ANTECEDENTES DE HECHO Y PERSPECTIVA JURIDICA
Disuelto un matrimonio del que había nacido un hijo declarado incapaz en su día, su padre y ex marido, que contrajo nuevas nupcias de las que no hubo descendencia, fue satisfaciendo la pensión alimenticia a favor de su hijo incapaz acordada en el correspondiente convenio regulador, abono que persistió hasta el fallecimiento de dicho padre. Este último, en su testamento abierto, legó a su segunda esposa «el usufructo universal, vitalicio y sin fianza, de la totalidad de su herencia, facultándola para tomar por si misma posesión del legado», y también legó a su hijo «la legitima corta o estricta, en cualquier caso sustituido por las hermanas del otorgante.... por partes iguales», instituyendo como únicas y universales herederas de todos sus bienes a su esposa y a sus hermanas «a partes iguales entre las tres».
La primera esposa, madre del hijo incapaz, actuando en nombre del mismo, interpuso demanda de alimentos provisionales en el año 2000 contra la segunda esposa, usufructuaria viudal del fallecido padre de su hijo. La Sentencia del Juzgado de Primera estimó la demanda, frente a la cual la demandada interpuso recurso de apelación, en el que, una vez concluso y visto para sentencia, y cumplimentado el trámite del art. 35.2 LOTC (LA LEY 2383/1979), la Audiencia Provincial planteo cuestión de inconstitucionalidad respecto del art. 123.3 de la Ley 4/1995 de 24 de mayo (LA LEY 3027/1995) de Derecho Civil de Galicia por posible vulneración de los arts. 14 (LA LEY 2500/1978) y 39 CE. (LA LEY 2500/1978) El precepto cuestionado disponía que el titular del usufructo voluntario de viudedad viene obligado a «prestar alimento, con cargo al usufructo, a los hijos y descendientes comunes que lo precisen».
La AP argumenta la duda sobre la inconstitucionalidad del precepto en la medida en que «la obligación alimenticia a cargo del cónyuge viudo y a costa del usufructo, se hace en relación con los hijos y descendientes comunes», de manera que no se extiende a aquellos que lo son solo del fallecido, aun cuando estos también deben soportar el usufructo, criterio que contrasta con otros similares de la legislación foral (Aragón, Baleares y Cataluña) que impone la obligación de alimentos a los hijos del causante que no lo sean también del cónyuge supérstite. El precepto, razona la Sala, resultaría inservible, pues si los hijos fueses comunes —del causante y del viudo usufructuario— este último tendría obligación de prestar alimentos, como progenitor y no solo con cargo al usufructo sino con cargo a su patrimonio personal. Su aplicación, además, llevaría a desestimar la demanda a pesar de que la persona para la que se solicitan —único hijo del causante— era alimentista de este mientras vivió y ahora es su legitimario. Así las cosas, el alcance del precepto dejaría sin protección al descendiente no común que lo sea del causante, resultado contrario al art. 14 CE (LA LEY 2500/1978) que representa una discriminación por razón de nacimiento. Y también podría vulnerar el art. 39 CE (LA LEY 2500/1978) en cuanto que según la doctrina constitucional (STC 184/1990-FJ 2) no son necesariamente incompatibles con el art. 39.1 CE (LA LEY 2500/1978) «aquellas medidas de los poderes públicos que otorguen un trato distinto y más favorable a la unidad familiar basada en el matrimonio que a otras unidades convivenciales, ni aquellas otras medidas que faciliten o favorezcan el ejercicio del derecho constitucional a contraer matrimonio, siempre que con ello no se coarte ni se dificulte irrazonablemente al hombre y a la mujer que decidan convivir more uxorio». Y siempre que dichas medidas afecten solo a los integrantes de dicha unión respecto a otras previsiones normativas cuyos destinatarios sean los hijos, ya que estos son iguales ante la ley con independencia de su filiación, y a los cuales han de prestarles asistencia de todo orden porque, entre otros motivos, su filiación y condición matrimonial o extramatrimonial es el resultado de decisiones ajenas a los mismos.
