Isabel Desviat.- El hecho de ser español y la concesión de la nacionalidad española viene regulado en nuestro Código Civil, artículos 17 a (LA LEY 1/1889) 28. Una de las formas de obtención de la nacionalidad española que establece la norma es la residencia en territorio español, con la duración y demás requisitos señalados en los artículos 20 y siguientes del Código Civil (LA LEY 1/1889). El artículo 22.4 señala expresamente que los que deseen obtener la nacionalidad española por residencia deben acreditar buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española.
La nacionalidad se concede por resolución del Ministerio de Justicia, previa apertura de expediente, y examen sobre integración efectuada por el Juez encargado del Registro Civil.
En esta sentencia, dictada por la Audiencia Nacional el pasado 23 de julio de 2018 (LA LEY 103195/2018), es la propia Administración la que impugna ante el orden jurisdiccional el acto de concesión de nacionalidad de un ciudadano marroquí, al considerarlo lesivo para el interés público.
El solicitante no pudo realizar el acto del juramento de la Constitución
El Abogado del Estado impugnó la resolución del Mº de Justicia por la que se concede la nacionalidad española al entender que infringe el artículo 22.4 del Código Civil (LA LEY 1/1889), que establece como requisito para acceder a la nacionalidad el de suficiente grado de integración en la sociedad española del solicitante.
En concreto el hombre, de origen marroquí, solicitó la adquisición de la nacionalidad española por residencia, y tras ser calificado el expediente se consideró que reunía los requisitos necesarios. Sin embargo, con ocasión del acto de juramento e inscripción, no pudo jurar la Constitución Española pues NO entendía el idioma español; en tales circunstancias el Juez Encargado del Registro Civil optó por suspender el acto de juramento.
El conocimiento del idioma es necesario
Una de las formas de considerar el grado de integración del extranjero en nuestra sociedad es el conocimiento del idioma, sin perjuicio de que pueda modularse el requisito dependiendo de las circunstancias y del grado de instrucción del solicitante.
La Audiencia señala que es irrelevante la actitud positiva en las relaciones sociales y la falta de incidentes, pues estos hechos no acreditan por sí solas el suficiente grado de integración en nuestra sociedad. Para ello debe constatarse el conocimiento del idioma, la sociedad y las instituciones que conforman nuestro sistema socio-político. Además el conocimiento del idioma también constata la voluntad de integración de quien quiere adoptar la nacionalidad, de forma parte de la sociedad donde se desarrolla su vida.
No puede hablarse de integración efectiva cuando se desconoce por completo la lengua española, o si es tan rudimentario o limitado que impide sostener una conversación inteligible y funcional sobre las cuestiones de la vida diaria.
En este caso, al formular el juramento, el Juez Encargado constató un déficit importante sobre la posibilidad de comprender el alcance y transcendencia del acto que iba a llevar a cabo, por lo que se suspendió el acto del juramento.
La Audiencia Nacional por tanto, estima el recurso de lesividad y anula la resolución dictada por el Mº de Justicia, que por tanto queda sin efecto.