Eduardo Romero. -El Tribunal Supremo (LA LEY 95581/2019) ha desestimado el recurso interpuesto por uno de los protagonistas de un polémico suceso en los medios quien alegaba una intromisión ilegítima en su derecho al honor, intimidad y propia imagen después de que se publicasen fotografías con su imagen en dos medios distintos.
En su sentencia, la Sala de lo Civil ha desestimado su recurso al ratificar el interés informativo del suceso y gran repercusión, así como la veracidad de los hechos contados y el protagonismo del demandante, que justifican su aparición pública y niegan cualquier tipo de infracción por parte de ambos periódicos.
Crimen de Burgás
En el año 2013, en Burgás (Lugo), un padre y su hijo fueron encontrados muertos de forma violenta, mientras que la esposa se encontraba malherida. Los cuerpos fueron hallados por el demandante, amigo de uno de los asesinados. En los días posteriores, dos periódicos publicaron varias informaciones donde se reflejaban el nombre y apellidos del demandante, su relación con los asesinados, lugar de residencia y varias fotografías.
El afectado interpuso demanda en la que denunciaba la existencia de intromisión ilegítima en su derecho al honor, intimidad e imagen, solicitando una cuantía indemnizatoria de 18 mil euros, pretensiones que fueron estimadas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Villalba.
Ante dicha resolución se interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, que revocó la sentencia al considerar que estaba amparada en la libertad de información, dado el interés público y relevancia penal del suceso, estando justificada la difusión e imagen del demandante.
Recurso de casación
El afectado interpuso recurso de casación en el que alegaba una infracción de la interpretación de derecho de la Audiencia al no reconocer la vulneración de sus derechos. El Supremo afirma, en primer lugar, que las fotografías fueron obtenidas en el lugar de los hechos, en vía pública. El derecho a la propia imagen, afirma la sentencia, otorga a su titular la facultad de impedir la obtención y en este caso no consta que el afectado pusiera objeción alguna a ser fotografiado por los periodistas que se personaron en el escenario del crimen.
En este sentido, la STC 18/2015 de 16 de febrero (LA LEY 14763/2015) establece que el derecho a la propia imagen no tiene carácter absoluto o incondicionado, de manera que ante supuestos de colisión entre la imagen y la libertad informativa del artículo 20 CE (LA LEY 2500/1978) hay que dilucidar qué derecho merece mayor protección.
Interés informativo
Afirma el Alto Tribunal que en el presente caso el interés informativo del suceso es claro, pues se trataba de un crimen grave que tuvo gran repercusión y el demandante tenía un gran protagonismo al ser amigo de uno de los asesinados y quien descubrió los cadáveres. Asimismo, las fotografías no fueron tomadas en un entorno íntimo del demandante, sino en los alrededores de la casa.
Este argumento es apoyado por la STS 91/2017 de 15 de febrero, que establece que “el derecho a la libertad de información no legitima la publicación no consentida de la imagen del demandante, en un ámbito ajeno a aquel en el que sucedieron los hechos”. Sin embargo, este factor de ajenidad no se produce en este supuesto.
Asociación con el tráfico de drogas
Se alega también una vulneración del derecho al honor del demandante en cuanto las imágenes publicadas se asocian con el tráfico de drogas. Este motivo es también desestimado, pues en ningún momento se afirma maliciosamente relación alguna entre ambas. Lo que se afirmó, y era cierto, es que los investigadores manejaban la hipótesis de que el crimen estuviera relacionado con un asunto de drogas.
Tampoco se vulneró la Ley Orgánica de Protección de Datos
Ambos medios publicaron nombre, apellidos y residencia del demandante. Sin embargo, aunque alguna de las actividades llevadas a cabo pudiese encuadrarse en la LOPD, bien es cierto que el artículo 16 LO 15/1999 (LA LEY 4633/1999) otorga a los afectados el derecho de cancelación, una herramienta que permite cancelar de manera casi inmediata los datos objetos del tratamiento.
En esta línea, afirma el tribunal que no está justificado interponer un proceso para que se declare vulnerado el derecho a la protección de datos personales y exigir una indemnización cuando ni siquiera se ha solicitado la cancelación de los mismos, habiendo tenido varios años para hacerlo.
Aún así, recuerda la sentencia que la inclusión de datos personales en una publicación periodística, si es un asunto de interés general y la información es veraz queda justificado en el ejercicio legítimo de la libertad de prensa. Por todo ello, el Supremo desestima el recurso de casación.