Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sentencia de 5 Feb. 2013, Rec. 1440-2010. Ponente: Orduña Moreno, Francisco Javier. (LA LEY 974/2013)
La cuestión de fondo planteada en el caso es la nulidad de un precontrato de trabajo de un menor de edad para la formación y aseguramiento de sus servicios como futuro jugador profesional de fútbol.
El club de fútbol ejercitó demanda contra el jugador en reclamación de la suma de 3.489.000 €, en concepto de la cláusula penal pactada en el precontrato, al haberse integrado en la plantilla de otro equipo, incumpliendo los compromisos pactados en dicho precontrato. La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demanda condenando al demandado al pago de 500.000 €.
La Audiencia Provincial revocó parcialmente la sentencia de primera instancia en el sentido de condenar al demandado a pagar la suma de 3.489.000 €.
El Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto por el demandado y declara la nulidad del precontrato de trabajo y de la cláusula penal prevista en el mismo.
El Alto Tribunal comienza su exposición señalando que el interés superior del menor es el eje central en orden a enjuiciar la posible validez de la relación negocial celebrada, lo que conduce, necesariamente, a que esa validez haya de contrastarse tanto con los límites que presenta la autonomía privada y la libertad contractual (art. 1255 CC (LA LEY 1/1889)), como con los que se derivan de la representación de los hijos.
En este contexto, resalta el Tribunal la estrecha vinculación existente entre la tutela del interés superior del menor y el libre desarrollo de su personalidad (art. 10 CE (LA LEY 2500/1978)), que tiene, entre sus manifestaciones o presupuestos, el interés del menor en decidir sobre su futuro profesional, ámbito este en el que no cabe la representación, de modo que, el poder de representación que ostentan los padres, que nace de la ley y que sirve al interés superior del menor, no puede extenderse a aquellos ámbitos que supongan una manifestación o presupuesto del desarrollo de la libre personalidad del menor y que puedan realizarse por él mismo, caso de la decisión sobre su futuro profesional futbolístico que claramente puede materializarse a los 16 años (art. 162.1.º CC (LA LEY 1/1889)).
La sentencia argumenta también la necesidad de autorización judicial como presupuesto previo de la validez del contrato al tratarse de un acto que, realizado bajo la representación de los padres, vincula obligacionalmente al menor con una responsabilidad patrimonial derivada del incumplimiento realmente significativa. Atiende también al orden público laboral en donde el presente caso atentaría contra el principio de libertad de contratación que asiste al menor ya que las estipulaciones del precontrato fueron determinantes para que no pudiera decidir por él mismo acerca de su relación laboral en el momento en que debió y pudo hacerlo, ya al cumplir la mayoría de edad, o bien a los dieciséis años, con vida independiente de sus progenitores.
Finalmente, trata el Tribunal la cuestión referida a la inclusión en el precontrato de la cesión futura de los derechos de imagen del menor para cuando sea, en su caso, jugador profesional. Destaca, en este sentido, el ámbito no solo patrimonial sino personal de este derecho y su carácter irrenunciable, inalienable, imprescriptible, que puede ser revocado en todo momento.