I. INFORMACIÓN SOBRE EL NUEVO RÉGIMEN LEGAL, POSTULADOS Y ARRAIGO EN CRITERIOS JURÍDICOS PREEXISTENTES
Conviene hacer una reflexión sobre la figura de la tasa judicial, cuyo justificante de abono a través del modelo 696 hay que adjuntar, por lo que al orden contencioso-administrativo respecta, al escrito de recurso contencioso-administrativo, al recurso de apelación o al recurso de casación.
La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional había sido suprimida por la Ley 25/1986, de 24 de diciembre (LA LEY 2851/1986) y fue recuperada para los órdenes civil y contencioso-administrativo por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre (LA LEY 1831/2002), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Sin embargo, según el legislador, la existencia de ciertos desajustes en tal regulación ha conducido a la adopción de una nueva normativa que permita profundizar en determinados aspectos de las tasas judiciales, en especial los que el Tribunal Constitucional declaró conformes a la Constitución en su sentencia 20/2012, de 16 de febrero.
Dicha nueva normativa es la Ley 10/2012, de 20 de noviembre (LA LEY 19404/2012), por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Según su Exposición de Motivos, «el derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita. Se trata de dos realidades jurídicas diferentes. Desde el momento en que la Constitución encomienda al legislador la regulación del alcance de esta última, está reconociendo que el ciudadano puede pagar por los servicios que recibe de la Administración de Justicia. Sólo en aquellos supuestos en los que se acredite "insuficiencia de recursos para litigar" es la propia Constitución la que consagra la gratuidad de la justicia. La Ley pone todo el cuidado en que la regulación de la "tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social" no afecte al derecho a acceder a la justicia como componente básico del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva proclamado por el artículo 24 de la Constitución (LA LEY 2500/1978), de acuerdo con la jurisprudencia a este respecto del Tribunal Constitucional. La reciente sentencia del Tribunal Constitucional no sólo ha venido a confirmar la constitucionalidad de las tasas, sino que además expresamente reconoce la viabilidad de un modelo en el que parte del coste de la Administración de Justicia sea soportado por quienes más se benefician de ella. Con esta asunción por los ciudadanos que recurren a los tribunales de parte del coste que ello implica se pretende racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional, al mismo tiempo que la tasa aportará unos mayores recursos que permitirán una mejora en la financiación del sistema judicial y, en particular, de la asistencia jurídica gratuita, dentro del régimen general establecido en el artículo 27 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LA LEY 1781/2003)».
La regulación de la tasa judicial pretende que no sea sólo una cuestión meramente tributaria, sino también procesal. Así el nuevo marco de la tasa regulado por la Ley 10/2012 (LA LEY 19404/2012) parte, por un lado, de que su gestión económica corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas; pero, por otro, se tiene en cuenta la puesta en marcha de la Oficina Judicial y las competencias del Secretario judicial, que colaborará con la AEAT en dicha gestión.
El recurso económico a la tasa en el ámbito de la Administración de Justicia parte de su concepto en el Derecho tributario, en el que su hecho imponible está constituido, entre otros supuestos, por la prestación de servicios en régimen de Derecho público que afecten o beneficien al obligado tributario. Asimismo, la determinación de la carga tributaria no se hace a partir de la capacidad económica del contribuyente, sino del coste del servicio prestado, que nunca puede superarse.
Mediante la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre (LA LEY 20930/2012)(BOE de 15 de diciembre de 2012), ha sido aprobado el nuevo modelo 696 de autoliquidación de la tasa, y en el mismo se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación.
El ámbito de aplicación de la tasa se extiende a todo el territorio español, ya que tiene carácter estatal, y todo ello sin perjuicio de la exacción de otras tasas u otros tributos que puedan exigir las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus respectivas competencias financieras, los cuales no podrán gravar los mismos hechos imponibles.
