad de los servicios al ciudadano es una materia ajena al expediente de regulación de empleo, y que el informe de intervención sobre la masa salarial, se aportaba a los representantes de los trabajadores en esa reunión, sin perjuicio de que esa información ya obraba en la Memoria explicativa que se les entregó al inicio del período de consultas. En el acta de la reunión de 26 de junio de 2002 consta que Don JC, Presidente del Comité de Empresa solicitó del Ayuntamiento un informe sobre la masa salarial de la plantilla diferenciando funcionarios y laborales, sin que formulase solicitud alguna referente al resto de documentación supuestamente no entregada por el Ayuntamiento. Y en el acta de la reunión de 7 de julio de 2012 no se hace referencia alguna a solicitud de documentación por parte de la representación legal de los trabajadores. En base a ello, se considera que la petición inicial de documentación fue contestada de manera efectiva por el Alcalde, razonando de manera suficiente la no entrega de varios de esos documentos y aportando el informe solicitado sobre la distribución de la masa salarial entre funcionarios y trabajadores, sin que por parte de la representación legal de los trabajadores se insistiese en la aportación de dicha documentación, Teniendo en cuenta ello y valorando, además, que la solicitud de la documentación reflejada en las demandas no tiene amparo normativo alguno, la Sala concluye que la no aportación de dicha documentación no produce la nulidad del despido solicitada en las demandas.

DÉCIMO: El artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores, en la redacción vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto Ley 3/2012, establece que el despido colectivo deberá ir precedido de un periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores de una duración no superior a treinta días naturales; que la consulta con los representantes legales de los trabajadores deberá versar, como mínimo, sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias mediante el recurso a medidas sociales de acompañamiento, tales como medidas de recolocación o acciones de formación o reciclaje profesional para la mejora de la empleabilidad; y que durante el período de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo. En el caso enjuiciado, el periodo de consultas tuvo una duración no superior a los treinta días, ya que comenzó el 7 de junio y terminó sin acuerdo el 7 de julio de 2012; y durante el mismo se valoraron distintas posibilidades para evitar o reducir el número de trabajadores afectados por el despido colectivo, negándose en todo momento los representantes legales de los trabajadores a mostrar su conformidad a que fuese despedido ningún trabajador, por lo que no fue posible discutir las medidas para atenuar las consecuencias del despido colectivo. De un análisis del contenido de las actas del período de consultas que el hecho probado undécimo da por reproducidas, se observa lo siguiente:

1) En la reunión de 12 de junio de 2012 se constituyó la comisión negociadora, quedando compuesta por Don JG, Alcalde, Don MM, Concejal de Hacienda, y Doña P. (...), Concejal de Personal, y los Letrados Francisco García Molina y Raquel Alarcón, por parte del Ayuntamiento, y cuatro miembros de Comisiones Obreras [Doña EH, Doña B. (...), Don EM y Don JC, asesorados por Doña C. (...)], dos de Unión General de Trabajadores (Don JH y Don LC, asesorados por Don JZ y Doña ML), y uno de Asociación de Técnicos del Ayuntamiento de Estepona [Doña MJ, asesorada por Don T. (...)], por parte del Comité de Empresa. En esa reunión intervinieron Doña C. (...), de Comisiones Obreras, Doña ML, de Unión General de Trabajadores, y Don JG, Alcalde de Estepona, y en el curso de la misma el Alcalde se comprometió a negociar las propuestas del Comité de Empresa para evitar el Expediente de Regulación de Empleo, sobre la base de que se lograse un ahorro de 6.000.000 euros, barajándose en ese acto la posibilidad de reducción de jornada de toda la plantilla con la consiguiente reducción de sueldo, la posibilidad de transformar los contratos fijos continuos de los trabajadores de algunos departamentos municipales en contratos fijos discontinuos, y la posibilidad de que la hipotética reducción de jornada se viese progresivamente disminuida a medida que se fuesen produciendo jubilaciones de los trabajadores (Carpeta I, folios 537 a 539 y 567).

