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PRIMERO.- Los sindicatos "Unión General de Trabajadores" (en adelante "UGT"), "Comisiones Obreras" (en adelante, "CC.OO.)" y "Coalición Sindical Independiente de Trabajadores de Madrid" (en adelante "CSIT-UP") interpusieron demanda conjunta de conflicto colectivo, que dirigieron contra la CM, pidiendo que se diese traslado de la misma a "Central Sindical Independiente de Funcionarios" (en adelante "CSIF"), la cual manifestó estar de acuerdo con la pretensión de dicha demanda. Por su parte el Ministerio Fiscal se manifestó contrario a la estimación de demanda.

Esta pretensión se definió como la impugnación de las resoluciones de la indicada Administración autonómica "de proceder a la alteración del régimen jurídica sobre jornada de trabajo que conlleva la ampliación de la jornada ordinaria de trabajo de su personal laboral y otras medidas, conforme a la afectación que se delimita en el hecho primero de la presente demanda y que suponen la modificación de sus condiciones de trabajo en materia de jornada y retribuciones". El ámbito subjetivo de afectación de ese conflicto incluía a los trabajadores laborales de "todos los Organismos, Institutos, Servicios y demás Centros, dependientes de la Comunidad de Madrid que pertenecen a su plantilla, y sujetos al ámbito de aplicación del vigente convenio colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid 2004-2007, actualmente en situación de prórroga legal". El objeto de la controversia jurídica fue definido en el cuarto de los hechos de demanda: la decisión de la CM por la que se acuerda la ampliación de la jornada ordinaria de trabajo en un promedio semanal no inferior a 37 horas y 30 minutos –con la consiguiente repercusión de esta medida en otros aspectos vinculados al tiempo de ejecución del contrato de trabajo, como son los turnos, horarios, descansos y retribución- supone, por un lado, una modificación sustancial de condiciones de trabajo y, por otro, una lesión del art. 28 CE en conexión con el art. 37 CE , en la medida que una de las vertientes esenciales del derecho de libertad sindical es el derecho a la negociación colectiva, que se considera no respetado en este caso.

En el acto del juicio quedó claro que el grueso de la fundamentación de esta petición pasaba necesariamente porque la Sala plantease cuestión de inconstitucionalidad sobre la conformidad a derecho de la disposición adicional primera de la citada ley 6/11.

Por su parte la CM invocó la excepción de incompetencia de jurisdicción del orden social para enjuiciar la materia litigiosa y la inadecuación de la modalidad procesal de conflicto colectivo para su tramitación. Por tanto, estas cuestiones son las primeras que hemos de resolver.

SEGUNDO.- Rechazamos la excepción de incompetencia de jurisdicción. Como se ha indicado en el fundamento de derecho anterior, la legalidad de las Instrucciones controvertidas en este litigio depende de la legalidad de la Ley Autonómica 6/11 y, precisamente por eso, se pide de la Sala plantee cuestión de inconstitucionalidad en referencia a esta última norma. Ahora bien, esa eventual inconstitucionalidad supone un problema jurídico ajeno al de la determinación del orden jurisdiccional competente para resolver la conformidad a Derecho de las indicadas Instrucciones, pues en el presente litigio no se ataca directamente la Ley 6/11, sino las Instrucciones dictadas a su amparo por la CM, en concepto de empleador de los trabajadores incluidos en el ámbito de afectación personal del convenio colectivo. De manera que, ceñida la relevancia del litigio a este personal y su incidencia en ese convenio, la jurisdicción social será la competente para enjuiciarlo [art. 2 a) LRJS].

TERCERO.- Rechazamos también la excepción de inadecuación de procedimiento. El art. 153.1 de la vigente LRJS dispone:

"Se tramitarán a través del presente proceso las demandas que afecten a intereses generales de un grupo genérico de trabajadores o a un colectivo genérico susceptible de determinación individual y que versen sobre la aplicación e interpretación de una norma estatal, convenio colectivo, cualquiera que sea su eficacia, pactos o acuerdos de empresa, o de una decisión empresarial de carácter colectivo, incluidas las que regulan el apartado 2 del artículo 40, el apartado 2 del artículo 41 y las suspensiones y reducciones de jornada previstas en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores que afecten a un número de trabajadores igual o superior a los umbrales previstos en el apartado 1 del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, o de una práctica de empresa y de los acuerdos de interés profesional de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, así como la impugnación directa de los convenios o pactos colectivos no comprendidos en el artículo 163 de esta Ley."

Dado el texto de esta disposición, los criterios aplicables para su interpretación son los mismos que estableciera la jurisprudencia respecto al art. 151 de la antigua LPL, y a este respecto se declaró repetidamente (por todas, sentencia del Tribunal Supremo de 7 febrero 2006, recurso de casación núm. 14/2005):

"el procedimiento de conflicto colectivo que se regula en los arts. 151 y siguientes de la LPL, resulta adecuado para dirimir las controversias en las que concurran las siguientes características: a) tratarse de un conflicto actual; b) el carácter jurídico del mismo, diferenciándose así del conflicto de intereses, y c) su índole colectiva".

Estos presupuestos se dan en el presente caso, puesto que lo que se controvierte es la incidencia de una medida de regulación de las condiciones de trabajo que afecta indiferenciadamente a los trabajadores públicos de la CM de carácter laboral, no la impugnación de lo que representa la aplicación concreta de tales condiciones en cada uno de ellos.

CUARTO.- Las alegaciones de los actores en su escrito de demanda abordan, primeramente, una problemática propia de legalidad ordinaria (apartados primero a cuarto de lo que se identifica como "fundamentos jurídicos materiales") y después la lesión del derecho fundamental de libertad sindical (apartados quinto y sexto de los citados fundamentos).

En torno a aquella problemática lo que exponen es:

1º) El régimen por el que se regula la jornada laboral de los trabajadores afectados por el conflicto colectivo es el establecido en el convenio colectivo de la CM para los años 2004-2007, que se mantiene vigente en situación de prórroga.

2º) Ese régimen no puede ser modificado por ninguna disposición autonómica, ya que la CM carece de competencias normativas.

3º) Además, no lo permite el Estatuto Básico del Empleado Público ni tampoco el ET, tanto por las previsiones que contienen el art. 3.1 como el 41.

En cuanto a la lesión de derechos fundamentales, los argumentos que se invocan para defender su existencia son:

1º El derecho a la negociación colectiva de los sindicatos forma parte del derecho de libertad sindical y lo pactado en convenio sólo puede modificarse de forma negociada.

2º) No cabe que la CM justifique la inaplicación del convenio sobre la base de una hipotética circunstancia excepcional, ya que tal decisión chocarla con la doctrina que contiene la sentencia del Tribunal Supremo de 21/9/11.

Estas manifestaciones, unidas a las que ya hemos dicho se efectuaron en el acto del juicio, fijan qué es lo cuestionado en el litigio y por qué.

QUINTO.- Lo cuestionado no son tanto las Instrucciones de referencia cuanto la disposición final primera de la Ley de la CM 6/11, ya que aquéllas son fiel transcripción de ésta. En concreto, el punto principal de debate se centra en la duración de la jornada laboral que establece esa ley, ya que todo lo demás (permisos, retribuciones, etc.) no es sino consecuencia de esa medida y, por lo mismo, no se requiere una motivación autónoma de cada uno de esos aspectos, pese a lo cual diremos que la reducción salarial de la que habla la demanda no puede desconectarse de la idea de que el convenio establece la retribución por jornada trabajada, no por tiempo de duración de esa jornada.

Así pues, hemos de ver si realmente esta ley da cobertura jurídica a dichas Instrucciones, e igualmente hemos de tener en cuenta que la motivación de esas Instrucciones es la misma que la de dicha ley. Si la indicada cobertura no se diera, lo procedente seria plantear cuestión de inconstitucionalidad contra la referida ley autonómica, ya que sólo el Tribunal Constitucional cuenta con competencias para enjuiciar la conformidad a derecho de las disposiciones con rango de ley posteriores a la entrada en vigor de la Constitución, lo que es el caso [ arts. 161.1.a) CE y 42 del Estatuto de Autonomía de la CM]. Si la diera, tendríamos que desestimar la demanda.

En suma, la problemática de litigio es esencialmente jurídica. La determinación de los hechos no reviste complejidad, habiéndose fijado todos ellos en función de prueba documental, salvo la indicación referente a la negociación de los calendarios de los centros de trabajo de la CM, que fue expresamente admitida por el sindicato actor UGT.

SEXTO.- El porqué de lo cuestionado afecta a dos extremos: 1^o) la capacidad normativa de la CM para regular la jornada de trabajo del personal laboral a su servicio; 2^o) el contenido mismo de esa regulación, que se controvierte por contrario a derechos fundamentales y por razones de legalidad ordinaria.

Para la resolución de estas cuestiones contamos con precedentes resoluciones constitucionales y jurisprudenciales muy significativas que han abordado estos temas: los conflictos de competencias suscitados entre el Estado y las diversas Comunidades Autónomas a raíz de la regulación por parte de uno y otras de las condiciones de trabajo del personal adscrito a la atención de la Administración de Justicia; la conexión entre la política presupuestaria de los empleados públicos y la fijación de sus condiciones de trabajo; el establecimiento por L 4/83 de una jornada laboral máxima de 40 horas semanales; la aplicación del R. Decreto-Ley 8/10, que acordó la reducción de las retribuciones de los empleados públicos, fijándolas por debajo de lo establecido en la correspondiente ley presupuestaria y en convenios colectivos; la resolución del conflicto colectivo que en su día hubo con los controladores aéreos, a raíz de la entrada en vigor de una disposición legal que, a fin de poder cumplir los compromisos internacionales asumidos a nivel comunitario en materia de tráfico aéreo, dejó sin efecto la aplicación de lo pactado por vía de negociación colectiva, uno de cuyos puntos principales era la jornada laboral de aquel colectivo.

SÉPTIMO.- El examen de la capacidad normativa de la CM para regular la jornada de trabajo del personal laboral a su servicio requiere atención preferente y detallada, pues, si concluyéramos que no existe tal capacidad normativa, sobrarla toda especulación sobre su contenido.

Estamos ante un tema de derecho constitucional, en cuanto remite al reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas para la ordenación del régimen del personal al servicio de las distintas Administraciones públicas, tema complejo en el que la doctrina constitucional reitera (por todas, la muy reciente sentencia 36/2012) que su resolución requiere la caracterización de los distintos títulos competenciales invocados, para lo cual debe atenderse al objeto y finalidad de cada norma supuestamente en conflicto.

Esas normas son, en este caso, el art. 149.1.7 CE y la disposición final primera de la ley autonómica de la CM 6/11.