En el orden contencioso-administrativo que nos interesa, constituye el hecho imponible de la tasa el ejercicio de la potestad jurisdiccional originada por el ejercicio de la interposición de la demanda en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, la interposición de recursos de apelación contra sentencias y de casación. Esta nueva regulación mantiene dos supuestos de exención objetiva total de la tasa que se contenía en la regulación anterior e introduce uno nuevo (casos de silencio e inactividad administrativos), pero hace desaparecer el supuesto de exención de la impugnación de disposiciones de carácter general. Tales exenciones objetivas, que conllevan la ausencia de obligación de presentación del modelo 696 de autoliquidación de la tasa, son las siguientes:
- 1.— La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos cuando se trate de los procedimientos especialmente establecidos para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas, así como contra la actuación de la Administración electoral.
- 2.— La interposición de recurso contencioso-administrativo por funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios.
- 3.— La interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración (1) .
El sujeto pasivo de la tasa a título de contribuyente será quien promueva el ejercicio de la potestad jurisdiccional y realice el hecho imponible de la misma, ya sea persona física o persona jurídica. A estos efectos, se entenderá que se realiza un único hecho imponible cuando en la demanda se acumulen varias acciones principales, que no provengan de un mismo título. Aunque en este caso de acumulación de acciones, para el cálculo del importe de la tasa, se sumarán las cuantías de cada una de las acciones objeto de acumulación.
Este concreto aspecto de los sujetos pasivos afectados por la tasa es quizás uno de los más polémicos de la nueva Ley 10/2012 (LA LEY 19404/2012) pues se elimina la importantísima exención que afectaba a todas las personas físicas, y es que, con la regulación contenida en la anterior Ley 53/2002 (LA LEY 1831/2002) solo abonaban la tasa judicial las personas jurídicas, existiendo además unos supuestos de exención a tales entidades privadas en función de unas cifras de negocio netas tan elevadas que, en la práctica, la exención era la regla general. En la nueva Ley 10/2012 (LA LEY 19404/2012), no obstante, se prevén ciertas exenciones subjetivas para las personas físicas, pero sin que este supuesto de exención llegue lógicamente a amparar un colectivo tan amplio como el de la regulación anterior (pues, reiteramos eximía a todas las personas físicas). Además se mantienen las exenciones subjetivas que afectaban a Administraciones y ciertos órganos que ya se contemplaban en la normativa anterior. Estas exenciones, que conllevan que en la práctica estos sujetos pasivos exentos no tienen que cumplimentar el modelo 696 de autoliquidación de la tasa (a diferencia de lo que ocurría con la regulación anterior con las personas jurídicas exentas, que sí debían presentar el modelo 696 aunque no realizaran ingreso alguno), afectan en concreto a:
- a) Las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora.
- b) El Ministerio Fiscal.
- c) La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas.
- d) Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
El devengo de la tasa se produce en el momento de la interposición del recurso contencioso-administrativo, acompañada o no de la formulación de demanda, en el momento de la interposición del recurso de apelación, y en el momento de la interposición del recurso de casación.
La base imponible de la tasa coincide con la cuantía del procedimiento judicial o recurso, determinada con arreglo a las normas procesales. Los procedimientos de cuantía indeterminada o aquellos en los que resulte imposible su determinación, se valorarán en 18.000 euros de cuantía a los solos efectos de establecer la base imponible de esta tasa. En los supuestos de acumulación de acciones o en los casos en que se reclamen distintas pretensiones en una misma demanda, reconvención o interposición de recurso, para el cálculo de la tasa se tendrá en cuenta la suma de las cuantías correspondientes a las pretensiones ejercitadas o las distintas acciones acumuladas. En el caso de que alguna de las pretensiones o acciones acumuladas no fuera susceptible de valoración económica, se aplicará a ésta la regla señalada en el apartado anterior.