2) En la reunión de 20 de junio de 2012 intervino Don JG para contestar a todas las cuestiones planteadas por las Secciones Sindícales del Ayuntamiento, reiterando la necesidad de ahorrar 6.000,000 euros en gastos de personal; Doña C. (...), quien puso el acento en que en la documentación que se les había facilitado no estaba reflejada la deuda extrapresupuestaria, en que las medidas a adoptar deberían afectar también a los funcionarios municipales, en la inexistencia de relación de puestos de trabajo, y en la necesidad de mejora de la gestión del Patronato de Recaudación Provincial; nuevamente Don JG, señalando que el Expediente de Regulación de Empleo no podía afectar a los funcionarios. Los asistentes intercambiaron puntos de vista acerca de los criterios de selección de los trabajadores incluidos en el Expediente de Regulación de Empleo. Doña C. (...) hace las siguientes propuestas: modificar los criterios de selección para poder incorporar al expediente a los mayores de 61 años; estudiar qué servicios pueden ser transformados en discontinuos; y evitar los despidos mediante la adopción de acuerdos en orden a reducciones de salario o jornada, Y a continuación se sucedieron algunas intervenciones relativas a si la aceptación individual de la reducción de jornada suponía dejar de estar incluido en el Expediente de Regulación de Empleo (Carpeta I, folios 541 a 546).

3) En la reunión de 26 de junio de 2012 intervino Don JG, manifestando encontrarse a la espera de propuestas concretas, informando a los asistentes que el Ayuntamiento había procedido a identificar servicios municipales susceptibles de ser prestados de forma discontinua. Doña C. (...) reiteró las propuestas de la reunión de 20 de junio de 2012, solicitando información acerca de qué cantidad restaría para llegar a los 6.000.000 de euros tras la puesta en práctica de las mismas. Se produjeron varias intervenciones en orden a aclarar la causa de la inclusión en el Expediente de Regulación de Empleo de los trabajadores de las guarderías municipales, en orden a analizar la percepción de complementos por exceso de jornada, en orden a valorar si una hipotética reducción de sueldo absorbería la que, en su caso, pudiese adoptar el Gobierno, con carácter general, para todos los empleados públicos, y en orden a valorar la posibilidad de ofrecer ceses con una indemnización de 40 días por año con un máximo de cuarenta y dos mensualidades (Carpeta I, folios 548 a 551).

4) En la reunión de 3 de julio de 2012 Doña C. (...) manifestó que las medidas propuestas en la anterior reunión suponían un ahorro de 3.824.000 euros y que para llegar a los 6.000.000 euros contemplaba la bajada de sueldos de la plantilla municipal en un 4,5%, con la condición de que esa bajada absorbiese las posibles reducciones de salario de los empleados públicos que pudiera adoptar el Gobierno en el futuro. Estas medidas eran la amortización de vacantes presupuestadas, que suponía un recorte estimado en 1.516.000 euros; la suspensión de los programas de productividad y eliminación de horas extraordinarias, que suponía un recorte estimado de 663.049,49 euros; la adaptación salarial a la tabla de convenio, que suponía un recorte estimado de 335.926,33 euros; la inclusión en los criterios del expediente de los mayores de 61 años que cumplan con determinados requisitos, que suponía un recorte estimado de 272.975,80 euros; la revisión de las jornadas y puestos que dan lugar al cobro de complementos, que suponía un recorte estimado en el complemento de turnicidad de 83.203,87 euros, en el complemento de disponibilidad de 98.046,59 euros, en el complemento de exceso de jornada de 124.094,00 euros, en el complemento de jornada partida de 108.973,05 euros, en el complemento de dedicación especial de 50.243,95 euros, en el complemento de jefatura de 30.643,92 euros; la conversión de contratos a fijo discontinuo, que suponía un recorte estimado de 192.507,47 euros; la reducción de puestos de confianza, funcionarios eventuales, que suponía un recorte estimado de 457.600 euros; Don JG puso de manifiesto que la inclusión de mayores de 61 años en el Expediente de Regulación de Empleo sería aplicable a todos, independientemente de que estuviesen o no de acuerdo; que la supresión de los complementos de dedicación, turnicidad ... y su compensación con descanso, supondría la necesidad de nuevas contrataciones para cubrir los períodos de descanso; y que la prestación de servicios con carácter fijo discontinuo tenía problemas de legalidad; que la supresión de los cargos de confianza era una medida sobre la que la comisión carecía de competencia; y que no habría problemas en acordar una garantía de estabilidad en el empleo hacia el futuro. Doña MJ puso de manifiesto que ATAES no había participado en la determinación de las propuestas efectuadas por Comisiones y UGT. Doña C. (...) resalta nuevamente la cuestión de las guarderías, la posibilidad de reducción de cargos de confianza, y el establecimiento de garantías (Carpeta I, folios 553 a 558).