Los actores sostienen que esta ultima es inconstitucional porque el Estado tiene competencias exclusivas en la regulación de la legislación laboral y que, siendo la duración de la jornada del personal laboral fijada en la ley autonómica 6/11 una materia de esta naturaleza, la CM no puede proceder a su regulación. Mantienen tal afirmación a partir de dos presupuestos: Uno es el texto literal del art. 149.1.7 CE. Otro el texto del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012. Por tanto, debemos considerar cada una de estas perspectivas por separado.

Dentro de la primera línea argumental debe introducirse una distinción de base, según deducimos de las propias previsiones de la disposición adicional primera, apdo. 3 de la ley 6/11 que no por casualidad hace expresa referencia a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esa distinción de base afecta al régimen aplicable al personal laboral adscrito a la Administración de Justicia de la CM y al aplicable al resto de empleados públicos de carácter laboral de esta Comunidad.

OCTAVO.- El régimen aplicable al personal laboral adscrito a la Administración de Justicia de la CM nos lleva como punto de partida al art. 149.1.5 CE, que reserva en exclusiva al Estado la competencia en materia de Administración de Justicia. A pesar de ello, la STC 105/2000, dictada por el Pleno, determinó que es posible que las Comunidades Autónomas regulen la jornada de los empleados públicos adscritos a esa Administración cuando formen parte de su personal, tras haber asumido la correspondiente transferencia de competencias en la materia. Para llegar a esa conclusión esa sentencia razonó, en síntesis, así:

Parte de la base de que en la Administración de Justicia hay que diferenciar entre dos parcelas, dentro de una de las cuales se incluye la regulación de la función jurisdiccional propiamente dicha y la ordenación de los elementos precisos para que esa función se desarrolle con la independencia necesaria, y otra dentro de la cual tienen cabida los elementos que "sirven de sustento material o personal" a la anterior, denominándose esta última "administración de la Administración de Justicia". En esa primera parcela las Comunidades Autónomas carecen de toda competencia. Dentro de la segunda si tienen atribuciones, porque en ella pueden operar las denominadas "cláusulas subrogatorias", en virtud de las cuales las Comunidades Autónomas se subrogan en determinadas facultades inicialmente asignadas al Gobierno estatal, de acuerdo con lo previsto en los Estatutos de Autonomía.

Pues bien, el art. 500.1 de la vigente LOPJ acuerda: "La duración de la jornada general de trabajo efectivo en cómputo anual y de aquellas jornadas que hayan de ser realizadas en régimen de dedicación especial, así como sus especificidades, será fijada por resolución del órgano competente del Ministerio de Justicia, previo informe de las comunidades autónomas con competencias asumidas y negociación con las organizaciones sindicales más representativas.- Los funcionarios deberán ejercer su actividad en los términos que exijan las necesidades del servicio. A tal efecto, por el Ministerio de Justicia, previo informe de las comunidades autónomas con competencias asumidas y negociación con las organizaciones sindicales, se determinarán las compensaciones horarias y cómputos especiales cuando la atención de actuaciones procesales urgentes e inaplazables suponga un exceso de horas sobre la jornada a realizar. - 2. La duración de la jornada general semanal será igual a la establecida para la Administración General del Estado. Los funcionarios podrán realizar jornadas reducidas, en los supuestos y con las condiciones establecidas legal y reglamentariamente.- 3. Se podrán establecer jornadas sólo de mañana o jornadas de mañana y tarde para determinados servicios u órganos jurisdiccionales, cuando las necesidades del servicio así lo aconsejen, y en especial en las unidades de atención al público, en las que se tenderá a aumentar el tiempo de atención a los ciudadanos.- La incorporación de los funcionarios a la jornada de mañana y tarde será voluntaria y deberá ir acompañada de medidas incentivadoras. - 4. La distribución de la jornada y la fijación de los horarios se determinará a través del calendario laboral que, con carácter anual, se aprobará por el órgano competente del Ministerio de Justicia y de las comunidades autónomas con competencias asumidas, en sus respectivos ámbitos, previo informe favorable del Consejo General del Poder Judicial y negociación con las organizaciones sindicales. El calendario laboral se determinará en función del número de horas anuales de trabajo efectivo. Podrán establecerse flexibilidades horarias a la entrada y salida del trabajo, garantizándose en todo caso un número de horas de obligada concurrencia continuada.- Los horarios que se establezcan deberán respetar en todo caso el horario de audiencia pública.- 5. Cuando las peculiaridades de algunos servicios u órganos jurisdiccionales así lo aconsejen, podrán establecerse horarios especiales, que figurarán en las relaciones de puestos de trabajo y serán objeto del complemento retributivo que se determine.- 6. El incumplimiento de la jornada dará lugar al descuento automático de las retribuciones correspondientes al tiempo no trabajado, calculado en la forma establecida por la normativa de aplicación. A estos efectos, se considera trabajo efectivo el prestado dentro del horario establecido en la forma que se determine, teniendo en cuenta las compensaciones horarias que procedan y el que corresponda a permisos retribuidos, así como los créditos de horas retribuidas por funciones sindicales".

A su vez el artículo 49. 1 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, aprobado por LO 3/83, de 23 de febrero, establece: "En relación con la Administración de Justicia, exceptuando la militar, corresponde: Al Gobierno de la Comunidad, ejercer todas las facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial reconozca o atribuya al Gobierno de la Nación". De donde se deduce que la CM se subroga en las facultades que corresponden al Gobierno en materia de "administración de la Administración de Justicia" (o, lo que es lo mismo, la organización de la infraestructura administrativa interna de la Administración de Justicia), excepto en la militar, y así lo reconoce expresamente la citada sentencia TC 105/00. No obstante, la jornada que establezca no puede ser inferior a la establecida para la Administración General del Estado.

En todo caso, en el supuesto de que se entendiera que las anteriores conclusiones no son acertadas, no podemos olvidar que el citado R. Decreto-Ley 20/11, de 30 de diciembre, ya estableció en su art. 4 que "a partir de 1 de enero de 2012, y para el conjunto del sector público estatal, la jornada ordinaria de trabajo tendrá un promedio semanal no inferior a las 31 horas y 30 minutos", y esta duración coincide con la fijada por las previsiones de la Ley de la CM 6/11.

NOVENO.- Dentro de la duración de la jornada de trabajo de los empleados públicos laborales cabe distinguir entre el máximo legal fijado por el Estado a través del art. 34.1 ET ("La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de 40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual") y la duración que, dentro de ese limite, pueden fijar las distintas Administraciones públicas.

La determinación de la duración máxima de la jornada laboral es competencia exclusiva estatal, conforme al art. 149.1.17 CE (competencia exclusiva del Estado en "Legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas"). La duración de la jornada laboral de las distintas Administraciones públicas dentro de ese limite impuesto por el Estado es competencia de éstas, conforme entendemos resulta de las previsiones del art. 149.1.18 CE puesto en relación con la ley 7/07, de 12 de abril, del Estatuto básico del empleado público (en adelante "EBEP").

El art. 149.1.18 CE atribuye al Estado la competencia para fijar "Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas". Haciendo uso de estas atribuciones se han dictado diversas disposiciones, entre las cuales la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y el EBEP, el cual atribuye competencias de autoorganización a las Administraciones públicas, entre ellas la determinación de la duración de la jornada de trabajo del personal a su servicio, tal como resulta de su exposición de motivos y de los diversos títulos competenciales que figuran en su disposición final primera ("Las disposiciones de este Estatuto se dictan al amparo del artículo 149.1.18 de la Constitución, constituyendo aquellas bases del régimen estatutario de los funcionarios; al amparo del artículo 149.1.7 de la Constitución, por lo que se refiere a la legislación laboral, y al amparo del artículo 149.1.13 de la Constitución, bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica").

DÉCIMO.- El preámbulo del EBEP indica con claridad que "aspira a ordenar el sistema de empleo público en su conjunto" respetando las facultades de autoorganización de las Administraciones públicas así como el doble colectivo de personal -funcionario y laboral- al servicio de esas Administraciones.

Esa primera circunstancia lleva a decir al legislador que el EBEP "...pretende ser escrupulosamente respetuoso de las competencias legislativas de las Comunidades Autónomas, así como de la autonomía organizativa de éstas y de las Administraciones locales", de manera que "Sobre la base de unos principios y orientaciones muy flexibles, la ley remite a las leyes de desarrollo y a los órganos de gobierno correspondientes el conjunto de decisiones que habrán de configurar el empleo público en cada Administración". Indica también: "Quiere eso decir que el régimen de la función pública no puede configurarse hoy sobre la base de un sistema homogéneo que tenga como modelo único de referencia a la Administración del Estado. Por el contrario, cada Administración debe poder configurar su propia política de personal, sin merma de los necesarios elementos de cohesión y de los instrumentos de coordinación consiguientes. Por tanto, la densidad de la legislación básica en materia de función pública debe reducirse hoy en día, en comparación con épocas pasadas, teniendo en cuenta en todo caso las determinaciones de los Estatutos de Autonomía y la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional". En consecuencia, queda claro que a través del EBEP el Estado fija unas bases cuyo desarrollo compete a las Administraciones con un margen de flexibilidad.

La circunstancia referida a la concurrencia de personal funcionario y laboral en el seno de las Administraciones públicas, y su incidencia en el propósito de unificación de regímenes de condiciones de empleo de unos y otros, se aborda en el preámbulo de la ley afirmando que esa dualidad de regímenes trata de superarse de forma que "sin merma de la aplicación de la legislación laboral general en lo que proceda y siguiendo las recomendaciones de los expertos, conviene regular en el mismo texto legal que articula la legislación básica del Estado sobre la función pública aquellas peculiaridades de la relación laboral de empleo público".

En orden a conseguir este propósito establece el art. 2.1 del EBEP que sus disposiciones se aplican al personal funcionario "y en lo que proceda al personal laboral" al servicio de las Administraciones Públicas. De forma más precisa el art. 7 de la misma norma legal indica: "El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se rige, además de por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de este Estatuto que así lo dispongan". Por tanto, cuando asi se establezca expresamente, el EBEP resulta aplicable al personal laboral al servicio de la CM.

UNDÉCIMO.- Éste es el caso de la jornada laboral regulada en el art. 47 de la L 7/07, según el cual "Las Administraciones Públicas establecerán la jornada general y las especiales de trabajo de sus funcionarios públicos. La jornada de trabajo podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial". La claridad de este precepto es obvia y no se ha impugnado la legalidad de su contenido ni planteado ninguna eventual cuestión de inconstitucionalidad respecto al EBEP por esta razón.

Por su parte el art. 51 de la misma ley ordena: "Para el régimen de jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral se estará a lo establecido en este Capítulo y en la legislación laboral correspondiente" . Este enunciado supone un mandato dentro del cual se engloban dos prescripciones, que se refieren, respectivamente, a la competencia normativa para regular el establecimiento de la jornada del personal laboral público y al contenido de esa regulación.