En cuanto a la cuota tributaria o cuantía de la tasa, la nueva regulación mantiene la del art. 35 Ley 53/2002, de 30 de diciembre (LA LEY 1831/2002), de forma que viene a integrarse por dos factores: una cantidad fija, en función del tipo de procedimiento o recurso de que se trate; y otra variable, en atención a la cuantía del proceso judicial.
La cantidad fija varía en función de cada clase de procedimiento (abreviado, 200 euros; ordinario, 350 euros; recurso de apelación, 800 euros; y recurso de casación, 1200 euros). La cantidad variable será la resultante de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen que corresponda según una escala: de 0 a 100.000 euros se aplicará un tipo del 0,5% y del esa cifra en adelante un tipo del 0,25%, con un máximo variable de 10.000 euros.
Este tributo se exigirá por el procedimiento de autoliquidación, la cual se verificará a través del modelo 696 aprobado por la Orden HAP/2662/2012 (LA LEY 20930/2012), siendo los propios sujetos pasivos quienes autoliquidarán esta tasa conforme al modelo oficial y procederán a su ingreso en el Tesoro Público con arreglo a lo dispuesto en la legislación tributaria general y en las normas reglamentarias de desarrollo. El pago de la tasa podrá realizarse por la representación procesal o abogado en nombre y por cuenta del sujeto pasivo, en especial cuando éste no resida en España y sin que sea necesario que el mismo se provea de un número de identificación fiscal con carácter previo a la autoliquidación. El procurador o el abogado no tendrán responsabilidad tributaria por razón de dicho pago. Con este inciso de la Ley 10/2012 (LA LEY 19404/2012) se viene a solucionar un problema que se venía planteando hasta ahora para el pago de la tasa respecto de los extranjeros o residentes fuera de nuestro país personados en un pleito en España, los cuales debían aportar muchos documentos que ni siquiera son necesarios para el proceso. Cuando sucedía en actos procesales como la contestación a la demanda y la reconvención o la interposición de recursos ni siquiera daba tiempo a legalizar todos los documentos precisos (estatutos, poderes, traducciones juradas y apostillas o legalizaciones consulares). Ello explica la nueva solución que permite que, con carácter general, sea el abogado o procurador del sujeto pasivo el que pague la tasa que permita los actos procesales correspondientes.
La adecuada gestión del tributo requiere, como ya hemos indicado, la participación activa de los órganos judiciales en diversos momentos del proceso judicial, fundamentándose esta participación desde un punto de vista jurídico en el deber de colaboración con la Administración tributaria de los juzgados y tribunales, de las autoridades de cualquier naturaleza, y de quienes en general ejerzan funciones públicas, contenido en los apartados 1 y 3 del art. 94 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LA LEY 1914/2003)
Esta colaboración en la gestión se aprecia, por ejemplo, en caso de que no se acompañase el justificante del pago de la tasa, en cuyo caso el Secretario judicial ha de requerir al sujeto pasivo para que lo aporte; asimismo, a la hora de la comprobación de la correcta autoliquidación de la tasa; o en la obligación de comunicación por escrito a la delegación de la AEAT competente de la modificación de la cuantía en el plazo de cinco días desde la notificación de la resolución en la que se determine la cuantía definitiva.
El justificante del pago de la tasa con arreglo al modelo 696, debidamente validado, ha de acompañar a todo escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible de este tributo. El art. 8.2 Ley 10/2012 (LA LEY 19404/2012) señala que en caso de que no se acompañe tal justificante de pago de la tasa «el Secretario judicial procederá a requerir al sujeto pasivo para que lo aporte, no dando curso al escrito hasta que tal omisión fuese subsanada. No obstante, la falta de presentación del justificante de autoliquidación no impedirá la aplicación de los plazos establecidos en la legislación procesal, de manera que la ausencia de subsanación de tal deficiencia, tras el requerimiento del Secretario judicial dará lugar a la preclusión del acto procesal y a la consiguiente continuación o finalización del procedimiento, según proceda».
Por tanto, en los procesos contencioso-administrativos la falta de subsanación conduciría a la finalización del procedimiento judicial.
