Isabel Desviat.- Un tema tan espinoso como la publicación por error de sentencias y resoluciones judiciales en los que aparecen los nombres y apellidos de los afectados por la resolución judicial y quien es responsable de ello, ha sido analizado recientemente por el Tribunal Supremo en sentencia de 23 de noviembre de 2018.
La sentencia publicada en la página web del Poder Judicial, ha sido retirada de la citada web, porque según fuentes consultadas, contiene una nota del propio Tribunal sobre ciertos datos que ofrecen dudas y requieren una respuesta del órgano. Desde el Diario La Ley estaremos atentos al momento en que se publique nuevamente la sentencia, para ofrecer a nuestros lectores el texto íntegro de la mencionada resolución judicial, dado su interés. No obstante, a continuación analizamos los principales aspectos de esta novedosa sentencia.
Demanda de protección del honor
La afectada interpuso demanda en defensa de sus derechos al honor, intimidad y la propia imagen contra una empresa, al percatarse de que ésta había reproducido una sentencia en la que la afectada, víctima de un delito de violación, aparecía con su nombre y apellidos. La sentencia que había sido suministrada sin anonimizar por el organismo competente, fue publicada así en la base de datos de la demandante. Los datos personales fueron eliminados por la empresa demandada, además de comunicar a Google la incidencia para tomar las medidas pertinentes.
La afectada reclamaba la cantidad de 50.000 euros en concepto de indemnización por intromisión en su derecho al honor. Tanto el juzgado de primera instancia como posteriormente la Audiencia Provincial, desestimaron la reclamación al no considerar a la empresa responsable en el error en la anonimización de los datos, actuando además diligentemente para remediar la situación provocada por la publicación de la sentencia en sus bases de datos.
Responsabilidad de proveedores de servicios de la sociedad de información que No tienen la cualidad de intermediarios
Según razona la Sala, la actividad realizada por la demandada encaja en la definición de "servicios de la sociedad de la información", que da el anexo de la Ley 34/2002 (LA LEY 1100/2002), y no pueden ser considerados como "servicios de intermediación".
Y ello porque no es operador o proveedor de acceso a una red de telecomunicaciones, ni realiza el almacenamiento automático, provisional y temporal de la información facilitada por el destinataria del servicio; tampoco presta servicios de alojamiento o almacenamiento de datos, ni facilita enlaces o contenidos o instrumentos de búsqueda de contenidos.
El contenido de la sentencia en cuestión, donde aparecía los datos personales de la afectada, no era accesible a través de ningún enlace que se contuviera en la plataforma de la mercantil demandada, sino que su texto estaba disponible directamente en dicha plataforma, sin perjuicio de que el texto se hubiera obtenido a través de otro proveedor de contenidos en la red.
No prestando la empresa servicios de intermediación no le es aplicable por tanto lo contenido en el artículo 13.2 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, ni tampoco los artículos 14 a 17, que establecen especialidades respecto a la responsabilidad de estos prestadores de servicios.
No hay reproche culpabilístico ni intencionalidad
La Sala considera que en este caso no se dan los requisitos necesarios para culpabilizar a la empresa, pues a su juicio:
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• No hubo intencionalidad
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• La sentencia publicada había sido suministrada por el organismo que recopila y trata las sentencias de los tribunales, que incluyen la anonimización de los datos de las personas que aparecen para impedir su identificación.
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• La empresa demandada podía esperar legítimamente que el organismo suministrador estuvieran correctamente tratadas, debiendo tener en cuenta, además, la ingente cantidad de documentación suministrada.
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• La empresa actuó diligentemente, solucionando la incidencia en su base de datos y comunicándolo al motor de búsqueda Google para que no pudiera enlazarse al texto.
En definitiva, según el Supremo, y aunque la sentencia de la Audiencia no aplicó correctamente la normativa aplicable, la solución que tomó fue correcta al exonerar de responsabilidad a la demandada, por lo que el recurso de casación es desestimado.