Ese contenido remite al derecho de libertad sindical, que veremos más adelante, al hilo de las alegaciones de demanda sobre este punto. Por el momento, la materia que ahora se examina nos lleva al art. 149.1.17 CE, en virtud del cual el Estado tiene competencia exclusiva para decidir cómo se determina la jornada de los empleados públicos laborales, cosa que ha hecho a través del ET en sus arts. 34 y siguientes y normas de desarrollo, estableciendo un máximo de 40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual. Pero para fijar en el caso concreto de cada Administración qué jornada realizan sus empleados laborales públicos el art. 149.1.17 ya no entra en juego, lo cual es lógico, porque, si lo entendiéramos asi, resultarla que el Estado tendría que fijar la duración de la jornada de todos y cada una de las Administraciones públicas, lo cual difícilmente parece admisible.

DUODÉCIMO.- Reforzando la afirmación de que no todo lo que afecta al régimen de personal laboral de las diversas Administraciones públicas tiene encaje en el título competencial del Estado del art. 149.1.17 CE, recordamos que la disposición final primera de la Ley 6/11 no es la primera norma autonómica que incide sobre el régimen de los trabajadores laborales de la CM. Existen disposiciones dentro del derecho autonómico de esta Comunidad que abordan aspectos que afectan a la relación laboral del personal a su servicio y no por ello se ha alegado que tales previsiones fueran competencia exclusiva del Estado y la CM se hubiera extralimitado en su establecimiento; al contrario, frecuentemente han sido invocado por los sindicatos para reclamar el cumplimiento de esas disposiciones.

Tal es el caso, por ejemplo, de la previsión contenida en la disposición transitoria tercera del propio Estatuto de Autonomía de la CM, donde se regula, sin distinción alguna entre funcionarios y laborales, el régimen de los empleados públicos que se integraron en aquella fecha en su Administración, diciendo:

"Serán respetados los derechos adquiridos de cualquier orden o naturaleza que en los momentos de las diversas transferencias tengan los funcionarios y personas adscritas a la Diputación Provincial de Madrid, a los servicios estatales o a los de otras instituciones públicas objeto de dichas transferencias.- 2. Estos funcionarios y personal quedarán sujetos a la legislación general del Estado y a la particular de la Comunidad de Madrid, en el ámbito de su competencia".

Otro ejemplo mucho más próximo en el tiempo son las previsiones contenidas en la citada Ley de Presupuestos Generales de la CM para 2011 y el régimen que establecía para el personal laboral de las empresa públicas autonómicas cuya desaparición acordaba esa ley.

DECIMOTERCERO.- El otro argumento con el que los actores sostienen que, teniendo el Estado competencias exclusivas en la regulación de la legislación laboral, la CM no puede determinar la duración de la jornada de su personal laboral se asienta en el texto del anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012.

Se dice a propósito de este anteproyecto que el apartado uno de su disposición adicional septuagésima segunda incluye una medida similar a la de la disposición final primera de la L CM 6/11, y que el apartado tres de aquélla precisa que esa disposición tiene carácter básico y se dicta al amparo de los arts. 149.1.7^a, 149.1.13^a y 149.1.18^a CE, lo que es indicativo, según los actores, de que el Estado está reivindicando sus competencias exclusivas para regular la duración de la jornada de todos los empleados públicos.

Consideramos que no debe entenderse necesariamente así. Dejando aparte que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 no ha sido aprobada ni entrado en vigor, ni, por tanto, cabe dar por sentado que vaya a regularse en la forma que indican los demandantes, si de lo que se trata es de especular sobre el posible alcance de una disposición con ese hipotético futuro contenido, creemos que la interpretación que se le debiera dar no podría despegarse de lo ya dicho respecto al EBEP. Es decir, precisamente porque las Administraciones incluidas en el ámbito de aplicación del art. 2 del EBEP tienen capacidad para regular la duración de la jornada de sus empleados públicos, esos Órganos pueden acordar tal medida o no y, para conseguir que se adopte por todos ellos, el Estado la impone como medida de "bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica" ( art. 149.1.13 CE), a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, al igual que ha tomado por esta vía medidas de política de personal público en otras ocasiones, como es el caso de la reducción de salarios.

Así, la sentencia del Pleno del TC 222/06, con apoyo en anterior doctrina constitucional, señaló:

"El indudable impacto de las retribuciones del personal, que constituye el objeto de la norma básica, en las magnitudes macroeconómicas y el hecho de verse acompañada por otras decisiones en el mismo sentido, como la restricción en la oferta de empleo público durante el mismo ejercicio, deben conducir a aceptar, teniendo en cuenta los limites de este Tribunal en el control de estas decisiones macroeconómicas, la legitimidad competencial de la congelación salarial prevista en el art. 11 LPGE".

En la misma línea, pero con referencia específica a la CM, se encuentra la STC 103/1997, que resolvió el recurso de inconstitucionalidad planteado por la representación del Estado impugnando diversos preceptos de la Ley de la Asamblea de Madrid 4/1987, de Presupuestos Generales de la CM para 1988.

DECIMOCUARTO.- Alegan los actores que las Instrucciones impugnadas en este proceso lesionan el art. 37.1 CE, puesto en conexión con el art. 28.1 CE, desde una triple perspectiva: lesión por la CM del derecho de libertad sindical en su vertiente de derecho a la negociación colectiva, lesión del deber de alcanzar un acuerdo con los representantes de los sindicatos y modificación del ámbito de negociación colectiva.

Como punto de partida al estudio de ese planteamiento recordamos las palabras literales contenidas en la STC 210/90, que resolvió la problemática referente a si el establecimiento estatal de una jornada de 40 horas semanales, al margen de lo pactado en convenio colectivo, vulneraba o no el derecho a la negociación colectiva:

"Como hemos dicho en el Auto 858/1985, si de lo que se trata es de si la Ley puede fijar un limite a la negociación colectiva, el problema se sitúa en el marco del art. 37.1 y no en el del art. 28.1 CE".

Seguimos con los pronunciamientos constitucionales, esta vez referidos al art. 26.3 ET, a tenor del cual "Mediante la negociación colectiva o, en su defecto, el contrato individual, se determinará la estructura del salario, que deberá comprender el salario base, como retribución fijada por unidad de tiempo o de obra y, en su caso, complementos salariales fijados en función de circunstancias relativas a las condiciones personales del trabajador, al trabajo realizado o a la situación y resultados de la empresa, que se calcularán conforme a los criterios que a tal efecto se pacten". Pese a ese mandato legal de que la determinación del salario se haga por convenio colectivo, el salario de los empleados públicos fue fijado unilateralmente por el Estado mediante R. Decreto-Ley 8/10, en contra de lo pactado en convenios colectivos, y la inconstitucionalidad de esta medida fue resuelta en auto del TC 85/2011, de 7 de junio de 2011, lo que lleva a concluir que la decisión contenida en ese auto ha de ser la misma que se adopte en el presente litigio, porque en ambos es objeto de discusión la eventual lesión del derecho de libertad sindical por establecimiento de normas laborales heterónomas y desconocimiento de lo pactado en convenio colectivo.

DECIMOQUINTO.- El citado auto del Pleno del TC 85/10, dictado por el Pleno y sin votos particulares en contra, resolvió la cuestión de inconstitucionalidad planteada contra el R. Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptaron medidas extraordinarias para la reducción del déficit público (BOE 24/5/10), a resultas del cual se tomaron una serie de decisiones encaminadas a la contención en los gastos de personal de las diversas Administraciones públicas, entre ellas la reducción de la masa salarial del sector público en un 5 por ciento en términos anuales. Examinada dicha disposición legal, decidió dicho auto:

"El derecho a la negociación colectiva se reconoce en el art. 37.1 CE, precepto ubicado en la sección segunda, que lleva por rúbrica "De los derechos y deberes de los ciudadanos"; del capítulo II, intitulado "Derechos y libertades", del título primero de la Constitución, que tiene por denominación "De los derechos y deberes fundamentales". Dispone aquel precepto que "[L]a ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios". No obstante el doble mandato que a tenor del art. 37.1 CE dirige a la ley de garantizar el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios colectivos, este Tribunal ha declarado que esa facultad que poseen los representantes de los trabajadores y empresarios (art. 37.1 CE) de regular sus intereses recíprocos mediante la negociación colectiva "es una facultad no derivada de la ley, sino propia que encuentra expresión jurídica en el texto constitucional", así como que la fuerza vinculante de los convenios "emana de la Constitución, que garantiza con carácter vinculante los convenios, al tiempo que ordena garantizarla de manera imperativa al legislador ordinario" (STC 58/1985, de 30 de abril, FJ 3).

8. Los preceptos legales cuestionados, en la redacción que les ha dado el art. 1 del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, no regulan el régimen general del derecho a la negociación colectiva reconocido en el art. 37.1 CE, ni nada disponen sobre la fuerza vinculante de los convenios colectivos en general, ni, en particular, sobre los directamente por aquellos concernidos, que mantienen la fuerza vinculante propia de este tipo de fuente, derivada de su posición en el sistema de fuentes.

Para el órgano judicial promotor de la cuestión de inconstitucionalidad, sin embargo, los preceptos cuestionados "afectan" al derecho a la negociación colectiva en la medida en que afectan a la intangibilidad del convenio colectivo que es elemento o contenido esencial de aquel derecho. Abstracción hecha de que la intangibilidad o inalterabilidad no puede identificarse, ni, en consecuencia, confundirse, como se hace en el Auto de planteamiento de la cuestión, con la fuerza vinculante del convenio colectivo, lo cierto es que, como ya ha tenido ocasión de declarar este Tribunal, del art. 37.1 CE no emana ni deriva la supuesta intangibilidad o inalterabilidad del convenio colectivo frente a la norma legal, incluso aunque se trate de una norma sobrevenida (STC 210/1990, de 20 de diciembre, FFJJ 2 y 3), insistiendo el Tribunal en el contexto de esta declaración, en que, en virtud del principio de jerarquía normativa, es el convenio colectivo el que debe respetar y someterse no sólo a la ley formal, sino, más genéricamente, a las normas de mayor rango jerárquico y no al contrario (ibidem; en el mismo sentido, SSTC 177/1988, de 10 de octubre, FJ 4; 171/1989, de 19 de octubre, FJ 2; 92/1994, de 21 de marzo, FJ 2; y 62/2001, de 1 de marzo, FJ 3; ATC 34/2005, de 31 de enero, FJ 5)".

En consecuencia, con iguales argumentos a los del auto transcrito, hemos de concluir que la regulación de la L 6/11 de la CM no contraviene el derecho fundamental alegado en demanda.

