María H. Santos.- Con la futura entrada en vigor el 30 junio de 2017 de la tercera tanda de modificaciones introducidas por la Ley de Jurisdicción Voluntaria (LA LEY 11105/2015) aprobada en julio de 2015, la polémica está servida. La nueva redacción del artículo 56 del Código Civil (LA LEY 1/1889) ha sido tildada de discriminatoria y de contradecir la Convención de Nueva York sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 13 de diciembre de 2008.
La polémica nueva redacción del artículo 56 CC (LA LEY 1/1889)
Por el momento, y desde el próximo 30 de junio de este año (fecha de entrada en vigor de la nueva redacción del artículo 56 Cc (LA LEY 1/1889), dada por la disp. adic. 1ª de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (LA LEY 11105/2015)), el artículo 56 del Código Civil (LA LEY 1/1889), referido a la prueba de los requisitos de capacidad para contraer matrimonio, queda redactado así:
“Quienes deseen contraer matrimonio acreditarán previamente, en expediente tramitado conforme a la legislación del Registro Civil, que reúnen los requisitos de capacidad establecidos en este Código.
Si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias o anomalías psíquicas, se exigirá dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento.”
Una de las finalidades de la nueva norma era adecuar el vocabulario empleado con lo recogido en la citada Convención de Nueva York, en la que se abandona el empleo de los términos de incapaz o incapacitación, y se sustituyen por la referencia a las personas cuya capacidad está modificada judicialmente. Sin embargo, los legisladores fueron más allá en algunos preceptos, como este artículo, cuya nueva redacción es la siguiente:
“Quienes deseen contraer matrimonio acreditarán previamente en acta o expediente tramitado conforme a la legislación del Registro Civil, que reúnen los requisitos de capacidad y la inexistencia de impedimentos o su dispensa, de acuerdo con lo previsto en este Código.
Si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, se exigirá por el Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente, dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento.”
Reacciones a la nueva redacción
Las asociaciones de defensa de los intereses de las personas con discapacidad pusieron el grito en el cielo y aun hoy pelean por cambiar la redacción hacia una más beneficiosa para sus defendidos y más acorde con la Convención. Este tratado internacional ratificado por España y en vigor desde abril de 2012, fija su interés en la eliminación de cualquier forma de discriminación de las personas con discapacidad (artículos 5, 12.2 y 23.1.a entre otros).
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) elevó en noviembre una propuesta al Gobierno y a las Cortes en la que proponía una redacción diferente en la que se elimina completamente el requisito de dictamen médico, sobre la base de que “El hecho de que una persona tenga una discapacidad o una deficiencia no debe ser nunca motivo para negarle la capacidad jurídica y las normas que lo establezcan deben ser derogadas”. En ella se propone la determinación caso por caso, del tipo de asistencia que necesita cada persona para contraer matrimonio, siempre facilitando a estas personas la asistencia necesaria para comprender el consentimiento.
También desde la ONCE han hecho hincapié en la necesidad de modificar dicho artículo, creyendo que no es suficiente con el lanzamiento de una recomendación de aplicación, ya que independientemente de lo que esta diga, no puede contradecir en ningún modo el artículo. Esta situación sitúa a las personas con deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales en una tremenda desventaja, al dejar a discrecionalidad del funcionario encargado del acta o expediente matrimonial la decisión de necesidad de dicho informe.
La solución del Ministerio
Ante la avalancha de críticas, y con la intención de concretar la interpretación del nuevo artículo, la Dirección General de los registros y del Notariado
emitió el 23 de diciembre una resolución-circular. En dicho documento, se especifica que el polémico nuevo artículo 56 “debe interpretarse siempre de manera estricta y en relación a supuestos excepcionales en los que la discapacidad afecte de forma evidente e impeditiva, aún proporcionados los apoyos precisos, a la capacidad para prestar el consentimiento ,y lógicamente, no a aquellos supuestos en los que la discapacidad afecte tan solo a los medios, canales o soportes de emisión de este consentimiento o nada tenga que ver ni guarde relación con la aptitud para prestarlo”, dejando así todavía a discrecionalidad del funcionario la solicitud o no, aunque recordándole que tiene que ser solo en los casos más evidentes, evitando en todo caso la generalización.
La solución propuesta por el Ministerio no ha sido bien acogida por los colectivos de defensa de los discapacitados. Las conversaciones entre la administración y las diferentes asociaciones de representación de estos colectivos consideran que esta resolución no es suficiente. Por su parte, la ONCE considera que esta medida “supone un retraso de dos siglos para las personas con discapacidad” e insiste en que “cuanto antes se derogue el artículo será mejor para todos porque la resolución sólo sirve para salir del paso, pero no arregla el problema”.