¿Cómo calificaría el proyecto de Ley de tasas judiciales?
Admite muchos calificativos, en todo caso negativos: regresivo, excluyente, inconstitucional, injusto, aberrante…
La razón de la Ley ¿es afán recaudatorio o simplemente la única solución que se le ocurre al Ministerio para tratar de que la Justicia funcione, eliminando litigiosidad?
Las dos razones han sido impúdicamente esgrimidas por el Gobierno haciendo una ofensiva referencia a la financiación de la Justicia Gratuita y una inconstitucional alusión a sus efectos disuasorios, es decir barreras para impedir el acceso a la Justicia.
¿La Abogacía admitiría el pago de tasas en algunos casos? ¿en cuantía más moderada? ¿en qué condiciones?
Existen otros muchos medios para solucionar el atasco de asuntos judiciales. Y, como siempre, estamos dispuestos a dialogar.
¿Cómo valora que la recaudación de las tasas se vaya a destinar al pago de la Justicia Gratuita, es decir, en buena medida al pago de los honorarios de los abogados de oficio?
No tienen ninguna relación el turno de oficio y la justicia gratuita con las tasas. El acceso a la justicia gratuita es un derecho fundamental de todos los ciudadanos que carecen de recursos para litigar, doblemente constitucionalizado en los arts. 24 y 119 de nuestra Norma fundamental. La tasa es un impuesto más que deben satisfacer los usuarios de un servicio público. El TEDH tiene repetidamente establecido que es exclusivamente al Estado, a través de sus presupuestos generales, a quien corresponde abonar al abogado su servicio de asesoramiento y defensa por justicia gratuita.
En reclamaciones de daños y perjuicios en los que en muchas ocasiones se solicitan grandes cuantías ¿como afectará la ley? ¿producirá efectos disuasorios?
Es mucho más grave. La mayor parte de los ciudadanos no es que no deseen, es que no podrán acometer el pago de la tasa. Se van a producir miles de casos de indefensión. Por repetir un ejemplo que ya he puesto en varias ocasiones, las tres instancias de un proceso civil de reclamaciones por tetraplejia en accidente de circulación rondarán los veinte mil euros solo de tasas ¿Es o no es una barrera? Solo los que puedan acogerse a la justicia gratuita (ingresos inferiores a 1.100 € de la unidad familiar) o los que dispongan de gran fortuna, o mediante el endeudamiento, otra vez, con créditos bancarios podrá accederse a la Justicia civil, contencioso-administrativa o laboral.
Por el contrario, en pequeñas reclamaciones ¿cuáles serán los efectos?
Podrían llegar a ser desastrosos, no solo por hacer inútil el acceso a la Justicia, sino también porque algunos ciudadanos pretendan hacer «su» justicia.
La segunda instancia ¿es un lujo o es una necesidad muchas veces?
Siempre es una necesidad. Cualquier porcentaje de error debe ser rectificado. Eso debe ser la justicia democrática y de calidad. Me asombra que en ocasiones se pretenda minimizar el porcentaje de revocaciones. El 25% en segunda instancia y el 10% de estimaciones en los recursos son una aceptable proporción pero obligan a revisar constantemente las resoluciones judiciales en beneficio del propio sistema.
¿Qué medidas va a tomar la Abogacía contra la Ley de Tasas?
Ahora pedimos la retirada del proyecto y si no nos oyen solicitaremos a quienes puedan hacerlo que interpongan el recurso de inconstitucionalidad, defendiendo, cuando toque, el recurso de amparo constitucional a quienes hayan visto vulnerado su fundamental derecho a la tutela judicial efectiva.
¿Cuáles son las propuestas de los abogados para hacer la Justicia rápida, eficaz y accesible para todos?
Son muchas y por ello te sugiero que transcribas los diez puntos del manifiesto que la Comisión Permanente del CGAE aprobó, a uña de caballo, el pasado jueves, víspera de la Almudena, nada más enterarnos de que se había anticipado el trámite en el Senado, privándonos a todos de realizar aportaciones. Fundamentalmente, pedimos que, antes de legislar nos oigan a jueces, fiscales, secretarios, abogados, procuradores, sindicatos y organizaciones de consumidores y usuarios.