Admitida a trámite la CI planteada, el TC dicta sentencia declarando inconstitucional y nulo el término «comunes» del precepto cuestionado.
DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y APLICACIÓN AL CASO CONCRETO.
Comienza el TC por abordar dos aspectos previos al examen de la cuestión de fondo. En primer lugar, la vigencia del precepto, pues la Ley 4/1995 (LA LEY 3027/1995) resulto derogada por la Ley 2/2006 (LA LEY 6592/2006) de 14 de junio de D. Civil de Galicia, de manera que el precepto cuestionado no estaba ya en vigor, siendo sustituido por el art. 243.3 de la nueva norma, con una redacción muy similar, pero de la que ha desaparecido la referencia al carácter «común» de los hijos o descendientes que precisasen alimentos con cargo al usufructo viudal. Sin embargo, la desaparición sobrevenida del precepto cuestionado no origina la pedida de objeto de la cuestión planteada en la medida en que aquel resulte aplicable al proceso a quo, circunstancia que es la que aquí concurre, toda vez que la propia Ley 2/2006 (LA LEY 6592/2006) se aplicará (DT 2ª) a las sucesiones cuya apertura tenga lugar a partir de la entrada en vigor de la misma, por lo que el Órgano judicial habrá de aplicar la norma cuestionada, siendo preciso un pronunciamiento sobre la misma en este proceso constitucional.
En segundo lugar, sobre las posibilidades de una interpretación constitucional del precepto, aceptado en primera instancia (con apoyo en el art. 508 C. Civil (LA LEY 1/1889)), pero rechazado por el Órgano proponente. El TC señala que no debe rectificar el entendimiento de la Sala promotora sobre su sujeción al enunciado legal del precepto en cuestión, sin olvidar que la interpretación conforme a la Constitución tiene sus límites en su propio tenor literal. Además, la posibilidad de interpretar la norma cuestionada conforme a la CE no permite considerar la cuestión como mal fundada, pues el planteamiento de la cuestión no se condiciona (art. 163 CE (LA LEY 2500/1978) y 35 LOTC (LA LEY 2383/1979)) a la imposibilidad de dicha interpretación, de manera que la previsión del art. 5.3 LOPJ (LA LEY 1694/1985) no puede entenderse como limitativa de los términos de planteamiento de la cuestión del art. 37 LOTC (LA LEY 2383/1979), ofreciendo a los Órganos judiciales la alternativa de la interpretación según la CE o el planteamiento de la cuestión.
En cuanto al fondo, precisa el TC que la cuestión plantada se incardina en el derecho a la igualdad en la ley —art.14 CE (LA LEY 2500/1978)—, vinculado con las prohibiciones de discriminación contempladas en el dicho precepto en relación con el art. 39.2 CE. (LA LEY 2500/1978)
Y así, partiendo de los rasgos esenciales del principio de igualdad «en» la ley (STC 295/2006 (LA LEY 112098/2006) FJ 5), que se conecta, en este caso, con una de las específicas prohibiciones del art. 14 en relación con el art. 39.2 CE (LA LEY 2500/1978): la interdicción de discriminación por razón de nacimiento. Desde esta perspectiva, y en alusión a los motivos de discriminación prohibidos por el art. 14 CE (LA LEY 2500/1978), recuerda la ilegitimidad constitucional de los tratamientos diferenciados respecto de aquellos que operan como factores determinantes o no aparecen fundados más que en motivos de discriminación que dicho precepto prohíbe, al tratarse de características que expresamente excluye como causas de discriminación. Lo que no significa que dichos motivos de discriminación no puedan ser utilizados excepcionalmente como criterio de diferenciación jurídica, si bien entonces resulta más estricto el canon de control para valorar la legitimidad de la diferencia y su proporcionalidad, y más rigurosa la carga de acreditar el carácter justificado de la diferenciación.