DECIMOSEXTO.- Por otra parte, siendo que no resulta cuestionable que para dictar dicha resolución el TC ha tenido presente la facultad que le atribuye el art. 39. Dos de la LO 2/79, que le permite suscitar la denominada "autocuestión de inconstitucionalidad" dentro de los litigios que se le plantean ("El Tribunal Constitucional podrá fundar la declaración de inconstitucionalidad en la infracción de cualquier precepto constitucional, haya o no sido invocado en el curso del proceso"), obligadamente hemos de presuponer que, al resolver la cuestión de inconstitucionalidad planteada contra el R. Decreto-Ley 8/10, el TC no sólo ha considerado los argumentos expuestos por el órgano judicial proponente, sino que también ha tenido en cuenta los compromisos jurídicos dimanantes para España de la propia Constitución, de los Convenios, Tratados y demás legislación internacional de carácter laboral sobre negociación colectiva -integrados en nuestro ordenamiento jurídico por mandato del art. 96.1 CE- y también de la prestación del consentimiento dado en sus compromisos políticos comunitarios - art. 94.1.a) CE-, y que, valoradas todas esas obligaciones jurídicas, tomó la decisión que consideró más adecuada.

DECIMOSÉPTIMO.- La lesión del derecho sindical a la negociación colectiva como consecuencia de la modificación por parte de la CM del ámbito de negociación colectiva en materia de duración de jornada, alegada, incidentalmente, sin mayores precisiones, en demanda se puede responder con lo dicho anteriormente.

En todo caso, añadimos que los antecedentes legislativos de la L 6/11 nos remiten a la Ley de Presupuestos Generales de la CM para el año 2012, al objeto de cuya aplicación se elaboró la Ley 6/11, durante cuya tramitación parlamentaria el 22/12/11 se propuso una enmienda sobre reordenación del tiempo de trabajo de los empleados públicos de la CM, la cual fue finalmente aprobada, dando lugar a la disposición final primera de la ley 6/11, de 23 de diciembre, que se publicó el día 27 en el BOCAM con efectos de 1 de enero de 2012.

Está fuera de duda que este Tribunal no puede cuestionar la legalidad de la tramitación legislativa de la repetida ley 6/11. Como tampoco que a partir de su publicación no era negociable el acatamiento a una ley, sino la aplicación de sus medidas para los diversos colectivos de trabajadores afectados, que es lo que se hizo mediante las negociaciones que hemos indicado en el hecho declarado probado noveno. Parte de ellas, las previas al dictado de las Instrucciones controvertidas en este litigio, se desarrollaron en el seno de la Mesa General de Negociación de la Función pública; parte, las posteriores, en los ámbitos de aplicación correspondientes.

DECIMOCTAVO.- Por último, sobre la lesión por parte de la CM del derecho sindical a la negociación colectiva por infringir el deber de alcanzar un acuerdo con los representantes de los sindicatos en las negociaciones de referencia, hemos de decir que tal deber no existe ni, de existir, formarla parte del derecho fundamental que se invoca.

La inexistencia de ese deber se constata a través de la doctrina que contiene la sentencia del Tribunal Supremo de 26/5/09 (casación núm. 116/200), según la cual:

"En definitiva, la norma convencional en cuestión no presupone una obligación de alcanzar un acuerdo sino sólo de intentarlo, de manera análoga a lo que sucede con el "deber-derecho" previsto en el art. 89.1 del ET (aunque no sea éste exactamente el caso porque aquí la fuente normativa no es la Ley sino la autonomía colectiva), respecto del que constante jurisprudencia (por todas: TS 17-11-1998, R. 1760/98; 20-10-1997, R. 2717/95; o 30-9-1999, R. 3652/98) ha dado claramente a entender que únicamente impone a las partes la obligación de negociar, y de hacerlo de buena fe, pero no que se obtenga éxito en la negociación".

DECIMONOVENO.- Descartadas las razones que permitirían plantear cuestión de inconstitucionalidad contra la disposición final primera de la ley de la CM 6/11, la conclusión obligada es desestimar la demanda donde se pide la declaración de falta de conformidad a derecho de las "Instrucciones del Director General de Función Pública para la aplicación de la disposición adicional primera de la Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas", pues, digámoslo una vez más, estas Instrucciones son solo fiel reproducción de la ley de la que traen causa.

Aún así, queremos resolver la alegación de demanda referida a que el establecimiento de una jornada de 37,5 horas semanales por parte de la CM supone una modificación sustancial de condiciones de trabajo que no ha seguido el trámite establecido en el art. 41 ET , y, por tanto, constituye una decisión nula.

No lo es, ya que el supuesto contemplado en ese precepto estatutario se refiere sólo a los casos en que la modificación de condiciones laborales se produce por iniciativa unilateral de la empresa por causas determinadas, lo que no es el presente, donde no cabe duda de que la medida impugnada trae causa directa y obligada de una ley, y, por lo mismo, no precisa la indicada tramitación procedimental estatutaria, como tampoco la requirió en su día la adaptación que debieron hacer las empresas para dar efectividad a la jornada laboral de 40 horas semanales establecida por L 4/83, de 29 de junio , que llevó a decir al TC en sentencia 210/90 lo siguiente:

"La aplicación inmediata de la Ley 4/1983 desde su entrada en vigor tampoco vulnera el art. 37.1 CE. por repercutir y producir efectos sobre los convenios colectivos vigentes en ese momento. En efecto, el respeto al derecho constitucional a la negociación colectiva no obliga necesariamente al legislador a posponer la entrada en vigor de la norma al momento de la terminación del periodo de vigencia de los convenios colectivos, hasta el punto que, de no hacerlo así, haya de estimarse que lesiona aquel derecho constitucional. El art. 37.1 CE., ni por si mismo ni en conexión con el art. 9.3 CE., puede oponerse o impedir la producción de efectos de las Leyes en la fecha dispuesta por las mismas. Es el convenio el que debe respetar y someterse a la Ley y a las normas de mayor rango jerárquico y no al contrario, siendo constitucionalmente inaceptable que una Ley no pueda entrar en vigor en la fecha dispuesta por el legislador. La cuestión de cuándo entra en vigor una Ley, y en general de la aplicación en el tiempo de la misma, son materias en principio de plena competencia del legislador, teniendo éste una amplísima libertad de configuración y decisión al respecto. Y, si en uso de tal libertad, el legislador establece una concreta fecha de entrada en vigor, la Ley habrá de entrar en vigor entonces, aun cuando afecte a convenios colectivos vigentes, sin que tal efecto pueda estimarse lesivo del art. 37.1 CE., ni este precepto pueda impedir la producción de efectos de la Ley en la fecha prevista. Pues, como ya se ha anticipado, del art. 37.1 CE. no emana ni deriva el supuesto derecho a que lo establecido en el convenio colectivo (en nuestro caso, en materia de jornada) permanezca inalterado y sea inmune a lo establecido en una Ley posterior hasta el momento en que el convenio pierda vigencia, aun cuando la voluntad de dicha Ley sea entrar en vigor inmediatamente en la fecha en ella dispuesta".

VIGÉSIMO.- También la sentencia de la Audiencia Nacional de 10/5/10 (demanda 41/10), al resolver el conflicto colectivo promovido por el sindicato USCA contra AENA, descartó que el cambio de condiciones laborales del colectivo de controladores aéreos, entre ellos la duración de su jornada laboral, fuese contrario al derecho de negociación colectiva y a las previsiones del art. 41 ET sobre modificación sustancial de condiciones de trabajo, ya que el cambio llevado a cabo no tenía su origen en una decisión empresarial unilateral.

Y, sobre la base de esa doctrina, este Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado numerosas sentencias en las que se concluye que nada tiene que ver el caso donde una ley establece una jornada para un colectivo laboral y las empresas proceden a su aplicación con el caso donde una empresa toma la iniciativa de establecer una jornada determinada. Con este planteamiento ha desestimado repetidamente las reclamaciones de los controladores aéreos que pedían la extinción contractual ex art. 50.1 ET por incumplimiento empresarial de convenio, según vemos en sentencias de fechas 24/2/12 (rec. 5404/11), 1/2/12 (rec. 4499/11), 30/1/12 (rec. 3531/11), 27/1/12 (rec. 4736/119, 11/1/12 (rec. 2451/11), 19/11/12 (rec. 180511), 23/11/11 (rec. 2052/11), 14/11/11 (rec. 2956/11), 11/11/11 (rec. 3722/11), 21/10/11 (rec. 3078/11), 7/10/11 (rec. 2786/11), 6/10/11 (rec. 2109/11), 30/5/11 (rec. 223/11) y 21/7/11 (rec. 804/11).

Así pues, el presente caso es claramente distinto al litigio resuelto en la sentencia del Tribunal Supremo de 16/5/11 (casación 197/10), que puso fin al proceso de conflicto colectivo promovido contra la decisión de una empresa pública de establecer en 37,5 horas semanales la jornada de sus trabajadores, en lugar de la de 34 horas semanales que venían haciendo hasta entonces, invocando como base de la pretensión de demanda la aplicación del art. 41 ET.

VIGÉSIMO PRIMERO.- En definitiva, las Instrucciones impugnadas en este proceso suponen unas medidas de política de empleo establecidas en uso de unas facultades normativas similares a las que en ocasiones anteriores han supuesto para los empleados públicos medidas que empeoraban sus condiciones laborales, habiéndose convalidado constitucionalmente tales medidas, según hemos visto.

Por su parte, la jurisprudencia también fija unas pautas claras de resolución para el presente conflicto colectivo, tal como vemos en sentencia del Tribunal Supremo de 19/12/11 (casación 64/11), con criterio reiterado en la de 10/2/12 (casación 107/11), confirmando la desestimación en la instancia de las demandas de conflicto colectivo promovidas ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en impugnación de la decisión de sendas empresas públicas por las que se acordó reducir los salarios y las aportaciones al plan de pensiones de sus empleados, aplicando una ley autonómica vasca que se ejecutó mediante unas Instrucciones emanadas del Gobierno Vasco, a través de resolución dictada por el Viceconsejero de la Función Pública.

Y en sentencia del Tribunal Supremo de 31/1/12 (casación 184/2010), que confirmó la desestimación en la instancia de la demanda de conflicto colectivo promovida ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón contra la reducción del complemento autonómico impuesta por la Ley 5/2010 de 24 de junio del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan las medidas extraordinarias en el sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón para la reducción del déficit público.

Y en sentencia del Tribunal Supremo de 18/10/11 (casación 61/2011), que confirmó la desestimación en la instancia de la demanda de conflicto colectivo promovida ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en impugnación de la decisión de la Comunidad Autónoma por la que acordó reducir los salarios de sus empleados en aplicación de una ley autonómica.

Por lo que la demanda se desestima.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Contra la presente sentencia cabe recurso de casación ordinaria, de conformidad con lo previsto en el art. 206.1 LRJS.

