Isabel Desviat.-
Parece que estamos acostumbrados a que muchas de las resoluciones dictadas por la Administración contengan una mera "apariencia de motivación", recurriendo a fórmulas esterotipadas que sirven para ser aplicadas a todo tipo de supuestos. Sin embargo, el deber de motivación de las resoluciones administrativas es pilar imprescindible en un estado de derecho, so pena de conculcar derechos fundamentales.
De dicha cuestión trata la sentencia del Tribunal Constitucional, recientemente publicada en el BOE (STC 201/2016, de 28 de noviembre (LA LEY 185232/2016)), que otorga el amparo a un ciudadano extranjero por vulneración a su derecho a la tutela judicial efectiva.
El ciudadano en cuestión estaba pendiente de expulsión al haber sido dictada resolución por la Subdelegación de Gobierno en Barcelona, con prohibión de entrada en España por 5 años, justificándose la sanción en haber sido condenado por conducta dolosa a más de 1 año de prisión, añadiendo la resolución controvertida que, "las alegaciones formuladas por el interesado en el procedimiento tramitado no han desvirtuado los hechos antes indicados ya que no consta que los antecedentes penales hayan sido cancelados respondiendo los mismos a una conducta del interesado que representa una amenaza real y suficientemente grave para el orden público y la seguridad pública".
Se daba la circunstancia de que esta persona en particular era un residente de larga duración en nuestro país, en una situación de especial vulnerabilidad (había sido incapacitado por razón de una enfermedad mental) y era totalmente dependiente de su tutor, con quien convivía; había perdido, además, cualquier vínculo con su país de origen.
Tras la impugnación en vía administrativa, la vía contencios-administrativa obtuvo el mismo resultado negativo a las pretensiones del recurrente, por considerar tanto el Juzgado como el Tribunal Superior de Justicia competentes que (aunque se reconoce la condiciónde residente de larga duración en España) no era necesario que la Administración ponderara las circunstancias debido a la naturaleza no sancionadora de la expulsión (artículo 57.2 LOEx), ya que es una consecuencia legalmente tasada.
Las contestaciones dadas por la Administración actuante fueron puramente formalistas
Pues bien, entiende el Constitucional que ninguna de las resoluciones que se impugnaron tuvieron en cuenta -pese a haberse probado- tales circunstancias personales. Las contestaciones dadas por la Administración actuante fueron puramente formalistas, vulnerando de forma palmaria su derecho a la tutela judicial efectiva, consagrada en el artículo 24 CE. (LA LEY 2500/1978) Pone de relieve la Sala la forma de actuar de la Administración que "despachar" el asunto con evidente renuencia a valorar las circunstancias que una y otra vez eran alegadas.
Rechaza además el argumento de las resoluciones judiciales, pues debieron examinar lo correcto o incorrecto de las resoluciones administrativas, y recuerda que la Directiva 2003/109/CE, de 25 de noviembre de 2003 (LA LEY 11169/2003), relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración, obliga en su artículo 12 a ponderar las circunstancias familiares en toda decisión de expulsión.
Evidentemente una sanción tan grave como la expulsión del territorio nacional requiere una justificación especial, pues la consecuencia es la pérdida de su autorización de residencia, la alteración de su condición de ciudadano y la posibilidad de ejercitar los derechos y libertades inherentes.
En estas circunstancias, y con buen criterio, el Constitucional considera que se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva, por lo que las sentencias impugnadas son declaradas nulas. La consecuencia, por tanto, es la retroacción de actuaciones hasta el momento anterior a dictarse sentencia por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, para que esta vez, sí, se dicte resolución judicial en la que se tengan en cuenta, y se valoren, las concretas circunstancias personales y familiares alegadas por el recurrente.