Y, en concreto, con relación a la prohibición de discriminación por nacimiento, el TC encuadra dentro de la misma la igualdad entre las distintas clases de filiación, equiparando éstas absolutamente. Además, este principio opera aquí con el trasfondo del art. 39.2 (LA LEY 2500/1978) y 3 CE, en cuanto obliga a los poderes públicos asegurar «la protección integral de los hijos, iguales estos ante la Ley con independencia de su filiación», y a los padres a «prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio», de manera que una opción legislativa que quebrante esa unidad en la protección de los hijos —la filiación no admite categorías intermedias— incurre en discriminación por nacimiento expresamente prohibida. Por ultimo, el juicio de igualdad exige comprobar que la norma contiene consecuencias diversificadoras a categorías de personas determinadas creadas por el legislador y que las situaciones subjetivas a comparar son homogéneas.
Aplicando lo anterior, señala el TC que la norma evidencia que el legislador gallego otorga un trato diferente a los hijos y descendientes comunes respecto de los no comunes, descendientes todos ellos del mismo causante, cuya única diferencia reside en la diferente relación o vinculo con la usufructuaria, obviamente inexistente en el caso de descendientes que lo son únicamente del causante.
En cuanto a la justificación razonable del precepto, tomando como determinante la ausencia de vinculo con la usufructuaria, habrá que valorar su finalidad, que es proteger a quien disfrutaba a su favor y a cargo del causante al momento de su muerte, del derecho a la prestación de alimentos en caso de necesidad, imponiendo la pervivencia de la obligación con cargo al usufructo viudal, evitando así su extinción por muerte del obligado. Pues bien, tanto los hijos comunes como los que solo lo son del causante, se encuentran en una situación equiparable: les une el mismo vinculo familiar con el causante y con su patrimonio, y lo mismo cabe decir en relación con la prestación de alimentos, puesto que ambos tienen reconocido, antes de la muerte del progenitor, el derecho de alimentos, obligación que debía satisfacerse con cargo a la unidad patrimonial que permanece unida en cuanto que gravada con el usufructo.
En esta situación, la preexistencia de previo vínculo con el beneficiario del usufructo, determinante del ámbito de obligación que regula la norma, no puede considerarse como elemento de diferenciación valido desde la perspectiva de prohibición de discriminación por razón de filiación. El precepto atiende a dar cobertura a eventuales situaciones de necesidad del alimentista, imponiendo una obligación que pesa sobre el beneficiario del usufructo y con cargo a los bienes objeto del mismo, pudiendo surgir diferencias entre unos descendientes y otros en la aplicación del precepto que no pueden darse en la exigencia del previo vinculo con el usufructuario. En efecto, desde la regla de la parificación de trato, la circunstancia de que puedan existir descendientes no comunes que puedan quedar sumidos en situación de desprotección frente a otros comunes protegido por el precepto cuestionado, pudiendo ser herederos de los mismos bienes, y con la misma relación con el causante, no asegura a los descendientes solo del causante idéntica cobertura familiar a sus necesidades y discrimina a unos frente a otros por razón de su filiación. En consecuencia, la utilización del carácter común o no común de los hijos del causante como circunstancia que priva de la posibilidad de reclamar alimentos a los descendientes que lo fueren solo del fallecido, supone la introducción por el legislador gallego de de una distinción basada en una circunstancia irrelevante en relación con la finalidad perseguida por la norma, diferenciando situaciones que requerían la misma valoración y sin aportar una justificación razonable de la diferencia de trato.
Por ultimo, la contradicción del precepto con el art. 14 CE (LA LEY 2500/1978) no puede salvarse con una interpretación constitucional del mismo, toda vez que pugnaría con sus términos literales, que no ofrecen ninguna duda sobre al silencio del legislador respecto a la extensión de la obligación de alimentos de los descendiente no comunes, aspecto que es objeto de justificación, en cuanto a la supresión del requisito de comunes en la Exposición de motivos de la citada Ley 2/2006 (LA LEY 6592/2006). Ni tampoco es admisible, según lo aducido por la Xunta de Galicia, el margen de libertad del legislador para regular la institución, pues esa valoración tiene unos limites constitucionales con respeto al art. 14 CE (LA LEY 2500/1978) que exige dispensar el mismo tratamiento a quienes se encuentran en situaciones jurídicas equiparables, sin que quepa una discriminación contradictoria con la CE.