PRIMERO.- Los sindicatos "Unión General de Trabajadores" (en adelante "UGT"), "Comisiones Obreras" (en adelante, "CC.OO.)" y "Coalición Sindical Independiente de Trabajadores de Madrid" (en adelante "CSIT-UP") interpusieron demanda conjunta de conflicto colectivo, que dirigieron contra la CM, pidiendo que se diese traslado de la misma a "Central Sindical Independiente de Funcionarios" (en adelante "CSIF"), la cual manifestó estar de acuerdo con la pretensión de dicha demanda. Por su parte el Ministerio Fiscal se manifestó contrario a la estimación de demanda.

Esta pretensión se definió como la impugnación de las resoluciones de la indicada Administración autonómica "de proceder a la alteración del régimen jurídica sobre jornada de trabajo que conlleva la ampliación de la jornada ordinaria de trabajo de su personal laboral y otras medidas, conforme a la afectación que se delimita en el hecho primero de la presente demanda y que suponen la modificación de sus condiciones de trabajo en materia de jornada y retribuciones". El ámbito subjetivo de afectación de ese conflicto incluía a los trabajadores laborales de "todos los Organismos, Institutos, Servicios y demás Centros, dependientes de la Comunidad de Madrid que pertenecen a su plantilla, y sujetos al ámbito de aplicación del vigente convenio colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid 2004-2007, actualmente en situación de prórroga legal". El objeto de la controversia jurídica fue definido en el cuarto de los hechos de demanda: la decisión de la CM por la que se acuerda la ampliación de la jornada ordinaria de trabajo en un promedio semanal no inferior a 37 horas y 30 minutos –con la consiguiente repercusión de esta medida en otros aspectos vinculados al tiempo de ejecución del contrato de trabajo, como son los turnos, horarios, descansos y retribución- supone, por un lado, una modificación sustancial de condiciones de trabajo y, por otro, una lesión del art. 28 CE en conexión con el art. 37 CE , en la medida que una de las vertientes esenciales del derecho de libertad sindical es el derecho a la negociación colectiva, que se considera no respetado en este caso.

En el acto del juicio quedó claro que el grueso de la fundamentación de esta petición pasaba necesariamente porque la Sala plantease cuestión de inconstitucionalidad sobre la conformidad a derecho de la disposición adicional primera de la citada ley 6/11.

Por su parte la CM invocó la excepción de incompetencia de jurisdicción del orden social para enjuiciar la materia litigiosa y la inadecuación de la modalidad procesal de conflicto colectivo para su tramitación. Por tanto, estas cuestiones son las primeras que hemos de resolver.

SEGUNDO.- Rechazamos la excepción de incompetencia de jurisdicción. Como se ha indicado en el fundamento de derecho anterior, la legalidad de las Instrucciones controvertidas en este litigio depende de la legalidad de la Ley Autonómica 6/11 y, precisamente por eso, se pide de la Sala plantee cuestión de inconstitucionalidad en referencia a esta última norma. Ahora bien, esa eventual inconstitucionalidad supone un problema jurídico ajeno al de la determinación del orden jurisdiccional competente para resolver la conformidad a Derecho de las indicadas Instrucciones, pues en el presente litigio no se ataca directamente la Ley 6/11, sino las Instrucciones dictadas a su amparo por la CM, en concepto de empleador de los trabajadores incluidos en el ámbito de afectación personal del convenio colectivo. De manera que, ceñida la relevancia del litigio a este personal y su incidencia en ese convenio, la jurisdicción social será la competente para enjuiciarlo [art. 2 a) LRJS].

TERCERO.- Rechazamos también la excepción de inadecuación de procedimiento. El art. 153.1 de la vigente LRJS dispone:

"Se tramitarán a través del presente proceso las demandas que afecten a intereses generales de un grupo genérico de trabajadores o a un colectivo genérico susceptible de determinación individual y que versen sobre la aplicación e interpretación de una norma estatal, convenio colectivo, cualquiera que sea su eficacia, pactos o acuerdos de empresa, o de una decisión empresarial de carácter colectivo, incluidas las que regulan el apartado 2 del artículo 40, el apartado 2 del artículo 41 y las suspensiones y reducciones de jornada previstas en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores que afecten a un número de trabajadores igual o superior a los umbrales previstos en el apartado 1 del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, o de una práctica de empresa y de los acuerdos de interés profesional de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, así como la impugnación directa de los convenios o pactos colectivos no comprendidos en el artículo 163 de esta Ley."

Dado el texto de esta disposición, los criterios aplicables para su interpretación son los mismos que estableciera la jurisprudencia respecto al art. 151 de la antigua LPL, y a este respecto se declaró repetidamente (por todas, sentencia del Tribunal Supremo de 7 febrero 2006, recurso de casación núm. 14/2005):

"el procedimiento de conflicto colectivo que se regula en los arts. 151 y siguientes de la LPL, resulta adecuado para dirimir las controversias en las que concurran las siguientes características: a) tratarse de un conflicto actual; b) el carácter jurídico del mismo, diferenciándose así del conflicto de intereses, y c) su índole colectiva".

Estos presupuestos se dan en el presente caso, puesto que lo que se controvierte es la incidencia de una medida de regulación de las condiciones de trabajo que afecta indiferenciadamente a los trabajadores públicos de la CM de carácter laboral, no la impugnación de lo que representa la aplicación concreta de tales condiciones en cada uno de ellos.

CUARTO.- Las alegaciones de los actores en su escrito de demanda abordan, primeramente, una problemática propia de legalidad ordinaria (apartados primero a cuarto de lo que se identifica como "fundamentos jurídicos materiales") y después la lesión del derecho fundamental de libertad sindical (apartados quinto y sexto de los citados fundamentos).

En torno a aquella problemática lo que exponen es:

1º) El régimen por el que se regula la jornada laboral de los trabajadores afectados por el conflicto colectivo es el establecido en el convenio colectivo de la CM para los años 2004-2007, que se mantiene vigente en situación de prórroga.

2º) Ese régimen no puede ser modificado por ninguna disposición autonómica, ya que la CM carece de competencias normativas.

3º) Además, no lo permite el Estatuto Básico del Empleado Público ni tampoco el ET, tanto por las previsiones que contienen el art. 3.1 como el 41.

En cuanto a la lesión de derechos fundamentales, los argumentos que se invocan para defender su existencia son:

1º El derecho a la negociación colectiva de los sindicatos forma parte del derecho de libertad sindical y lo pactado en convenio sólo puede modificarse de forma negociada.

2º) No cabe que la CM justifique la inaplicación del convenio sobre la base de una hipotética circunstancia excepcional, ya que tal decisión chocarla con la doctrina que contiene la sentencia del Tribunal Supremo de 21/9/11.

Estas manifestaciones, unidas a las que ya hemos dicho se efectuaron en el acto del juicio, fijan qué es lo cuestionado en el litigio y por qué.

QUINTO.- Lo cuestionado no son tanto las Instrucciones de referencia cuanto la disposición final primera de la Ley de la CM 6/11, ya que aquéllas son fiel transcripción de ésta. En concreto, el punto principal de debate se centra en la duración de la jornada laboral que establece esa ley, ya que todo lo demás (permisos, retribuciones, etc.) no es sino consecuencia de esa medida y, por lo mismo, no se requiere una motivación autónoma de cada uno de esos aspectos, pese a lo cual diremos que la reducción salarial de la que habla la demanda no puede desconectarse de la idea de que el convenio establece la retribución por jornada trabajada, no por tiempo de duración de esa jornada.

Así pues, hemos de ver si realmente esta ley da cobertura jurídica a dichas Instrucciones, e igualmente hemos de tener en cuenta que la motivación de esas Instrucciones es la misma que la de dicha ley. Si la indicada cobertura no se diera, lo procedente seria plantear cuestión de inconstitucionalidad contra la referida ley autonómica, ya que sólo el Tribunal Constitucional cuenta con competencias para enjuiciar la conformidad a derecho de las disposiciones con rango de ley posteriores a la entrada en vigor de la Constitución, lo que es el caso [ arts. 161.1.a) CE y 42 del Estatuto de Autonomía de la CM]. Si la diera, tendríamos que desestimar la demanda.

En suma, la problemática de litigio es esencialmente jurídica. La determinación de los hechos no reviste complejidad, habiéndose fijado todos ellos en función de prueba documental, salvo la indicación referente a la negociación de los calendarios de los centros de trabajo de la CM, que fue expresamente admitida por el sindicato actor UGT.

SEXTO.- El porqué de lo cuestionado afecta a dos extremos: 1^o) la capacidad normativa de la CM para regular la jornada de trabajo del personal laboral a su servicio; 2^o) el contenido mismo de esa regulación, que se controvierte por contrario a derechos fundamentales y por razones de legalidad ordinaria.

Para la resolución de estas cuestiones contamos con precedentes resoluciones constitucionales y jurisprudenciales muy significativas que han abordado estos temas: los conflictos de competencias suscitados entre el Estado y las diversas Comunidades Autónomas a raíz de la regulación por parte de uno y otras de las condiciones de trabajo del personal adscrito a la atención de la Administración de Justicia; la conexión entre la política presupuestaria de los empleados públicos y la fijación de sus condiciones de trabajo; el establecimiento por L 4/83 de una jornada laboral máxima de 40 horas semanales; la aplicación del R. Decreto-Ley 8/10, que acordó la reducción de las retribuciones de los empleados públicos, fijándolas por debajo de lo establecido en la correspondiente ley presupuestaria y en convenios colectivos; la resolución del conflicto colectivo que en su día hubo con los controladores aéreos, a raíz de la entrada en vigor de una disposición legal que, a fin de poder cumplir los compromisos internacionales asumidos a nivel comunitario en materia de tráfico aéreo, dejó sin efecto la aplicación de lo pactado por vía de negociación colectiva, uno de cuyos puntos principales era la jornada laboral de aquel colectivo.

SÉPTIMO.- El examen de la capacidad normativa de la CM para regular la jornada de trabajo del personal laboral a su servicio requiere atención preferente y detallada, pues, si concluyéramos que no existe tal capacidad normativa, sobrarla toda especulación sobre su contenido.

Estamos ante un tema de derecho constitucional, en cuanto remite al reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas para la ordenación del régimen del personal al servicio de las distintas Administraciones públicas, tema complejo en el que la doctrina constitucional reitera (por todas, la muy reciente sentencia 36/2012) que su resolución requiere la caracterización de los distintos títulos competenciales invocados, para lo cual debe atenderse al objeto y finalidad de cada norma supuestamente en conflicto.

Esas normas son, en este caso, el art. 149.1.7 CE y la disposición final primera de la ley autonómica de la CM 6/11.