Una previsión semejante sobre los efectos de la falta de subsanación ya estaba contenida en el art. 35.7 Ley 53/2002 (LA LEY 1831/2002) y generó muchas dudas sobre su constitucionalidad, las cuales fueron puestas de manifiesto por los más altos Tribunales, hasta el punto de llegar a decirse que el impago o la falta de acreditación del abono de la tasa no podía constituir un obstáculo para satisfacer el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a los recursos y que su no abono en plazo de subsanación no podía dar lugar al archivo de las actuaciones (cfr. AAN 13 de abril de 2011 o STS 5 de mayo de 2010). Sin embargo, el Tribunal Constitucional en su STC 20/2012, de 16 de febrero (LA LEY 17256/2012), ha declarado la plena constitucionalidad de la regulación de la tasa judicial por la Ley 53/2002 (LA LEY 1831/2002) y, en concreto, ha señalado que es facultad del legislador la configuración de las condiciones y consecuencias del derecho de acceso a la justicia, debiendo éstas ser, en todo caso, plenamente respetuosas con las previsiones constitucionales sobre la gratuidad de la justicia proclamada en el art. 119 CE (LA LEY 2500/1978) respecto de las personas físicas y guardar la adecuada proporcionalidad con la naturaleza del proceso y la finalidad perseguida:
«En definitiva, debemos enjuiciar si es constitucional la previsión legal de que las demandas civiles que no vayan acompañadas del documento que acredite el pago de la tasa judicial prevista por el art. 35 de la Ley 53/2002 (LA LEY 1831/2002), no serán cursadas por el Secretario judicial y, por ende, serán inadmitidas por el Juzgado transcurrido el plazo de los diez días de subsanación previsto por el mismo apartado 7, párrafo 2, de este art. 35.
7. Es doctrina reiterada de este Tribunal que el primer contenido del derecho a obtener la tutela de Jueces y Tribunales, en un orden cronológico y lógico, es el acceso a la jurisdicción, que se concreta en el derecho a ser parte en un proceso y poder promover la actividad jurisdiccional que desemboque en una decisión judicial sobre las pretensiones deducidas (SSTC 220/1993, de 30 de junio (LA LEY 2251-TC/1993), FJ 2 y 34/1994, de 31 de enero, FJ 2, entre otras). Asimismo, hemos dicho queel derecho a la tutela judicial efectivano es un derecho de libertad, ejercitable sin más y directamente a partir de la Constitución, sino quees un derecho prestacional y de configuración legal, cuyo ejercicio está sujeto a la concurrencia de los presupuestos y requisitos procesales que, en cada caso, haya establecido el legislador (SSTC 99/1985, de 30 de septiembre (LA LEY 481-TC/1986), FJ 4 y 182/2004, de 2 de noviembre, FJ 2).Ello implica que el legislador cuenta con un ámbito de libertad amplio en la definición o determinación de las condiciones y consecuencias del acceso a la justicia, pues le incumbe configurar la actividad judicial y, más concretamente, el proceso en cuyo seno se ejercita el derecho fundamental ordenado a la satisfacción de pretensiones dirigidas a la defensa de derechos e intereses legítimos(STC 206/1987, de 21 de diciembre (LA LEY 53407-JF/0000), FJ 5).En esta regulación, la ley podrá establecer límites al ejercicio del derecho fundamental que serán constitucionalmente válidos si, respetando su contenido esencial (art. 53.1 CE (LA LEY 2500/1978)), están dirigidos a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la naturaleza del proceso y la finalidad perseguida(entre otras, SSTC 158/1987, de 20 de octubre (LA LEY 53947-JF/0000), FJ 4; 32/1991, de 14 de febrero (LA LEY 1552-JF/0000), FJ 4; y 133/2004, de 22 de julio (LA LEY 1774/2004), FJ 4, recaída precisamente al controlar la constitucionalidad de una norma que limitaba el acceso a la justicia en aras al cumplimiento de deberes tributarios). En principio, pues, el derecho reconocido en el art. 24.1 CE (LA LEY 2500/1978) puede verse conculcado por aquellas disposiciones legales que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carecen de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador (SSTC 60/1989, de 16 de marzo (LA LEY 876/1989), FJ 4; 114/1992, de 14 de septiembre (LA LEY 1975-TC/1993), FJ 3; y 273/2005, de 27 de octubre (LA LEY 1947/2005), FJ 5).
