Isabel Desviat.- El Tribunal Económico Administrativo Central, en reciente resolución de 20 de julio de 2017 (LA LEY 102309/2017), incide en la necesidad de motivación para la imposición de sanciones en el ámbito tributario, y que no puede utilizarse exclusivamente el argumento de ser una gran empresa para tener un conocimiento de la normativa aplicable.
Antecedentes
La empresa, en relación con la minoración de las cuotas de IVA soportadas deducibles y de las cuotas de IVA soportadas por importación de bienes corrientes, había dictado liquidación provisional (estimando luego la reclamación presentada por diversas facturas), fue sancionada por infracción del artículo 194.1 LGT, que tipifica la conducta del sujeto pasivo como solicitar indebidamente devoluciones, beneficio o incentivos fiscales.
Por su parte, la entidad sancionada había alegado en su defensa que el mayor importe a devolver solicitado se debió a un error informático que supuso incluir dentro del importe de las cuotas de IVA soportado en la importación, el importe correspondiente a los derechos arancelarios satisfechos.
No obstante La Administración concluyó que no se apreciaba ninguna de las causas de exclusión de la responsabilidad. Indicó, asimismo, que la entidad sancionada era una empresa adscrita a la Unidad de Gestión de Grandes empresas, por lo que le era exigible un mayor grado de diligencia para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. El importe de la sanción ascendió a 10.973,35 euros.
Ausencia del elemento subjetivo de la infracción
El Tribunal económico-administrativo indica que el artículo 25 CE (LA LEY 2500/1978)
no permite que la Administración tributaria concluya la culpabilidad del obligado tributario únicamente por sus circunstancias subjetivas, como ser una empresa con grandes medios o recibir el más competente de los asesoramientos.
Para poder sancionar son necesarios dos elementos fundamentales: la culpabilidad, y la tipicidad en la conducta (elemento subjetivo y elemento objetivo).
Sentencias del TS como la de 13 de abril de 2016 (Rec. 2071/2014) (LA LEY 28100/2016) o 14 de diciembre de 2016 (Rec. 3942/2015) (LA LEY 179332/2016) declaran la necesidad de que la Administración tributaria motive debidamente la imposición de las sanciones.
Así, la carga de la prueba de la culpabilidad recae sobre la Administración, pues existe una presunción de buena fe que debe ser desvirtuada. (TS 28 abril 2016, Rec. 894/2015 (LA LEY 44671/2016))
En este caso, se advierte que la motivación de la Administración para imponer la sanción controvertida, se basaba únicamente en la circunstancia subjetiva de ser una Gran empresa, y por ese hecho se le exige mayor grado de diligencia.
Ello conculca los principios que el TS ha señalado para la existencia de culpabilidad en el ámbito tributario, siendo indiferente que se hubiera tenido que iniciar y tramitar un procedimiento inspector para descubrir los hechos, porque esto no incide sobre el elemento culpabilidad.
En consecuencia, el Tribunal estima la reclamación de la empresa y anula el acuerdo de imposición de sanción al obligado tributario.