Los actores sostienen que esta ultima es inconstitucional porque el Estado tiene competencias exclusivas en la regulación de la legislación laboral y que, siendo la duración de la jornada del personal laboral fijada en la ley autonómica 6/11 una materia de esta naturaleza, la CM no puede proceder a su regulación. Mantienen tal afirmación a partir de dos presupuestos: Uno es el texto literal del art. 149.1.7 CE. Otro el texto del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012. Por tanto, debemos considerar cada una de estas perspectivas por separado.

Dentro de la primera línea argumental debe introducirse una distinción de base, según deducimos de las propias previsiones de la disposición adicional primera, apdo. 3 de la ley 6/11 que no por casualidad hace expresa referencia a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esa distinción de base afecta al régimen aplicable al personal laboral adscrito a la Administración de Justicia de la CM y al aplicable al resto de empleados públicos de carácter laboral de esta Comunidad.

OCTAVO.- El régimen aplicable al personal laboral adscrito a la Administración de Justicia de la CM nos lleva como punto de partida al art. 149.1.5 CE, que reserva en exclusiva al Estado la competencia en materia de Administración de Justicia. A pesar de ello, la STC 105/2000, dictada por el Pleno, determinó que es posible que las Comunidades Autónomas regulen la jornada de los empleados públicos adscritos a esa Administración cuando formen parte de su personal, tras haber asumido la correspondiente transferencia de competencias en la materia. Para llegar a esa conclusión esa sentencia razonó, en síntesis, así:

Parte de la base de que en la Administración de Justicia hay que diferenciar entre dos parcelas, dentro de una de las cuales se incluye la regulación de la función jurisdiccional propiamente dicha y la ordenación de los elementos precisos para que esa función se desarrolle con la independencia necesaria, y otra dentro de la cual tienen cabida los elementos que "sirven de sustento material o personal" a la anterior, denominándose esta última "administración de la Administración de Justicia". En esa primera parcela las Comunidades Autónomas carecen de toda competencia. Dentro de la segunda si tienen atribuciones, porque en ella pueden operar las denominadas "cláusulas subrogatorias", en virtud de las cuales las Comunidades Autónomas se subrogan en determinadas facultades inicialmente asignadas al Gobierno estatal, de acuerdo con lo previsto en los Estatutos de Autonomía.

Pues bien, el art. 500.1 de la vigente LOPJ acuerda: "La duración de la jornada general de trabajo efectivo en cómputo anual y de aquellas jornadas que hayan de ser realizadas en régimen de dedicación especial, así como sus especificidades, será fijada por resolución del órgano competente del Ministerio de Justicia, previo informe de las comunidades autónomas con competencias asumidas y negociación con las organizaciones sindicales más representativas.- Los funcionarios deberán ejercer su actividad en los términos que exijan las necesidades del servicio. A tal efecto, por el Ministerio de Justicia, previo informe de las comunidades autónomas con competencias asumidas y negociación con las organizaciones sindicales, se determinarán las compensaciones horarias y cómputos especiales cuando la atención de actuaciones procesales urgentes e inaplazables suponga un exceso de horas sobre la jornada a realizar. - 2. La duración de la jornada general semanal será igual a la establecida para la Administración General del Estado. Los funcionarios podrán realizar jornadas reducidas, en los supuestos y con las condiciones establecidas legal y reglamentariamente.- 3. Se podrán establecer jornadas sólo de mañana o jornadas de mañana y tarde para determinados servicios u órganos jurisdiccionales, cuando las necesidades del servicio así lo aconsejen, y en especial en las unidades de atención al público, en las que se tenderá a aumentar el tiempo de atención a los ciudadanos.- La incorporación de los funcionarios a la jornada de mañana y tarde será voluntaria y deberá ir acompañada de medidas incentivadoras. - 4. La distribución de la jornada y la fijación de los horarios se determinará a través del calendario laboral que, con carácter anual, se aprobará por el órgano competente del Ministerio de Justicia y de las comunidades autónomas con competencias asumidas, en sus respectivos ámbitos, previo informe favorable del Consejo General del Poder Judicial y negociación con las organizaciones sindicales. El calendario laboral se determinará en función del número de horas anuales de trabajo efectivo. Podrán establecerse flexibilidades horarias a la entrada y salida del trabajo, garantizándose en todo caso un número de horas de obligada concurrencia continuada.- Los horarios que se establezcan deberán respetar en todo caso el horario de audiencia pública.- 5. Cuando las peculiaridades de algunos servicios u órganos jurisdiccionales así lo aconsejen, podrán establecerse horarios especiales, que figurarán en las relaciones de puestos de trabajo y serán objeto del complemento retributivo que se determine.- 6. El incumplimiento de la jornada dará lugar al descuento automático de las retribuciones correspondientes al tiempo no trabajado, calculado en la forma establecida por la normativa de aplicación. A estos efectos, se considera trabajo efectivo el prestado dentro del horario establecido en la forma que se determine, teniendo en cuenta las compensaciones horarias que procedan y el que corresponda a permisos retribuidos, así como los créditos de horas retribuidas por funciones sindicales".

A su vez el artículo 49. 1 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, aprobado por LO 3/83, de 23 de febrero, establece: "En relación con la Administración de Justicia, exceptuando la militar, corresponde: Al Gobierno de la Comunidad, ejercer todas las facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial reconozca o atribuya al Gobierno de la Nación". De donde se deduce que la CM se subroga en las facultades que corresponden al Gobierno en materia de "administración de la Administración de Justicia" (o, lo que es lo mismo, la organización de la infraestructura administrativa interna de la Administración de Justicia), excepto en la militar, y así lo reconoce expresamente la citada sentencia TC 105/00. No obstante, la jornada que establezca no puede ser inferior a la establecida para la Administración General del Estado.

En todo caso, en el supuesto de que se entendiera que las anteriores conclusiones no son acertadas, no podemos olvidar que el citado R. Decreto-Ley 20/11, de 30 de diciembre, ya estableció en su art. 4 que "a partir de 1 de enero de 2012, y para el conjunto del sector público estatal, la jornada ordinaria de trabajo tendrá un promedio semanal no inferior a las 31 horas y 30 minutos", y esta duración coincide con la fijada por las previsiones de la Ley de la CM 6/11.

NOVENO.- Dentro de la duración de la jornada de trabajo de los empleados públicos laborales cabe distinguir entre el máximo legal fijado por el Estado a través del art. 34.1 ET ("La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de 40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual") y la duración que, dentro de ese limite, pueden fijar las distintas Administraciones públicas.

La determinación de la duración máxima de la jornada laboral es competencia exclusiva estatal, conforme al art. 149.1.17 CE (competencia exclusiva del Estado en "Legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas"). La duración de la jornada laboral de las distintas Administraciones públicas dentro de ese limite impuesto por el Estado es competencia de éstas, conforme entendemos resulta de las previsiones del art. 149.1.18 CE puesto en relación con la ley 7/07, de 12 de abril, del Estatuto básico del empleado público (en adelante "EBEP").

El art. 149.1.18 CE atribuye al Estado la competencia para fijar "Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas". Haciendo uso de estas atribuciones se han dictado diversas disposiciones, entre las cuales la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y el EBEP, el cual atribuye competencias de autoorganización a las Administraciones públicas, entre ellas la determinación de la duración de la jornada de trabajo del personal a su servicio, tal como resulta de su exposición de motivos y de los diversos títulos competenciales que figuran en su disposición final primera ("Las disposiciones de este Estatuto se dictan al amparo del artículo 149.1.18 de la Constitución, constituyendo aquellas bases del régimen estatutario de los funcionarios; al amparo del artículo 149.1.7 de la Constitución, por lo que se refiere a la legislación laboral, y al amparo del artículo 149.1.13 de la Constitución, bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica").

DÉCIMO.- El preámbulo del EBEP indica con claridad que "aspira a ordenar el sistema de empleo público en su conjunto" respetando las facultades de autoorganización de las Administraciones públicas así como el doble colectivo de personal -funcionario y laboral- al servicio de esas Administraciones.

Esa primera circunstancia lleva a decir al legislador que el EBEP "...pretende ser escrupulosamente respetuoso de las competencias legislativas de las Comunidades Autónomas, así como de la autonomía organizativa de éstas y de las Administraciones locales", de manera que "Sobre la base de unos principios y orientaciones muy flexibles, la ley remite a las leyes de desarrollo y a los órganos de gobierno correspondientes el conjunto de decisiones que habrán de configurar el empleo público en cada Administración". Indica también: "Quiere eso decir que el régimen de la función pública no puede configurarse hoy sobre la base de un sistema homogéneo que tenga como modelo único de referencia a la Administración del Estado. Por el contrario, cada Administración debe poder configurar su propia política de personal, sin merma de los necesarios elementos de cohesión y de los instrumentos de coordinación consiguientes. Por tanto, la densidad de la legislación básica en materia de función pública debe reducirse hoy en día, en comparación con épocas pasadas, teniendo en cuenta en todo caso las determinaciones de los Estatutos de Autonomía y la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional". En consecuencia, queda claro que a través del EBEP el Estado fija unas bases cuyo desarrollo compete a las Administraciones con un margen de flexibilidad.

La circunstancia referida a la concurrencia de personal funcionario y laboral en el seno de las Administraciones públicas, y su incidencia en el propósito de unificación de regímenes de condiciones de empleo de unos y otros, se aborda en el preámbulo de la ley afirmando que esa dualidad de regímenes trata de superarse de forma que "sin merma de la aplicación de la legislación laboral general en lo que proceda y siguiendo las recomendaciones de los expertos, conviene regular en el mismo texto legal que articula la legislación básica del Estado sobre la función pública aquellas peculiaridades de la relación laboral de empleo público".

En orden a conseguir este propósito establece el art. 2.1 del EBEP que sus disposiciones se aplican al personal funcionario "y en lo que proceda al personal laboral" al servicio de las Administraciones Públicas. De forma más precisa el art. 7 de la misma norma legal indica: "El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se rige, además de por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de este Estatuto que así lo dispongan". Por tanto, cuando asi se establezca expresamente, el EBEP resulta aplicable al personal laboral al servicio de la CM.

UNDÉCIMO.- Éste es el caso de la jornada laboral regulada en el art. 47 de la L 7/07, según el cual "Las Administraciones Públicas establecerán la jornada general y las especiales de trabajo de sus funcionarios públicos. La jornada de trabajo podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial". La claridad de este precepto es obvia y no se ha impugnado la legalidad de su contenido ni planteado ninguna eventual cuestión de inconstitucionalidad respecto al EBEP por esta razón.

Por su parte el art. 51 de la misma ley ordena: "Para el régimen de jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral se estará a lo establecido en este Capítulo y en la legislación laboral correspondiente" . Este enunciado supone un mandato dentro del cual se engloban dos prescripciones, que se refieren, respectivamente, a la competencia normativa para regular el establecimiento de la jornada del personal laboral público y al contenido de esa regulación.