8. No se han suscitado dudas en este proceso acerca de la legitimidad de los fines que persigue la tasa, en cuanto se dirige a financiar el servicio público de la Administración de Justicia con cargo a los justiciables que más se benefician de la actividad jurisdiccional, disminuyendo correlativamente la financiación procedente de los impuestos, a cargo de todos los ciudadanos (...).
9. Es cierto quela Constitución ha explicitado un contenido constitucional del derecho a la gratuidad de la justicia que resulta indisponible y que acota la facultad de libre disposición del legislador.Lo hace en el segundo inciso del art. 119 CE (LA LEY 2500/1978), al proclamar que «en todo caso» la gratuidad se reconocerá «a quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar». Este concepto jurídico indeterminado ha sido precisado por varias Sentencias de este Tribunal, entre las que se encuentran la STC 16/1994, de 20 de enero (LA LEY 2512-TC/1994), que acabamos de recordar, junto a las SSTC 12/1998, de 15 de enero (LA LEY 1106/1998); 117/1998, de 2 de junio (LA LEY 9001/1998); y 95/2003, de 22 de mayo (LA LEY 2117/2003).
Sin embargo, no es preciso profundizar ahora en ese concepto constitucional. El Auto que ha planteado la cuestión de inconstitucionalidad no alberga duda alguna sobre la capacidad económica de la entidad litigante, una importante compañía de seguros, para abonar la tasa judicial prevista por el art. 35 de la Ley 53/2002. Lo cual obedece a la configuración legal de la tasa que ha sido creada por dicha Ley, totalmente diversa de las antiguas tasas judiciales que se encontraban en vigor cuando fue aprobada la Constitución y siguieron rigiendo hasta su derogación en 1986, como vimos en el fundamento jurídico 2.
(...)
Resulta, por tanto, indudable que el régimen vigente de las tasas judiciales que gravan la presentación de demandas civiles, a cuya eficacia sirve el mecanismo previsto en el precepto sometido a control en este proceso, es plenamente respetuoso con las previsiones constitucionales sobre la gratuidad de la justicia. Como dijimos en la Sentencia 117/1998, de 2 de junio (LA LEY 9001/1998), el contenido indisponible del derecho a la justicia gratuita sólo es reconducible a la persona física, única de la que puede predicarse el «nivel mínimo de subsistencia personal o familiar» al que se refiere el art. 119 CE (LA LEY 2500/1978), y que no es una creación del legislador, a diferencia de las personas jurídicas (FFJJ 4 y 5). De ahí que concluyésemos entonces que era constitucional que la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (LA LEY 106/1996), excluyera de sus beneficios a las sociedades mercantiles. Y aunque el derecho a la tutela judicial efectiva protege tanto a las personas físicas como a las jurídicas (SSTC 53/1985 (LA LEY 9898-JF/0000), de 20 de junio, FJ 1, y 137/1985, de 17 de octubre (LA LEY 10408-JF/0000), FJ 3), no debe ser olvidado que la situación de unas y otras es distinta respecto a la gratuidad de la justicia. La Sentencia 117/1998 afirmó que esa diferencia es especialmente predicable de las sociedades mercantiles de capital, que son un tipo de entidades en que el substratum que justifica su personificación jurídica se halla en la existencia de un pacto asociativo dirigido a racionalizar los riesgos de la actividad empresarial, limitando al valor de la aportación social la responsabilidad patrimonial de sus socios, y que deben ser ellos quienes sopesen si les interesa aportar fondos a la sociedad para alcanzar el acceso a la justicia a través de la persona jurídica (STC 117/1998, de 2 de junio (LA LEY 9001/1998), FJ 7).
