Eduardo Romero. -El Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (LA LEY 126054/2018) ha desestimado el recurso interpuesto por un funcionario que exigía que se le considerase de un grupo superior tras haber trabajado en el mismo durante un tiempo.
En su fallo, el TSJ ha ratificado la decisión del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Guadalajara, al estimar que nadie pasa a pertenecer a un Grupo por el hecho de desempeñar un puesto de dicho grupo.
Competencia para conocer el asunto
El funcionario forma parte del Grupo A2 en la Administración del Estado, solicitando que se le reconozca su pertenencia al Grupo A1. Según el empleado, el hecho de que la Diputación se limitase a afirmar que no le correspondía reconocer su pertenencia al grupo, sino en su caso a la Administración General del Estado, implicaba reconocer el derecho en sí.
Este primer motivo de recurso es rechazado por el TSJ, al afirmar que la denegación de competencia para reconocer un derecho deja por definición imprejuzgada la cuestión de fondo. Quien remite a otra Administración el reconocimiento del derecho nunca puede estar reconociendo nada en cuanto al fondo.
Paso al Grupo A1 perteneciendo al Grupo A2
Respecto al reconocimiento de pertenencia a otro grupo funcionarial, afirma la sentencia que es correcto el análisis del juez de la instancia anterior, en cuando nadie a pasa a pertenecer a un grupo por el hecho de desempeñar un puesto en dicho grupo. Los funcionarios acceden a un Grupo u otro al acceder a la función pública según la titulación exigida para el acceso, o en su caso por promoción interna, y después solo pueden acceder a puestos que estén abiertos al Grupo al que pertenecen.
El Tribunal añade que “si en un caso determinado un funcionario accediera (indebida e ilegalmente) a un puesto de un grupo al que no pertenece, no por ello pasaría a pertenecer "personalmente" a dicho grupo, simplemente tendríamos a un funcionario de un grupo desempeñando un puesto al que no debería haber accedido”.
Es intrascendente el trabajo prestado anteriormente
El tribunal tampoco acepta el alegato del demandante en el que pretende comparar su caso con el de un trabajador temporal, puesto que la experiencia laboral, ya sea temporal o indefinida, es inhábil para fundar en absoluto la consolidación de grado como funcionario.
El trabajador, siendo reconocido grado personal 20, pretendía se le reconociese el grado 26. En esta línea, se afirma que “no es posible computar a efectos de consolidación de grado personal el tiempo prestado en puestos de tipo laboral porque no hay una equivalencia entre niveles de personal laboral y funcionarial que permita tomar a efectos de un régimen lo del otro”.
Categorías profesionales en l ámbito laboral
Los puestos funcionariales y funcionarios se clasifican en niveles y grados, y los trabajadores laborales en grupos profesionales (art. 22 del Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015)).
El grupo profesional es aquel que agrupa unilateralmente las aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación, siendo una manera objetiva de clasificar a los trabajadores en función de sus aptitudes y capacidades de trabajo. Legalmente se establecen una serie de grupos profesionales, estando formado cada uno de ellos por subgrupos.
Finalmente, mientras que el grupo profesional reconoce además las tareas y responsabilidades propias del puesto de trabajo, la categoría profesional únicamente tiene en cuenta la actitud y capacitación.
Reclasificación profesional
Pero, ¿qué sucede si el actor realiza unas funciones que no se corresponden con su puesto sino con uno diferente o superior?
Esta es la cuestión tratada en la sentencia 849/2005 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (LA LEY 64218/2005), donde queda probado que el trabajador realiza funciones propias de una categoría superior. En este caso, puede reconocérsele el grupo que realmente le corresponde, con el incremento salarial correspondiente, sin que ello deba suponer necesariamente un ascenso.
Este supuesto también es posible en el caso de los funcionarios. El Tribunal Supremo, en STS 206/2016, rec. 3193/2014 (LA LEY 39129/2016) reconoció el derecho a un funcionario que realizaba funciones propias de un grupo superior a percibir las diferencias salariales reclamadas.