Ese contenido remite al derecho de libertad sindical, que veremos más adelante, al hilo de las alegaciones de demanda sobre este punto. Por el momento, la materia que ahora se examina nos lleva al art. 149.1.17 CE, en virtud del cual el Estado tiene competencia exclusiva para decidir cómo se determina la jornada de los empleados públicos laborales, cosa que ha hecho a través del ET en sus arts. 34 y siguientes y normas de desarrollo, estableciendo un máximo de 40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual. Pero para fijar en el caso concreto de cada Administración qué jornada realizan sus empleados laborales públicos el art. 149.1.17 ya no entra en juego, lo cual es lógico, porque, si lo entendiéramos asi, resultarla que el Estado tendría que fijar la duración de la jornada de todos y cada una de las Administraciones públicas, lo cual difícilmente parece admisible.

DUODÉCIMO.- Reforzando la afirmación de que no todo lo que afecta al régimen de personal laboral de las diversas Administraciones públicas tiene encaje en el título competencial del Estado del art. 149.1.17 CE, recordamos que la disposición final primera de la Ley 6/11 no es la primera norma autonómica que incide sobre el régimen de los trabajadores laborales de la CM. Existen disposiciones dentro del derecho autonómico de esta Comunidad que abordan aspectos que afectan a la relación laboral del personal a su servicio y no por ello se ha alegado que tales previsiones fueran competencia exclusiva del Estado y la CM se hubiera extralimitado en su establecimiento; al contrario, frecuentemente han sido invocado por los sindicatos para reclamar el cumplimiento de esas disposiciones.

Tal es el caso, por ejemplo, de la previsión contenida en la disposición transitoria tercera del propio Estatuto de Autonomía de la CM, donde se regula, sin distinción alguna entre funcionarios y laborales, el régimen de los empleados públicos que se integraron en aquella fecha en su Administración, diciendo:

"Serán respetados los derechos adquiridos de cualquier orden o naturaleza que en los momentos de las diversas transferencias tengan los funcionarios y personas adscritas a la Diputación Provincial de Madrid, a los servicios estatales o a los de otras instituciones públicas objeto de dichas transferencias.- 2. Estos funcionarios y personal quedarán sujetos a la legislación general del Estado y a la particular de la Comunidad de Madrid, en el ámbito de su competencia".

Otro ejemplo mucho más próximo en el tiempo son las previsiones contenidas en la citada Ley de Presupuestos Generales de la CM para 2011 y el régimen que establecía para el personal laboral de las empresa públicas autonómicas cuya desaparición acordaba esa ley.

DECIMOTERCERO.- El otro argumento con el que los actores sostienen que, teniendo el Estado competencias exclusivas en la regulación de la legislación laboral, la CM no puede determinar la duración de la jornada de su personal laboral se asienta en el texto del anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012.

Se dice a propósito de este anteproyecto que el apartado uno de su disposición adicional septuagésima segunda incluye una medida similar a la de la disposición final primera de la L CM 6/11, y que el apartado tres de aquélla precisa que esa disposición tiene carácter básico y se dicta al amparo de los arts. 149.1.7^a, 149.1.13^a y 149.1.18^a CE, lo que es indicativo, según los actores, de que el Estado está reivindicando sus competencias exclusivas para regular la duración de la jornada de todos los empleados públicos.

Consideramos que no debe entenderse necesariamente así. Dejando aparte que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 no ha sido aprobada ni entrado en vigor, ni, por tanto, cabe dar por sentado que vaya a regularse en la forma que indican los demandantes, si de lo que se trata es de especular sobre el posible alcance de una disposición con ese hipotético futuro contenido, creemos que la interpretación que se le debiera dar no podría despegarse de lo ya dicho respecto al EBEP. Es decir, precisamente porque las Administraciones incluidas en el ámbito de aplicación del art. 2 del EBEP tienen capacidad para regular la duración de la jornada de sus empleados públicos, esos Órganos pueden acordar tal medida o no y, para conseguir que se adopte por todos ellos, el Estado la impone como medida de "bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica" ( art. 149.1.13 CE), a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, al igual que ha tomado por esta vía medidas de política de personal público en otras ocasiones, como es el caso de la reducción de salarios.

Así, la sentencia del Pleno del TC 222/06, con apoyo en anterior doctrina constitucional, señaló:

"El indudable impacto de las retribuciones del personal, que constituye el objeto de la norma básica, en las magnitudes macroeconómicas y el hecho de verse acompañada por otras decisiones en el mismo sentido, como la restricción en la oferta de empleo público durante el mismo ejercicio, deben conducir a aceptar, teniendo en cuenta los limites de este Tribunal en el control de estas decisiones macroeconómicas, la legitimidad competencial de la congelación salarial prevista en el art. 11 LPGE".

En la misma línea, pero con referencia específica a la CM, se encuentra la STC 103/1997, que resolvió el recurso de inconstitucionalidad planteado por la representación del Estado impugnando diversos preceptos de la Ley de la Asamblea de Madrid 4/1987, de Presupuestos Generales de la CM para 1988.

DECIMOCUARTO.- Alegan los actores que las Instrucciones impugnadas en este proceso lesionan el art. 37.1 CE, puesto en conexión con el art. 28.1 CE, desde una triple perspectiva: lesión por la CM del derecho de libertad sindical en su vertiente de derecho a la negociación colectiva, lesión del deber de alcanzar un acuerdo con los representantes de los sindicatos y modificación del ámbito de negociación colectiva.

Como punto de partida al estudio de ese planteamiento recordamos las palabras literales contenidas en la STC 210/90, que resolvió la problemática referente a si el establecimiento estatal de una jornada de 40 horas semanales, al margen de lo pactado en convenio colectivo, vulneraba o no el derecho a la negociación colectiva:

"Como hemos dicho en el Auto 858/1985, si de lo que se trata es de si la Ley puede fijar un limite a la negociación colectiva, el problema se sitúa en el marco del art. 37.1 y no en el del art. 28.1 CE".

Seguimos con los pronunciamientos constitucionales, esta vez referidos al art. 26.3 ET, a tenor del cual "Mediante la negociación colectiva o, en su defecto, el contrato individual, se determinará la estructura del salario, que deberá comprender el salario base, como retribución fijada por unidad de tiempo o de obra y, en su caso, complementos salariales fijados en función de circunstancias relativas a las condiciones personales del trabajador, al trabajo realizado o a la situación y resultados de la empresa, que se calcularán conforme a los criterios que a tal efecto se pacten". Pese a ese mandato legal de que la determinación del salario se haga por convenio colectivo, el salario de los empleados públicos fue fijado unilateralmente por el Estado mediante R. Decreto-Ley 8/10, en contra de lo pactado en convenios colectivos, y la inconstitucionalidad de esta medida fue resuelta en auto del TC 85/2011, de 7 de junio de 2011, lo que lleva a concluir que la decisión contenida en ese auto ha de ser la misma que se adopte en el presente litigio, porque en ambos es objeto de discusión la eventual lesión del derecho de libertad sindical por establecimiento de normas laborales heterónomas y desconocimiento de lo pactado en convenio colectivo.

DECIMOQUINTO.- El citado auto del Pleno del TC 85/10, dictado por el Pleno y sin votos particulares en contra, resolvió la cuestión de inconstitucionalidad planteada contra el R. Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptaron medidas extraordinarias para la reducción del déficit público (BOE 24/5/10), a resultas del cual se tomaron una serie de decisiones encaminadas a la contención en los gastos de personal de las diversas Administraciones públicas, entre ellas la reducción de la masa salarial del sector público en un 5 por ciento en términos anuales. Examinada dicha disposición legal, decidió dicho auto:

"El derecho a la negociación colectiva se reconoce en el art. 37.1 CE, precepto ubicado en la sección segunda, que lleva por rúbrica "De los derechos y deberes de los ciudadanos"; del capítulo II, intitulado "Derechos y libertades", del título primero de la Constitución, que tiene por denominación "De los derechos y deberes fundamentales". Dispone aquel precepto que "[L]a ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios". No obstante el doble mandato que a tenor del art. 37.1 CE dirige a la ley de garantizar el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios colectivos, este Tribunal ha declarado que esa facultad que poseen los representantes de los trabajadores y empresarios (art. 37.1 CE) de regular sus intereses recíprocos mediante la negociación colectiva "es una facultad no derivada de la ley, sino propia que encuentra expresión jurídica en el texto constitucional", así como que la fuerza vinculante de los convenios "emana de la Constitución, que garantiza con carácter vinculante los convenios, al tiempo que ordena garantizarla de manera imperativa al legislador ordinario" (STC 58/1985, de 30 de abril, FJ 3).

8. Los preceptos legales cuestionados, en la redacción que les ha dado el art. 1 del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, no regulan el régimen general del derecho a la negociación colectiva reconocido en el art. 37.1 CE, ni nada disponen sobre la fuerza vinculante de los convenios colectivos en general, ni, en particular, sobre los directamente por aquellos concernidos, que mantienen la fuerza vinculante propia de este tipo de fuente, derivada de su posición en el sistema de fuentes.

Para el órgano judicial promotor de la cuestión de inconstitucionalidad, sin embargo, los preceptos cuestionados "afectan" al derecho a la negociación colectiva en la medida en que afectan a la intangibilidad del convenio colectivo que es elemento o contenido esencial de aquel derecho. Abstracción hecha de que la intangibilidad o inalterabilidad no puede identificarse, ni, en consecuencia, confundirse, como se hace en el Auto de planteamiento de la cuestión, con la fuerza vinculante del convenio colectivo, lo cierto es que, como ya ha tenido ocasión de declarar este Tribunal, del art. 37.1 CE no emana ni deriva la supuesta intangibilidad o inalterabilidad del convenio colectivo frente a la norma legal, incluso aunque se trate de una norma sobrevenida (STC 210/1990, de 20 de diciembre, FFJJ 2 y 3), insistiendo el Tribunal en el contexto de esta declaración, en que, en virtud del principio de jerarquía normativa, es el convenio colectivo el que debe respetar y someterse no sólo a la ley formal, sino, más genéricamente, a las normas de mayor rango jerárquico y no al contrario (ibidem; en el mismo sentido, SSTC 177/1988, de 10 de octubre, FJ 4; 171/1989, de 19 de octubre, FJ 2; 92/1994, de 21 de marzo, FJ 2; y 62/2001, de 1 de marzo, FJ 3; ATC 34/2005, de 31 de enero, FJ 5)".

En consecuencia, con iguales argumentos a los del auto transcrito, hemos de concluir que la regulación de la L 6/11 de la CM no contraviene el derecho fundamental alegado en demanda.

