El Reglamento 650/2012, de 4 de julio suprime los obstáculos de aquellas personas que actualmente encuentran dificultades a la hora de ejercer sus derechos en situaciones de sucesión mortis causa con repercusiones transfronterizas.
Ámbito material de la norma: el Reglamento (UE) nº 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012 (LA LEY 13239/2012) se dicta en pro de la libre circulación de las personas y sus bienes, así como para la protección de los derechos de los herederos y legatarios y de las personas próximas al causante, sin olvidar a los acreedores de la sucesión.
Con carácter general, la competencia recaerá sobre los tribunales del Estado miembro en el que el causante tuviera su residencia habitual en el momento del fallecimiento, y se entenderá a la resolución de la totalidad de la sucesión. Sometida a determinados condicionantes, se instaura como competencia subsidiaria la de los tribunales del Estado miembro en el que se encuentren los bienes de la herencia.
En cuanto a la legislación aplicable, con carácter general será la del Estado en el que el causante tuviera su residencia habitual en el momento del fallecimiento, ello sin perjuicio de la libre elección por el causante de la Ley de su nacionalidad.
En materia sucesoria, las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los demás Estados miembros sin necesidad de recurrir a procedimiento alguno, teniendo fuerza ejecutiva.
El solicitante que en el Estado miembro de origen haya obtenido total o parcialmente el beneficio de justicia gratuita o una exención de las costas y los gastos gozará, en el procedimiento de declaración de fuerza ejecutiva, del beneficio de justicia gratuita más favorable o de la exención más amplia prevista por el Derecho del Estado miembro de ejecución.
Los documentos públicos expedidos en un Estado miembro tendrán en otro Estado miembro el mismo valor probatorio que en el Estado miembro de origen, o el efecto más parecido posible, siempre que ello no sea manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro requerido.
Se crea el certificado sucesorio europeo, para ser utilizado por los herederos, legatarios que tengan derechos directos en la herencia y ejecutores testamentarios o administradores de la herencia que necesiten invocar, en otro Estado miembro, su cualidad de tales o ejercer sus derechos como herederos o legatarios, o bien sus facultades como ejecutores testamentarios o administradores de la herencia. Su utilización no será obligatoria ni sustituirá a los documentos internos empleados en los Estados miembros para fines similares. No obstante, una vez expedido para ser utilizado en otro Estado miembro, producirá igualmente los efectos de hacer prueba de los extremos que han sido acreditados de conformidad con la ley aplicable a la sucesión o con cualquier otra ley aplicable a extremos concretos de la herencia.
Estructura: Cuenta la norma con 84 artículos contenidos en 7 Capítulos.
Delimita el Capítulo I el ámbito de aplicación de la Directiva y las definiciones de los conceptos en ella utilizados.
Regula el Capítulo II la competencia judicial y el Capítulo III la legislación aplicable.
Mientras que el Capítulo IV regula el reconocimiento, fuerza ejecutiva y ejecución de resoluciones; el Capítulo V hace lo propio en relación a la eficacia probatoria de los documentos públicos y del carácter ejecutivo de las transacciones judiciales.
Crea el Capítulo VI el Certificado Sucesorio Europeo, que será expedido en el Estado miembro cuyos tribunales sean competentes.
Contiene el Capítulo VII las Disposiciones Generales y Finales.
Vigencia y Normas Transitorias: entra en vigor el día 16 de agosto de 2012, a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 17 de agosto de 2015, excepto por lo que respecta a los artículos 77 y 78, que serán aplicables a partir del 16 de enero de 2014, y a los artículos 79, 80 y 81, que serán aplicables a partir del 5 de julio de 2012.