5) En la reunión de 7 de julio de 2012 Don JG contesta a la propuesta sindical de 3 de julio de 2012, en relación con los discontinuos, con las guarderías, con los servicios impropios y con los mayores de 61 años, reiterándose en la propuesta remitida por correo electrónico. Esa propuesta consistía en la supresión de los complementos personales, lo que suponía un ahorro de 250.200,85 euros; del complemento de exceso de jornada, lo que suponía un ahorro de 101.079,09 euros, del complemento de jefatura, lo que suponía un ahorro de 30.643,92 euros, es decir, en total un ahorro de 381.923,86 euros; y para llegar a los 6.000.000 euros, se hacía necesaria la reducción de salario de toda la plantilla en un 22,76%, estableciendo una serie de garantías en relación con esa reducción. Doña C. (...) considera inasumible esa propuesta y se remite a lo que decida la asamblea de trabajadores. En sucesivas intervenciones se habló de una hipotética bajada del sueldo de los empleados públicos del 10%, de los criterios de selección del personal afectado, de la supuesta información del contenido del Expediente a los trabajadores afectados antes que al comité de empresa. Doña ML considera inasumible la propuesta del Ayuntamiento. Se cuestiona si la reducción de 381.000 euros podría llevar consigo la disminución de trabajadores incluidos en el ERE. Don JG reitera que la aprobación de la propuesta supondría la retirada del ERE. Terminó sin acuerdo, a la espera del resultado de la asamblea de trabajadores del Ayuntamiento (Carpeta I, folios 569 a 571, 636 y 637).

A la vista de estas actas, no cabe apreciar que el Ayuntamiento no negociase de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo, acuerdo que, desde un principio, se presentaba muy difícil ante la negativa de los representantes legales de los trabajadores a dar su conformidad a despido alguno. Antes, al contrario, el Ayuntamiento siempre estuvo abierto y receptivo a la formulación de propuestas por parte de la representación legal de los trabajadores que llevasen consigo una reducción de 6.000.000 euros en el Capítulo I del Presupuesto. En este sentido, debe resaltarse que, pese a las manifestaciones de los representantes legales de los trabajadores en esas actas, que han sido reiteradas en el acto del juicio por los testigos Doña C. (...) y por Don JC, y hechas suyas por algunos de los Letrados de los sindicatos demandantes, el ahorro que suponían las medidas propuestas por la representación legal de los trabajadores siempre estuvo muy lejos de los 6.000.000 euros de reducción en los gastos de personal, con lo que para conseguir el fin pretendido esa propuesta debería haber sido completada con una reducción general de sueldo del personal del Ayuntamiento del 22,76%. Y, en cualquier caso, en el acto del juicio oral no se ha desplegado prueba alguna tendente a acreditar el montante de reducción de los gastos que esas medidas comportaban. Por eso, la Sala concluye que durante el período de consultas se dio cumplimiento a las prevenciones contenidas en los apartados 2 y 7 del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. Es cierto que el Ayuntamiento demandado no ha acreditado en qué consiste el primero de los criterios establecidos para establecer la lista de trabajadores afectados, pero debe entenderse que se trata de un criterio informador de todos los demás, y esa cuestión no se considera suficiente para entender incumplido el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores . Por ello, la Sala desestima la pretensión deducida en las demandas de que se declare la nulidad del despido con base en una supuesta mala fe del Ayuntamiento demandado en las negociaciones llevadas a cabo durante el período de consultas. Por otro lado, el planteamiento de un expediente de regulación de empleo tampoco denota mala fe del Ayuntamiento en las negociaciones previas con los trabajadores en las que no se aludió a esa posibilidad, ya que no fue sino desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 3/2012 cuando el Ayuntamiento fue consciente de que el despido colectivo era legalmente posible en esa Corporación. Es cierto que el hecho de que la lista de trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo fuese conocida desde un principio limitó las posibilidades de conseguir una votación mayoritaria de rebaja de sueldos del personal laboral. Pero esa circunstancia que, por otra parte, era un ejercicio de transparencia, no supone infracción legal alguna por parte del Ayuntamiento demandado. En este sentido, la falta de cuantificación de la partida presupuestaria del plan de acompañamiento social tampoco se considera infracción de las obligaciones impuestas en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores . Y, por último, tampoco constituye infracción de la legalidad ordinaria las reuniones habidas, antes del período de consultas, entre el Concejal de Hacienda con algunos trabajadores afectados por el expediente, reflejadas en el hecho probado séptimo y a las que se hizo referencia en el segundo fundamento de derecho de esta resolución.