COMENTARIO
La STC aborda la vulneración del art. 14 CE (LA LEY 2500/1978) en relación con el art. 39 CE (LA LEY 2500/1978), desde el cuestionado art. 123.3 de la Ley 4/1995 de D. Civil de Galicia (LA LEY 3027/1995), en cuanto que dicho precepto excluiría a los hijos o descendientes del causante, que no fueran «comunes» con el cónyuge viudo usufructuario, de la condición de beneficiarios de la obligación de prestar alimentos impuesta a dicho usufructuario con cargo a los frutos y rentas derivados de las bienes hereditarios, exclusión que sería discriminatoria respecto de aquellos hijos o descendientes solo del causante y, por ello, carentes de la cualidad de «comunes» con el usufructuario. Esta STC tiene varios aspectos de interés, a saber:
1.-Aspectos previos.- El TC se refiere a dos consideraciones:
Con relación a la posible pérdida sobrevenida de objeto, por desaparición del precepto cuestionado, resulta, en efecto, que la Ley 4/1995 (LA LEY 3027/1995) no solo había sido derogada por la citada Ley 2/2006 (LA LEY 6592/2006), sino que en el precepto equivalente —ahora art. 243.3— se había suprimido la referencia al carácter de comunes de los hijos o descendientes que precisen alimentos con cargo al usufructo viudal. Pero el TC acude a su doctrina —ver SSTC 179/2006 (LA LEY 63211/2006) y 175/2011 (LA LEY 231607/2011), FJ 2— en el sentido de que lo importante para evaluar dicha pérdida sobrevenida es si, como consecuencia de una modificación o derogación legislativa, el precepto cuestionado sigue o no siendo aplicable al pleito de origen y, por tanto, si de su validez depende la decisión a adoptar en el mismo. Pues bien, en este caso, el nuevo precepto solo resulta aplicable —DT 2ª L. 2/2006 (LA LEY 6592/2006)— a las sucesiones cuya apertura se produzca con posterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley, circunstancia que deja fuera de su cobertura el supuesto enjuiciado, al que, por tanto, continua siendo aplicable el antiguo precepto, de cuya validez depende el fallo, lo que excluye una eventual pérdida sobrevenida del objeto por la nueva ley.
En cuanto a lo segundo —posibilidad interpretación conforme a la Constitución que excluiría la necesidad de planteamiento de la cuestión— la Sala proponente no la considera viable por la claridad de los términos legales e inexistencia de lagunas que permitieran acudir a la analogía. El TC recuerda que no le corresponde resolver controversias interpretativas de legalidad entre Órganos jurisdiccionales, sino valorar la adecuación a la CE de una norma de cuya validez dependa el fallo (SSTC 157/1990 (LA LEY 1561-TC/1991), FJ 2 y 114/1994, FJ 2), ni debe rectificar el entendimiento del órgano judicial sobre su sujeción al precepto de cuya constitucionalidad duda, aparte de que entre los límites de la interpretación constitucional se encuentra el respeto a su tenor literal (así, con referencia a las SSTC 222/1992 (LA LEY 2078-TC/1992) y 138/2005 (LA LEY 1328/2005)), máxime a la vista de la E. de Motivos de la Ley 2/2006 (LA LEY 6592/2006) y la supresión del término «comunes» en su nuevo art. 234.3. La posibilidad de interpretación conforme a la Constitución, en fin, no implica que la Cuestión este mal fundada, pues dicho requisito no lo exigen los arts. 163 CE (LA LEY 2500/1978) y 35 y 37 LOTC (LA LEY 2383/1979), ni éste queda limitado por el art. 5.3 LOPJ (LA LEY 1694/1985), que solo ofrece la alternativa de interpretación constitucional o planteamiento de cuestión (STC 105/1988 (LA LEY 3676-JF/0000) FJ 1).