DECIMOSEXTO.- Por otra parte, siendo que no resulta cuestionable que para dictar dicha resolución el TC ha tenido presente la facultad que le atribuye el art. 39. Dos de la LO 2/79, que le permite suscitar la denominada "autocuestión de inconstitucionalidad" dentro de los litigios que se le plantean ("El Tribunal Constitucional podrá fundar la declaración de inconstitucionalidad en la infracción de cualquier precepto constitucional, haya o no sido invocado en el curso del proceso"), obligadamente hemos de presuponer que, al resolver la cuestión de inconstitucionalidad planteada contra el R. Decreto-Ley 8/10, el TC no sólo ha considerado los argumentos expuestos por el órgano judicial proponente, sino que también ha tenido en cuenta los compromisos jurídicos dimanantes para España de la propia Constitución, de los Convenios, Tratados y demás legislación internacional de carácter laboral sobre negociación colectiva -integrados en nuestro ordenamiento jurídico por mandato del art. 96.1 CE- y también de la prestación del consentimiento dado en sus compromisos políticos comunitarios - art. 94.1.a) CE-, y que, valoradas todas esas obligaciones jurídicas, tomó la decisión que consideró más adecuada.

DECIMOSÉPTIMO.- La lesión del derecho sindical a la negociación colectiva como consecuencia de la modificación por parte de la CM del ámbito de negociación colectiva en materia de duración de jornada, alegada, incidentalmente, sin mayores precisiones, en demanda se puede responder con lo dicho anteriormente.

En todo caso, añadimos que los antecedentes legislativos de la L 6/11 nos remiten a la Ley de Presupuestos Generales de la CM para el año 2012, al objeto de cuya aplicación se elaboró la Ley 6/11, durante cuya tramitación parlamentaria el 22/12/11 se propuso una enmienda sobre reordenación del tiempo de trabajo de los empleados públicos de la CM, la cual fue finalmente aprobada, dando lugar a la disposición final primera de la ley 6/11, de 23 de diciembre, que se publicó el día 27 en el BOCAM con efectos de 1 de enero de 2012.

Está fuera de duda que este Tribunal no puede cuestionar la legalidad de la tramitación legislativa de la repetida ley 6/11. Como tampoco que a partir de su publicación no era negociable el acatamiento a una ley, sino la aplicación de sus medidas para los diversos colectivos de trabajadores afectados, que es lo que se hizo mediante las negociaciones que hemos indicado en el hecho declarado probado noveno. Parte de ellas, las previas al dictado de las Instrucciones controvertidas en este litigio, se desarrollaron en el seno de la Mesa General de Negociación de la Función pública; parte, las posteriores, en los ámbitos de aplicación correspondientes.

DECIMOCTAVO.- Por último, sobre la lesión por parte de la CM del derecho sindical a la negociación colectiva por infringir el deber de alcanzar un acuerdo con los representantes de los sindicatos en las negociaciones de referencia, hemos de decir que tal deber no existe ni, de existir, formarla parte del derecho fundamental que se invoca.

La inexistencia de ese deber se constata a través de la doctrina que contiene la sentencia del Tribunal Supremo de 26/5/09 (casación núm. 116/200), según la cual:

"En definitiva, la norma convencional en cuestión no presupone una obligación de alcanzar un acuerdo sino sólo de intentarlo, de manera análoga a lo que sucede con el "deber-derecho" previsto en el art. 89.1 del ET (aunque no sea éste exactamente el caso porque aquí la fuente normativa no es la Ley sino la autonomía colectiva), respecto del que constante jurisprudencia (por todas: TS 17-11-1998, R. 1760/98; 20-10-1997, R. 2717/95; o 30-9-1999, R. 3652/98) ha dado claramente a entender que únicamente impone a las partes la obligación de negociar, y de hacerlo de buena fe, pero no que se obtenga éxito en la negociación".

DECIMONOVENO.- Descartadas las razones que permitirían plantear cuestión de inconstitucionalidad contra la disposición final primera de la ley de la CM 6/11, la conclusión obligada es desestimar la demanda donde se pide la declaración de falta de conformidad a derecho de las "Instrucciones del Director General de Función Pública para la aplicación de la disposición adicional primera de la Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas", pues, digámoslo una vez más, estas Instrucciones son solo fiel reproducción de la ley de la que traen causa.

Aún así, queremos resolver la alegación de demanda referida a que el establecimiento de una jornada de 37,5 horas semanales por parte de la CM supone una modificación sustancial de condiciones de trabajo que no ha seguido el trámite establecido en el art. 41 ET , y, por tanto, constituye una decisión nula.

No lo es, ya que el supuesto contemplado en ese precepto estatutario se refiere sólo a los casos en que la modificación de condiciones laborales se produce por iniciativa unilateral de la empresa por causas determinadas, lo que no es el presente, donde no cabe duda de que la medida impugnada trae causa directa y obligada de una ley, y, por lo mismo, no precisa la indicada tramitación procedimental estatutaria, como tampoco la requirió en su día la adaptación que debieron hacer las empresas para dar efectividad a la jornada laboral de 40 horas semanales establecida por L 4/83, de 29 de junio , que llevó a decir al TC en sentencia 210/90 lo siguiente:

"La aplicación inmediata de la Ley 4/1983 desde su entrada en vigor tampoco vulnera el art. 37.1 CE. por repercutir y producir efectos sobre los convenios colectivos vigentes en ese momento. En efecto, el respeto al derecho constitucional a la negociación colectiva no obliga necesariamente al legislador a posponer la entrada en vigor de la norma al momento de la terminación del periodo de vigencia de los convenios colectivos, hasta el punto que, de no hacerlo así, haya de estimarse que lesiona aquel derecho constitucional. El art. 37.1 CE., ni por si mismo ni en conexión con el art. 9.3 CE., puede oponerse o impedir la producción de efectos de las Leyes en la fecha dispuesta por las mismas. Es el convenio el que debe respetar y someterse a la Ley y a las normas de mayor rango jerárquico y no al contrario, siendo constitucionalmente inaceptable que una Ley no pueda entrar en vigor en la fecha dispuesta por el legislador. La cuestión de cuándo entra en vigor una Ley, y en general de la aplicación en el tiempo de la misma, son materias en principio de plena competencia del legislador, teniendo éste una amplísima libertad de configuración y decisión al respecto. Y, si en uso de tal libertad, el legislador establece una concreta fecha de entrada en vigor, la Ley habrá de entrar en vigor entonces, aun cuando afecte a convenios colectivos vigentes, sin que tal efecto pueda estimarse lesivo del art. 37.1 CE., ni este precepto pueda impedir la producción de efectos de la Ley en la fecha prevista. Pues, como ya se ha anticipado, del art. 37.1 CE. no emana ni deriva el supuesto derecho a que lo establecido en el convenio colectivo (en nuestro caso, en materia de jornada) permanezca inalterado y sea inmune a lo establecido en una Ley posterior hasta el momento en que el convenio pierda vigencia, aun cuando la voluntad de dicha Ley sea entrar en vigor inmediatamente en la fecha en ella dispuesta".

VIGÉSIMO.- También la sentencia de la Audiencia Nacional de 10/5/10 (demanda 41/10), al resolver el conflicto colectivo promovido por el sindicato USCA contra AENA, descartó que el cambio de condiciones laborales del colectivo de controladores aéreos, entre ellos la duración de su jornada laboral, fuese contrario al derecho de negociación colectiva y a las previsiones del art. 41 ET sobre modificación sustancial de condiciones de trabajo, ya que el cambio llevado a cabo no tenía su origen en una decisión empresarial unilateral.

Y, sobre la base de esa doctrina, este Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado numerosas sentencias en las que se concluye que nada tiene que ver el caso donde una ley establece una jornada para un colectivo laboral y las empresas proceden a su aplicación con el caso donde una empresa toma la iniciativa de establecer una jornada determinada. Con este planteamiento ha desestimado repetidamente las reclamaciones de los controladores aéreos que pedían la extinción contractual ex art. 50.1 ET por incumplimiento empresarial de convenio, según vemos en sentencias de fechas 24/2/12 (rec. 5404/11), 1/2/12 (rec. 4499/11), 30/1/12 (rec. 3531/11), 27/1/12 (rec. 4736/119, 11/1/12 (rec. 2451/11), 19/11/12 (rec. 180511), 23/11/11 (rec. 2052/11), 14/11/11 (rec. 2956/11), 11/11/11 (rec. 3722/11), 21/10/11 (rec. 3078/11), 7/10/11 (rec. 2786/11), 6/10/11 (rec. 2109/11), 30/5/11 (rec. 223/11) y 21/7/11 (rec. 804/11).

Así pues, el presente caso es claramente distinto al litigio resuelto en la sentencia del Tribunal Supremo de 16/5/11 (casación 197/10), que puso fin al proceso de conflicto colectivo promovido contra la decisión de una empresa pública de establecer en 37,5 horas semanales la jornada de sus trabajadores, en lugar de la de 34 horas semanales que venían haciendo hasta entonces, invocando como base de la pretensión de demanda la aplicación del art. 41 ET.

VIGÉSIMO PRIMERO.- En definitiva, las Instrucciones impugnadas en este proceso suponen unas medidas de política de empleo establecidas en uso de unas facultades normativas similares a las que en ocasiones anteriores han supuesto para los empleados públicos medidas que empeoraban sus condiciones laborales, habiéndose convalidado constitucionalmente tales medidas, según hemos visto.

Por su parte, la jurisprudencia también fija unas pautas claras de resolución para el presente conflicto colectivo, tal como vemos en sentencia del Tribunal Supremo de 19/12/11 (casación 64/11), con criterio reiterado en la de 10/2/12 (casación 107/11), confirmando la desestimación en la instancia de las demandas de conflicto colectivo promovidas ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en impugnación de la decisión de sendas empresas públicas por las que se acordó reducir los salarios y las aportaciones al plan de pensiones de sus empleados, aplicando una ley autonómica vasca que se ejecutó mediante unas Instrucciones emanadas del Gobierno Vasco, a través de resolución dictada por el Viceconsejero de la Función Pública.

Y en sentencia del Tribunal Supremo de 31/1/12 (casación 184/2010), que confirmó la desestimación en la instancia de la demanda de conflicto colectivo promovida ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón contra la reducción del complemento autonómico impuesta por la Ley 5/2010 de 24 de junio del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan las medidas extraordinarias en el sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón para la reducción del déficit público.

Y en sentencia del Tribunal Supremo de 18/10/11 (casación 61/2011), que confirmó la desestimación en la instancia de la demanda de conflicto colectivo promovida ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en impugnación de la decisión de la Comunidad Autónoma por la que acordó reducir los salarios de sus empleados en aplicación de una ley autonómica.

Por lo que la demanda se desestima.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Contra la presente sentencia cabe recurso de casación ordinaria, de conformidad con lo previsto en el art. 206.1 LRJS.