Isabel Desviat.-
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Cáceres, en sentencia de 20 de noviembre de 2017 (LA LEY 168560/2017), ha confirmado la sanción de 6.000 euros impuesta a una particular por la comisión de una infracción tipificada en el artículo 104 a) de la Ley 2/2011 (LA LEY 982/2011), de Desarrollo y Modernización del Turismo de Extremadura.
Este artículo indica como infracción muy grave el «no presentar la correspondiente declaración responsable o comunicación previa para el inicio de la prestación del servicio o la realización de actividades turísticas, de conformidad con la regulación de la normativa turística correspondiente».
Indica el tribunal que si bien el objeto de dicha ley 2/2011 (LA LEY 982/2011) no es regular los alquileres de vivienda entre particulares, sino el fomento y promoción del turismo, en el caso concreto hay que examinar si se ha ejercido o no una actividad turística, incumpliendo la obligación de presentar la correspondiente declaración responsable o comunicación previa.
Y el tribunal llega a la conclusión de que efectivamente en este caso, puede hablarse de actividad turística, en concreto un actividad de alojamiento. Para ello examina el requisito de la habitualidad, presumiéndose ésta cuando se haga publicidad por cualquier medio o cuando se facilite alojamiento mediante contraprestación económica en dos o más ocasiones durante el mismo año (artículo 2 Decreto 65/2015).
El solo hecho de ofertar la recurrente en distinto portales web de ofertas turísticas el alojamiento en la vivienda, y de forma permanente en el tiempo (sin limitación de fechas) supone que existe una "profesionalidad" en la actividad desplegada, siendo indiferente que esta persona no se dedique de manera profesional a la actividad de alquiler, ni tampoco que se encuentre dada de alta en el IAE en un epígrafe que nada tiene que ver con la actividad turística.
En cuanto a la habitualidad, el juzgado concluye que el hecho de que en el tipo infractor no se defina el requisito de la habitualidad, necesario para que se esté en presencia de una actividad turística, sino que éste venga determinado en una norma reglamentaria, no supone la vulneración del principio de legalidad, pues el núcleo central de la infracción está perfectamente delimitado en el precepto legal, de forma que los destinatarios de la norma tienen un suficiente grado de certeza de su contenido y de la responsabilidad en que pueden incurrir por su incumplimiento.
En consecuencia, el Juzgado de lo Contencioso desestima el recurso interpuesto y confirma la sanción impuesta por la Consejería de Economía e Infraestructuras.