UNDÉCIMO: La Disposición Adicional Vigésima del Estatuto de los Trabajadores, introducida por el Real Decreto Ley 3/2012, transcrita en el sexto fundamento de derecho, prevé el despido por causas económicas en los Ayuntamientos, de acuerdo con los artículos 51 y 52 c) del Estatuto de los Trabajadores y sus normas de desarrollo y en el marco de los mecanismos preventivos y correctivos regulados en las normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas, que actualmente está representada por la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, de 27 de abril, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 30 de abril, y que entró en vigor el 1 de mayo de 2012, y considera que concurren esas causas económicas cuando se produzca una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente, entendiendo que concurre esta última circunstancia cuando se produzca durante tres trimestres consecutivos. La insuficiencia presupuestaria del Ayuntamiento de Estepona tiene la condición legal de persistente, tal y como se desprende del contenido de los tres primeros apartados del hecho probado décimo séptimo, máxime que según las normas fiscales el Ayuntamiento de Estepona es responsable ante la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social de las deudas que mantienen con ellas las sociedades municipales en proceso de liquidación. Los Letrados de los sindicatos demandantes han puesto el acento en la falta de acreditación de que la insuficiencia presupuestaria sea sobrevenida. D e la definición legal se desprende que la expresión "sobrevenida" hace referencia a la concurrencia de circunstancias que no fueron tomadas en cuenta cuando se aprobó el presupuesto. Pues bien, en el caso enjuiciado la condición de "sobrevenida" de la insuficiencia presupuestaria, cuya persistencia no se niega, se desprende de las obligaciones asumidas por el Ayuntamiento demandado al aprobar el Plan de Ajuste Económico reflejado en el hecho probado tercero y aprobado al Ayuntamiento por la Secretaría de Administraciones Públicas, en el que se comprometió a rebajar en 6.000.000 euros anuales el capítulo de gastos de personal. Los sindicatos demandantes, con base en la reducción de personal laboral operada en el Ayuntamiento demandado desde el 31 de Diciembre de 2011 hasta el mes de mayo de 2012 con motivo de la externalización de servicios municipales, sostienen que en el momento de iniciarse el período de consultas ya se había producido el ahorro al que el Ayuntamiento se había comprometido al aprobar ese Plan. La Sala no comparte esa apreciación, ya que la externalización de servicios conlleva la obligación del Ayuntamiento de abonar a la empresa adjudicataria un canon por la prestación del servicio, canon en el que, además de los gastos de personal, está incluido el beneficio industrial de la empresa adjudicataria, de donde se deduce que esa externalización no supone una disminución de gastos del Ayuntamiento, simplemente la reducción del capítulo l del Presupuesto y el consiguiente aumento de los capítulos II o IV, en donde se ubican los gastos referidos a las cantidades que debe abonar a las empresas adjudicatarias de los servicios municipales externalizados, con lo que sigue vigente el compromiso municipal ante el Ministerio de Hacienda de ahorrar 6.000.000 euros en el capítulo I. Además debe tenerse en cuenta que esas externalizaciones se vienen llevando a cabo con el compromiso del Ayuntamiento de subrogarse en la plantilla de trabajadores cuando terminen las contratas, con lo que los trabajadores de esos servicios exterminados no han perdido de manera absoluta su vinculación con el Ayuntamiento, tai y como se desprende del apartado primero del hecho probado segundo de esta resolución. Por otro lado, el Real Decreto 4/2012 constituyó una oportunidad para los Ayuntamientos demandados de conseguir financiación para el abono de las deudas pendientes con los proveedores, y no puede decirse, como se sostiene por algunos Letrados, que la elaboración del Plan de Ajuste Económico por parte del Ayuntamiento de Estepona fuese una decisión potestativa, ya que venía obligado al abono de las deudas a los proveedores y la aprobación del Plan de Ajuste le permitiría. Cuestión distinta es que los proveedores, se acogiesen o no a dicho Plan, ya que su solicitud de cobrar al mismo, conllevaba una serie de condiciones, entre las que se encuentra la renuncia a los intereses de la deuda, como se desprende del artículo 3.1 b) de dicho Real Decreto. Además, y como consecuencia del incumplimiento del plan de aplazamiento de pagos acordado en su día por el Ayuntamiento con la Tesorería General de la Seguridad Social, el Estado ha dejado de ingresar en el mismo su participación en los ingresos del Estado, uno de los principales ingresos líquidos del Ayuntamiento, con el fin de compensar la deuda que aparece reflejada en los apartados 2 y 3 del hecho probado décimo séptimo. La falta de ese ingreso líquido supone una merma de unos 11 millones de euros en la recaudación líquida del ejercicio de 2012. Por otra parte, el hecho de que con posterioridad al inicio del período de consultas haya entrado en vigor el Real Decreto Ley 20/2012, cuyo artículo 2.2 elimina la paga extraordinaria de navidad de los empleados públicos entre los que se encuentra el personal laboral del Ayuntamiento de Estepona , carece de relevancia para valorar la concurrencia de la causa económica alegada, ya que en el artículo 2.4 de esa misma norma se prevé que el importe de esa paga se destinará en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012 , de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y con el alcance que se determine en las correspondientes leyes de presupuestos, con lo que esa supresión no va a comportar ahorro alguno para el Ayuntamiento. Y en cuanto al supuesto elevado volumen de derechos pendiente de cobro del Ayuntamiento de Estepona por parte del Patronato Provincial de Recaudación ello no es sino una consecuencia de la crisis económica cuyo desarrollo se prolonga desde hace varios años, con lo que ese volumen no desvirtúa la causa económica alegada. En consecuencia, la Sala concluye que ha quedado acreditada la causa económica alegada por el Ayuntamiento demandado para el despido colectivo impugnado en las demandas. Y los documentos que acreditan una serie de gastos llevados a cabo por el Ayuntamiento demandado, reflejados en el hecho probado décimo noveno, no desvirtúan esta conclusión.