Estos criterios han sido confirmados plenamente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En su Auto O'Limo contra España, de 24 de noviembre de 2009 (asunto núm. 33732/05) concluyó que el sistema establecido por el legislador español para facilitar asistencia jurídica gratuita ofrece «unas garantías sustanciales» para el derecho de acceso a los Tribunales, aunque queden excluidos de él las sociedades mercantiles o las asociaciones que, como la recurrente en aquel caso, no son de utilidad pública (§ 25). Para apreciar que excluir a las personas jurídicas de la gratuidad de la justicia no contradice, por sí mismo, el derecho de acceso a la tutela judicial que protege el art. 6.1 del Convenio europeo de derechos humanos (LA LEY 16/1950), el Tribunal de Estrasburgo subrayó que los fondos de los que disponen las asociaciones y las sociedades privadas para la defensa jurídica de sus derechos proceden de los recursos que sus miembros o socios acuerdan y aportan libremente, en función de sus intereses: no debe exigirse al Estado que gaste recursos económicos públicos en beneficio de entidades cuyos socios han decidido libremente no aportar los recursos económicos precisos para desarrollar sus actividades normales, especialmente cuando se trata de actividades procesales en relación con litigios sobre derechos de propiedad que no afectan más que a los particulares interesados en los hechos (§ 26).
En todo caso, desde nuestra perspectiva, debemos poner de manifiesto que en principio no vulnera la Constitución que una norma de rango legal someta a entidades mercantiles, con un elevado volumen de facturación, al pago de unas tasas que sirven para financiar los costes generados por la actividad jurisdiccional que conlleva juzgar las demandas que libremente deciden presentar ante los Tribunales del orden civil para defender sus derechos e intereses legítimos.
(...)
10.Esta conclusión general sólo podría verse modificada si se mostrase que la cuantía de las tasas establecidas por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre (LA LEY 1831/2002), son tan elevadas que impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en un caso concreto en términos irrazonables,atendiendo a los criterios de la jurisprudencia expuestos en el fundamento jurídico 7. En esta misma línea se ha pronunciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, a partir de la Sentencia Kreuz contra Polonia, de 19 de junio de 2001 (asunto núm. 28249/95), mantiene que el requisito de abonar tasas judiciales en procesos civiles no infringe por sí solo el derecho de acceso a un tribunal protegido por el art. 6.1 del Convenio de Roma. Sin embargo, la cuantía de las tasas no debe ser excesiva, a la luz de las circunstancias propias de cada caso, de tal modo que impida satisfacer el contenido esencial del derecho de acceso efectivo a la justicia (§§ 60 y 66; en el mismo sentido, SSTEDH de 26 de julio de 2005, Kniat c. Polonia, as. 71731/01; 28 de noviembre de 2006, Apostol c. Georgia, as. 40765/02; y 9 de diciembre de 2010, Urbanek c. Austria, as. 35123/05)».
La Ley desarrolla diversas cuestiones sobre la liquidación de la tasa que pueden suscitar problemática. Así, se prevé que para los casos en que a lo largo de cualquier procedimiento se fijase una cuantía superior a la inicialmente determinada por el sujeto pasivo, éste deberá presentar una declaración-liquidación complementaria en el plazo de un mes a contar desde la firmeza de la resolución que determine la cuantía. Y lo mismo cuando la cuantía del procedimiento no se hubiese determinado inicialmente por el sujeto pasivo o en los casos de inadecuación del procedimiento. Si, por el contrario, la cuantía fijada por el órgano competente fuere inferior a la inicialmente determinada por el sujeto pasivo, éste podrá solicitar que se rectifique la autoliquidación presentada y, en su caso, que se devuelva la parte de la cuota tributaria presentada en exceso, de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de las devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria.
