Isabel Desviat.-
El Tribunal Constitucional, en sentencia dictada el pasado 8 de abril de 2019 (STC 47/2019), confirma la inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada para comunicarse en el primer emplazamiento con la parte demandada aun no personada en el procedimiento. Estima así el recurso de amparo interpuesto por una empresa que perdió un juicio laboral dada su incomparecencia no justificada. La realidad es que había sido emplazada a través de correo electrónico, del que no tuvo conocimiento.
Antecedentes - sanción laboral, demanda, y celebración del juicio
La empresa había impuesto una sanción a una de sus trabajadoras de suspensión de empleo y sueldo, presentando ésta papeleta de conciliación ante el SMAC. La papeleta se notificó a la empresa mediante correo certificado, celebrándose el acto sin avenencia.
Tras ello la empleada interpone demanda en materia de sanciones ante el órgano judicial. Fue admitida a trámite, acordándose la celebración de conciliación y juicio en determinada fecha. Se dispuso la citación de la empresa que fue realizada por correo electrónico, con traslado de la demanda y demás documentos. La citación no fue retirada por la destinataria. El juicio se celebró en el día señalado sin que ningún representante de la entidad demandada compareciera. La entidad demandada acudió posteriormente al juzgado indicando que no había tenido noticia de la celebración del juicio. Se dictó sentencia sin embargo, estimando la demanda totalmente.
La empresa interpuso incidente de nulidad de actuaciones donde denunció la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva, alegando que la notificación no se realizó de la forma legalmente prevista, esto es, por correo certificado en su domicilio legal, que aparecía reflejado en la demanda, propiciando que la demanda por sanción laboral fuera estimada al tener a la empresa por confesa. El incidente de nulidad fue desestimado mediante auto.
Marco normativo aplicable al caso
El Constitucional comienza examinando el marco normativo y también jurisprudencial acerca de los actos de comunicación procesal, señalando en primer lugar la supletoriedad de la LEC prevista en el artículo 53.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011), además de citar el artículo 56.1 LRJS (LA LEY 19110/2011) sobre el modo de llevar a cabo los actos de comunicación fuera de la oficina judicial, que según dicho precepto serán a través de correo certificado con acuse de recibo.
Tras citar igualmente los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil aplicables al caso, sobre todo el artículo 152.2 LEC (LA LEY 58/2000) que establece la obligación de utilizar los medios electrónicos por el órgano judicial, hace incapié en la importancia del artículo 155 LEC (LA LEY 58/2000), que establece un régimen jurídico específico para el primer emplazamiento.
Efectivamente, según este precepto, «cuando las partes no actúen representadas por procurador o se trate del primer emplazamiento o citación al demandado, los actos de comunicación se harán por remisión al domicilio de los litigantes (...)», añadiendo en el párrafo segundo que «el domicilio del demandante será el que haya hecho constar en la demanda o en la petición o solicitud con que se inicie el proceso».
Además, recalca que el artículo 273 LEC (LA LEY 58/2000) prevé un supuesto en el que aun habiéndose presentado por vía telemática los escritos y documentos, también resulta obligatoria su presentación en formato papel.
De gran importancia también es la cita a la reciente sentencia
STC 6/2019, de 17 de enero (LA LEY 268/2019), que analiza la utilización de los medios electrónicos para la realización de actos procesales. En esta sentencia se indica en uno de sus fundamentos de derecho, la excepción al formato electrónico en las comunicaciones al demandado aun no personado en el procedimiento, regla que también opera en el proceso laboral. Por tanto se consolida la regla sui generis respecto de la primera citación o emplazamiento.
Se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva del demandado
El auto que desestimó la nulidad de actuaciones vulneró el derecho fundamental a juicio de la Sala. Y ello porque no ponderó la aplicación del artículo 53.1 LRJS (LA LEY 19110/2011) y no aplicó la excepción contenida en la LEC sobre las formas de comunicación en el primer emplazamiento.
Añade que el hecho de que exista un imperativo legal para actuar en el proceso sirviéndose de las vías tecnológicas, no significa que las personas y entidades queden limitados en cualquier caso y toda circunstancia a recibir los actos de comunicación a través de esos medios, incluso cuando se neutralice la regulación legal prevista.
En este caso se trataba de la primera citación al demandado aún no personado, por lo que la citación debió realizarse en formato papel, en el domicilio designado. Esto supone que se vulneraron las garantías que deben revestir los actos de comunicación procesal.
¿Desidia o negligencia del demandado?
La Sala contesta a las alegaciones, sobre una posible negligencia o desidia por parte de la empresa demandada al no acceder a la comunicación a través de la dirección electrónica. Niega tales afirmaciones, pues debe partirse de la ilegalidad de la primera citación. El hecho de no haber accedido al contenido de la comunicación en el plazo previsto no puede determinar una falta de celo o de comportamiento omisivo.
La Sala resuelve finalmente la estimación del amparo y declara vulnerado el derecho fundamental del demandante a la tutela judicial efectiva sin indefensión. Las consecuencias del fallo suponen la nulidad de las actuaciones y la retroacción de las mismas, debiendo señalarse nueva fecha para conciliación y juicio, citando a la empresa en legal forma.