Isabel Desviat.-
La situación de la que parte este caso es de lo más común. Fallecen los dueños de la vivienda, y sus hijos y coherederos resuelven que el uso de la misma continúe a favor de alguno de los hermanos, hasta su venta, o hasta que se decida qué hacer con ella, quedando la propiedad, mientras tanto, indivisa.
Recordemos que el artículo 394 del Código Civil (LA LEY 1/1889) establece expresamente que los comuneros hagan uso de la cosa común según su destino, siempre que no perjudiquen a los demás partícipes y sin impedir a los mismos la utilización de la cosa según su derecho.
Sin embargo, en un momento u otro puede surgir la necesidad de proceder a la venta de la finca o su arrendamiento, o darle cualquier otro uso que los coherederos convengan. Es en este momento cuando surgen los conflictos –entre hermanos en este caso- que pueden derivar en un proceso de desahucio.
La Audiencia Provincial de Valladolid ha dictado una sentencia, en fecha 8 de febrero de 2018 (LA LEY 3769/2018), donde resuelve el desahucio de la hermana por haber abusado de su posición como copropietaria y de la buena fe del resto de copropietarios, al obligarles a interponer una demanda para recuperar la posesión.
Ya el juzgado de primera instancia había estimado la demanda de desahucio por interpuesta por los coherederos, condenando a dejar libre y expedita la finca litigiosa. Ésta interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.
Precario y derecho a poseer de los copropietarios
La sentencia realiza un repaso a la jurisprudencia existente sobre esta materia, señalando que desde 2010 se viene reconociendo la posibilidad de que los coherederos que tengan la mayoría puedan ejercitar acciones de desahucio por precario frente a un coheredero minoritario cuando la herencia se encuentre indivisa, citando, entre otras sentencias la STS de 28 de febrero de 2013 (LA LEY 9402/2013) o la de 16 de septiembre de 2010 (LA LEY 171463/2010).
Existiría por tanto viabilidad de desahucio por precario en estos casos, señalando la jurisprudencia que si algún heredero hace un uso exclusivo de algún bien, puede colocarse como precarista, pero realmente no como posesión "sin título", sino ante un posible abuso en el ejercicio de su derecho.
Por lo tanto el precario, a juicio de la Sala comprendería no solamente los supuestos en que se detenta una cosa con la tolerancia o por cuenta del dueño, sino todos aquellos otros en que la tenencia del demandado no se apoya en ningún título y presenta caracteres de abusivo o se manifiesta incapaz frente al más cualificado del demandante.
Indica igualmente que el derecho del que está utilizando la cosa no recae sobre partes concretas, sino sobre una cuota del todo, y que su condición de copartícipe en el proindiviso no justifica la posesión exclusiva frente a los demás.
La Audiencia puntualiza que existen posturas de las Audiencias Provinciales contrarias a lo dicho (p.e. la AP Sta. Cruz de Tenerife de 1 de febrero de 2001 o la AP Madrid de 6 de junio de 2006), pero a pesar de ello la tesis que predomina es la que parte de un concepto amplio de precario, y del respeto del principio mayoritario en la administración de los bienes comunes, para posibilitar un desahucio por precario.
Existió inicial consentimiento por parte de los hermanos
Según relataba la mujer, existía consentimiento por parte del resto de coherederos para que ocupase la vivienda en litigio, sin que se hiciera mención a limitación temporal alguna.
Según señalaba el uso que venía haciendo de la vivienda no perjudicaba el interés de la comunidad, ni tampoco había impedido al resto a utilizarla.
Precisamente el hecho de que no existiera fijación de un plazo, según la Sala, refuerza la idea de que se trata de un verdadero precario, y no de un comodato, pues falta la característica del plazo o uso de la cesión que sí contempla esta última figura.
Consecuentemente, la simple voluntad del resto de coherederos para dar por finalizado el precario es causa suficiente, sin que se necesite demostrar nada más.
En este caso se trataba de cuatro hermanos, con un 25% por ciento de las cuotas cada uno. Tres de ellos (el 75%) estaba de acuerdo en poner fin al uso de la vivienda, por lo que es suficiente para legitimar la acción y reivindicar la defensa del interés de la comunidad de mantener libre la finca.
La mujer es además condenada al pago de las costas del recurso, al considerar la Audiencia que se había producido un abuso de derecho por su parte hasta el punto de obligar al resto a interponer demanda para que abandonara el piso.