DUODÉCIMO: La aludida Disposición Adicional Vigésima del Estatuto de los Trabajadores, prevé también el despido por causas organizativas, entendiendo que concurren esas causas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público. Esa identificación de las causas organizativas no tiene, pues, carácter cerrado. Y la más evidente causa organizativa justificativa del despido objetivo es el sobredimensionamiento de la plantilla del personal laboral del Ayuntamiento, que trae su causa de la subrogación del Ayuntamiento en el personal laboral de las sociedades municipales disueltas, reflejado en el apartado segundo del hecho probado segundo. Ese sobredimensionamiento se reflejaba en el fuerte peso de los gastos de personal que, en el ejercicio de 2010, supuso el 57% de los ingresos ordinarios del Ayuntamiento (comparando gastos de personal con derechos reconocidos) y el 85% de la recaudación ordinaria del Ayuntamiento (comparando gastos de personal con recaudación corriente), tal y como se señalaba en el Plan de Mejora y Saneamiento Económico reflejado en el apartado tercero del hecho probado segundo. El Ayuntamiento había pensado aprobar una Relación de Puestos de Trabajo, de la que carece, y publicar ofertas públicas de empleo para cubrir la totalidad de las plazas de dicha Relación, ofertas a las que podrían presentarse la totalidad de los trabajadores subrogados. Sin embargo, tras la publicación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 , el Ayuntamiento se vio impedido de hacer ofertas públicas de empleo, con lo que desechó su intención inicial de aprobar una Relación de Puestos de Trabajo, y no fue sino tras la entrada en vigor del Real Decreto Ley 3/2012 , cuando procedió al despido colectivo por causas organizativas. Por eso, la Sala concluye que han quedado probadas las causas organizativas alegadas por el Ayuntamiento demandado para el despido colectivo impugnado en las demandas. En todo caso, las contrataciones temporales de seis Técnicos Superiores de Educación Infantil, reflejadas en el hecho probado vigésimo , no desvirtúa la concurrencia de las causas organizativas, ya que el hecho de que trabajadores de las Guarderías Municipales se viesen afectados por el despido colectivo fue su carencia de la titulación exigida por la Junta de Andalucía para prestar servicios en esos centros, careciendo de transcendencia a estos efectos la contratación posterior al despido colectivo de una monitora de encaje de bolillos.