Con la finalidad básica de incentivar la solución de los litigios por medios extrajudiciales, se establece una devolución de la cuota de la tasa, en todos los procesos objeto de la misma, cuando se alcance una terminación extrajudicial que ahorre parte de los costes de la prestación de servicios. Se trata de una devolución del 60% del importe de la cuota de la tasa, que se efectuará después de que el Secretario judicial competente certifique que se ha terminado el proceso por dicha vía extrajudicial. También la acumulación de procesos dará lugar a una devolución del 20% del importe de la cuota de la tasa abonada por cada una de las demandas que originaron aquellos procesos cuya tramitación unificada se acuerda. Y se aclara que en ningún caso estos supuestos darán lugar al devengo de intereses de demora. El procedimiento para la práctica de la devolución se inicia a instancia del sujeto pasivo mediante la presentación en estos supuestos de una solicitud de devolución de la que resulte la cantidad a devolver, realizada mediante la cumplimentación de un modelo oficial específico y diferente del modelo 696: el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social, aprobado por la misma Orden HAP/2662/2012 (LA LEY 20930/2012).
En cuanto a las formas de obtención del modelo 696 (para la autoliquidación de la tasa) y del modelo 695 (para la solicitud de devolución por solución extrajudicial y por acumulación de procesos), hay que resaltar como principal novedad respecto al modelo de tasa anterior, la desaparición del papel preimpreso, de forma que este formulario solo se podrá obtener por Internet, a través de en la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a la que se puede acceder a través del portal de la Agencia Tributaria en Internet (www.agenciatributaria.es) o bien directamente en la dirección electrónica https://www.agenciatributaria.gob.es.
En cuanto a las formas de presentación del modelo 696 y del modelo 695, en el supuesto de que el sujeto pasivo de la tasa sea una persona o entidad adscrita a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes o a alguna de las Unidades de Gestión de Grandes Empresas de las Delegaciones Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y en el de aquellas entidades que tengan forma jurídica de sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, la presentación de estos modelos se efectuarán de forma obligatoria por vía telemática a través de Internet. En el resto de casos, tanto la autoliquidación como la solicitud de devolución también podrán presentarse por vía telemática (en cuyo caso, gozarán de una bonificación del 10% de la cuota tributaria) o en formato papel obtenido al imprimir el resultado de cumplimentar el formulario descargado de Internet.
Importante es que el vencimiento en un proceso y la condena en costas a la otra parte trasladan el pago de la tasa judicial a la parte demandada. La Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal (LA LEY 19111/2011), incorporó el número 7 del artículo 241 de la LEC (LA LEY 58/2000), incluyendo dentro de las costas la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional.
II. VALORACIÓN CRÍTICA
A mi juicio de esta nueva regulación, por tanto, pueden destacarse tres ideas, dos positivas y una negativa: primero, aquélla es coherente a priori con los criterios de la normativa precedente y con la jurisprudencia del TC (lo que se hace es generalizar la tasa, respetando el principio de justicia gratuita, si bien partiendo de los mismos criterios de cuantificación que ya existían).
Segundo, no nos parece incorrecto que se deje claro (tras la STC 20/2012 (LA LEY 17256/2012)) que, tras la fase de subsanación del abono de la tasa, no pueda ya satisfacerse ésta, con consiguiente finalización del procedimiento, ya que ha habido una fase de subsanación cuyo sentido no puede desvirtuarse, además de que no siendo inconstitucional dicha previsión por parte del legislador (al tener libertad al respecto), su criterio tendrá entonces que cumplirse en sus propios términos. En general, que haya que pagar una tasa, en los tiempos actuales, no parece negativo en cuanto tal. Otra cosa es la cuota tributaria resultante, como vamos a decir seguidamente. Generalizar una tasa puede no ser una mala idea, pero con un alcance económico que sea lógico y adecuado a la situación procesal concreta.