Con relación a las tasas pedimos que retiren el proyecto. Que no nos hagan comprar el derecho fundamental de acceso a la Justicia que ya es nuestro. Nos lo reservo a todos, en condiciones de igualdad, el pueblo español, el único soberano del que emanan todos los poderes del Estado. Lo dice la Constitución.
* A continuación, reproducimos el manifiesto del CGAE al que ha hecho referencia Carlos Carnicer.
Mercedes REY
Manifiesto de la Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía Española
La Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía, en su sesión extraordinaria celebrada hoy 8 de noviembre, aprobó por unanimidad el siguiente:
La Justicia necesita un exhaustivo estudio y serio análisis efectuado por quienes la conocen en profundidad, en el día a día de los tribunales, desde el Tribunal Supremo hasta el más modesto Juzgado de Paz de España, dejando ya de lado, de una vez por todas, experimentos o iniciativas improvisadas carentes de eficacia alguna, que sólo tienden a impedir o recortar el acceso de los ciudadanos a la Justicia sin percatarse de que el verdadero problema no son disfunciones puntuales, sino el deplorable estado que sufre la Administración de Justicia.
La hora de las grandes palabras ha terminado hace tiempo y se precisan personas capaces, expertas e imaginativas, que traigan soluciones eficientes y eficaces.
Para ello necesitamos que el Ministerio de Justicia se mueva en esa línea y que aúne voluntades y no las separe; un Ministerio que oiga y escuche; un Ministerio que aglutine a todos en esta labor de empuje para superar el lamentable estado de la Administración de Justicia.
Para ello, la Abogacía propone:
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1. La concertación y firma de un generoso Pacto de Estado para cuya redacción deberán ser oídos los colectivos profesionales que, a diario, actuamos y padecemos la precaria situación: jueces, fiscales, secretarios judiciales, funcionarios públicos, abogados, procuradores de los tribunales y consumidores y usuarios.
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2. Potenciar la independencia de los jueces y el buen gobierno del Consejo General del Poder Judicial, así como una Fiscalía autónoma y una Abogacía libre e independiente.
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3. La participación real y efectiva de jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores de los tribunales, sindicatos y organizaciones de consumidores y usuarios en la elaboración de los borradores de anteproyectos de ley o normativa de desarrollo legislativo.
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4. Ante la ineficacia de las reformas acometidas hasta ahora y el muy presumible empeoramiento de la situación, con gravísimas afecciones al Estado de Derecho, debe procederse a la inmediata retirada del proyecto de Ley de Tasas, que consagra una justicia para ricos y otra para pobres, impidiendo el acceso a la justicia a un gran número de ciudadanos.
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5. Retirada inmediata del borrador del anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial.
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6. Actualización de la regulación contenida en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, adecuándola a la situación actual manteniendo el modelo y atendiendo puntualmente y en todo caso los pagos de las prestaciones realizadas, que son objeto de constantes reducciones porcentuales completamente injustas e indignas.
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7. Dotaciones adecuadas para el buen funcionamiento tanto de la mediación como del arbitraje como formas de solución de conflictos, reduciendo así el colapso judicial.
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8. Potenciar y dotar adecuadamente los centros de asesoramiento y defensa de las ejecuciones hipotecarias y desahucios, procediendo de inmediato a elaborar las modificaciones legislativas pertinentes para superar el cúmulo de imprevisiones, errores y omisiones, abusos o fraudes que han venido sucediendo en materia tan sensible para los derechos fundamentales.
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9. Acabar de una vez por todas con las deficiencias organizativas, con la sobrecarga de trabajo en Juzgados y Tribunales y con las extraordinarias dificultades para la conciliación de la vida profesional y familiar de todos los que intervenimos en la Administración de Justicia.
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10. Mejorar permanentemente el servicio a los justiciables con aplicación de la carta de los derechos de los ciudadanos aprobada por unanimidad de todos los Partidos políticos del arco parlamentario el día 16 de abril de 2002.
La Comisión Permanente aprobó asimismo la convocatoria por los Colegios de Abogados de concentraciones de protesta en toda España en las sedes judiciales el lunes 12 de noviembre a las 12 de la mañana.