Confirmado el derecho de un padre a que en la educación de su hijo se incorpore el castellano como lengua vehicular junto con el catalán (TS, 3ª, S 26 Feb. 2013. Rec. 2825/2012)
Diario La Ley, Nº 8063, Sección La Sentencia del día, 16 Abr. 2013, Año XXXIV, Editorial LA LEY
LA LEY 1661/2013
Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secc. 4.ª, 26 Feb.2013, Rec. 2825/2012. Ponente: Martínez-Vares García, Santiago (LA LEY 16016/2013).
El Alto Tribunal confirma el fallo de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ Cataluña, de 29 May. 2012 impugnada por la Generalidad de Cataluña, que estimando la pretensión relativa a la consideración del castellano como lengua vehicular solicitada por el padre de un menor en edad escolar, reconoce el derecho de éste, en relación a su hijo, a que el castellano se utilice como lengua vehicular en el sistema educativo, y por ende, impone a la Administración catalana el deber de adoptar las medidas necesarias para adaptar el sistema de enseñanza que afecte al niño a la nueva situación creada por la declaración de la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional, que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán.
Entiende el Tribunal Supremo que la sentencia impugnada ni es incoherente al tratar de justificar, que el hecho de que la lengua catalana sea el centro de gravedad del sistema de enseñanza en la Comunidad Autónoma no impide que el castellano haya de ser también lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña, ni incurre en arbitrariedad ni falta de motivación por concluir que el castellano (al que de las treinta horas semanales de dedicación escolar solo se le han dedicado tres a su aprendizaje) no recibe un trato como lengua vehicular en el sistema de enseñanza.
Aborda a continuación la Sala la denuncia que la Administración autonómica formula respecto a la inaplicación de facto de lo dispuesto en el artículo 35 de EAC y la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 (LA LEY 93288/2010), así como el artículo 11 de la Ley catalana de educación, y afirma que la sentencia objeto de recurso no niega lo previsto en dichas normas, sino que, lejos de inaplicarlas, las acomoda en su interpretación a la doctrina del Tribunal Constitucional que entiende que la mención, en estos textos normativos, del catalán como lengua vehicular y de aprendizaje no priva al castellano de tal condición. Es por ello, por lo que la Sala en la sentencia recurrida, no eludió, como denuncia la Generalidad de Cataluña, el mandato constitucional de plantear cuestión de inconstitucionalidad, sino que acomodó al ordenamiento jurídico las referidas normas, por la vía de la interpretación.
Finalmente el Alto Tribunal corrige el error en el que yerra la Administración catalana al entender limitado el carácter normal de la utilización del catalán como lengua vehicular solo por el reconocimiento del castellano como lengua docente, y tras exponer lo que ha querido decir el Constitucional al utilizar la palabra vehicular en relación con el castellano en Cataluña, afirma la necesidad de que el castellano sea lengua vehicular junto con el catalán, no pudiendo quedar reducido a la condición de lengua docente y equiparada en cuanto a su estudio al mismo número de horas que la primera lengua de estudio extranjera.
Para concluir la desestimación de todos los motivos y confirmar la sentencia impugnada, el Supremo afirma que el número de horas semanales que se está dedicando a la enseñanza del castellano no satisface su condición de lengua vehicular reconocida por el Tribunal Constitucional.