En efecto, tercero, tal como venimos insistiendo en otras publicaciones (en especial, mi Tratado de Derecho administrativo, Tomo 3, Editorial Civitas, Madrid 2012, segunda edición) el problema está en que no se regulan en los temas que se regulan, en relación con las consecuencias económicas que pueden recaer sobre el justiciable concreto. El problema no está realmente en la existencia o mantenimiento de una tasa (cuya generalización, como decimos, no nos parece descabellada necesariamente, en consideración a los fines que persigue y su adecuación con los criterios jurídicos preexistentes). Más bien, la cuestión son las cifras que pueden resultar en algunos casos, porque pueden ser inadecuadas e incorrectas o desproporcionadas e incluso absurdas.
En realidad, el tema de la tasa profundiza en los males del proceso contencioso-administrativo (y no entendemos que puedan producirse estos problemas tan burdos a estas alturas del siglo XXI, por decirlo de alguna manera): en efecto, no es un problema solo de las tasas, sino el problema en general de los contenciosos, ya que lo mismo ocurre con las costas: tampoco es incorrecto en cuanto tal el nuevo criterio del vencimiento en la imposición de costas (por tanto, imponiéndose a quien pierde en el proceso), ya que el problema también son las cifras aleatorias que a veces pueden derivarse en el caso concreto para el justiciable. El problema jurídico del que parten todas estas incorrecciones es la fijación de la cuantía, o bien la relación entre cuantía por un lado y consecuencias económicas de la misma, por otro lado. Si se recurre por ejemplo la adjudicación de una obra pública o de un proyecto a favor de otro licitador (no solo por un contratista de obras sino también por ejemplo por un arquitecto en un contrato de servicios) la cuantía del proceso podrá fijarse en una cifra tan alta que las partes podrán tener que asumir tasas y costas incluso de varios cientos de miles de euros ya desde la instancia, a lo que se suma el problema de los aranceles de procuradores o de los posibles codemandados. No se entiende que, por ser un asunto de cuantía indeterminada o tenerla determinada (considerando que en la práctica esta decisión no tiene la reflexión debida) las consecuencias puedan ser una costas razonables (o una tasa asumible) o en cambio que una persona se arruine de por vida, como si introducir un contencioso fuera algo así como jugar a la lotería o a la ruleta rusa con el propio patrimonio personal. No está bien regulada la relación entre la cuantía, por un lado, y las tasas y las costas, por otro lado. Y tampoco se ha medido bien la propia relación entre la cuantía indeterminada con las tasas de apelación o casación en estos casos. Y tampoco se ha pensado racionalmente en la relación entre la cuantía determinada baja y las posibles altas tasas judiciales, que afectaría especialmente a recursos de apelación y casación. El acceso a la justicia se niega a quienes tienen que pagar mucho en comparación con lo que pueden obtener, pero también a quienes tienen que asumir costas y tasas desproporcionadas cuando la cuantía del proceso es muy alta. Falta regular bien, pero esto es lo fundamental; es un problema de medición; lo que falta es una relación lógica entre cuantía, por un lado, y costas y tasas y aranceles por otro lado.
Parece que lo menos malo es que siga abusándose de la cuantía indeterminada, pensando en que la mayoría pueda llegar a tener unas consecuencias económicas posiblemente asumibles (en relación con las que se derivan de la desproporción de asuntos de cuantía elevada), lo que por cierto no evita tampoco el problema de la saturación de procesos judiciales en los tribunales y juzgados. Como decimos estamos ante un problema general de la relación de la cuantía (en los contenciosos) con todo aquello que se hace derivar de la misma: ya no solo tasas, ni costas, hasta los aranceles (por los derechos de procurador) son un ejemplo: la figura del arancel no es mala en sí, y el procurador se revela como necesario, pero la relación entre cuantía y arancel también carece de lógica en todos los casos en que el justiciable sufre una posible cuantía elevada del proceso que no refleja aquello que realmente está en juego.