2.-Aspectos sustantivos.- En la cuestión de fondo, la respuesta del TC se encuadra desde la siguiente perspectiva:
1.- El principio de igualdad «en» la ley impide (STC 295/2006 (LA LEY 112098/2006) FJ 5) desigualdades artificiosas o injustificadas, de manera que las consecuencias jurídicas de una posible diferencia sean proporcionada a su finalidad y se eviten resultados excesivamente gravosos o desmedidos. Hemos de añadir, además, que la doctrina del TC precisa que el art. 14 CE (LA LEY 2500/1978) incorpora una clausula general de igualdad de todos los españoles ante la ley,
y que la enumeración del art. 14 CE (LA LEY 2500/1978) no implica una lista cerrada, aunque comporta la interdicción de supuestos de diferenciación históricamente muy arraigados (sobre el art. 14 CE (LA LEY 2500/1978), ver STC 63/2011 (LA LEY 62383/2011), FJ 3).
2.- El TC ha declarado la ilegitimidad de tratamientos diferenciados asentados en los motivos de discriminación prohibidos por el precepto, lo que no excluye su utilización jurídica excepcional como criterio de diferenciación, eso si, sometidos entonces a un canon de control mas estricto y exigiendo con mas rigor su justificación (así, STC 9/2010 de 27 de abril (LA LEY 40970/2010), en la sucesión testamentaria que se reputa discriminatoria por dejar fuera a los hijos adoptivos).
3.- En cuanto a la prohibición de discriminación por nacimiento, el TC ha equiparado las distintas modalidades o clases de filiación, que operan no solo con el art. 14 CE (LA LEY 2500/1978), sino con el trasfondo del art. 39.2 (LA LEY 2500/1978) y 3 CE, tanto en cuanto a la protección integral de los hijos cuanto a la obligación de los padres de prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, sin que la filiación admita categorías jurídicas intermedias (STC 200/2001 (LA LEY 8066/2001), FJ 4).
4.- El juicio de igualdad requiere comprobar que la norma atribuye consecuencias distintas a categorías creadas por ella misma, y que las situaciones subjetivas a comparar sean realmente homogéneas, pues solo en tal caso la acción selectiva del legislador queda sujeta a control constitucional, es decir, si los elementos de diferenciación están o no fundados.
La respuesta concreta del TC al caso planteado comienza por valorar si la diferencia tiene justificación objetiva y razonable, y se articula, como sigue: 1.- De acuerdo con el art. 39 CE (LA LEY 2500/1978), sobre la atención a las necesidades de los hijos, la razón de la disposición cuestionada es la protección de quienes, al momento de la muerte del causante, venían disfrutando a su favor y a cargo de aquel, del derecho a la prestación de alimentos en caso de necesidad, obligación cuya pervivencia se impone con cargo al usufructo viudal, evitando la extinción de dicha obligación por muerte del obligado. 2.- Desde esta finalidad, la distinción entre hijos o descendiente común o solo del fallecido no es relevante, por cuanto son situaciones equiparables: mismo vínculo familiar con el causante y con su patrimonio, y ambos con reconocimiento del derecho a alimentos con anterioridad a su muerte. 3.- Añadir el criterio de previo vinculo con el beneficiario del usufructo carece de justificación, al distinguir entre unos y otros descendientes, cuando la regla derivada de la interdicción de la discriminación es la parificación, y las situaciones de unos y otros son equiparables, por lo que la norma no aseguraría a todos los descendientes del causante una idéntica cobertura familiar, discriminando por razón de filiación. 4.- La distinción del legislador gallego, basada en una circunstancia irrelevante en relación con la finalidad de la norma, ha dado un tratamiento desigual a situaciones que deberían haber recibido la misma valoración, sin aportar justificación objetiva y razonable, incurriendo en la discriminación proscrita por el art. 14 CE (LA LEY 2500/1978)